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Una mina para la UCO

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2017 a las 2:00

NUEVE DETENIDOS EN SEGUNDA FASE DE OPERACIÓN HERACLES POR FRAUDE EN LOS ERE

Un agente de la Guardia Civil durante un registro.

Una auténtica mina de información para la UCO. En eso se pueden convertir los millares de correos electrónicos que los agentes de la Guardia Civil han intervenido de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, autorizó en enero pasado, en una pieza declarada secreta, el pinchazo de 19 cuentas institucionales o corporativas de estas 15 personas en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, entre las que se encontraban inicialmente las del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, de la viceconsejera y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, del ex viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, y del ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernandez Guerrero.
Un oficio de la UCO del pasado 9 de enero solicitando a la juez la intervención de los mails ya incluía la cuenta del consejero, a pesar de su condición de aforado, lo que impide esta investigación ordenada por un juez de instrucción, que no tiene competencias para ello. La Guardia Civil no indicó a la instructora que Maldonado seguía ocupando el cargo en la actualidad y el auto de la magistrada autorizando los pinchazos, que tiene fecha de 17 de enero, dispuso que “el suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la consejería, en ese momento, el consejero José Sánchez Maldonado y el viceconsejero Luis Nieto Ballesteros , y el secretario general de la consejería , en aquella fecha, Vicente Fernández Guerrero”.
Sólo cuando la Junta le recordó a los agentes que se presentaron el 23 de enero en la sede de la Consejería el aforamiento de Sánchez Maldonado, la UCO, de motu proprio, comunicó a la juez que había acordado “excluirlo de la lista de personas afectadas” por el auto, pero no hay ninguna resolución de la instructora corrigiendo su decisión anterior de investigar las cuentas de correo del consejero, algo que le está vedado jurisdiccionalmente.
La Guardia Civil no se llevó ningún correo del consejero, pero sí los miles de correos de esas 15 personas (19 cuentas) en el periodo a investigar y en principio sin ninguna limitación a la causa en la que se investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Es decir, la Guardia Civil se ha incautado de todos los correos de los altos cargos y de los funcionarios, en los que se incluyen los relacionados con la causa judicial y los que no guardan relación alguna. Toda la comunicación electrónica, sin excepción, entre 2013 y 2016, según confirmaron fuentes del caso.
La empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), encargada de las copias de seguridad de los dominios de correo de la Junta, informó a la Guardia Civil y a la juez que ponía a disposición de los investigadores programas de búsqueda (por palabras, expedientes, fechas, nombres, etcétera) para concretar la búsqueda de los correos, dado que la labor encomendada estaba poniendo en riesgo la función de backup de la información.
La respuesta de la Guardia Civil, en sendos oficios remitidos el 31 de enero y 7 de febrero, no tiene desperdicio. Para empezar, los agentes sostienen que el sistema de almacenamiento físico de los datos contenidos en los correos electrónicos del personal de la Junta es “antiguo y obsoleto”, lo que provoca que las labores de localización y obtención de datos resulten “lentos” porque se encuentran en “cientos de cintas magnéticas, lo cual obliga a hacer una búsqueda en el sistema para averiguar en qué cinta se encuentra el backup de un año y cuenta determinada, para después cargarla manualmente en un robot que se encarga de las operaciones mecánicas de obtención de los citados datos”, según relata el oficio del 7 de febrero.

