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La Madeja enreda a Torrijos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2017 a las 2:00

Tras su absolución en Mercasevilla, el ex portavoz de IU es procesado por delitos de prevaricación y cohecho

El juez José de la Mata sostiene en el auto que Finotovo “financió” a IU y PSOE con su mordidas

IU recibió 155.000 euros y el PSOE cantidades de 30.000 a 60.000 euros entre los años 2006 y 2009

El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, cuando declaró ante la Guardia Civil por la Madeja.

El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, cuando declaró ante la Guardia Civil por la Madeja.

La alegría por la sentencia absolutoria de Mercasevilla le ha durado a Antonio Rodrigo Torrijos exactamente un mes. El pasado viernes, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de Sevilla, José de la Mata, finalizaba la instrucción de la denominada operación Madeja y dictaba cinco autos de procesamiento, uno por cada una de las distintas piezas separadas en las que se dividió la macrocausa investigada en su día por la juez Mercedes Alaya y en una de las cuales Torrijos es nuevamente procesado.
El ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU ha sido procesado en la pieza denominada “delegaciones territoriales y administraciones locales III (Ayuntamiento de Sevilla)”, en la que hay 17 investigados por haber recibido presuntamente regalos y mordidas a cambio de favorecer la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, que según De la Mata había creado una “red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.
En el auto notificado el pasado viernes, que tiene una extensión de 104 folios, el instructor sostiene que tanto IU como el PSOE se financiaron con las mordidas de Fitonovo. El juez ha procesado a cuatro ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla por este caso, dado que a Torrijos lo acompañan el también ex portavoz de IU y ex concejal de Juventud y Deportes José Manuel García, el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y el ex edil del PP y ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento Joaquín Peña. La lista se completa con funcionarios municipales y con el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, quienes también habrían recibido supuestamente dádivas y regalos para favorecer a Fitonovo.
A los cuatro ex ediles, el juez les atribuye sendos delitos de prevaricación y cohecho, aunque a Manuel Gómez Lobo y a Peña les imputa además un delito de fraude a las administraciones públicas y otro de tráfico de influencias. A Gómez Lobo y a Castaño, por último, les atribuye otro delito de falsedad. El ex concejal Gómez Lobo es el único al que el juez le achaca los cinco delitos que ha investigado en esta causa.
Sobre la presunta financiación de IU, De la Mata subraya que Fitonovo pagó 155.000 euros a Izquierda Unida, mediante dos pagos, uno de 70.000 euros que se entregó el 30 de marzo de 2010 “en una caja de zapatos” al miembro de IU y también imputado Antonio Miguel Ruiz Carmona, y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011.
Esos 155.000 euros fueron abonados por el empresario de Fitonovo José Antonio González Baró “para la campaña electoral” tras la conclusión de las obras de instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol de Sevilla, precisa el auto.
Dice el juez de la Mata que el ex concejal de IU José Manuel García habría intervenido“decisivamente”, como dirigente de la formación, “en connivencia con otros dirigentes como el primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo” de los contratos de los 11 campos de fútbol, que fueron adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes por una cuantía de 6,9 millones de euros.
Tras el segundo pago de 85.000 euros, el juez señala que se observa una “relación más intensa y con más contratos adjudicados desde las áreas que gestiona” José Manuel García, entre ellos las obras de emergencia en el club deportivo Ifni ( por importe de 554.736,29 euros) iniciadas el 15 de diciembre de 2010 “con ausencia de expediente, totalmente dirigida a Fitonovo por la propia naturaleza del procedimiento de emergencia” y con “numerosas irregularidades en el procedimiento”; así como las obras urgentes en el CEIP San Isidoro (29.760 euros), en el que se invitaron en mayo del 2011 a tres empresas que, en relación a otro asunto, “han ejemplificado perfectamente un caso de concurrencia ficticia”.
El instructor concluye que los pagos fueron para financiar el partido y así argumenta que la presencia de personas de Izquierda Unida que no pertenecen a los organismos desde los que se adjudicaron los contratos y, por tanto, sin poder influencia directa sobre su adjudicación –como Torrijos o Antonio Ruiz Carmona, que recibió los pagos–, “descarta en gran medida que dichos pagos se hayan entregado a título particular a personas de estos organismos por favores en la adjudicación. La presencia de estas personas se podría justificar con la influencia que estos podrían mantener con las personas que sí habrían gestionado en su momento dichas áreas y sí habrían tenido capacidad de decisión sobre la contratación, como José Manuel García Martínez, delegado de Juventud y Deportes, así como la que éste haya podido tener con personal, técnico o jurídico, dependiente de sus áreas”, añade.
En cuanto a la financiación del PSOE, De la Mata asegura que como compensación por el incremento importante de la facturación de Fitonovo y la adjudicación creciente de contratos, la empresa abonó el 9 de mayo de 2007 la cantidad de 30.000 euros al PSOE, a “requerimiento” del edil Manuel Gómez Lobo. “Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 y 60.000 euros, con la denominación en la Caja B de Fitonovo de ‘Langostinos Maera’, aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían Gómez Lobo y Rafael González Palomo”, dueño de Fitonovo y padre de González Baró.
Con el nombre de ‘Langostinos Maera’ se hacía referencia al restaurante ubicado en el barrio del Tardón en el que se reunían mensualmente Gómez Lobo y Rafael González Palomo.

