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Lopera y el escáner

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2017 a las 2:00

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Decía en esta misma sección la semana pasada que el escáner y el arco detector de metales de los juzgados son la puerta de entrada a un mundo desconocido, lo que generaba que se produjeran numerosas escenas divertidas y anecdóticas. Esta semana se inició el juicio por el denominado caso Betis, la presunta apropiación indebida que se atribuye al que fuera mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera, quien acudió a la Audiencia de Sevilla para asistir a la primera sesión del juicio, en la que se plantearon las cuestiones previas por parte de las defensas de los ocho procesados.
La llegada de Lopera a la sede de la Audiencia de Sevilla provocó una gran expectación mediática. Eran numerosos los periodistas, reporteros gráficos y cámaras de televisión los que aguardaban al ex dirigente verdiblanco. Tras pasar la barrera mediática, Lopera, que no era la primera vez que entraba en una sede judicial, se topó con el control de seguridad. Guardias civiles y vigilantes de seguridad, y cómo no, con el escáner y el arco detector de metales.
Lopera estaba haciendo cola, como los restantes ciudadanos, y cuando le llegó el turno, lanzó una pregunta a los funcionarios:
–¿Qué tengo que hacer para pasar?
–Suelte usted todo lo metálico que lleve encima: monedas, teléfono, reloj, … –respondieron los funcionarios.
Pero antes de que terminaran de repetir la retahíla de objetos que pueden hacer que el escáner pite –y que suelen pronunciar en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana–, Lopera cogió y comenzó a quitarse la chaqueta con la intención de introducirla en el escáner.
–¡Don Manuel, no se quite usted la chaqueta! ¡Que lleva al Gran Poder, no vaya a meter al Señor por el escáner! –replicó el atento funcionario.
Y es que, como es habitual en el ex mandatario verdiblanco, esa mañana llevaba en las solapas de su chaqueta dos pines de sus dos grandes pasiones: el señor del Gran Poder y el Real Betis.
Lopera se echó a reír ante el comentario que le hizo el funcionario de la Audiencia de Sevilla, pero al final pasó la chaqueta –y con ella el pin del Gran Poder– por el escáner.
No cabe duda de que el ex dirigente del Betis es un personaje singular de Sevilla y del mundo del fútbol, que no deja indiferente a nadie. Lo mismo provoca simpatías que repulsas, pero de lo que no cabe duda es de su ingenio y chispa.
A su llegada a los juzgados y, probablemente desatendiendo las recomendaciones de su plantel de abogados del bufete Montero-Aramburu, Lopera no dudó en atender a la prensa.

Además se mostró “tranquilo” porque “no ha hecho nada malo”. Y luego, como no podía faltar, se encomendó de nuevo al Señor de Sevilla, tras recordar su actuación con el Betis en 1992. “Lo salvé de la muerte y encima me han correspondido con este castigo, pero Dios está arriba y no tengo nada que temer. Me he encomendado en este juicio a mi Gran Poder de mi alma, al que visito todas las semanas; también a mi Cautivo, que también lo visito todas las semanas, y a mi Macarena. Lo único que quiero, Padre Mío, es que digan la verdad… que Tú obres con la verdad”, aseveró el ex mandatario verdiblanco.
Todo esto en la primera sesión de un juicio que no ha hecho nada más que comenzar y del que se han programado 24 sesiones entre los meses de junio, julio, septiembre –para en agosto por las vacaciones– y octubre.
Todo apunta a que Lopera dará grandes tardes, o mañanas, en este juicio, en el que ya se aguarda con expectación el momento de su declaración, previsto inicialmente para el próximo 5 de junio, dado que ahora sólo se están tramitando las cuestiones previas al inicio de la vista oral. Y todavía, según algunos, habría incluso posibilidad para tratar de negociar un acuerdo in extremis con la Fiscalía y las acusaciones particulares que evite el proceso, aunque a priori parece imposible porque para ello Lopera tendría que reconocer la comisión de algún delito que hasta este momento ha venido negando con rotundidad. Aunque para eso está el aforismo que reza que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez Alaya respalda de nuevo a la UCO

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*La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha vuelto a respaldar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la que mantuvo una estrecha colaboración en su estapa de instructora de las macrocausas. Ahora en la Audiencia y apartada de los ERE y de los otros macroprocesos, la juez que ha sido designada como ponente para resolver los recursos en la investigación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha confirmado la decisión de la instructora de autorizar la entrega y volcado de miles de correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios que intervinieron en el proceso administrativo. Para Alaya, en una postura secundada por otros tres magistrados de la Sala, la entrega de los correos no supone una investigación “prospectiva” ni indiscriminada, como habían denunciado las defensas. Aun así, veremos como estos correos van a ser una mina de información en manos de la UCO.

