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Berrinche en la Fiscalía

Jorge Muñoz | 9 de julio de 2017 a las 2:00

Entrevista a Antonio Rodrigo Torrijos.

Vaya por delante que no me parece ilógico que la Fiscalía de Sevilla haya decidido finalmente no recurrir la absolución del ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de los otros nueve acusados por el supuesto amaño –ya descartado por una sentencia firme, la Justicia ha hablado– del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Es más, me parece la postura más racional, sobre todo, teniendo en cuenta que las dos acusaciones particulares, los supuestos perjudicados por el delito investigado –la asociación de mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, y la propia entidad Mercasevilla–, tampoco han considerado oportuno el recurso, llegando incluso a poner de manifiesto la posibilidad de una condena en costas en caso de que ese recurso no prosperara.
Pero dicho esto, sí que me parece llamativo, y en eso tiene parte de razón la defensa de Torrijos, cómo ha defendido la Fiscalía su postura de no recurrir, poniendo de manifiesto que en la prolija sentencia de 393 folios de la juez Yolanda Sánchez Gucema existían numerosos “indicios” que avalaban la tesis acusatoria que el Ministerio Público ha mantenido durante estos ocho años, pero como el recurso de apelación frente a las sentencias absolutorias tiene un “estrecho cauce”, han decidido no presentar dicho recurso aun insistiendo en la disconformidad porque entiende que se podría “haber llegado a la conclusión alternativa condenatoria”.
Alega la Fiscalía que el sistema de apelación que rige desde el año 2012 en el derecho procesal español “no permite cuestionar la credibilidad dada a una determinada prueba por el órgano que la ha percibido, pues ello exigiría la repetición de la prueba, algo que no está previsto en nuestro sistema” y añade que la Audiencia no puede sustituir la prueba realizada por otra valoración, “igualmente razonable con una conclusión condenatoria”, explicaba la fiscal jefe, María José Segarra, en el comunicado hecho público esta semana.
No se trata aquí de hacer un análisis jurídico de la decisión de la Fiscalía de no recurrir, algo que no le corresponde a este cronista, que no es jurista sino un espectador privilegiado de los tribunales, pero sí de aplicar el sentido común.
Si la Fiscalía lleva ocho años avalando las tesis acusatorias que en su día apreció la instructora del caso, Mercedes Alaya, nadie cuestionaría ni se extrañaría de que mantuviera su postura hasta el final y, por tanto, recurriera la absolución de Torrijos y de los otros acusados. Sería, salvando las alegaciones jurídicas, hasta cierto punto coherente con sus actos. ¿O va a resultar ahora que la Fiscalía no ha recurrido ninguna vez sentencias en las que no daba un duro porque prosperase dicho recurso?
En cambio, lo que ha hecho es como decirle a la sociedad quiero recurrir, pero legalmente no puedo. Y además tenía razón en las acusaciones, con lo que sigue extendiendo, como ha afirmado la letrada Encarnación Molino, “la sombra de la duda” para justificar una acusación que la abogada de Torrijos tilda de “injustificable”.
Si la Fiscalía sigue insistiendo en que el concurso público que se adjudicó a la constructora es “un paripé”, como llegó a poner de manifiesto el fiscal en su informe de conclusiones en el juicio, lo que debería haber hecho, a mi juicio, es recurrir la sentencia, aunque las probabilidades de prosperar del recurso fuesen escasas o mínimas.
Lo demás no deja de ser un brindis al sol, disparar con pólvora ajena, y tratar de justificar por qué se ha mantenido la acusación durante todos estos años para ahora conformarse con la absolución.
Retomando el principio de este artículo, la Fiscalía ha adoptado la postura más racional, pero los matices con los que ha justificado su decisión ponen de manifiesto el berrinche que le ha supuesto la absolución.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Letrados jóvenes en el turno de oficio

*En esta época en la que parece que el turno de oficio está en horas bajas, en la que los abogados cada vez más dejan de lado este servicio a la sociedad destacan actitudes como la del abogado Joaquín Moeckel, quien después de estar 20 años en el turno de oficio, ha hecho que una de sus hijas, Blanca, entre a formar parte del turno de oficio. Moeckel está convencido de que hay que inculcar en los abogados jóvenes la incorporación a un servicio que en la actualidad es una de las labores más altruistas que puede desempeñar un abogado. Joaquín Moeckel recuerda que el turno de oficio “no se hace por dinero” –en la actualidad no se cotiza mucho y son pocas las guardias que corresponden a cada letrado–, porque “quien ahora se inscribe en el turno es una persona comprometida con un servicio a la sociedad”, destaca el letrado sevillano.

