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El voto particular de Lorenzo del Río contra las Salas de lo Penal de Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 28 de abril de 2017 a las 13:33

Este es el voto particular del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno para crear las salas de lo Penal desplazas en Sevilla y Málaga, y al que se adhirieron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. 

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

“El Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, dota de plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal, al tiempo que crea Secciones de Apelación Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, Ceuta y Melilla. La especificidad, en este último caso, radica en crear dos Secciones, cuya sede y circunscripción territorial serán las propias de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, junto a la previsión que efectúa en su Preámbulo relativa a la posibilidad de que, una vez creadas las mismas, el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar su desplazamiento a otra sede, a petición de la Sala de Gobierno y según lo establecido por el artículo 269.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

La Sala de Gobierno de este TSJA considera, y así lo ha acordado mayoritariamente, que deviene necesario desplazar la sede de ambas Secciones de apelación penal, de forma la dotación de 6 plazas de magistrado para el TSJA se distribuya inmediatamente de la siguiente forma: 3 plazas en Málaga y 3 plazas en Sevilla, constituyendo 2 Secciones desplazadas de apelación penal.

Entiendo, por el contrario, que no concurren circunstancias objetivas que justifiquen esta decisión en el momento presente, ni contribuye a una mejor administración de la justicia, sino que responde a lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos. Por ello, formulo voto particular al referido Acuerdo, que baso en las consideraciones siguientes:

PRIMERO.- Debo referirme, en primer lugar, a la base legal que posibilitaría la efectividad del Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno, y que el propio Real Decreto 229/2017 indica en su Preámbulo, cual es la disposición del artículo 269.2 LOPJ, cuya génesis y finalidad no parece obedecer a un desplazamiento de los Juzgados, o las Salas o Secciones de los Tribunales, con vocación de permanencia,

sino a la necesidad de dar respuesta a contingencias puntuales o específicas, con una mayor o menor duración en el tiempo, pero determinantes, en cualquier caso, de un desplazamiento no definitivo, aunque repetido periódicamente, e incluso esporádico.

Por otra parte, y esto me parece esencial destacarlo, al margen de la procedencia legal de acordar un desplazamiento de carácter permanente al amparo de este precepto, una decisión en ese sentido debe adoptarse en función de las circunstancias concurrentes o del buen servicio de la Administración de Justicia, pues constituye la premisa y punto de partida de los preceptos habilitadores. Pienso, como ya he apuntado, que en este momento sería una decisión prematura e injustificada, ya que ni las circunstancias concurrentes ni el buen servicio de la Administración de Justicia aconsejan tomar la decisión inmediata de desplazar la sede de las Secciones de apelación penal creadas en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, por las razones que expongo seguidamente:

A) Hasta la fecha se han recibido en la Sala Civil y Penal cuatro recursos de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales, lo que denota que la entrada de asuntos va a producirse de forma progresiva, sin posibilidad inmediata de realizar una previsión cierta sobre el momento en que se alcanzará la carga de trabajo definitiva – o probable- en cada parte del ámbito territorial de este TSJ. Y no debe olvidarse que el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial condiciona el desplazamiento de la sede de las secciones de apelación a la necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá. Esta propuesta no contradice el Acuerdo de esta Sala de Gobierno de 19 de abril de 2016 que no fue adoptado por unanimidad, sino por mayoría, y que, además, contemplaba y proponía un escenario diferente al que nos encontramos.

Por ello, la lógica aconseja que la efectividad y entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrados creadas por el Real Decreto 229/2017 se haga de forma escalonada, en función de la previsible entrada de asuntos y la propia evolución real de la carga de trabajo. En este sentido, lo conveniente o aconsejable sería constituir una primera Sección de apelación penal en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, compuesta por un Presidente y dos Magistrados, sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro.