El ex concejal Manuel Gómez Lobo, a quien el juez atribuye cinco delitos relacionados con los pagos de Fitonovo.

El ex concejal Manuel Gómez Lobo, a quien el juez atribuye cinco delitos relacionados con los pagos de Fitonovo.

El auto considera que el que fuera concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo se ocupó de procurar, junto a Domingo Enrique Castaño, distintas adjudicaciones a Fitonovo y así, prosigue la resolución, “exigieron” a esta empresa que, como compensación por la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la zona Centro y de la Macarena, debería asumir el pago de las obras de adecuación de la sede de la agrupación del PSOE de la Macarena. Estas obras se facturaron a nombre de una empresa dedicada a la desratización, llamada Klevin, y que por consiguiente “no realizaba obra alguna”. El juez señala asimismo que Domingo Enrique Castaño pidió en una ocasión al dueño de Fitonovo Rafael González Palomo la cantidad de 60.000 euros “para la financiación del partido”, cantidad que después de negociar quedó reducida a 30.000 euros, que le fueron entregados en las oficinas de Fitonovo. González Palomo declaró, por su parte, que pensaba que este dinero “se lo quedó” Castaño.
Sobre la implicación del ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP), el juez de la Audiencia Nacional estima que ésta se produce en el marco de la contratación pública y como consecuencia de sus relaciones con empresas que contratan con el servicio de Parques y Jardines. Esa implicación se produjo, en primer lugar, en relación al denominado “macrocontrato” de Parques y Jardines, el expediente 400/2012, que ascendía a 48 millones de euros. Para el instructor, “existen indicios que apuntarían a la intervención del director general en la fase de adjudicación” del lote 2, “al parecer, ejerciendo influencias” sobre el funcionario Francisco Amores Carredano –jefe de la sección de conservación y mantenimiento del servicio de Parques y Jardines– para que la empresa Albaba fuera adjudicataria de uno de ellos y favorecer así a su amigo Carlos Alfonso Lozano.
El juez De la Mata concluye el auto asegundado que los indicios recopilados durante la instrucción son “suficientes” para acordar la continuación del procedimiento contra los 17 investigados en esta pieza. El instructor ha dado un plazo de 20 días a la Fiscalía para que presente su escrito de conclusiones provisionales y solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

 

Castaño recibió 300.000 euros en “comisiones ilícitas”

El ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, recibieron durante el período investigado 303.458,52 euros “de origen desconocido”, compuesto de un incremento de 193.856,09 euros “carente de justificación”, y unos abonos en efectivo de compras que tampoco habrían sido retirados de ninguna de sus cuentas, que asciende a 109.602,43 euros, detalla el juez José de la Mata. Este incremento patrimonial, según el magistrado, “pudo tener lugar por regalos y cobro de comisiones ilícitas cuando Domingo Enrique Castaño fue director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, o a consecuencia de dicho cargo, el cual tuvo que relacionarse para la adjudicación de contratos con numerosas empresas destinadas al mantenimiento de la vía pública”. El instructor explica que la intervención de Domingo Enrique Castaño fue ”decisiva” para la adjudicación a Fitonovo del contrato de mantenimiento de Vía Pública. El juez añade que otro contrato que habría sido favorecido por Castaño y por el ex concejal Manuel Gómez Lobo fue el concurso sobre riego del Parque de María Luisa, el expediente 28/2005, a través de la UTE Fitonovo-Detea, por importe cercano a los 500.000 euros, aunque también cita otros tres expedientes en los que habría intervenido Castaño.