Aznalcóllar 21 FOTO.JUAN CARLOS VAZQUEZ
En el oficio del 31 de enero, la Guardia Civil comunica a la juez que efectivamente para una “eficaz práctica” de la diligencia encomendada será necesario el uso de herramientas de búsqueda y filtrado, para “ceñirse únicamente a los extremos de la investigación, si bien dicha búsqueda no puede reducirse a una serie de palabras, fechas y nombres en concreto elegidas en el momento de la extracción de la información, dado que una investigación de este tipo posee un cariz dinámico que requiere adaptar las búsquedas que se realicen conforme se vayan obteniendo nuevos datos dimanantes de las diligencias que se vayan practicando, para lo cual es conditio sine qua non estar en posesión del total de los datos obrantes en cada una de las cuentas de correo electrónico”, argumentaba la UCO.
Los agentes insistían en que “limitar la información a analizar a una primera y única búsqueda mediante el filtrado de palabras, nombres y fechas cerradas, sin posibilidad de acceder posteriormente al total de la información, mermaría en gran medida la efectividad de la diligencia”.
Pero, ¿cuál es la naturaleza de la investigación que le encargó en su día la juez Patricia Fernández a la Guardia Civil después de que la magistrada Mercedes Alaya ordenara la reapertura de las investigaciones?
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ordenó expresamente a la UCO en octubre pasado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis –ganadora del concurso para la reapertura de la mina– y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
Y con ese mandamiento, lo que ha hecho la Guardia Civil es acudir en tromba a la Junta para incautarse de todos los correos electrónicos de funcionarios y altos cargos, pero ni siquiera ha solicitado un solo papel, documento o correo electrónico a Minorbis ni a la empresa Magtel, y todo ello a pesar de que en el oficio del 9 de enero, en el que solicita el acceso a los correos, los investigadores destacaban las “estrechas relaciones que sostienen el grupo de empresas vinculado a la familia López Magdaleno, con la administración andaluza, concretamente, entre otros, con los responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de la presente casua, cargos que ocupaban en ese momento José Sánchez Maldonado, como consejero, y Luis Nieto Ballesteros, como viceconsejero”.
Resulta paradójico que de un concreto encargo de la juez, el “papel real” desempeñado por Minorbis y de la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales, la UCO haya asumido por completo y absolutamente la investigación de toda la causa. Basta echar un vistazo al arranque del oficio del 9 de enero para comprender cómo se extiende el objeto de la investigación más allá de lo solicitado por la magistrada.
La Guardia Civil justifica su intervención de la siguiente forma: “Que para la valoración de los hechos y circunstancias que se pretenden investigar, en torno al procedimiento concursal objeto del análisis y a la actuación de los distintos actores que, de manera indirecta o indirecta, han ido participando en las distintas fases, sería necesario retrotraerse en el tiempo más allá de la fecha de la publicación del concurso público, mediante la resolución de 13 de enero de 2014”.
Y en este contexto, los agentes han pedido –y la juez lo ha autorizado– los miles de correos electrónicos enviados y recibidos durante tres años, entre los que puede haber incluso muchos que afecten al contenido de los Consejos de Gobierno de la Junta, porque no hay que olvidar que los viceconsejeros participan en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida popularmente como consejillo, y su comunicación electrónica va a estar en poder de la UCO.
La juez ha acordado que mañana se proceda a hacer en las dependencias del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla una copia del disco duro de 2 terabytes que contiene la información intervenida. Y aunque la instructora ha dado instrucciones para que los investigadores estudien “única y exclusivamente aquellos pasajes de los correos” relacionados con la causa de Aznalcóllar y excluya todo lo relacionado con la defensa de los funcionarios imputados, lo cierto es que, si nadie lo remedia, habrá entregado una mina –o una bomba– de información a la UCO. Y veremos si los investigadores son capaces de sacar petroleo, como acostumbran, aunque luego muchas de sus actuaciones se vayan desinflando conforme avanza la instrucción judicial. Es el riesgo de la Alayización de los procedimientos judiciales y la tendencia a fomentar la creación de macrocausas.

 

Una intervención “masiva e indiscriminada”

La UCO tendrá acceso a los miles de correos si la juez rechaza la petición de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, que ha pedido al juzgado que anule el volcado de los correos previsto para mañana, al entender que podría causar “irreparables perjuicios” y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que considera “prospectiva”.

La viceconsejera de Empleo María José Asensio

La viceconsejera de Empleo, María José Asensio.

La actuación de la UCO y la autorización concedida por la juez provocó que el propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, enviara una carta a la juez recordándole su condición de aforado, por lo que la instructora no podía intervenir sus comunicaciones. En esa misiva, el consejero cuestionaba la legalidad de un mandamiento determinante de una recopilación “masiva e indiscriminada” de comunicaciones electrónicas. Esa carta fue enviada al juzgado el 31 de enero pasado –ocho días después de que la UCO se presentara en la sede de la Consejería requiriendo la documentación, y en la misma el titular de Empleo solicitaba la revocación del mandamiento judicial en la parte que le afectaba.