El marketing de los abogados
*Si usted busca en Google la palabra “abogado”, el primer resultado que le aparece en pantalla es un anuncio de Luis Romero y Asociados. Esta semana, el letrado Luis Romero ha enviado una nota de prensa para dar a conocer a la opinión pública que acaba de obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla –por cierto, con “sobresaliente cum laude”, detalla el comunicado remitido por el departamento de comunicación del bufete– tras haber defendido su tesis doctoral sobre el delito de blanqueo de capitales, con un análisis realizado desde la perspectiva del abogado. Dice la nota que todos los miembros del tribunal “animaron al nuevo doctor a publicar su tesis doctoral, que fue calificada con diversos adjetivos elogiosos”. Luis Romero también ha difundido su doctorado en las redes sociales. Es la nueva era del márketing de los despachos. Enhorabuena Luis.

Un fallo que no repara el calvario

Jorge Muñoz | 22 de junio de 2017 a las 2:00

 

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Había una gran expectación a las nueve y veinte minutos de la mañana de ayer. En una de las principales salas de vistas de la sede judicial propiedad del edificio Noga –la empresa que paradójicamente fue penalizada en el concurso de los suelos por haber realizado una oferta muy superior al precio de salida–, abogados, procuradores, nueve de los diez acusados –sólo faltó Torrijos por motivos de enfermedad– y familiares y amigos acudieron para conocer la sentencia por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla.
La tensión era máxima en los momentos previos a conocer el fallo. Había opiniones para todos los gustos, los periodistas hacían cábalas sobre el posible resultado. El abogado Joaquín Herrera, marido la funcionaria María Victoria Bustamante, mostraba su confianza en la Justicia.
Cuando la juez de lo Penal número 13, Yolanda Sánchez Gucema, leyó el contenido del fallo en el que absuelve a los diez acusados, se desató la euforia. El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, sentado en primera fila, alzó su puño en señal de victoria, y poco después se fundió en un emotivo abrazo con su abogado, José Manuel Carrión. Otros letrados corrieron a felicitar a sus clientes.
A su salida, muchos de ellos coincidieron en denunciar el sufrimiento y el calvario por los más de ocho años que han transcurrido desde que la juez Mercedes Alaya, que evidentemente no queda en buen lugar con esta sentencia, iniciara la instrucción de la causa tras la denuncia presentada en su día por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por entonces portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.
La abogada Encarnación Molino, que ha defendido al ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, se preguntó “quién repara los daños causados” tras una instrucción que definió como “innecesariamente larga, inquisitiva, buscando lo que no había, viendo fantasmas donde no había”.
Y ésa es la pregunta a la que la juez de lo Penal que le ha tocado examinar las pruebas recopiladas por Alaya y dictar la sentencia no puede dar en los 393 folios de los que consta el extenso fallo.
La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dirigió con una extraordinaria profesionalidad las 20 sesiones en las que se desarrolló la vista oral, no hace ninguna alusión a Mercedes Alaya ni a su instrucción. Pero eso no quita que del contenido de la sentencia se desprenda que no había pruebas del supuesto amaño o concierto para favorecer a la constructora Sanma en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla.

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

La sentencia está plagada de argumentos que rechazan la existencia de pruebas o indicios de los delitos que sostuvieron la Fiscalía y las acusaciones particulares, de lo que también se colige que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria. De hecho, la juez deja claro que no hay pruebas del “amaño”, de la “confabulación” ni del “concierto previo” que apreciaron Mercedes Alaya y la Fiscalía, la acusación pública a la que la magistrada ha reprochado que calificara el concurso como de “un paripé”.
Más de ocho años después todos los acusados acogen con satisfacción la sentencia absolutoria, pero el daño al prestigio profesional y a la marca por ejemplo del grupo Sando, uno de los principales de Andalucía, es irreparable a pesar de los 393 folios de la sentencia.
La imagen de Antonio Rodrigo Torrijos, la pieza política a cobrar con esta instrucción, fue otra de las más vapuleadas por la investigación de la juez Alaya, quien decidió imputarlo en esta causa el 7 de abril de 2011, un mes y medio antes de que se celebraran las elecciones municipales del 22 mayo de 2011, con el consiguiente desgaste para su imagen y la de su formación.
Torrijos ni siquiera pudo ayer asistir a la lectura del fallo por motivos de salud. ¿Quien sabe si puede haber alguna relación entre su enfermedad y el calvario de estos ocho años?

