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La aparición de Alaya

Jorge Muñoz | 22 de enero de 2017 a las 2:00

Audiencia de Sevilla   Sala del jurado  Comienza el juicio contra Torrijos y otras nueve personas por el fraude en la venta de los suelos de Mercasevilla

Alaya observa desde un coche la entrada de Torrijos en la Audiencia. Foto: Juan Carlos Vázquez.

 

La juez Mercedes Alaya nunca pasa desapercibida, como hemos tenido ocasión de comprobar en múltiples ocasiones. El pasado martes se produjo una anécdota como preludio al inicio del juicio por el supuesto fraude en el concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla, una causa que instruyó la propia Alaya junto a las otras macrocausas. El fotógrafo Juan Carlos Vázquez captó la imagen de arriba. En la misma se observa la llegada del ex portavoz municipal de IUen el Ayuntamiento de Sevilla y uno de los principales imputados en la causa, Antonio Rodrigo Torrijos, acompañado de su abogado.
Pero la curiosidad de la foto está en lo que no se ve a primera vista, porque el reportero hizo la foto en el mismo instante en que la juez Mercedes Alaya llegaba en un vehículo a la Audiencia de Sevilla. Así, puede verse a la magistrada sentada en el asiento de atrás del coche, contemplando desde su plano cómo el político que ella sentó en el banquillo de los acusados era fotografiado cuando acudía a la primera sesión del juicio. Una auténtica aparición de la juez estrella.
La anécdota no se quedó ahí, porque tan sólo unos minutos después, Mercedes Alaya y el investigado Antonio Rodrigo Torrijos compartían ascensor para subir, la primera, hasta la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla donde está destinada, mientras que el político de IUse dirigía a la segunda planta del edificio, donde se celebra el juicio. En el ascensor no hubo conversación alguna, más allá de un protocolario y educado saludo.
La curiosa aparición de Alaya parecía anticipar lo que iba a ocurrir tan sólo unos minutos después, cuando la instrucción realizada por la juez comenzó a aglutinar los reproches y las críticas de las defensas de los diez imputados por el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla a la hora de plantear las cuestiones previas en el juicio.
Es curioso también, todo hay que decirlo, que a Alaya le lluevan las críticas de las defensas a toro pasado, cuando ya no instruye las macrocausas ni puede tener ninguna intervención en el resultado del juicio. ¡Esos cojones, en Despeñaperros!, como dijo Caracol el del Bulto a la locomotora de vapor que silbó a su llegada a la estación de Atocha.
El primero que cargó contra la instrucción de Alaya fue el propio Antonio Rodrigo Torrijos, cuya defensa planteó que este juicio es “cosa juzgada” porque otro juzgado antes que Alaya había investigado una denuncia por los mismos hechos que fue archivada y ese archivo a su vez confirmado por la Audiencia de Sevilla.
La defensa del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, a quien Alaya también procesó en varias causas, fue de las más activas a la hora de atacar a la juez, al criticar la “ausencia de imparcialidad”, o lo que es lo mismo, la supuesta parcialidad, de la instructora por no haberse abstenido de esta investigación cuando su marido, el auditor de cuentas Jorge Castro, había auditado las cuentas de Mercasevilla años atrás y según Mellet tuvo que despedirlo a raíz de las irregularidades detectadas en las cuentas.
Otra defensa, la del ex concejal del PSOEen el Ayuntamiento de Sevilla Gonzalo Crespo, calificó de “sorprendente” su imputación, que se produjo porque Alaya “aprovechó” que otro investigado había solicitado su declaración como testigo para imputarlo en el caso.
Tras los reproches de las defensas, Alaya encontró un defensor en la Fiscalía, la acusación pública con la que había mantenido numerosos y en ocasiones bruscos rifirrafes con motivo de la instrucción de las distintas macrocausas. El fiscal avaló sin matices la actuación de Alaya y su competencia para investigar el caso Mercasevilla.
No fueron las únicas críticas que recibió Alaya esta semana. La magistrada recibió un varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que decidió revocar la condena de seis meses de prisión que impuso a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso por el cohecho del bolso de Loewe, el regalo que recibió antes de votar a favor de una moción de censura. El Alto Tribunal declaró prescrito el delito de cohecho que apreció Alaya en su primera sentencia dictada como presidenta de un tribunal del jurado. El tribunal consideró “inasumible” el argumento de Alaya a la hora de condenar a la ex regidora.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El final de la ‘loewe story’ de Bormujos