Maldonado explicaba a la juez que el correo electrónico es un “instrumento habitual para comunicar, debatir y deliberar legítimamente aspectos no afectos por esta investigación masiva e indiscriminada del conjunto de decisiones, pensamientos y reflexiones atribuidas al Poder Ejecutivo”, por lo que alertaba de que se podía ocasionar un “grave perjuicio a los intereses generales”.

Por su parte, los letrados del servicio jurídico de la Junta de Andalucía, que representan a los funcionarios imputados en la causa de la mina, se pronunció en el mismo sentido en un escrito presentado el 24 de enero, en el que señalaban que la “intervención masiva, indiscriminada y prospectiva de las comunicaciones está proscrita por la ley” porque la medida ha de ser “necesaria y proporcionada al fin perseguido” y advertía que en esos correos podría haber comunicaciones relativas a su defensa. La juez tildó de “infundadas” las críticas de los abogados e insistió en que “única y exclusivamente” se trata de acceder a los pasajes que están “directamente relacionados” con la investigación.

Minorbis contraataca

Jorge Muñoz | 11 de diciembre de 2016 a las 5:00

La empresa que ganó el concurso de Aznalcóllar pide a la juez que investigue delitos de falsedad y estafa procesal en los informes periciales presentados por Emerita Resources

Reportaje

La empresa Minorbis ha aplicado la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque. Y lo ha hecho presentando un contundente informe pericial en el juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, desmontando el proyecto de Emerita Resources –a la que no duda en calificar como “micro-empresa perdedora”– y solicitando a la juez que abra una investigación paralela para averiguar si se han podido cometer delitos de falsedad y estafa procesal en los informes periciales presentados por Emerita, la empresa perdedora del concurso y la que ha llevado el caso a los tribunales.