B) La inicial puesta en funcionamiento de las Secciones de apelación puede hacerse con recursos existentes en la sede del TSJA, ya que la actual Letrada de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal puede asumir, conjuntamente, la responsabilidad de la Sección de apelación penal y el incremento de la nueva carga de trabajo, a lo sumo con un pequeño aumento de funcionarios. No sería necesario, por tanto, incrementar exponencialmente los recursos para constituir esas dos sedes desplazadas, ni crear dos nuevas Secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear dos plazas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) – uno para cada sede desplazada-. Además, la sede del Tribunal Superior cuenta ya con infraestructura disponible y preparada, en concreto varias dependencias sin uso, reservadas a tales fines por la Administración competente tras el traslado de la Fiscalía Superior.

C) El desplazamiento de sede inmediato de las dos Secciones de apelación penal constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales, dada la actual configuración del recurso de casación penal.

D) Debe valorarse, además, que constituir la Sección de apelación penal en la propia sede del TSJA permite otras potencialidades organizativas, no sólo por las peculiaridades que presenta este Tribunal desde el plano gubernativo y jurisdiccional (con importante estadística en temas de arbitraje, jurado y aforados), sino también por la necesidad de formar Sala con Magistrados distintos al instructor y la problemática de las sustituciones internas por diversos motivos justificados (permisos, licencias, bajas por enfermedad, posibles abstenciones de los nuevos Magistrados, etc.), que obligan en la actualidad a recurrir siempre a Magistrados integrantes de la Sala de lo Social o de lo Contencioso; es más, todo ello será también importante tenerlo en cuenta ante lógicas situaciones de imposibilidad para formar Sala cuando los recursos provengan del previsible destino anterior en Audiencias Provinciales de los nuevos integrantes de las Secciones de apelación penal. Y, del mismo modo, cuando deban ser sustituidos ante cualquier tipo de contingencia que determine su ausencia, deberán serlo por Magistrados con destinos en las Salas de este TSJ, de la misma sede, pertenecientes a otros ordenes jurisdiccionales.

E) La distancia para el justiciable o los profesionales no es una circunstancia ni argumento que, en este caso, pueda justificar el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación, pues el recurso de apelación penal que se ha instaurado es de tramitación escrita. Todas las actuales competencias de la Sala Civil y Penal – jurado, arbitraje, procesos penales de aforados, etc.- recogen una regulación procedimental que exige desplazamiento de las partes y profesionales hasta la sede del TSJA y vistas orales obligatorias ante la Sala. Por el contrario, esto sólo ocurrirá excepcionalmente en la regulación procesal de la segunda instancia penal, conforme al artículo 846 ter, párrafo tercero, LECriminal, que remite a las normas del procedimiento abreviado, el cual tiene tramitación exclusivamente escrita, salvo los casos limitados de admisión de prueba que requieran celebración de vista. No sólo eso, sino que se han introducido modificaciones hacia un sistema de apelación más restrictivo, de forma que para las partes acusadoras únicamente cabe la nulidad de la sentencia y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida (art. 790.2.2).

En este contexto, tampoco es baladí recordar que las nuevas aplicaciones informáticas y el nivel que está alcanzando el desarrollo del expediente digital en la Comunidad Autónoma permite transferir electrónicamente los asuntos, lo que que no justifica en absoluto la decisión inmediata de duplicar sedes de apelación penal en otras ciudades, cuando todo el procedimiento se podrá remitir y consultar de manera telemática, al tiempo que no se exige desplazamiento de las partes ni de los Letrados ni Procuradores.

F) También debe recordarse la importancia de valorar la incidencia en la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya sede coincide con la de este TSJA, que se verá afectada claramente con una dispersión territorial de sedes para la segunda instancia penal, cuando, por el contrario, sus actuales recursos unificados (personales y materiales) están perfectamente preparados y diseñados para el conocimiento de estos recursos de apelación penal en la sede de la Sala Civil y Penal, junto al resto de actuales funciones de esta misma Sala.