 

Dinero en efectivo, teléfonos, y hasta un caballo y una yegua

El funcionario Francisco Luis Huertas, jefe obrero o capataz del servicio de Parques y Jardines, recibió según el juez José de la Mata diversas dádivas, entre ellas dinero en efectivo, teléfonos móviles, y hasta un caballo y una yegua. Dice el instructor que dada su “influencia en los ámbitos políticos, a través de Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño”, este funcionario conseguiría “para su propio beneficio a través de su empresa elementos Urbanos, la adjudicación para Fitonovo de “múltiples contratos” en materia de juegos infantiles y así consiguió “acaparar el negocio de los juegos infantiles en Sevilla y en la mayor parte de Andalucía”. Dos de las hijas de Huertas trabajaron como comerciales, y a una de ellas, cuando abandonó la empresa, Fitonovo le regaló un vehículo, un Toyota Corolla. La contratista le regaló además al funcionario –que según otro acusado era conocido como “sheriff”– en mayo de 2007, un caballo llamado Alazano, valorado en 1.300 euros, y en febrero de 2008 una yegua, por otros 1.000 euros, y también recibió otros regalos como el pago de dos cotillones de fin de año en 2002 y 2003 por valor de 285 euros, un tractor carriola, un viaje a Budapest por importe de 3.499 euros, alquileres de vehículos, y varios teléfonos móviles de la marcas Nokia e Iphone, detalla el auto.

Las prisas de Alaya…

Jorge Muñoz | 10 de junio de 2015 a las 6:00

auto inhibiciónLas prisas no son buenas consejeras… y menos cuando se está dictando un auto. Es lo que le ha pasado a la juez Mercedes Alaya con el auto dictado este martes en el que se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional en la investigación relacionada con la trama de sobornos de Fitonovo, la denominada operación Madeja, en la que hay 88 personas imputadas.

En la parte dispositiva del auto puede leerse lo siguiente: “Se decreta la inhibición del conocimiento de las presentes actuaciones a favor de los juzgados centrales de Ínstrucción de la Iltma. Audiencia Provincial en virtud de los razonamientos anteriormente expuestos” (sic). Nunca la ilustrísima Audiencia Provincial tuvo tan alto honor de compararse con la Audiencia Nacional.

Supongo que es un anecdótico error a la hora de transcribir la resolución de la juez Alaya, que a pesar de que estamos en la era de los ordenadores y de las tabletas electrónicas sigue pasando sus resoluciones manuscritas para que los funcionarios las pasen al sistema informático. ¿O tal vez le ha traicionado el subconsciente y Alaya estaba pensando en su futuro destino, la Audiencia Provincial, una vez finalice su etapa como comisionada en el juzgado?

 

El patinazo de Alaya

Jorge Muñoz | 17 de diciembre de 2013 a las 6:37

Un patinazo que ha anticipado los planes de Alaya. La juez se ha visto obligada a desarrollar de manera precipitada la segunda fase de la operación Madeja después de que la propia instructora haya revelado, en un supuesto error, que desde octubre pasado ha venido pinchando una decena de teléfonos de funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla y de la empresa Fitonovo, cuyos propietarios están imputados por haber pagado supuestamente dádivas a cambio de la adjudicación de importantes contratos de mantenimiento de la delegación de Parques y Jardines.

Alaya incluyó estos detalles en un auto dictado recientemente, en el que prorrogó por quinta vez el secreto de sumario de la operación Madeja. El problema es que ese auto fue notificado a todas las partes implicadas, con lo que al final ha trascendido que se estaban produciendo esas intervenciones telefónicas. La noticia que el domingo hizo pública la agencia Europa Press desencadenó un auténtico terremoto en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y Alaya hizo que sus funcionarios trabajaran hasta las cuatro de la madrugada del lunes preparando los registros que tendrían lugar a primera hora de esa mañana.

La juez Alaya llega a los juzgados de SEvilla

La juez Alaya llega a los juzgados de SEvilla

Al parecer el error en el auto pudo producirse porque la juez habría dicho a los funcionarios que notificaran sólo la parte dispositiva de la resolución, es decir, la que únicamente recoge que se prorroga el secreto de sumario sin dar más explicaciones, y no el contenido íntegro del auto. Sin embargo, extraña que eso sea así cuando en las cuatro ocasiones anteriores en las que ha dictado autos de prórroga siempre se ha notificado el auto completo, incluidos los fundamentos de la magistrada para continuar con el sigilo de la causa para no entorpecer el resultado de las pesquisas policiales.