 

El caso de los ERE acumula ya 345 tomos

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*La macrocausa de los ERE que ahora investiga la juez María Núñez Bolaños sigue sumando miles de folios por momentos. Esta misma semana, el juzgado ha abierto el tomo 345. Sí, no es una errata tipográfica. La macrocausa principal (las diligencias 174/2011) de la que se han ido separando las distintas piezas, una por cada una de las ayudas, tiene ya 345 tomos, lo que traducido en folios son decenas de miles.

Póker de juicios para 2017

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2017 a las 4:00

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Cuatro grandes juicios que marcarán la crónica de tribunales a lo largo de 2017, con independencia de que continuará la instrucción de las distintas macrocausas que instruye la juez María Núñez Bolaños, quien además ha perdido desde el 31 de diciembre a uno de los jueces de refuerzo, Álvaro Martín, que regresa al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla tras haber pasado más de tres años –desde septiembre de 2013– instruyendo las primeras piezas separadas del caso de los ERE fraudulentos.
El póker de grandes procesos arranca justo tras los Reyes, porque la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para el próximo 17 de enero el inicio de la vista oral contra el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, que serán enjuiciados junto a otros ocho acusados por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, la empresa pública de la que partió el escándalo de los ERE.
La Fiscalía reclama una condena de dos años de prisión a para los diez acusados que se sentarán en el banquillo, a los que atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales, aunque también reclama una condena de nueve años de inhabilitación especial para el ex director general de la lonja Fernando Mellet.
Esta vista oral se prolongará durante 28 sesiones entre los meses de enero y marzo.
La segunda cita judicial importante del año llegará en el mes de abril, puesto que la Audiencia de Sevilla ha fijado a partir del 18 de abril el juicio contra el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel y al pago de 3,6 millones de indemnización por un delito de apropiación indebida. De este juicio se han establecido inicialmente otras 24 sesiones que se desarrollarán entre los meses de abril y octubre, habiéndose señalado para el 5 de junio la declaración de Lopera. Hay algunos que confían en que la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones de notables béticos lleguen a a una conformidad que evite la celebración del juicio, pero para ello el ex mandatario del Real Betis tendría que reconocer las supuestas irregularidades, algo que a lo largo de la tortuosa instrucción que se inició en 2008 por la juez Mercedes Alaya siempre ha rechazado. De hecho, su defensa solicita la libre absolución, porque entiende que Lopera “ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico del Real Betis y no le ha provocado perjuicio alguno”.
Al margen de este juicio, la vista oral más esperada para el año que viene es la del caso de los ERE, el enjuiciamiento de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su supuesto conocimiento del fraude en el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas. Todavía hay muchas dudas de que el juicio pueda iniciarse antes de que acabe el 2017, a pesar de que el juez Álvaro Martín ya dictó el auto de apertura de juicio oral, el sumario está concluido y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado las penas para los 26 ex altos cargos procesados.
Aún queda por determinar a qué sección de la Audiencia le corresponderá, por un turno especial de reparto implantado recientemente, el enjuiciamiento de esta pieza de los ERE, y todavía no se han resuelto los recursos presentados por los ex presidentes y otros ex altos cargos. Además, la Audiencia de Sevilla y el TSJA deberán fijar medidas extraordinarias para la celebración de la vista oral, puesto que en la actualidad resulta bastante complicado que alguna de las salas de vistas de la Audiencia pueda acoger un juicio con 26 acusados y sus respectivas defensas, no descartándose incluso que, como Sevilla no cuenta con una Ciudad de la Justicia, haya que trasladar este juicio a una sede provisional fuera del viejo edificio del Prado de San Sebastián. En principio, el juicio podría celebrarse en la Sala donde actualmente se celebran los juicios con jurado popular, pero como se prevé que la vista pueda durar hasta ocho meses, dificultaría enormemente la tramitación de los juicios con jurado, muchos de los cuales son además asuntos preferentes porque hay acusado que están en prisión provisional. La búsqueda de esta nueva sede y su acondicionamiento, retrasaría el posible inicio del juicio a los ex presidentes.
Fuentes de la Audiencia apuntan que ese hipotético emplazamiento externo de la Audiencia de Sevilla debería incluso comprometerse por un período mínimo de dos años, puesto que además del juicio a los ex altos cargos, en la macrocausa de los ERE se pueden formar más de 200 piezas que también deben ser enjuiciadas.
Algunas de estas piezas, como las relacionadas con las ayudas a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor-Surcolor Óptica también están finalizadas, de ahí que no se descarta que algunos de estos juicios –con un número menor de imputados– pueda celebrarse en la Audiencia antes del juicio a Chaves y Griñán.
Septiembre es el mes que completa el póker de juicios en Sevilla. El día 12 arranca en el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla el juicio por el supuesto amaño de las oposiciones en la Policía Local, en el están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. La vista se prolongará hasta el mes de diciembre, en sesiones de martes, jueves y viernes.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente de la Policía Local Juan José García por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos, mientras que el resto de agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes se enfrentan al pago de una multa de 100.000 euros y a cuatro años de inhabilitación.
En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla las relaciones que tienen los opositores beneficiados por la filtración con mandos, agentes y sindicalistas. Así, detalla que además de los relacionados con Juan José García, figura además un sobrino del intendente mayor de la Policía Local, Gabriel Nevado; dos hijos de un subinspector de la Policía Local, hijos de oficiales –uno de ellos perteneciente a la Unidad de Escoltas del alcalde–, y de agentes del Cuerpo. También figura el hijo de una representante del PSOE en la Junta del Distrito Norte; el de un comisario de la Policía Nacional; los de los jefes de Policía de Umbrete y Algeciras; y de un funcionario de los juzgados ya jubilado.