*El TSJA absolvió finalmente a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP), tras la dura sentencia dictada en su día por la juez Alaya, que acusó a la ex regidora de haber tenido una “motivación bastarda” a la hora de votar a favor de la moción de censura que devolvió la alcaldía al independiente Baldomero Gaviño. Alaya dijo entonces que Hermoso actuó por intereses personales, porque le habían prometido un cargo en el nuevo gobierno local y eso le iba a reportar unos ingresos. Vamos, como ocurre en cualquier moción de censura. La verdad es que el TSJA ha tirado por la calle de en medio en este caso, porque a pesar de todos los testigos que declararon en el juicio coincidieron en que el bolso de Loewe fue un regalo “amoroso” del empresario Jesús Calvo Soria, con el que Ana Hermoso había iniciado una relación, los magistrados han optado por mantener que la dádiva y el cohecho existió, aunque al final consideran que está prescrito. 

El TSJA ha rechazado de forma elegante las tesis de Alaya, al poner de manifiesto que aunque la ex alcaldesa buscara una preeminencia en el ámbito político de la localidad y un sueldo al votar a favor, ese acto no puede calificarse como injusto o contrario a derecho, porque “de no haber existido dádiva, no habría existido caso”. Si no, serían ilegales el 99,99% de las mociones de censura que se celebran en los ayuntamientos.

Y aunque el TSJA haya declarado probado que el regalo fue por apoyar la moción de censura, no fruto de esa relación amorosa, lo cierto es que este planteamiento sigue generando muchas dudas. ¿Realmente una concejal sería capaz de dejarse comprar por un bolso tasado en 120 euros? Por cierto, que es la segunda vez que el TSJA le da un varapalo a Alaya con este caso, ya que anteriormente declaró nulas las grabaciones realizadas a la ex alcaldesa y en las que supuestamente reconocía el soborno.

Un rotundo aval a las tesis de Alaya

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2016 a las 6:00

Personaje

Mercedes Alaya sale ayer de la Audiencia de Sevilla, después de que se conociera la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción no sólo firmó ayer el epílogo de toda una época en la historia de la Junta de Andalucía. Su escrito de conclusiones provisionales supone además un claro y rotundo aval a las teorías de Mercedes Alaya sobre el fraude de los ERE. La acusación que el Ministerio Público presentó contra los 26 ex altos cargos y la petición de penas de prisión para 18 de ellos, entre los que se encuentran el ex presidente José Antonio Griñán, respalda sin ambages las tesis que durante años tejió la juez Mercedes Alaya, que escaló según anunciaba en sus propios autos los escalones de una “pirámide” que llegó a su cúspide con la preimputación de Chaves y Griñán y la remisión al Tribunal Supremo de una exposición razonada en la que apuntaba indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales por las irregularidades detectadas en la concesión de las ayudas con fondos públicos.
El Alto Tribunal abrió la causa contra Chaves y Griñán, y el instructor designado, Jorge Alberto Barreiro, concluyó que no constaban datos incriminatorio contra éste último como presunto autor de un delito de malversación, “pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.
El magistrado del Supremo añadía que Griñán “sí sabía que el sistema de concesión de las subvenciones era claramente ilegal en su tramitación, pero, para el instructor, no obran indicios de que conociera que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”, señalaba el instructor en un auto en el que inicialmente acordaba mantener la competencia para seguir la causa contra Griñán.
Pero la causa volvió al juzgado de Sevilla tras perder la condición de aforados los ex altos cargos imputados por el Supremo, y el juez de refuerzo Álvaro Martín se separó de los criterios de aquel instructor y volvió a los planteamientos que había defendido Mercedes Alaya cuando dirigía la investigación del fraude de los ERE.
La postura divergente que han mantenido el Tribunal Supremo y el juzgado de Sevilla viene a demostrar que la posibilidad de atribuir al ex presidente el delito continuado de malversación es, como ocurre en la mayoría de los casos en Derecho, del todo interpretable, por lo que será la Audiencia de Sevilla la que deba decidir en su sentencia cuál de los dos planteamientos es el acertado. Y si la Fiscalía ha acertado o no también.