Según han confirmado fuentes judiciales, Minorbis presentó a comienzos de esta semana en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla un informe elaborado por la Fundación Pardo, una prestigiosa institución técnica en materia minera sin ánimo de lucro y fundada en 1870, que según la empresa “aniquila, fulmina y destroza” el proyecto minero de Emerita y “desmonta la colosal falsía con la que la denunciante ha conseguido nada menos que llegar al inaudito punto procesal al que ha llegado”.
Ese informe fue aportado en su día por Minera Los Frailes –la sociedad creada para explotar la mina– en el proceso Contencioso-administrativo que también inició Emerita, y del mismo se desprende la posibilidad de que se hayan perpetrado esos delitos en los informes periciales aportados por Emerita, “al exponerse datos y tesis presuntamente falsas a sabiendas, con presunta omisión intencionada de datos y presunta tergiversación consciente de los mismos”.
La empresa que ganó el concurso sostiene en su escrito que basta con leer las conclusiones de los “prestigiosísimos catedráticos que realizan el análisis para comprender cómo el basamento en el que Emerita ha sustentado hasta ahora su denuncias es un colosal invento, un magno fiasco que tarde o temprano tendrá forzosamente que ser descubierto”.
Minorbis, que está representada en la causa por el letrado Juan Carlos Alférez, solicita a la instructora que deduzca testimonio de oficio para la investigación de estos delitos de falsedad y estafa procesal, y también que se dé traslado del escrito y de la documentación aportada a la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil, a la que la juez encargó la realización de un estudio sobre el “papel real” desempeñado por Minorbis en el concurso público para reapertura de la mina.
Junto al informe de la Fundación Pardo, la empresa adjudicataria aporta un dictamen pericial elaborado por PriceWatherhouseCoopers sobre la solvencia económico-financiera del consorcio Minorbis-Grupo México. “El incuestionable informe de este experto independiente revela que lejos de ser inciertos todos y cada uno de los extremos sostenidos por la denunciante en su mendaz denuncia, su propio proyecto es el que carece de viabilidad y de los más elementales requisitos para haber sido admitido ni aun siquiera a valoración por la mesa de contratación”, precisa el escrito de Minorbis.
La adjudicataria añade que “con tales carencias propias, lo que resulta increíble es que precisamente hayan conseguido ofrecer la imagen contraria, dado que, es precisamente en el proyecto de Minorbis y su portador de solvencia Grupo México, donde sí que se contiene un proyecto verdaderamente viable, técnicamente impecable, financieramente poderoso, medioambientalmente modélico”.
De las “rotundas periciales” incorporadas en el documento remitido al juzgado, prosigue Minorbis, “no sólo se acredita la bondad del proyecto ganador, sino que además revela la tendenciosidad con la que arteramente la micro-empresa perdedora ha conseguido embarrar el proceso, hasta el punto de que, catedráticos y expertos independientes no dudan en calificar sus tesis como directa y conscientemente falsas”.
De hecho, Minorbis recoge en su escrito diversos pasajes del informe pericial de la Fundación Pardo y de otros informes que también adjunta, en los que aprecia la existencia de “indicios criminales” suficientes para la apertura de las nuevas diligencias previas en relación a los peritajes aportados por Emerita. La empresa que ganó el concurso cita, siguiendo el dictamen de la Fundación, hasta 22 aspectos en los que detecta presuntas falsedades, con expresiones tales como “no es cierto…, no son ciertas las afirmaciones…, se trata de un juicio de valor que no tiene fundamento…, es rigurosamente falso”, etc.
En relación con el problema del talud sur en la corta de los Frailes, el catedrático Ricardo Laín Huerta concluye el informe del geólogo Giovanni Funaioli “está lleno de afirmaciones falsas, de juicios de valor y de opiniones erróneas que además no están justificadas ni acreditadas en ningún momento”. El experto añade que la formación de Giovanni Funaioli, geólogo y máster en Volcanología y Geotermia, “no es la idónea para poder analizar en profundidad la viabilidad técnica de un proyecto de la envergadura del proyecto de ingeniería presentado a la Junta por el consorcio Grupo México-Minorbis para la explotación de la mina subterránea de Aznalcóllar”.
Para el catedrático, el planteamiento del actual proyecto de la rampa subterránea de acceso a la mina es adecuado “en todos sus términos”, por lo que “todos los comentarios erróneos planteados en el informe del geólogo Giovanni Funaioli, no hacen más que reforzar la plena validez del proyecto presentado por GrupoMéxico-Minorbis”.
El dictamen de la Fundación Pardo critica igualmente que es “categóricamente falso que se viertan aguas de contacto, directa o indirectamente, puesto que ya se ha justificado que todas las aguas de contacto pasan por la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) su tratamiento”.
La adjudicataria destaca en el documento remitido al juzgado el altísimo nivel académico, técnico y científico de la pericial aportada, y añade que ha preferido obviar “realizar comparaciones con el bajísimo y casi insultante perfil de los peritos que hasta la fecha ha presentado” Emerita.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El Cuco y su madre denuncian los vídeos de la reconstrucción

Rosalía García Marín y Francisco Javier García Marín, el Cuco, han presentado esta semana en la Fiscalía de Sevilla una denuncia por la filtración y difusión en televisión de los vídeos con la reconstrucción judicial del asesinato de Marta del Castillo, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio Público.

La madre del Cuco declara en el juicio por el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

La madre del Cuco declara en el juicio por el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

En la denuncia, los abogados Carlos Sierra y Rafael Ramírez señalan que los vídeos que ha emitido el programa Espejo Público de Antena 3 “sólo pueden estar en posesión y custodia de las partes, tanto los distintos órganos judiciales y las partes personadas”, por lo que solicita a la fiscal jefe, María José Segarra, que incoe unas diligencias de investigación para determinar “cómo han esas imágenes y por qué conducto” a la cadena de televisión, todo ello con la “salvaguarda del derecho constitucional de información” en lo que respecta a Antena 3.
La denuncia recuerda asimismo que Francisco Javier García Marín, el Cuco, tenía sólo 15 años cuando se vio involucrado en la investigación abierta por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, por lo que señala que aunque en la actualidad ya ha alcanzado la mayoría de edad, no se ha protegido su imagen como establece la Ley de Protección Jurídica del Menor, respecto a la tutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen del entonces menor. Así, añade que sin tener en cuenta su minoría de edad, se han emitido las imágenes “sin pixelar”.
La familia del Cuco pretende con la denuncia ante la Fiscalía que se determine si los hechos “encajan en la descripción de algunos de los preceptos contenidos en el Código Penal o en el resto de la legislación penal”. Y justifica la medida en que la “conveniencia de erradicar determinadas conductas no puede permitir prescindir del respeto de los derechos fundamentales que la Constitución garantiza”, además de invocar el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo que “no se pueden conculcar estos derechos por el simple hecho que puedan amparar actuaciones presuntamente delictivas”.
La denuncia del Cuco y su madre solicita a la Fiscalía que incoe las diligencias de investigación para esclarecer la filtración por la emisión de las imágenes de las reconstrucciones judiciales en el piso de Miguel Carcaño en 2009, escenario del asesinato de Marta del Castillo.