El otro juicio de Mercasevilla

Jorge Muñoz | 19 de marzo de 2017 a las 2:00

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

En cualquier juicio, por muy complejos o graves que puedan ser los hechos que se enjuician, se producen anécdotas. Si además el juicio se prolonga durante 20 sesiones, como ha ocurrido con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, el ambiente que se suscita entre los propios acusados y los abogados se vuelve más propicio para que proliferen situaciones o comentarios divertidos. Unos dirán que esto se produce por pseudocompañerismo o por lo que une el banquillo, pero lo cierto es que las anécdotas se disparan.
La primera anécdota se produjo el mismo día en que se iniciaba la vista oral, cuando uno de los principales acusados, el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos coincidió a la entrada de la sede judicial con la juez Mercedes Alaya, quien instruyó la causa y lo procesó, y cuya labor instructora fue criticada por las defensas a lo largo de este juicio. Torrijos y Alaya compartieron incluso ascensor para subir a la planta donde se celebraba la vista oral, y seguro que el primero recordó el vehemente interrogatorio al que fue sometido por la juez en la fase de instrucción.
La peculiaridad de los interrogatorios de Alaya se puso nuevamente de manifiesto con motivo de la declaración de uno de los testigos: el economista de la sociedad estatal Mercasa Ángel Gil, quien relató cómo fue la disputa técnica que mantuvo con esta juez respecto a si la oferta de Sando incluía pago al contado o no. El testigo llegó a decir que la juez le “metió los dedos” en esa declaración hasta que tuvo que abandonar su postura y dejar que la juez se saliera con la suya. “Fue una discusión larga [con la juez] y al final yo me allané”, reconoció el economista.
Con este testigo se produjo otro momento divertido en el juicio cuando, al inicio de la comparecencia, la juez le formuló las preguntas generales de la ley –si jura o promete decir la verdad, o si tiene amistad o enemistad con algunas de las partes– y le advirtió de las consecuencia del delito de falso testimonio. En ese momento, el testigo completó la exposición de su señoría añadiendo que el falso testimonio lleva aparejada “penas de prisión…”, de lo que se desprende que no era la primera vez que rendía testimonio ante un tribunal.
La verdad es que el juicio de Mercasevilla fue en algunos momentos muy técnico –y hasta podría decirse que aburrido y agotador–, como cuando salía a relucir la cuestión de las tan traídas cláusulas que supuestamente se introdujeron en el pliego de condiciones para favorecer a la constructora Sando. La juez Yolanda Sánchez Gucema, que al final del juicio logró el reconocimiento de la práctica totalidad de los diez acusados y de sus abogados, tuvo que emplearse a fondo en algunas ocasiones, pero lo hizo en ocasiones con cierta gracia, como cuando le pidió a un letrado que “no volviera a preguntar por la legalidad de las cláusulas”.
–Señor letrado, el testigo ya ha contestado tres veces esa misma pregunta. Ha dicho que las cláusulas le parecían legalísimas –exclamó con cierta sorna.
La juez también bromeó con los letrados por el tema de los micrófonos abiertos, que tantos quebraderos de cabeza han causado en el mundo de la política. La magistrada pidió a los letrados que no hicieran comentarios entre ellos mientras se sucedían las declaraciones de los testigos.
–Señores letrados, les recuerdo que todo el juicio se está grabando, por lo que me enteraré de los comentarios que están haciendo durante los interrogatorios –explicó la juez, lo que provocó una sonora carcajada en la sala de vistas.
En otra ocasión, la magistrada reprochó a los abogados de la defensa que “gesticularan” durante la declaración del inspector de Policía que investigó el caso y quien sostuvo la tesis del amaño del concurso. “Ya sea el testigo un letrado, un economista o un inspector de Policía. Seamos respetuosos a todos por igual”, reclamó la juez.
Y a uno de los testigos, el dueño de Larena 98, Antonio Pardal, la juez le impuso una multa de 3.000 euros –que después le retiró– por no asistir a declarar, al haberse confundido de sede judicial. El hombre, de 80 años, le explicó a la juez que no podía pagar la multa y le reprochó que, por su propia torpeza, o porque el juzgado “no pone las señas de la Audiencia” no pudo llegar a la vista, a lo que la juez le preguntó que por qué ese día “sí que había” dado con el sitio si no habían cambiado las señas…
La magistrada tuvo en líneas generales un trato exquisito con los acusados, salvo cuando llamó la atención al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por utilizar el teléfono móvil. “Seamos respetuosos. Lleva todo el tiempo con el móvil y no consigo concentrarme”, le espetó la juez, que en otra ocasión reprendió a otro de los procesados por quedarse “dormido” durante la exposición de los informes finales.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Esta semana un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado al ex alcalde de Sanlúcar la Mayor Eustaquio Castaño y a otros ocho antiguos ediles de la corporación municipal a cuatro años de inhabilitación por haber autorizado, en contra de las normas urbanísticas, que se ampliara en dos metros –hasta los nueve– la altura de la casa de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, todo ello para permitir el acceso del paso de palio. Para fundamentar la condena y desmontar el argumento de los acusados respecto a que no tuvieron ningún interés en la concesión de la licencia a la Hermandad, la juez ha recordado la importancia que tienen las cofradías.

“Los intereses, en ocasiones, no tienen por qué tener una traducción económica. No se debe olvidar que se trata de un pueblo de unos 11.000 habitantes, dentro del cual, por raíces religiosas, las Hermandades, siendo ésta la más numerosa, tienen mucho peso social en el municipio y además de todo ello, en el aspecto político, tampoco hay que perder de vista que las elecciones municipales estaban muy cerca”, relata la sentencia. El mundo de las cofradías y la política, unidos por una licencia municipal que no tuvo en cuenta los informes negativos del arquitecto y de la secretaria del Ayuntamiento, que advirtieron de que se estaban quebrantando las normas urbanísticas.

