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La famosa juez Alaya

Jorge Muñoz | 9 de noviembre de 2017 a las 2:00

 

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

¿Serían ustedes capaces de hacer más de 200 kilómetros para conocer a la “famosa” juez Mercedes Alaya? Pues hay quien sí está dispuesto. La anécdota ocurrió el pasado martes en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde su titular, María Núñez Bolaños, seguía con el calendario de declaraciones de personas investigadas en una de las piezas relacionadas con las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a la formación.
La juez Bolaños había citado a declarar a la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María José Lara, pero por un error en la identificación el juzgado la citación llegó a una vecina de Málaga que comparte nombre y apellido con esta ex alto cargo de la Junta. La citación se había producido con una antelación de al menos dos meses, pero la mujer citada, en lugar de dirigirse al juzgado para subsanar el error, no dijo nada y acudió puntualmente el pasado martes a la hora citada por el juzgado, haciéndolo además acompañada de una abogada, tal y como se le había requerido.
Antes de entrar en la Sala para prestar supuestamente declaración por unos cursos de formación de los que evidentemente esta mujer no tenía ni idea, en la secretaria del juzgado se aclaró el error, por lo que se le comunicó que no iba a ser necesario que pasaran a la sala de vistas donde Bolaños toma habitualmente las declaraciones a los imputados.
En ese momento y para asombro de los presentes, la letrada exclamó: “¡Total, que me voy a quedar sin conocer a la famosa Alaya…!”.
La cosa no quedó ahí, porque una vez ya dentro de la Sala, el fiscal recordó la situación producida y le dijo a la letrada, con cierta retranca, que para conocer a la famosa Alaya “viene usted un poco tarde”, puesto que hace más de dos años que Mercedes Alaya se marchó a la Audiencia y fue sustituida por María Núñez Bolaños. “Hay que leer el Hola y ver el Sálvame para estar al tanto de la actualidad judicial”, continuó bromeando el representante del Ministerio Público.
Un letrado defensor de otro investigado se sumó a la conversación para decir que “todos los periódicos no hay que leerlos”, en alusión a los últimos acontecimientos que han rodeado a la titular del juzgado, que ha inadmitido una recusación del PP contra ella. “Hay que leerlos todos”, concluyó el fiscal con el mismo tono jocoso.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