La investigación de la mina se ‘Alayiza’

Jorge Muñoz | 6 de noviembre de 2016 a las 5:30

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

 

A ningún juez de instrucción le gusta que un órgano superior le corrija, enmiende, anule o tumbe sus resoluciones o planteamientos. Pero una vez que esa decisión del tribunal superior se produce, el instructor está obligado a acatarla. Es lo que le ha pasado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, con la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La juez archivó la denuncia de Emerita, la empresa perdedora de un concurso que ganó la sociedad Minorbis-Grupo México y ese sobreseimiento fue solicitado por la Fiscalía de Sevilla, que no apreció indicios de prevaricación en la actuación de los responsables y funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
El archivo fue recurrido ante la Audiencia deSevilla y el recurso recayó en la Sección Séptima, correspondiendo la ponencia a la magistrada Mercedes Alaya, instructora tan sólo unos meses atrás de las distintas macrocausas que se investigan en otro juzgado de Sevilla:el número 6. Alaya y otros tres magistrados decidieron en octubre pasado reabrir la investigación y ordenar la práctica de una serie de diligencias.
El varapalo que ha sufrido la instructora le ha llevado a tomar nuevas decisiones importantes relacionadas con el curso de la investigación. La más trascendente, en principio, consiste en la retirada de la Policía Nacional y su sustitución por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Patricia Fernández ha encomendado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
La labor que había desarrollado la Policía no quedó bien parada con el auto de archivo inicial. Desde el principio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) envió atestados avalando la postura de la empresa denunciante. El primer revés a las tesis policiales, que abrieron los ojos de la instructora, lo dieron las defensas de los imputados con motivo del interrogatorio del experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que realizó un informe para la Policía asegurando que había “errores aritméticos” de bulto en el proyecto presentado por Grupo México-Minorbis.
La sorpresa llegó cuando le testigo le dijo la juez que la Udef le entregó únicamente “seis folios” de los 3.000 que tenía el proyecto para elaborar ese dictamen.
Ese informe encontró una réplica en otro elaborado por la consultora de ingeniería y arquitectura Ayesa que aseguraba que sus cálculos sobre el proyecto de gestión del ciclo del agua aportados por Minorbis eran “correctos” y acusaba al experto ornitólogo de haber cometido un “grave error metodológico”.
Ahora la juez de Instrucción número 3 ha sustituido a la Policía por los agentes de la UCO de la Guardia Civil, un cambio que sin duda habrá agradado a la juez Mercedes Alaya –la ponente que deberá estudiar todos los recursos que se planteen en esta instrucción–. No hay que olvidar que esta unidad colaboró estrechamente con Alaya en su etapa de instructora de la macrocausa de los ERE, la de los cursos de formación, o la investigación de delitos relacionados con la empresa pública mixta Mercasevilla.
Y Alaya también decidió en su día retirar la investigación al mando policial que había iniciado las pesquisas de los ERE y que curiosamente es él mismo que se estaba encargando hasta ahora de investiga el concurso de la mina. Alaya quitó a la Policía y entregó la investigación a la UCO. La historia se repite ahora con la titular del juzgado de Instrucción número 3.
Hay quien se pregunta en estos momentos sobre los derroteros que puede tomar ahora la instrucción del caso Aznalcóllar, una vez conocida la tendencia a las macroinvestigaciones espectaculares por parte de esta unidad de élite de la Guardia Civil.
No obstante, la juez ha tratado de delimitar esas pesquisas a la realización de un informe sobre ese “papel real” que pudo jugar Minorbis, ante la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el concurso como “mero intermediario” para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada por una filial de Grupo México.
En este proceso de Alayización de la causa de Aznalcóllar, sólo queda por saber si la instructora aceptará la sugerencia que le hizo la Audiencia con respecto a la forma de tomar las declaraciones, dado que la instructora suele grabarlas y el tribunal (Alaya siempre se negó a grabarlas) considera que es mejor que se levante un acta, como se ha hecho toda la vida en los juzgados. “Esta Sala, en relación a las declaraciones que en lo sucesivo hayan de tomarse, sugiere al juzgado, dada la complejidad de la causa y por ello su dificultad de estudio, que aquéllas se practiquen mediante acta levantada por el señor letrado de la administración de Justicia, ya que las grabaciones en instrucción dificultaría notablemente el análisis de las mismas y sobre todo la relación visual de determinados contenidos de éstas con documentos de la causa”, recogía el auto del 19 de octubre.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La millonaria fianza a Griñán por los ERE