 

 

Alaya, Lopera y 2.000 euros

Jorge Muñoz | 7 de diciembre de 2016 a las 6:00

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La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

 

Alaya, Lopera y 2.000 euros. Una extraña ecuación a la que hay que sumar a Francisco Estepa, el que fuera administrador judicial del Betis y su polémico nombramiento por su amistad con el marido de la juez. Vayamos por partes. El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso contencioso-administrativo del ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, en el que impugnó el archivo de la queja presentada contra la juez Mercedes Alaya ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su actuación al nombrar a Estepa como administrador judicial de la entidad. En ese recurso, Lopera solicitaba la incoación de diligencias informativas o alternativamente que se abriera un expediente disciplinario contra la magistrada para el pleno esclarecimiento del “modo irregular de designación de los administradores judiciales” en el marco de la causa abierta por el delito societario.

Lopera se quejaba de la designación de Francisco Estepa como administrador judicial del Betis, alegando que éste había sido abogado defensor del marido de Alaya, Jorge Castro, cuando éste tuvo que declarar ante un juez por su trabajo en la administración de los laboratorios Pérez Jiménez.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal, que tiene fecha del pasado 15 de noviembre, ha desestimado el recurso de Lopera contra el archivo de la queja acordado en enero de 2015 y en consecuencia, dada la “manifiesta improcedencia” del recurso, ha impuesto al ex dirigente del Betis la condena a pagar las costas procesales, que no podrá exceder de los 2.000 euros, según precisa el fallo.