La ofensiva contra Bolaños

Jorge Muñoz | 31 de julio de 2016 a las 5:00

María Núñez Bolaños

María Núñez Bolaños

En la sede regional del PP de la calle San Fernando suenan tambores de guerra. Una guerra que, traspasando las amplias barreras de la política, donde parece que cabe casi todo, se dirige por primera vez contra un representante de la judicatura. El objetivo es María Núñez Bolaños, la juez que investiga las macrocausas después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera apartar de estos sumarios a Mercedes Alaya.
La guerra que ha iniciado el PP de Juanma Moreno tenía su propio calendario, pero se ha anticipado unos meses. En principio estaba previsto que la campaña de desprestigio contra la magistrada se iniciara a la vuelta de las vacaciones de verano, el próximo otoño, coincidiendo con la apertura del año judicial, pero los últimos avatares relacionados con las distintas investigaciones judiciales, han llevado a los populares a comenzar la ofensiva.
El primer acto contra Bolaños ha consistido en presentar una queja ante el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ante el que han denunciado a la instructora por la supuesta predisposición al archivo de la causa de la formación y que afecta, según los populares, a la imparcialidad de la instructora. El CGPJ ha recibido la queja, que ya está en manos del promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, que puede archivar de plano la denuncia o dar traslado a María Núñez Bolaños para que presente alegaciones.
Lo curioso es que la queja del PP ha llegado después de que la propia Fiscalía Anticorrupción haya sostenido que no aprecia delito en la resoluciones de exoneración que acordó la Junta en relación con las subvenciones a la formación y de que el Tribunal de Cuentas haya descartado igualmente menoscabo de fondos públicos en estas ayudas. Si la Fiscalía, que es el garante de la legalidad del procedimiento, y el Tribunal de Cuentas –en su ámbito contable–, coinciden con el planteamiento de la magistrada, que no ha visto nada más que irregularidades administrativas y no delitos, será que efectivamente no hay ninguna infracción penal. Cabe recordar que estas consideraciones se refieren exclusivamente a la pieza política de la macrocausa de los cursos, donde todos los interventores provinciales que han declarado han advertido que sólo detectaron irregularidades administrativas, pero no delitos.
Nadie ha dicho, por ahora, que se vayan a archivar otras piezas en las que se investigan por ejemplo las millonarias ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero Ángel Ojeda o del ex vicesecretario delPSOE-A Rafael Velasco. En ambos casos, la instrucción continúa.
La ofensiva del PP contra la juez Bolaños no ha pasado desapercibida para las asociaciones profesionales de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria han criticado lo que denominan una “tendenciosa campaña sobre el caso de los ERE”, de inspiración “partidista” y con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado que instruye el caso, “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”, en alusión a un escrito del PP en el que se ponía de manifiesto que el juzgado le entregó unas grabaciones de los cursos de formación que estaban “incompletas”.
Pero el PP se ha quedado solo en la guerra contra Bolaños. Lo que resulta cuanto menos paradójico es que los populares emprendan esta campaña contra Bolaños y no dijeran ni pío cuando la instrucción estaba en manos de Mercedes Alaya. Y no será porque no haya aspectos relacionados con la anterior instructora que también pudieran ser objeto, cuanto menos, de una crítica severa. Esta misma semana hemos conocido que Bolaños ha encontrado hasta 31 documentos que datan de la época de Alaya, algunos remiten a los años 2011 y 2012, que ni siquiera cuentan con fecha de registro de entrada en el juzgado.

Mercedes Alaya

Mercedes Alaya

Entre esos documentos supuestamente extraviados o que no estaban incorporados al sumario de los ERE hay un oficio del Ministerio de Industria en relación con la Faja Pirítica de Huelva –esa investigación en la que por cierto la Guardia Civil ha implicado a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar–, donde se pone de manifiesto que “no se tiene constancia de la existencia del Plan Único del Gobierno central para paliar la crisis” minera onubense; ni tampoco figuran oficios de la Policía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Pero tampoco se incorporaron a la causa documentos remitidos por la Agencia Tributaria sobre los servicios facturados por Juan Francisco Trujillo –el ex chófer de Javier Guerrero–, y oficios del Tribunal Supremo sobre autos en los que aparecen los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El extravío de los documentos se suma a lo que en esta misma sección llamamos “El misterio de la Caja 5”, donde un pertinaz abogado, Antonio Uceda, descubrió entre las 100 cajas de documentos que no han sido escaneados unos documentos que contradecían una de las afirmaciones que los peritos del Estado realizaban sobre las transferencias de financiación, al demostrar este letrado que no se ha ocultado el sistema utilizado para pagar las ayudas de los ERE a la intervención delegada en la Consejería de Empleo.
La guerra contra Bolaños ha comenzado formalmente con la queja ante el CGPJ, pero vendrán nuevos episodios a la vuelta del verano porque el PP no puede perder la baza que suponen estas causas y hace política –como todos los demás– utilizando los tribunales. Curioso, sobre todo, cuando a los políticos se les llena la boca diciendo que no hay que politizar la Justicia. Y no olvidemos que los jueces son la última frontera contra la arbitrariedad de los otros dos poderes.