*El juez de refuerzo Álvaro Martín dio el pasado viernes un nuevo giro de tuerca que acerca más a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al banquillo de los acusados de los ERE, que compartirán con otros 24 ex altos cargos de la Administración andaluza. En el auto, el juez estableció una fianza de 4,2 millones de euros para José Antonio Griñán, la misma cantidad para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo; otros 3,7 millones para el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y 6,2 millones para el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera. La fianza impuesta, aunque muy importante e impagable, dista mucho de la que solicitó en su día la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público cifró la supuesta cuantía del fraude de los ERE, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria los 18 acusados por el delito de malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales la Fiscalía considera que Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010. El instructor, sin embargo, aplicó una reducción al 10% de esas cantidades teniendo en cuenta los ejercicios en los cuales se participó y la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de las sumas. El juez ha dado un plazo de 30 días a las defensas para que presenten sus escritos rechazando los cargos, de lo que se deduce que el juez podría enviar a mediados de diciembre la causa a la Audiencia de Sevilla, justo antes de cesar en el cargo, el próximo 31 de diciembre, cuando Álvaro Martín volverá al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla.

El PP pierde el combate con la juez Bolaños

*El PP sigue sumando varapalos del Poder Judicial en su campaña contra la juez María Núñez Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado esta semana las dos últimas denuncias que la acusación popular había presentado contra la magistrada, en este caso por la supuesta falta de motivación de los autos de archivo de los cursos, algo que el promotor de la acción disciplinaria ha rechazado de plano. El juez recuerda que la Audiencia reprochó al PP que presentara recursos de apelación directo. Tres denuncias archivadas y la recusación rechazada. ¿Seguirá el PP combatiendo a Bolaños? Seguro.

Tú también… Junta

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2016 a las 5:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Julio César, antes de ser asesinado por un grupo de senadores en el Teatro de Pompeyo, pronunció aquella célebre frase, dirigida a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Esa misma sensación de traición es la que pudo experimentar el pasado miércoles el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, tras conocer que la acusación particular que ejerce la Junta acaba de presentar un escrito de acusación en el que se le piden seis años y medio de prisión por su intervención en las ayudas concedidas para el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Fernández recibió la puñalada a la hora del almuerzo, cuando los medios de comunicación difundieron el escrito de conclusiones provisionales presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa.

Antes de ser acusado por la Junta, el ex consejero había recibido toda una batería de acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha reclamado hasta 28 años y medio de prisión en las tres piezas de los ERE que van camino de juicio: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y las de los EREde Acyco y Surcolor.
La acusación del Ministerio Público era en cierto modo esperable, al haber asumido por completo los fiscales las tesis de la anterior instructora Mercedes Alaya respecto a la confabulación para defraudar las ayudas de los ERE. Pero la de la Junta, no. Y esa acusación, en el caso de Fernández, duele y levanta más ampollas que la pública. Que tu antigua casa, donde primero como viceconsejero desde el año 2003, y después como consejero entre 2004 y 2010, planteen una acusación que implica una pena de seis años de cárcel, debe ser muy duro.

Sobre todo para alguien que ya pasó unos meses en prisión preventiva por este escándalo y sobre todo porque esta acusación se plantea tan sólo unos días después de que los mismos servicios jurídicos hayan pedido el archivo de la causa del procedimiento específico, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además del propio Antonio Fernández y otra veintena más de ex altos cargos de la Administración andaluza.