La sentencia, que se ha dictado 14 años después de que ocurrieran los hechos, también rechaza la supuesta falta de conocimiento del entonces regidor y de su equipo de gobierno de los informes de los técnicos, apelando a su responsabilidad política. “Los acusados no pueden basarse en su falta de conocimiento de los informes por dos razones, en primer lugar porque se dio cuenta de ellos tanto en la comisión como en el pleno al menos de viva voz por portavoces de partidos políticos distintos al PP y, en segundo lugar, por propia responsabilidad personal y política, pues no es consecuente votar sin tener conocimiento de aquello que se vota, se trataría de una irresponsabilidad censurable”, alega la juez Patricia Rubio en la sentencia, en la que reprocha además que los políticos no pueden “escudarse en las circunstancia de los múltiples temas a tratar puesto que éste tenía una importancia añadida y por ello se lleva al pleno, siendo por tanto un asunto excepcional al que seguramente se le prestó mayor atención”, concluye.

El banquillo del camarada

Jorge Muñoz | 29 de enero de 2017 a las 2:00

Audiencia de Sevilla   Sala del jurado  Comienza el juicio contra Torrijos y otras nueve personas por el fraude en la venta de los suelos de Mercasevilla

El ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos.

El que fuera uno de los hombres fuertes de los dos últimos gobiernos de la era de Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla afrontó esta semana el primero de los embates judiciales que lo llevaron a presentar su dimisión. El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos fue una de las piezas de la política local que la juez Mercedes Alaya se cobró por partida doble. La juez lo procesó por la supuesta adjudicación “fraudulenta e ilegal” del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla, una causa en la que Torrijos ha prestado declaración esta misma semana en el juicio.
Alaya también procesó al ex edil de IU en la denominada operación Madeja, por su supuesta intervención “decisiva” en la petición de determinadas dádivas en compensación por la adjudicación a la empresa Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol. Según la juez, que remitió esta investigación a la Audiencia Nacional, Fitonovo habría abonado 155.000 euros a Izquierda Unida en dos pagos realizados 2010 y 2011.
Torrijos llegó a estar investigado en una tercera causa, la de las irregularidades en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla), pero otro juez archivó la causa contra el ex concejal al entender que no participó en ningún delito relacionado con la gestión de esta fundación.
Mientras continúa en la Audiencia Nacional la instrucción de la operación Madeja, Torrijos se ha defendido esta semana de las acusaciones por su supuesta intervención en la adjudicación del concurso de los suelos de Mercasevilla.
El ex concejal ha sido, junto al ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, de los pocos que han logrado salir airosos de un interrogatorio con la juez Alaya. Ambos hicieron frente a los vehementes e “inquisitoriales” interrogatorios de esta magistrada, según la expresión acuñada en su día por el abogado de Griñán, José María Mohedano. Tanto Torrijos como Marchena miraron cara a cara a Alaya, mientras otros muchos imputados se acogían a su derecho a no declarar.
Esta semana Torrijos ha vuelto a declarar ante un juez y se ha mostrado tranquilo y contudente en su defensa de que no participó en ningún pacto, cambalache o fraude para que el concurso público de la venta de los suelos se adjudicara al grupo Sando.
Si un juicio terminara tras las declaraciones de los acusados, podría incluso apostarse por una clara absolución de Antonio Rodrigo Torrijos, así como de otros acusados como el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo o el ex director del área de VíaPública Domingo Enrique Castaño.
Lo que hay que tener en cuenta es que la vista oral está todavía en la fase inicial y el relato exculpatorio que han ofrecido los acusados no ha sido sometido a la contradicción de otras pruebas y, sobre todo, de los testigos que aún deben comparecer en el juicio. El testimonio de estos testigos, entre los que se encuentran empresarios, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento, como el secretario y el interventor, es lo que puede hacer inclinar la balanza de un lado o de otro.
También serán vitales los correos electrónicos aportados en la causa y de los que, poco a poco, se está comenzando a citar en las sesiones del juicio.
De momento, Torrijos se ha mostrado coherente con su ideario político, al justificar que apostó por el concurso público y no por la adjudicación directa porque de esta forma quería evitar un “pelotazo urbanístico”.
La Fiscalía debe demostrar que cuatro acusados –Torrijos, Crespo, Castaño y el ex director general Fernando Mellet– se pusieron de acuerdo y convencieron a los demás miembros del consejo de administración para que la venta se hiciera no mediante subasta sino con un concurso en el que supuestamente introdujeron dos cláusulas para favorecer la oferta ganadora. Esta es la teoría de Alaya que reproduce la Fiscalía en su escrito de acusación.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La juez de Mercasevilla, Yolanda Sánchez Gucema.

La juez de Mercasevilla, Yolanda Sánchez Gucema.