La tercera en siete años

Jorge Muñoz | 17 de julio de 2016 a las 5:00

JUZGADOS

La estadística nunca favoreció a Mercedes Alaya, tal vez por su ambición en seguir abriendo macrocausas sin detenerse a ir concluyendo las que ya estaban en marcha. Esta semana se ha conocido que, por fin, se ha fijado la fecha para el juicio por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, una investigación que Alaya inició hace siete años, en concreto, en el año 2009 y en la que hay diez procesados, entre ellos el que fuera portavoz municipal de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, dos de las personas que centraron las pesquisas de Alaya y que acabaron siendo imputadas en varias ocasiones, en distintos procesos.
La causa de la venta de los suelos no podía considerarse una macrocausa, pero la demora en la instrucción ha hecho que el inicio del juicio no se haya fijado hasta diciembre próximo, es decir, siete años después de que comenzara la instrucción.
Lo cierto es que Alaya dejó a su marcha prácticamente encarrilada esta investigación, pero fue la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la que puso el broche final a la instrucción y envió el sumario a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.
Decía que la estadística destroza a Alaya porque este sumario es el tercero de los que instruyó que llega a juicio en siete años. Nadie cuestiona, no me cansaré de decirlo, el enorme esfuerzo y las horas que Alaya dedicó a las macrocausas, pero también lo es que tres juicios en siete años resulta un balance muy pobre. Sobre todo porque de las distintas causas que investigó, sólo una, la del cohecho en Mercasevilla, de la que derivó el fraude los ERE, está acabada: hubo una condena de dos de los cuatro acusados –los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce–, mientras que el Tribunal Supremo absolvió al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, contra el que únicamente había el testimonio no ratificado en juicio de un coimputado, algo que la jurisprudencia no estima suficiente para fundamentar una condena. Los indicios contra Rivas eran muy débiles, como había reconocido la propia Alaya en alguno de sus autos.
Es la única causa sobre la que hay una condena firme. Las otras dos que han llegado a juicio son la mencionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, y la del denominado delito societario del Real Betis, cuyo juicio está fijado en la Audiencia de Sevilla para abril del año próximo, con lo que la sentencia que pueda dictarse no se conocerá, como muy pronto, hasta finales de 2017, y no será firme, dado que la misma podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta era la causa más antigua que investigaba Alaya, dado que comenzó a investigarse en 2008.
Alaya sí que terminó de instruir otra de las macrocausas que inició, la de la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una red que se dedicaba a pagar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de distintas administraciones. Como los delitos se cometieron en distintas provincias, Alaya remitió la investigación a laAudiencia Nacional, donde actualmente continúa la instrucción contra el casi centenar de imputados sin aparentes visos de acabar pronto.
En junio pasado entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita, en principio, la instrucción de las causas simples a seis meses y de las consideradas como complejas –en las que estarían las macrocausas– a 18 meses.
La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, en el año que lleva al frente de este órgano judicial, ya ha declarado la complejidad de varias de las macrocausas y ha dividido en piezas las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación, algo a lo que se oponía rotundamente Mercedes Alaya.
Y a pesar de la división en piezas de los ERE y de que ha terminado la instrucción de la pieza política, la del “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, el juicio no se celebrará, como muy pronto, hasta finales del año próximo o principios del 2018. Una dilación más de la que se beneficiarán los imputados.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

¿Dónde están jPd y el foro judicial?

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*En los mentideros judiciales de Sevilla se ha echado en falta el apoyo de las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente en el comunicado de apoyo a la juez María Núñez Bolaños. La asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece la instructora, y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de carácter conservador, denunciaron la “tendenciosa campaña partidista” contra la titular del juzgado, con el objetivo de condicionar su labor e “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”. Dicen que Jpd y el Foro decidieron no firmar el comunicado de apoyo a Bolaños porque entendían que las criticas podrían enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión o de prensa, pero lo cierto es que la ausencia ha llamado la atención de muchos jueces, que esperaban el respaldo de las asociaciones consideradas progresistas a la titular del juzgado.

Nueva condena por estafa al dueño de Contsa

Audiencia de Sevilla.