La materialización del Acuerdo adoptado por al Sala de Gobierno, obligará, por tanto, a plantear de la misma forma la dispersión de la Fiscalía Superior, con el coste económico correspondiente.

G) No considero que pueda anteponerse a los razonamientos hasta ahora expuestos, “la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla” o “la propia existencia de otras salas del TSJ en las sedes de Málaga y de Sevilla”. En el primer caso, porque una expectativa, aunque sea legítima y, por tanto, respetable, no deja de ser eso, una expectativa, que además es de índole estrictamente personal y entiendo que una decisión de esta trascendencia sólo puede basarse en necesidades de buen gobierno y en aras a una mayor eficacia en la prestación del servicio. Además, la creación de esas expectativas necesariamente implica la frustración de otras.

Tampoco la existencia de Salas ya desplazadas en este TSJA es un argumento que pueda servir, a mi juicio, para sostener el Acuerdo adoptado, puesto que las circunstancias que ahora concurren en cuanto al volumen de asuntos a conocer en apelación en el orden penal, no resiste comparación alguna con la sobrecarga existente en el momento en que crean las Salas desplazadas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo. En esos casos, el volumen de asuntos sí aconsejaba la creación de sedes desplazadas y un número considerable mayor de magistrados, y así se hizo, mediante la oportuna previsión en la Ley de Planta y Demarcación judicial. Por otra parte, no es previsible que el registro en las Secciones de apelación llegue a ser equiparable al de las Salas desplazadas.

SEGUNDO.- En segundo lugar, el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno es contrario a las demandas organizativas que se vienen planteando desde los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial y a las propuestas que, de lege ferenda, vienen siendo objeto de debate en los últimos tiempos y que, en general, reclaman un cambio profundo en la organización judicial para optimizar nuestros recursos personales, con el consiguiente cambio de mentalidades, abriendo otras perspectivas de futuro. En esta línea, las palabras clave son concentración y colegiación, frente a dispersión e individualidad. Así, todas las novedosas propuestas organizativas buscan superar la actual atomización de la organización judicial, en aras a aprovechar los actuales recursos personales y las infraestructuras judiciales, pero con mayor eficiencia y eficacia.

Precisamente, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, en su reunión del año pasado, alcanzaron por unanimidad dos conclusiones en este sentido: a) “replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad en la que la proximidad física de los Juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterios fundamental de planificación”, b) “necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes”.

Y, en igual sentido y orientación, deben citarse las propuestas de las últimas Jornadas nacionales de Jueces Decanos: 1.d) “mapa judicial. Concentración territorial. Las dificultades derivadas de la distancia entre sedes judiciales hoy son muy diferentes de las existentes hace 200 años y ello requiere redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes. En suma, el concepto de “proximidad judicial” tiene ya poco que ver con la distancia física…”, 1.e) “Organización de los tribunales. Colegiación organizativa. Como medida complementaria de la anterior, es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países…”

Por tanto, la medida que estamos cuestionando -constitución inmediata de dos Secciones de apelación desplazadas en el ámbito del TSJA-, está en contradicción con el sentido de las reformas organizativas de nuestra justicia, a que aspiran la mayor parte de los colectivos jurídicos, y que confluyen en la necesaria concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, que permitirían incrementar nuestros niveles de eficacia y la mejor optimización de ciertos órganos.

TERCERO.- En resumen, entiendo, y así quiero manifestarlo en este Voto Particular, que el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación penal del TSJA que propone la Sala de Gobierno: a) responde a lógicas e intereses de carácter local o territorial, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos; b) constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales; c) supondrá un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales; y d) en todo caso, es una decisión precipitada, no necesaria en el momento actual.

Además, no parece conveniente por el momento la división territorial, ni distribuir de inmediato en varias sedes la competencia para conocer de recursos de apelación penal, porque ello genera un riesgo cierto de aparición de desequilibrios competenciales y situaciones disfuncionales en la organización y funcionamiento antes comentadas (por ejemplo, formar Sala, reuniones para unificación de criterios y coordinación prácticas procesales, sustitución entre magistrados titulares, regulación magistrados suplentes, abstención y recusación, etc.), sin olvidar la difícil determinación a priori de los concretos ámbitos territoriales competenciales, dentro de la actual circunscripción de la Sala Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia.