francisco Estepa,administrador judicial del betis en los juzgados

Además de las supuestas irregularidades procedimentales producidas en el nombramiento de Francisco Estepa, Lopera se quejaba en el recurso de las afirmaciones realizadas por la juez Alaya en el auto dictado el 23 de octubre de 2014, en el que la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sostuvo que la relación entre su marido y el administrador judicial estaba basada en “bulos periodísticos”. La magistrada añadió que la única relación entre ambos era la “normal coincidencia” de que ambos “desarrollan su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales”.
Sobre el primero de los motivos esgrimidos por la defensa de Lopera, el Supremo señala que “las transgresiones que, hipotéticamente, se hayan producido han de ser rectificadas mediante el ejercicio de los recursos jurisdiccionales pertinentes, y no por la vía disciplinaria, al tratarse de una actuación estrictamente jurisdiccional”. Es por ello que, según los magistrados, Lopera debió ejercitar los recursos contra la designación de Estepa que el ordenamiento prevé.
Con respecto a las manifestaciones recogidas en el auto, el Supremo aclara que “la parte recurrente no puede desconocer que el nombramiento no fue impugnado por ella, lo que obliga a extraer determinadas conclusiones sobre su propio consentimiento en el nombramiento cuestionado”.
En cualquier caso, el Alto Tribunal sostiene que las circunstancias sobre el nombramiento de Francisco Estepa y sus relaciones con el cónyuge de la juez “no son personales de ésta, sino de su cónyuge, lo que impide aplicar a la juez, por extensión, circunstancias de abstención que no concurren en ella sino en su cónyuge y mucho menos si no se muestra de modo razonable que tales circunstancias son extensibles también a la juez”. Así, la sentencia argumenta que más allá de los supuestos de abstención y recusación de los jueces previstos en la ley, siempre de naturaleza personal, “es preciso aportar datos de mucha mayor entidad que los que obran en este litigo para que pueda ser cuestionada exitosamente la imparcialidad del juzgados y su deber de abstención”.
La defensa de Lopera había alegado que existió un “funcionamiento anormal” del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al haber “ocultado a las partes el modo de selección y designación de los administradores judiciales” y por haber introducido “hechos inveraces en sus resoluciones”.
No cabe duda de que Francisco Estepa fue abogado del marido de Alaya, el auditor Jorge Castro, y que en noviembre de 2012 lo representó en relación con su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Jiménez, que investigaba un juzgado de Posadas (Córdoba). El propio Francisco Estepa emitió un comunicado de prensa en el que reconoció que trabajó con el marido de la instructora durante el concurso de acreedores de estos laboratorios.
Cuando Lopera presentó una queja por estos hechos ante el CGPJ, Alaya remitió un informe en el que señalaba que la relación entre Estepa y su marido fue “estrictamente profesional” y aclaraba que no conocía personalmente a Estepa antes de su designación, “ignorando todo lo que a él se refería hasta que por diferentes ámbitos de su confianza le fue mencionado como excelente profesional”, relata la sentencia del Alto Tribunal.
Según Alaya, la selección de Estepa se hizo como en otras ocasiones, recabando nombres de personas que reunieran tales capacidades y que a la vez ninguna relación tuviera con las partes del procedimiento. Fruto de esa “cuidada selección”, se eligió a Estepa como administrador judicial de las acciones de Farusa, nombrándole mediante auto del 20 de enero de 2014, que “no fue recurrido”.
Por tanto, en el momento de dicho nombramiento y del dictado del auto de 23 de octubre, Alaya sólo conocía que Estepa y su marido dedicaban parte de sus actividades a ser administradores concursales y que habían “coincidido” como tales profesionales en algún asunto. Según Alaya, con motivo de la queja de Lopera ante el Consejo conoció “algo más, pero nada que enturbie su imparcialidad en los hechos objeto de la causa, ni que le haga tener un interés personal o especial en que Estepa sea administrador judicial”.

La abogada Encarnación Molino dirigirá la defensa de Lopera

Jorge Muñoz | 1 de noviembre de 2015 a las 6:15

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La abogada Encarnación Molino

Encarnación Molino, socia del bufete Montero Aramburu y coordinadora de su Departamento Penal, será la cabeza visible del equipo multidisciplinar encargado de la defensa de Manuel Ruiz de Lopera en la causa que se sigue contra el ex mandatario bético por su gestión al frente de la entidad deportiva.