El otro día alguién me planteó la siguiente cuestión: ¿Por qué al que fuera viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero desde 2004 se le presume por la Junta el conocimiento y participación en las decisiones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero en relación con el ERE de Acyco, acusándole por ello, pero al consejero en 2003 [José AntonioViera] y al viceconsejero desde 2004 [Agustín Barberá] se les presume todo lo contrario y se les exculpa?

La verdad es que no supe dar ninguna respuesta a esa aparente paradoja. Porque tendría sentido que tanto la acusación como la exculpación fuera para todos o ninguno. Hace años que Fernández, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, ha asumido sin quererlo el papel de sospechoso habitual, convertido según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones.

En cualquier caso, los cargos que la Junta ha presentado contra Antonio Fernández refuerzan la posición de la Administración andaluza como acusación particular en la macrocausa. Si alguien tenía alguna sospecha de la actuación del gabinete jurídico después de pedir el archivo de la pieza en la que estaban implicados los ex altos cargos, esa duda se disipó con la calificación provisional de Acyco.

La Junta, por primera vez en su historia, ha acusado a un antiguo miembro del Consejo de Gobierno, a un ex consejero, así como a dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que ha pedido otras condenas de cinco años y medio de cárcel y tres años, respectivamente. Este puede ser uno de los primeros juicios de los EREen los que intervenga la Junta, dado que al no acusar en el caso de Chaves y Griñán, el juez la tendrá como una acusación desistida del proceso y la apartará de la vista oral.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

* Y Alaya reabrió la causa de la mina

Muchas eran las apuestas que se decantaban por que Alaya iba a reabrir la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Al final, la lógica Alayística se impuso y la Sección Séptima de laAudiencia de Sevilla –integrada por otros tres jueces– acordó reabrir la causa en un durísimo auto –hecho público además coincidiendo con el debate en el Parlamento andaluz sobre el Estado de la comunidad– en el que el tribunal asegura que donde la Junta debió actuar con mayor transparencia y rigor, al tratarse de una zona que sufrió el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar, lo que se ha encontrado “son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo”. Luego en la parte dispositiva, lo que hace la Audiencia es ordenar a la juez de Instrucción número 3 que vuelva a pedir un informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la Junta, ya está aportado a la causa, y que vuelva a plantearse si hubo prevaricación. De nada sirvió que la Fiscalía apoyase el archivo.
* La juez Bolaños le gana el primer round al PP

Muere una mujer golpeada en su vivienda de La Rinconada
La juez María Núñez recibió esta semana el respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la primera de las cuatro quejas o denuncias que el PP le ha presentado por su actuación en la investigación de los cursos de formación. Bolaños ha ganado el primer round de la batalla que el PP le ha planteado y que, por el momento, se antoja en cuatro asaltos. El primero ya ha caído, al descartar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la denuncia de los populares, que la acusaba de una falta muy grave de revelación de datos, atribuyéndole la supuesta filtración del archivo de los cursos. El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, concluyó que no se aprecian motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna por la juez, toda vez que las informaciones periodísticas “claramente se refieren a fuentes judiciales, sin que conste dato alguno, siquiera indiciario, de que la juez revelara dato o hecho alguno que hubiera conocido en el ejercicio de su función”. El PP olvida que a la hora de conseguir una información los caminos del señor son inescrutables, también en la Justicia.
* El singular recurso de Javier Guerrero

No se puede calificar de otro modo el recurso presentado por el ex director de Trabajo contra su procesamiento por las ayudas del ERE de Acyco. Para empezar, el abogado Fernando de Pablo, habla de la “orfandad” del auto recurrido para concluir diciendo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “pasa por ser una familia pluriparental” que debería unificar sus criterios, “porque lo que aquí se da como cierto, en otras piezas, con padres distintos, se archivan; corriendo una similitud perfecta con la que tenemos enfrente”.
*Y la pionera condena a tuitear de Luis Pineda

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, por difamar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y le ha obligado a tuitear 30 veces el fallo durante un mes. Se trata de una sentencia pionera a nivel mundial, lo que no sabemos es cómo va a poder cumplirla Pineda desde la cárcel donde está preso.