*La Audiencia de Sevilla ha condenado esta semana al dueño de Consta a otros nueve años de prisión por la estafa piramidal que dejó sin sus ahorros a casi 1.600 personas, que acudieron a la llamas de unos altos intereses y la imagen que tenía el que fuera hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, que solía brindar con Moët Chandon. Se trata de la segunda condena a Salas Burzón, que ya fue castigado en 2014 con una pena de otros 22 meses de cárcel por fraude al fisco. El empresario estuvo en prisión provisional casi dos años tras prestar declaración ante la juez que comenzó a investigar la estafa piramidal por la que ahora ha sido condenado nuevamente. Si se confirma la nueva condena, que aún puede ser recurrida, Salas tendrá que volver a la cárcel. Cuando declaró en el juzgado, en octubre de 2008, el dueño de Contsa no era consciente de que la juez podía enviarle a prisión, y de hecho se comenta la anécdota de lo que le comentó a su abogado defensor antes de saber la decisión de la magistrada:–¿A dónde nos vamos a ir a comer ahora?–no dejaba de preguntar José Salas. Lo que el imputado no sabía es que esa comida se la iban a servir no en un buen restaurante de los que solía frecuentar en aquella época, sino en un lugar denominado Sevilla-I, donde a partir de ese momento desayunó, almorzó y cenó durante una buena temporada.
La sede de Viapol va volviendo a la normalidad

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*La Consejería de Justicia e Interior de la Junta tuvo que adoptar a finales de junio una medida insólita en la Justicia andaluza, al tener que reducir por decreto la jornada laboral en los juzgados del edificio Viapol de Sevilla por la avería de los aparatos de aire acondicionado. Desde esa fecha, los funcionarios de 11 juzgados y del Registro Civil estaban autorizados legalmente a salir de trabajar a la una de la tarde, dado que el intenso calor que se registra en este edificio por la avería del sistema de climatización podía suponer un riesgo para la salud de los funcionarios. La Junta anunció entonces la contratación de una empresa para colocar la nueva maquinaria de climatización y esta misma semana la situación se está normalizando. Ya se han puesto por ejemplo los aparatos en el juzgado de Primera Instancia números 19 y 20, el Contencioso-administrativo 9, varias dependencias del Registro Civil, y la próxima semana estarán convenientemente climatizadas todas las salas de vista de la primera planta.

La filtración es lo de menos

Jorge Muñoz | 24 de junio de 2016 a las 5:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, decía hace algunos meses que existía una regla no escrita por la que los jueces no debían interferir en las campañas electorales con sus resoluciones judiciales. Pero estas reglas unas veces se cumplen y otras no, porque no hay que olvidar que tan sólo cuatro días después de que se iniciara la presente campaña electoral que hoy concluye, el Alto Tribunal andaluz anunció el archivo de la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con la adjudicación de unas obras cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Ahora ha trascendido que la juez María Núñez Bolaños archivará en los próximos meses la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que figuran 24 personas imputadas entre políticos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El Partido Popular ha arremetido contra la supuesta filtración de esta decisión y ha anunciado que pedirá al CGPJ que se investigue la filtración, pero en realidad era algo cantado y no había que ser un lince para ver los derroteros por los que seguiría la instrucción tras las declaraciones de los interventores negando la existencia de delitos y los archivos decretados en otros juzgados andaluces.

Las noticias surgen cuando el periodista las conoce y si ahora ha trascendido el archivo no hay que buscar explicaciones políticas o coincidencias electorales. En este caso, la información no favorece a la acusación popular al desinflar la instrucción. Lo que sorprende es que nunca hubo una reacción parecida en las filas populares cuando la anterior juez, Mercedes Alaya, hacía coincidir sus autos bomba con las campañas electorales o determinados hitos políticos.
Lo trascendental no es la filtración, sino la explicación que se les va a dar a esas 16 personas que estuvieron varios días en unos mugrientos calabozos tras ser detenidos por orden de la juez Mercedes Alaya.