En la defensa de Manuel Ruiz de Lopera, asumida por Montero Aramburu en 2008, intervienen abogados del Departamento Penal, compuesto por siete letrados -entre ellos Alfredo Flores, ex fiscal jefe de Sevilla y consejero de la firma-, así como de los departamentos Mercantil y Fiscal del despacho, quienes ahora serán coordinados por Encarnación Molino.
En la actualidad, la letrada interviene en otros procesos de gran transcendencia mediática, como los casos Mercasevilla, ERE  -defendiendo a varios imputados de la Agencia Idea-, Cursos de Formación y Fundación DeSevilla, habiendo participado en los últimos años en procesos penales tan conocidos y diversos como los casos Camas, Asesinato de Guillena y Agustín de Foxá.
Encarnación Molino es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. En 1993, tras preparar oposiciones a la carrera judicial y fiscal, fundó el despacho Molino Revuelta, desde el que, hasta 2013, ha ejercido con éxito la abogacía y alcanzado gran prestigio como especialista en Derecho Penal, especialmente Económico, extendiendo también su asesoramiento a las áreas del Derecho Civil y Administrativo.

La Fiscalía baja el balón de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de septiembre de 2015 a las 6:00

Se veía venir desde hace tiempo. La Fiscalía de Sevilla ha presentado esta semana su escrito de conclusiones provisionales en el caso Betis, en el que reclama una condena de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 3,6 millones de euros para Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida (o alternativamente dos años de prisión por un delito continuado de administración desleal).

Más allá de la petición de condena, que podría posibilitar un acuerdo para evitar el juicio, el escrito del Ministerio Público es importante por cuanto viene a tumbar parcialmente las tesis que han mantenido los peritos que estudiaron el caso y la magistrada Mercedes Alaya, que inició la investigación hace siete años. Decía Alaya, siguiendo a los peritos, que Lopera se había apoderado de 25 millones de euros, lo que llevó a la magistrada a imponerle una fianza de 33 millones (los 25 más el tercio legal).

loperaSin embargo, la fiscal Margarita Viera, en un detallado y complicado informe -para los no expertos, como es el caso del que escribe- de 24 páginas reduce el posible perjuicio al Betis por los contratos con las empresas de Lopera (Tegasa y Encadesa) a poco más de tres millones, al contabilizar una serie de gastos de estas sociedades que los peritos no tuvieron en cuenta. De 25 (o 33 millones) a sólo tres hay un gran trecho.

Pero el Ministerio Público va mas allá al considerar que no hay delito en relación con las actuaciones de Lopera entre los años 1993 y 1999, periodo sobre el que las conclusiones de los peritos llevaron a la juez a adoptar las medidas cautelares de 2010, con la intervención judicial del Real Betis y la paralización de la venta del paquete de acciones a Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver.

¿Quiere esto decir que la Fiscalía no cree que Lopera no cometiera ningún delito? No. Lopera no es inocente para el Ministerio Público. La Fiscalía, como garante de la legalidad del procedimiento, lo que hace es ajustar la gravedad de los hechos que se le atribuyen al criterio que considera adecuado y que, como sucedió en muchas ocasiones a lo largo de la tortuosa instrucción, supone una gran discrepancia con la tesis de Alaya.

Hay incluso media docena de hechos en los que la fiscal no aprecia delitos: la mencionada venta de acciones a Bitton Sport, el traspaso de Roberto Ríos, los pagos por la obras del Estadio por el que la juez le atribuyó una apropiación de más de siete millones de euros, etc.

Hay otro aspecto destacado en la acusación pública a Lopera. La Fiscalía ha pedido que se aprecie una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, en relación con las dilaciones producidas en el procedimiento y que no pueden achacarse al procesado. Es curioso como la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, agradeció en un comunicado la “celeridad” con la que había tramitado la causa la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. En este caso, evidentemente, no hubo ninguna alusión a la labor de la juez Alaya, la magistrada que instruyó el sumario.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La fiscal jefe mostró su “satisfacción por la celeridad en la tramitación de la presente fase procesal por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por cuanto permitirá acordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad”.

Lo cierto es que el escrito de la Fiscalía abre las puertas a un posible acuerdo con Lopera, que podría pagar la indemnización y reducir la pena hasta un punto en el que pudiera evitar la cárcel. No  sería la primera vez. Lopera ya llegó a un pacto en 2005 con la Fiscalía por el que aceptó una condena de 14 meses de prisión por dos delitos fiscales. ¿Y qué harían la acusaciones particulares? ¿Se van a arriesgar a una posible condena en costas en caso de que el acusado saliera absuelto? Un nuevo acuerdo es una posibilidad nada desdeñable. La historia podría repetirse, sobre todo después de que la Fiscalía haya badajado el balón que en su día lanzó al aire Alaya…