La ofensiva contra Bolaños

Jorge Muñoz | 31 de julio de 2016 a las 5:00

María Núñez Bolaños

María Núñez Bolaños

En la sede regional del PP de la calle San Fernando suenan tambores de guerra. Una guerra que, traspasando las amplias barreras de la política, donde parece que cabe casi todo, se dirige por primera vez contra un representante de la judicatura. El objetivo es María Núñez Bolaños, la juez que investiga las macrocausas después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera apartar de estos sumarios a Mercedes Alaya.
La guerra que ha iniciado el PP de Juanma Moreno tenía su propio calendario, pero se ha anticipado unos meses. En principio estaba previsto que la campaña de desprestigio contra la magistrada se iniciara a la vuelta de las vacaciones de verano, el próximo otoño, coincidiendo con la apertura del año judicial, pero los últimos avatares relacionados con las distintas investigaciones judiciales, han llevado a los populares a comenzar la ofensiva.
El primer acto contra Bolaños ha consistido en presentar una queja ante el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ante el que han denunciado a la instructora por la supuesta predisposición al archivo de la causa de la formación y que afecta, según los populares, a la imparcialidad de la instructora. El CGPJ ha recibido la queja, que ya está en manos del promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, que puede archivar de plano la denuncia o dar traslado a María Núñez Bolaños para que presente alegaciones.
Lo curioso es que la queja del PP ha llegado después de que la propia Fiscalía Anticorrupción haya sostenido que no aprecia delito en la resoluciones de exoneración que acordó la Junta en relación con las subvenciones a la formación y de que el Tribunal de Cuentas haya descartado igualmente menoscabo de fondos públicos en estas ayudas. Si la Fiscalía, que es el garante de la legalidad del procedimiento, y el Tribunal de Cuentas –en su ámbito contable–, coinciden con el planteamiento de la magistrada, que no ha visto nada más que irregularidades administrativas y no delitos, será que efectivamente no hay ninguna infracción penal. Cabe recordar que estas consideraciones se refieren exclusivamente a la pieza política de la macrocausa de los cursos, donde todos los interventores provinciales que han declarado han advertido que sólo detectaron irregularidades administrativas, pero no delitos.
Nadie ha dicho, por ahora, que se vayan a archivar otras piezas en las que se investigan por ejemplo las millonarias ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero Ángel Ojeda o del ex vicesecretario delPSOE-A Rafael Velasco. En ambos casos, la instrucción continúa.
La ofensiva del PP contra la juez Bolaños no ha pasado desapercibida para las asociaciones profesionales de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria han criticado lo que denominan una “tendenciosa campaña sobre el caso de los ERE”, de inspiración “partidista” y con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado que instruye el caso, “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”, en alusión a un escrito del PP en el que se ponía de manifiesto que el juzgado le entregó unas grabaciones de los cursos de formación que estaban “incompletas”.
Pero el PP se ha quedado solo en la guerra contra Bolaños. Lo que resulta cuanto menos paradójico es que los populares emprendan esta campaña contra Bolaños y no dijeran ni pío cuando la instrucción estaba en manos de Mercedes Alaya. Y no será porque no haya aspectos relacionados con la anterior instructora que también pudieran ser objeto, cuanto menos, de una crítica severa. Esta misma semana hemos conocido que Bolaños ha encontrado hasta 31 documentos que datan de la época de Alaya, algunos remiten a los años 2011 y 2012, que ni siquiera cuentan con fecha de registro de entrada en el juzgado.