Se llama Yolanda Sánchez Gucema y es la titular del juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, a la que ha correspondido celebrar el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Desde la primera sesión del juicio, la magistrada ha dado muestras de su preparación para dirigir un proceso de estas características, en el que hay varios políticos acusados, con sus bragadas defensas, un fiscal Anticorrupción –aunque aquí actúa como representante de la Fiscalía de Sevilla, no de la Fiscalía especial, pero en cualquier caso es el fiscal anticorrupción–, varias acusaciones particulares, y encima se trata de un caso mediático, que suscita el seguimiento diario de la prensa.

La juez Yolanda Sánchez ha mostrado que sabe dirigir las sesiones, poniendo en su sitio a todas las partes cuando hay que hacerlo. No ha dudado en llamar la atención a los abogados defensores y a los acusados cuando han aprovechado sus intervenciones para lanzar dardos a la instructora del caso (Mercedes Alaya) o han utilizado el teléfono móvil dentro de la Sala más de lo aparentemente prudente.

También ha mostrado vehemencia, como cuando reprochó a uno de los acusados que se riera ante una pregunta, recordándole que el juicio es algo “muy serio”. Otras veces ha dejado que haya cierta distensión y hasta sentido del humor, como cuando acuerda un receso para que las partes puedan ir al baño o les permite tomar algo para estar “suficientemente hidratados” siguiendo la sesión. Y no digamos nada de su preparación técnica, que ha sido incluso destacada en petit comité por algunas de las defensas. La magistrada lo controla todo, no se le va una, y está tan concentrada en lo que sucede en la sala que hasta le molesta las continuas entradas y salidas de los periodistas para mandar sus crónicas.

Por ponerle una falta, que tampoco lo es: habla superrápido, es una auténtica ametralladora fonética. Tanto que hasta a los plumillas que siguen el juicio les costó mucho seguir el discurso de la magistrada cuando resolvió las cuestiones previas. Yolanda Sánchez estuvo hablando sin parar durante una hora, con dos breves pausas para beber. La juez comenzó a citar de forma vertiginosa artículos, sentencias y latinajos que a más de uno nos recordó aquella genial escena de los hermanos Marx sobre “la parte contratante de la primera parte…”

Tirar de la manta en Mercasevilla

Jorge Muñoz | 7 de noviembre de 2015 a las 6:00

LaFernando Mellet historia judicial española está repleta de casos en los que los imputados, llegado el caso, tiran de la manta. Uno de los ejemplos más sonados y recientes es el del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, quien en su declaración ante el juez reconoció la existencia de la contabilidad B del partido y de los sobres negros que se entregaban a destacados dirigentes.
Este destape ante la Justicia suele producirse, con frecuencia, con personas que consideran que esta actitud de colaboración puede repercutir en su situación procesal, o bien, lo dan todo por perdido y no quieren dejar pasar la oportunidad de llevarse por delante a quien consideran que pueden ser responsables de su situación. La venganza es uno de los principales móviles de actuación en mucho de estos casos.
El ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, que fue en su día condenado por la exigencia de una mordida a los empresarios de La Raza, ha solicitado ahora prestar declaración de forma voluntaria en otro de los procesos que tiene abiertos: el del delito societario relacionado con su gestión al frente de la lonja y en el que se investigan, entre otros aspectos, los gastos que por importe de más de 31.000 euros realizó con la tarjeta Visa de Mercasevilla, de la que sólo se han justificado pagos por algo más de 6.000 euros.
La petición de prestar declaración se ha producido curiosamente después de que la juez Mercedes Alaya haya sido apartada de la investigación de las macrocausas, dado que cuando esta magistrada lo citó a declarar por estos hechos –algo que sucedió cuando Mellet llevaba ya más de tres años y medio imputado, lo que tampoco es de recibo–, el ex directivo se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Mellet, al igual que han hecho otros muchos imputados, se apuntó a la particular ley del silencio ante Alaya.
Confirmada la salida de la juez, a Fernando Mellet le ha faltado tiempo para pedir declarar ante la nueva titular, la magistrada María Núñez Bolaños, para nada más y nada menos que aclarar hasta 19 cuestiones relacionadas con su imputación, entre las que se encuentran precisamente lo pagos realizados con la tarjeta de la compañía, los pagos realizados por Sanma a Mercasevilla, los ERE de 2003 y 2007, la fianza de Larena, y la conferencia del juez Baltasar Garzón en el foro jurídico de la fundación socioasistencial, entre otros extremos. Hay quien apunta a que esta declaración, prevista para el próximo 17 de noviembre, se prolongará durante horas si va a responder a todas las preguntas.
Lo que no está claro es si la declaración de Mellet aportará importantes novedades a la investigación, si tirará de la manta en Mercasevilla. De momento, lo que sí ha hecho la defensa del ex directivo es recurrir la decisión de la juez de no imputar en la causa del delito societario al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y al ex concejal Alfonso Mir del Castillo.
En el escrito en que Mellet recurre a la Audiencia carga directamente contra la juez Alaya, a la que culpa de haberle convertido en “chivo expiatorio” y de llevar a cabo una actuación “parcial” por no realizar estas imputaciones. Es fácil criticar a un juez a toro pasado, cuando se sabe que éste ya no puede adoptar decisiones directas sobre el imputado, aunque también es comprensible desde el punto de vista del investigado que no quiera complicar aún más su situación molestando a la instructora. Cabría recordar aquella frase, atribuida a Caracol el del Bulto, quien espetó a la locomotora de vapor que silbó a su llegada a la estación de Atocha:“¡Esos cojones, en Depeñaperros!”.