En definitiva, la medida más idónea y razonable con carácter inmediato sería la constitución de Secciones de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal de este TSJA, sin desplazamiento de su sede, fórmula que garantiza una mejor eficiencia y gestión de recursos en el comienzo de estas nuevas funciones de apelación, asegurando una unidad de criterio y seguridad jurídica, así como también un equilibrio competencial en la distribución de asuntos.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda valorarse de futuro la conveniencia de desplazar alguna o todas las secciones de apelación, siempre que ello se vislumbre como solución ante las circunstancias concurrentes o para la mejora de la administración de la justicia. Así, incluso, lo asume, con carácter general, el propio Real Decreto 229/2017, al establecer que, transcurridos dieciocho meses desde su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia efectuará un análisis de la evolución real de las cargas de trabajo y de las necesidades judiciales existentes a fin de valorar la necesidad de acordar, en su caso y previo cumplimiento de los trámites que procedan, la dotación de nuevas plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la creación de nuevas Secciones de Apelación Penal.

Particípese el presente Acuerdo, junto con el voto particular formulado, al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos procedentes”, concluye el dictamen de Lorenzo del Río.

La reelección del magistrado 123

Jorge Muñoz | 1 de noviembre de 2015 a las 6:00

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, atiende a los medios junto al presidente del TSJA, Lorenzo del R’o, antes de intervenir en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc’a (TSJA) para hacer balance de la gesti—n realizada por su departamento y avanzar los proyectos que se impulsar‡n en 2015.Lorenzo del Río se ganó su reelección al frente del TSJAcon la solución final dada al caso Alaya, al proponer al CGPJ la expulsión de esta magistrada de la investigación de las macrocausas por sus críticas y su “falta de voluntad” para colaborar con la nueva titular del juzgado. Lorenzo del Río ocupa el puesto 123 en el escalafón general de la carrera judicial –cerrado a 31 de enero de 2013– y que está integrada por 5.171 jueces. El magistrado, que ingresó en la judicatura en 1980, ha anunciado recientemente que aspirará al nuevo mandato en la presidencia del TSJA, a la que llegó en el año 2010 tras haber presidido durante doce años la Audiencia Provincial de Cádiz.
Su reelección está garantizada tras la gestión del caso Alaya, si bien es cierto que tradicionalmente en el Consejo General del Poder Judicial es una práctica casi automática una segunda renovación del mandato al frente de los tribunales superiores de Justicia. De hecho, la única excepción que se ha producido a esta norma no escrita en los últimos años se produjo con la que fuera presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, que únicamente estuvo un mandado al frente de este órgano, siendo sustituida por Miguel Ángel Gimeno, que ahora opta al segundo mandato. En el resto de los casos, siempre se ha impuesto la renovación de los presidentes.
En cualquier caso, Del Río facilitó a Carlos Lesmes la salida de Mercedes Alaya de las macrocausas, un asunto que, de haberse mantenido la postura inicial de dejar a esta juez con los ERE, podría haberle causado más de un quebradero de cabeza, porque la juez María Núñez Bolaños no estaba dispuesta a ceder ni un ápice en sus prerrogativas como titular del juzgado para asumir la dirección de la investigación de las macrocausas. Hay quien apunta incluso a que María Núñez Bolaños hubiese estado dispuesta, llegado el caso, a recurrir en la vía jurisdiccional una posible imposición de Alaya en alguna de las macrocausas.
Pero al final no hizo falta medidas tan drásticas. Después de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Consejo General del Poder Judicial marearan durante semanas la cuestión sobre la continuidad de Mercedes Alaya –que había pedido continuar la instrucción de todas las macrocausas sin tener en cuenta que la juez María Núñez Bolaños es la nueva responsable de estas investigaciones–, Lorenzo del Río logró convencer a la comisión de la Sala de Gobierno de la necesidad de pasar página y dejar fuera a Alaya. La salida de la juez no era fácil. La Comisión está integrada por siete magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que anteriormente ya se habían posicionado a favor de la anterior titular del juzgado, a la que confiaron la instrucción de los ERE y del delito societario de Mercasevilla antes de que María Núñez Bolaños decidiera dividir la macrocausa en tres grandes bloques de piezas separadas.
La ambición de Alaya por mantener a toda costa la instrucción de las tres macrocausas –además de los ERE siguen en investigación la causa abierta por las irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos y el sumario de los préstamos y avales de la agencia Idea– fueron determinantes para que el TSJA decidiera apartarla de estas investigaciones y revocara su acuerdo inicial. La Comisión del TSJApropuso la supresión de la comisión de servicio concedía en su momento a Alaya –que tenía incluso un despacho preparado para su llegada en la tercera planta del edificio del Prado– para evitar “un escenario en el que surjan situaciones de conflictos” entre Bolaños y Alaya, una vez que se constató que esta última, en el escrito que remitió al propio CGPJ criticando con dureza a la nueva titular, “ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”.
Lorenzo del Río fue tremendamente paciente con Alaya, incluso cuando ésta se quitó de encima a la juez de refuerzo Ana Rosa Curra –en un caso parecido a lo que le ha sucedido ahora a Alaya– y sobre todo cuando le prometió, en mayo de 2013 tras su baja por enfermedad, que cerraría una de las macrocausas antes de que acabara ese verano. Algo que, evidentemente, no se produjo, porque Alaya sólo ha cerrado tres causas en siete años y ha dejado abiertas otras tres macrocausas al marcharse voluntariamente a la Audiencia de Sevilla.