Mercedes Alaya

Mercedes Alaya

Entre esos documentos supuestamente extraviados o que no estaban incorporados al sumario de los ERE hay un oficio del Ministerio de Industria en relación con la Faja Pirítica de Huelva –esa investigación en la que por cierto la Guardia Civil ha implicado a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar–, donde se pone de manifiesto que “no se tiene constancia de la existencia del Plan Único del Gobierno central para paliar la crisis” minera onubense; ni tampoco figuran oficios de la Policía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Pero tampoco se incorporaron a la causa documentos remitidos por la Agencia Tributaria sobre los servicios facturados por Juan Francisco Trujillo –el ex chófer de Javier Guerrero–, y oficios del Tribunal Supremo sobre autos en los que aparecen los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El extravío de los documentos se suma a lo que en esta misma sección llamamos “El misterio de la Caja 5”, donde un pertinaz abogado, Antonio Uceda, descubrió entre las 100 cajas de documentos que no han sido escaneados unos documentos que contradecían una de las afirmaciones que los peritos del Estado realizaban sobre las transferencias de financiación, al demostrar este letrado que no se ha ocultado el sistema utilizado para pagar las ayudas de los ERE a la intervención delegada en la Consejería de Empleo.
La guerra contra Bolaños ha comenzado formalmente con la queja ante el CGPJ, pero vendrán nuevos episodios a la vuelta del verano porque el PP no puede perder la baza que suponen estas causas y hace política –como todos los demás– utilizando los tribunales. Curioso, sobre todo, cuando a los políticos se les llena la boca diciendo que no hay que politizar la Justicia. Y no olvidemos que los jueces son la última frontera contra la arbitrariedad de los otros dos poderes.

La tercera en siete años

Jorge Muñoz | 17 de julio de 2016 a las 5:00

JUZGADOS

La estadística nunca favoreció a Mercedes Alaya, tal vez por su ambición en seguir abriendo macrocausas sin detenerse a ir concluyendo las que ya estaban en marcha. Esta semana se ha conocido que, por fin, se ha fijado la fecha para el juicio por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, una investigación que Alaya inició hace siete años, en concreto, en el año 2009 y en la que hay diez procesados, entre ellos el que fuera portavoz municipal de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, dos de las personas que centraron las pesquisas de Alaya y que acabaron siendo imputadas en varias ocasiones, en distintos procesos.
La causa de la venta de los suelos no podía considerarse una macrocausa, pero la demora en la instrucción ha hecho que el inicio del juicio no se haya fijado hasta diciembre próximo, es decir, siete años después de que comenzara la instrucción.
Lo cierto es que Alaya dejó a su marcha prácticamente encarrilada esta investigación, pero fue la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la que puso el broche final a la instrucción y envió el sumario a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.
Decía que la estadística destroza a Alaya porque este sumario es el tercero de los que instruyó que llega a juicio en siete años. Nadie cuestiona, no me cansaré de decirlo, el enorme esfuerzo y las horas que Alaya dedicó a las macrocausas, pero también lo es que tres juicios en siete años resulta un balance muy pobre. Sobre todo porque de las distintas causas que investigó, sólo una, la del cohecho en Mercasevilla, de la que derivó el fraude los ERE, está acabada: hubo una condena de dos de los cuatro acusados –los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce–, mientras que el Tribunal Supremo absolvió al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, contra el que únicamente había el testimonio no ratificado en juicio de un coimputado, algo que la jurisprudencia no estima suficiente para fundamentar una condena. Los indicios contra Rivas eran muy débiles, como había reconocido la propia Alaya en alguno de sus autos.
Es la única causa sobre la que hay una condena firme. Las otras dos que han llegado a juicio son la mencionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, y la del denominado delito societario del Real Betis, cuyo juicio está fijado en la Audiencia de Sevilla para abril del año próximo, con lo que la sentencia que pueda dictarse no se conocerá, como muy pronto, hasta finales de 2017, y no será firme, dado que la misma podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta era la causa más antigua que investigaba Alaya, dado que comenzó a investigarse en 2008.
Alaya sí que terminó de instruir otra de las macrocausas que inició, la de la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una red que se dedicaba a pagar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de distintas administraciones. Como los delitos se cometieron en distintas provincias, Alaya remitió la investigación a laAudiencia Nacional, donde actualmente continúa la instrucción contra el casi centenar de imputados sin aparentes visos de acabar pronto.
En junio pasado entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita, en principio, la instrucción de las causas simples a seis meses y de las consideradas como complejas –en las que estarían las macrocausas– a 18 meses.
La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, en el año que lleva al frente de este órgano judicial, ya ha declarado la complejidad de varias de las macrocausas y ha dividido en piezas las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación, algo a lo que se oponía rotundamente Mercedes Alaya.
Y a pesar de la división en piezas de los ERE y de que ha terminado la instrucción de la pieza política, la del “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, el juicio no se celebrará, como muy pronto, hasta finales del año próximo o principios del 2018. Una dilación más de la que se beneficiarán los imputados.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