En el  auto,  Alaya explicaba que, de esos pinchazos, se han obtenido “importantes datos para la investigación en curso, habiéndose procedido a la entrega en este juzgado de DVD conteniendo las conversaciones interceptadas así como transcripción de las que resultan relevantes para el esclarecimiento de los hechos”. Alaya también decía que los investigadores estaban a la espera del resultado de los datos contenidos en un tablet intervenido a Domingo Enrique Castaño -el ex asesor del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín-, así como del volcado de otros dispositivos informáticos intervenidos en esta causa, “datos que pudieran ser de interés para la investigación y de los que se derivarían nuevas diligencias”.

La juez advertía además que la prórroga del secreto se producía sobre todo por las intervenciones telefónicas y las nuevas diligencias, puesto que si se levantaba el secreto “podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada anulando la eficacia de la acción policial y judicial”.
Lo ocurrido con este patinazo viene a demostrar, una vez más, que Alaya necesita más refuerzos, aunque sea paradójicamente la misma juez la que los haya rechazado cuando se los ha ofrecido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tanta carga de trabajo, como la propia magistrada ha reconocido recientemente, supera las capacidades personales.
Se trata del segundo supuesto error importante que comete la instructora en las últimas semanas. El primero, según las diferentes partes personadas en el procedimiento y la propia Fiscalía de Sevilla, fue acordar la incoación de un procedimiento sumario en la causa en la que se investiga la venta de los suelos de Mercasevilla, cuando en realidad debería haber incoado un procedimiento abreviado. Ese auto está recurrido por el Ministerio Público desde el mismo día en que la juez, una vez advertido el error, trató de enmendarlo dando a los abogados la posibilidad de pronunciarse sobre la posible nulidad de la resolución…

Castaño no podía declarar ante la juez Alaya

Jorge Muñoz | 14 de julio de 2013 a las 9:11

Domingo Enrique Castaño no podía declarar ante la juez Mercedes Alaya. El ex asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y ex director del área de Vía Pública tomó una decisión coherente cuando en la madrugada del pasado viernes se acogió a su derecho a no declarar ante la juez Alaya, que le imputa varios delitos tras ser implicado por un empresario en la presunta financiación ilegal del PSOE.

Su decisión, al margen de que era su derecho, fue acertada, por varios motivos. En primer lugar, por algo que ya he comentado en alguna ocasión en relación con las maratonianas sesiones de trabajo que impone la juez Alaya: el derecho al descanso de los imputados. ¿Es legal que una juez tome declaración a un sospechoso que ha pasado toda la noche en vela? ¿Está esta persona en condiciones de someterse a un interrogatorio del que depende que acabe o no entre rejas?

Castaño fue detenido en su domicilio en la mañana del pasado martes, fue conducido a varios registros, pasó dos noches en los calabozos de la Guardia Civil, no durmió en una cama en este tiempo ni pudo darse una ducha. Y en estas condiciones, bajo un fuerte impacto psicológico como es el de una detención para alguien que no se ha visto en otra situación igual, la juez le llama a declarar en la madrugada del viernes. Además tenía que responder a unos cargos que desconocía por completo: la causa está declarada secreta y por tanto no había podido consultar ningún documento que obra en el sumario. Era como responder a ciegas.

Que conste que no hago de abogado defensor de Castaño, que ya lo tiene y de los buenos. Creo que este tipo de delitos merecen el mayor reproche, pero hay que respetar el derecho de los imputados. Y el derecho al descanso es uno de ellos. Un imputado que lleva muchas horas en vela y dos días detenido, con la misma ropa, sin tomar una ducha y en unos calabozos nada confortables, parece que en principio no está en condiciones de prestar declaración.

En este caso, la propia juez Alaya parece que consultó a los abogados sobre si Castaño y su mujer tenían previsto declarar porque, en ese caso, podría suspender la declaración y continuar al día siguiente. Eso no habría hecho más que aumentar el cansancio de los imputados, puesto que volverían a esos calabozos hasta que fuesen llamados de nuevo a declarar.

La posibilidad de suspender una declaración está prevista en el  artículo 393 de la ley de Enjuiciamiento Criminal:

“Cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido en el interrogatorio”.

Castaño fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza tras negarse a declarar, tal y como solicitó la Fiscalía de Sevilla. Pero podrá declarar ante la juez Alaya cuando él mismo lo solicite, porque ése es otro de los derechos de los imputados que recoge la ley de Enjuiciamiento Criminal.