La soledad del presidente

Jorge Muñoz | 26 de septiembre de 2015 a las 6:00

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, atiende a los medios junto al presidente del TSJA, Lorenzo del R’o, antes de intervenir en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc’a (TSJA) para hacer balance de la gesti—n realizada por su departamento y avanzar los proyectos que se impulsar‡n en 2015.Lorenzo del Río está solo en el caso Alaya. El presidente del TSJA, que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, no ha logrado sacar a delante su planteamiento respecto a que la juez Mercedes Alaya no está en condiciones de “colaborar” con la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, después de las durísimas críticas que Alaya realizó sobre ésta, a la que reprochó su supuesta falta de preparación y la “estrecha amistad” con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, al que Alaya no dudó en calificar como un “notorio detractor” de su labor.
Del Río tiene en frente una Comisión de la Sala de Gobierno formada por seis magistrados que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –de carácter conservador y mayoritaria en la carrera– y quienes no están dispuestos a apartar por completo a Mercedes Alaya de las macrocausas, al menos de la investigación de los ERE.

Esta macrocausa, que aparecía aletargada en los últimos meses, ha recobrado esta semana toda su intensidad con la renuncia del ex diputado socialista José Antonio Viera a su acta, lo que implica que la causa que instruyó el Supremo y en la que están imputados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán volverá inexorablemente al juzgado de Sevilla. María Núñez o Mercedes Alaya, sea cual sea la decisión final que proponga el TSJAy santifique el CGPJ, tendrán que volver a citar a los ex presidentes, que harán el paseillo por el que han desfilado más de 200 imputados, entre ellos altos cargos, políticos y empresarios.
Del Río está acorralado ante una Sala partidaria de que Alaya siga–la consideran la más preparada para acabar los ERE– y su única salida puede ser, llegado el caso, emitir un voto particular. Pero ese voto no cambia, evidentemente, el dictamen de la Sala de Gobierno, que es lo que tiene que valorar el Consejo, que en este caso ha preferido que la papeleta se la resuelva el tribunal andaluz.