¿Dónde están jPd y el foro judicial?

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*En los mentideros judiciales de Sevilla se ha echado en falta el apoyo de las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente en el comunicado de apoyo a la juez María Núñez Bolaños. La asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece la instructora, y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de carácter conservador, denunciaron la “tendenciosa campaña partidista” contra la titular del juzgado, con el objetivo de condicionar su labor e “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”. Dicen que Jpd y el Foro decidieron no firmar el comunicado de apoyo a Bolaños porque entendían que las criticas podrían enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión o de prensa, pero lo cierto es que la ausencia ha llamado la atención de muchos jueces, que esperaban el respaldo de las asociaciones consideradas progresistas a la titular del juzgado.

Nueva condena por estafa al dueño de Contsa

Audiencia de Sevilla.

*La Audiencia de Sevilla ha condenado esta semana al dueño de Consta a otros nueve años de prisión por la estafa piramidal que dejó sin sus ahorros a casi 1.600 personas, que acudieron a la llamas de unos altos intereses y la imagen que tenía el que fuera hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, que solía brindar con Moët Chandon. Se trata de la segunda condena a Salas Burzón, que ya fue castigado en 2014 con una pena de otros 22 meses de cárcel por fraude al fisco. El empresario estuvo en prisión provisional casi dos años tras prestar declaración ante la juez que comenzó a investigar la estafa piramidal por la que ahora ha sido condenado nuevamente. Si se confirma la nueva condena, que aún puede ser recurrida, Salas tendrá que volver a la cárcel. Cuando declaró en el juzgado, en octubre de 2008, el dueño de Contsa no era consciente de que la juez podía enviarle a prisión, y de hecho se comenta la anécdota de lo que le comentó a su abogado defensor antes de saber la decisión de la magistrada:–¿A dónde nos vamos a ir a comer ahora?–no dejaba de preguntar José Salas. Lo que el imputado no sabía es que esa comida se la iban a servir no en un buen restaurante de los que solía frecuentar en aquella época, sino en un lugar denominado Sevilla-I, donde a partir de ese momento desayunó, almorzó y cenó durante una buena temporada.
La sede de Viapol va volviendo a la normalidad