El fifty-fifty de Alaya en su primera macrocausa…

Jorge Muñoz | 4 de junio de 2014 a las 5:00

antonio rivas

Alaya procesó a cuatro personas por la mordida de Mercasevilla, pero la Justicia sólo ha condenado finalmente por la exigencia de una comisión de 450.000 euros a los ex directivos del Mercado Mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce. El Tribunal Supremo absolvió ayer al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que había sido condenado inicialmente junto a los ex responsables de la lonja a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación.

La absolución de Rivas se sumaba a la que en su día decretó el jurado popular que enjuició el caso respecto a Regla Pereira, la ex directora de Proyectos de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla. De los cuatro procesados contra los que dirigió Alaya el procedimiento, sólo han sido condenados finalmente dos de los imputados. El 50%. Una macrocausa de Alaya, la primera que llega a juicio, que acaba en fifty-fifty.

Evidentemente -y para algunos imputados afortunadamente-, la labor del juez instructor se limita a investigar los hechos, recopilar los indicios y pruebas, e incorporarlos a la causa de la mejor forma posible para el momento en que el caso sea enjuiciado por otro juez o tribunal. Alaya no es, por tanto, responsable del resultado final de la sentencia porque, entre otras cosas, la propia Fiscalía de Sevilla ha mantenido desde el principio la implicación de Rivas en la causa y ha mantenido los cargos a lo largo de todo el procedimiento.

La cuestión que se plantea es cómo ha tenido que ser al final la última instancia, el Tribunal Supremo, el que haya señalado la “ostensible endeblez” de indicios contra Rivas, en un procedimiento que ha mantenido en vilo a una persona durante tantos años -la causa fue la primera que instruyó Alaya, en 2009, y de la que derivó el escándalo de los ERE fraudulentos- y en el que ahora se ha proclamado la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del ex delegado de Empleo.

Desde el principio de la investigación, el abogado de Rivas -primero Francisco Baena Bocanegra y posteriormente Jon Ander Sánchez- se afanó en tratar de hacer valer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que determina que la sola declaración de un coimputado -en este caso el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial no puede servir para enervar el principio de presunción de inocencia. Y es que el único indicio de que Rivas pudiera ser el ideólogo del cohecho estaba en la declaración de Mellet prestada ante la Policía Nacional y la fiscal jefe de Sevilla, pero que Mellet no ratificó ni ante la juez Alaya ni luego en la vista oral, donde se acogió a su derecho a no declarar.

La propia juez Alaya consideró en varias de sus resoluciones que había “indicios sólidos” contra los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce respecto al intento de cobro de una comisión, pero admitió que las pruebas son “más débiles” en el caso del delegado de Empleo y de la directora de Proyectos de Mercasevilla, los dos que finalmente fueron absueltos.

Si después de tantos años de instrucción, tenemos una sentencia que condena a la mitad de las personas investigadas, habría que plantearse qué puede ocurrir finalmente con los procesos que Alaya aún tiene abiertos, como el delito societario en el que se investiga al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera o la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla -en la que ay imputadas 16 personas, entre ellas varios ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla-; pero sobre todo está la causa del escándalo de los ERE fraudulentos, donde hay 185 imputados.

Hay muchos abogados que piensan que, como suele ocurrir históricamente con los grandes procesos judiciales, al final el procedimiento de los ERE, bien por el tiempo transcurrido o porque al final las pruebas que se suponían contundentes no lo eran tanto, o por la prescripción de los delitos o incluso la muerte de algunos de los imputados ante las dilaciones del mismo, acabará con una condena mínima -de los imputados contra los que hay mayores pruebas de cargo- y habrá muchas absoluciones. El problema será, como siempre, la imagen de impunidad que se trasladará a la opinión pública, ante la expectativa generada por una macrocausa tan mediática como la de los ERE. 

La hija de Moeckel le protesta a Alaya

Jorge Muñoz | 31 de enero de 2014 a las 19:39

Ocurrió hace unos días durante una de las declaraciones de Mercasevilla. El abogado Joaquín Moeckel, que defiende al ex presidente de los mayoristas de Pescado, envió a una joven licenciada en Derecho que, además de compañera de despacho, es su hija. Blanca Moeckel Flores, con sólo 23 añitos, debutó en una plaza de Primera, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y ante una de las figuras actuales de la judicatura, la archiconocida e incansable juez Mercedes Alaya.

Juventud frente a veteranía, 23 años frente al medio siglo y las tablas de la juez que ha hecho tambalear al Gobierno andaluz. A la joven promesa de la abogacía sevillana no se le quebró la voz al situarse frente a la ilustrísima juez de los ERE, la que mantiene imputadas en la macrocausa de los ERE a más de 141 personas, entre ellas una treintena de altos cargos o ex directivos de la Junta de Andalucía.

Blanca Moeckel planteó una serie de preguntas a la imputada que prestaba declaración en la causa por el delito societario de Mercasevilla, la ex directora de Estructuras Regla Pereira,  a la que interrogó por la beca que el Mercado mayorista había concedido a hija del ex presidente de los Mayoristas de Pescado para estudiar diseño gráfico en Londres, una finalidad que según Alaya se apartaba de los fines de la Fundación Socioasistencial del Mercado. La juez declaró “impertinente” la pregunta de la joven letrada al considerar que la misma ya había sido contestada. Blanca Moeckel protestó y pidió que se hiciera constar en el acta la protesta, una protesta a la que se adhirieron otros dos abogados más veteranos, José Manuel Carrión y Antonio Jiménez.

Mientras esto ocurría dentro del despacho de la juez Alaya, otro abogado, Simón Fernández, informaba a Moeckel padre mediante un tuit sobre los progresos de la joven letrada: “@j_moeckel gran actuación de tu hija con Alaya. Tiene buen maestro”….. decía el mensaje difundido en la red social twitter. Y es que, de tal palo, tal astilla.

Al margen de la anécdota, la eternización de la instrucción de las distintas macrocausas de Alaya amenaza con que vuelvan a repetirse situaciones como ésta. Que Alaya se enfrente a las nuevas generaciones y a las sagas de abogados, porque el tiempo corre para todos….

Tres años de espera para declarar ante la incansable

Jorge Muñoz | 29 de enero de 2014 a las 7:00

JUEZA ALAYANo sé  cómo se habrá tomado el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas el anuncio, realizado por la juez Alaya, la incansable, de que por fin va a tomarle declaración tras su imputación en el escándalo de los ERE, algo que tuvo lugar al inicio de la investigación de esta macrocausa, en enero de 2011.

Supongo que, al margen de que a nadie le agrade prestar declaración ante un juez y mucho menos como imputado, Rivas se habrá sentido hoy algo más aliviado. Por lo menos, tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones que pesan sobre él desde que Alaya le situó al mismo nivel que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guerrero, con quien le imputó.

Una declaración que se produce con tres años de retraso supone una dilación inaudita en un procedimiento de este calado, por muy complejo y voluminoso que sea, algo que la propia Fiscalía Anticorrupción se ha apresurado a denunciar en varias ocasiones, en las que ha urgido a la juez Alaya a que tome declaración a estas personas que llevan hasta tres años esperando la citación a declarar después de haber sido señalados públicamente, con el estigma que supone estar imputado por Alaya, que no es moco de pavo. Porque hoy en día Alaya es sinónimo de la lucha anticorrupción y todo el que aparece imputado -y ya van más de 141 personas- queda sin duda marcado.antonio rivas

Rivas podría ahora acogerse a su derecho constitucional a no declarar, algo que no debería sorprender tampoco a nadie, porque es su derecho y porque sería como una forma de protestar ante tan enorme dilación en el procedimiento.

Otra cosa es que el ex delegado de Empleo quiera refutar a la instructora los hechos supuestamente delictivos que le imputa por su intervención directa, como autoridad laboral, en los dos ERE realizados en el plazo de cuatro años en la empresa pública Mercasevilla (2003 y 2007) y que según Alaya se hicieron por los mismos motivos: la sobredimensión de la plantilla y el intento de rejuvenecerla.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, dijo ayer que “no es normal” que haya un retraso de este calibre en la toma de declaración de los imputados, y se remitió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 400 establece que el procesado podrá declarar “cuantas veces quisiere y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa”. Lo que se dice “inmediatamente” no parece que sea citar a un imputado tres años después de llamarle al proceso.

El consejero de Justicia no es el único en criticar la demora de la instrucción de los ERE. Lo hizo hace unos meses el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien consideró que no era aceptable ni normal un retraso de tres años.

Y es que no es la primera vez que Alaya acumula un retraso de tres años en la toma de declaración de los imputados, también le ocurrió hace unos meses con el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, citado a declarar tres años y medio después, en la causa por el delito societario que se le atribuye en relación con la gestión al frente del mercado mayorista.

El retraso de Alaya se está convirtiendo cada vez más en habitual, tanto como sus demoras a la hora de comenzar las declaraciones el día en que son citados a declarar los imputados, lo que ha hecho que algunos letrados no se presenten a la hora fijada para el inicio de las comparecencias, sino que lo hagan con unos minutos de retraso sobre la hora programada.  Muchos de estos letrados critican abiertamente, aunque no públicamente, los retrasos de la instructora, que consideran una falta de respeto no sólo hacia los abogados sino a los propios encausados… Pero nadie hace nada por evitarlo.