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*La Consejería de Justicia e Interior de la Junta tuvo que adoptar a finales de junio una medida insólita en la Justicia andaluza, al tener que reducir por decreto la jornada laboral en los juzgados del edificio Viapol de Sevilla por la avería de los aparatos de aire acondicionado. Desde esa fecha, los funcionarios de 11 juzgados y del Registro Civil estaban autorizados legalmente a salir de trabajar a la una de la tarde, dado que el intenso calor que se registra en este edificio por la avería del sistema de climatización podía suponer un riesgo para la salud de los funcionarios. La Junta anunció entonces la contratación de una empresa para colocar la nueva maquinaria de climatización y esta misma semana la situación se está normalizando. Ya se han puesto por ejemplo los aparatos en el juzgado de Primera Instancia números 19 y 20, el Contencioso-administrativo 9, varias dependencias del Registro Civil, y la próxima semana estarán convenientemente climatizadas todas las salas de vista de la primera planta.

Sin la velocidad de crucero de Alaya

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2016 a las 8:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Todo cambio radical requiere un periodo de adaptación y la macrocausa de los EREno iba a ser una excepción a este principio. Tras cinco años de investigación judicial y el cambio en la dirección del juzgado, la instrucción se encuentra en un momento crucial, una vez que la nueva titular, María Núñez Bolaños, diseñó un plan piloto sobre seis primeras piezas que se pretenden sean enjuiciadas alguna a lo largo de este año.
Se trata de un reto difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha experimentado tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla una lógica disminución de la intensidad de la investigación en la que han influido muchos factores. El principal es que hasta octubre del año pasado no se despejó cuál de las dos magistradas se haría cargo de la instrucción de los ERE, a raíz de la pugna que ambas magistradas mantuvieron ante los órganos de gobierno de los jueces por el control de las macrocausas.
También es cierto que Bolaños necesitaba tiempo para ponerse al día de las diferentes investigaciones y para decidir qué hacía con ellas: ya ha pergeñado la división en piezas de los ERE y de la causa de los cursos de formación. También ha decidido que el juez de refuerzo Álvaro Martín se encargue de acabar la instrucción de las seis piezas iniciales en las que han sido separados los ERE, mientras que la titular se reserva para ella la investigación de dos jugosas macrocausas: la de los cursos de formación y de los avales y préstamos de la agencia Idea. Pero el CGPJ tampoco ha ratificado hasta ahora el plan de trabajo en este juzgado, con lo que el juez Álvaro Martín no puede por el momento meter mano al sumario de los ERE, al menos a los efectos de tomar decisiones instructoras.
Por muchos factores, el juzgado no está actualmente a la velocidad de crucero que mantenía cuando Alaya estaba al frente del mismo, y eso se nota, por ejemplo, en las cuestiones que están pendientes de resolver y se siguen acumulando a la espera de las decisiones de la instructora.
Consciente de la labor que aún queda por hacer y del retraso que acumula la causa, que no es poco –la instrucción de los ERE apenas ha completado la investigación del 40% de las subvenciones que se hallan bajo sospecha–, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la juez Bolaños en los últimos meses una serie de escritos en los que, de forma periódica, comunica a la magistrada los asuntos que están pendientes de alguna decisión de la instructora.
Entre otras cuestiones, la Fiscalía ha pedido a la juez que fije las fianzas civiles de 83 imputados en la causa, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen.
También pidió en marzo del año pasado, aunque en este caso la petición se hizo a la juez Alaya, que acordara el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar el Ministerio Público que los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos habían prescrito.
Pero no sólo las posibles prescripciones y las dilaciones amenazan la eficacia de la instrucción porque, por ejemplo, uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se acaba de jubilar recientemente. Además al menos cuatro imputados en los ERE han fallecido durante la instrucción. Dos de ellos recientemente –el empresario José Enrique Rosendo y el ex director del IFA Francisco Mencía–, y los otros dos en enero de 2015 y agosto de 2012.
Y también hay otro imputado que permanece fugado desde julio pasado: el ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual. Todos estos son sólo algunos de los peligros de las macrocausas.