“Joaquín, que no estás en el gato al agua…”

Jorge Muñoz | 13 de enero de 2014 a las 15:20

Ocurrió la semana pasada en una de las sesiones de declaraciones de la juez Alaya, que en este caso había citado a tres peritos de la Agencia Tributaria que realizaron un informe sobre la contabilidad de la empresa Mercasevilla, origen del caso de los ERE.

Fue una comparencia totalmente anómala para lo que acostumbra la juez Alaya, según comentan algunos de los asistentes. Para empezar por el ambiente en el que se desarrolló, con un comienzo más informal y en el que la instructora permitió una especie de debate abierto entre los abogados y  los tres peritos. Dicen que Alaya propició el ambiente, al dirigirse a los peritos llamándolos por sus nombres de pila “Paco”, “Pepe” y “Victoria”, y al final todo el mundo se contagió de las formas, pero la situación degeneró hasta lo esperpéntico.

En un momento dado, “Paco” el perito de la Agencia, se dirigió al abogado Joaquín Moeckel -que defiende al ex presidente de los mayoristas de Pescado y a su hija, que recibió una polémica beca de 24.000 euros para estudiar diseño gráfico en Londres- para reprocharle su dialéctica y sus gesticulaciones: “Joaquín, que no estás en el gato al agua…”, en alusión al programa televisivo que frecuenta el letrado.

Era como uno de esos debates televisivos en los que los contertulios no paran de hablar y de cortar las intervenciones de los otros sin que el presentador, en este caso la instructora haga mucho por separarlos.

Más tensas fueron las formas entre el abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director general de Mercado Fernando Mellet, y la propia juez Alaya, que declaró impertinentes varias de las preguntas planteadas por el letrado a los peritos. El letrado reaccionó pidiendo que se hiciera constar en acta la protesta y se produjo un duro cruce de acusaciones con la instructora.

Lo peor de todo, como siempre, es cómo se prolongan los interrogatorios ante Alaya. Una comparecencia que comenzó poco antes de las 11 de la mañana y terminó en torno a las seis de la tarde, sin pausa siquiera para almorzar.

Un retraso injustificable

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2013 a las 15:47

¿Alguien esperaba que Mellet, Ponce y Giraldo declarasen hoy ante la juez Alaya? Creo que ni la propia instructora. Los tres ex directivos de Mercasevilla se han acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada. La expectación mediática era máxima, pero al final no hubo declaración y eso que se esperaba desde mayo de 2010, cuando la juez dictó un auto en el que los imputaba formalmente en la causa en la que se investigan delitos societarios relacionados con la gestión de esta empresa pública.

A nadie sorprendió la negativa a declarar de los ex directivos. Es más, pocos de los imputados que aún quedan por declarar en otras causas como la de los ERE fraudulentos van a acceder a prestar declaración ante la juez, al menos eso es lo que trasciende en los mentideros judiciales.

La verdad es que la citación a comparecer tres años y medio después de ser imputados en el proceso supone un retraso injustificable que ha sido criticado por las altas instancias judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Queda un cierto mal regusto por no haber podido escuchar qué tenía que decir el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que Alaya atribuye haber gastado más de 31.528 euros con la tarjeta Visa de la empresa, con la que se abonaron 67 almuerzos en lujosos restaurantes de Madrid y Sevilla, y de los que sólo han sido justificados convenientemente con facturas 6.513,77 euros.

Alaya también cuestiona los gastos de dos viajes a Vietnam del ex subdirector Daniel Ponce, realizados en junio de 2007 y junio de 2008, de los que no justificaron pagos por otros 6.566 euros, dinero que Alaya confiesa que se ignora en que fue gastado.

Pero ahí no queda la cosa, la juez recoge el pago de 6.000 euros de una conferencia del ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien no se practicó la retención del IRPF; o el pago de una beca para hacer un curso de diseño gráfico a Londres de la hija del presidente de la asociación de Mayoristas de Pescado, una actividad que “difícilmente pudiera encontrarse entre las actividades propias y la finalidad de la fundación Mercasevilla”.

Todo ello por no contar los 540.617 euros que se pagaron en “ilícitas comisiones” al conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, o los contratos sin publicidad de personal y proveedores, además del trasvase de trabajadores entre Mercasevilla y la Fundación.

Después de tres años y medio esperando este momento, no hubiera estado de más que los imputados hubiesen dado algunas respuestas, pero su derecho a no declarar es sagrado. La pregunta que me queda en el aire es ¿qué habría ocurrido si en vez de todo estos años Alaya los hubiera citado a declarar uno o dos meses después de su imputación? Quizás habrían accedido a declarar, porque la situación de los escándalos derivados de Mercasevilla no era la misma en el año 2010 que la actual…