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Presupuestario o contable

Jorge Muñoz | 4 de marzo de 2018 a las 2:00

EL JUICIO DE LOS ERE SE REANUDA HOY CON EL INTERROGATORIO A MAGDALENA ÁLVAREZ

La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez alza las manos en una respuesta al fiscal Anticorrupción.

La partida presupuestaria 440; la 22E; la 31L –el fondo de reptiles del que ahora reniega Guerrero–; el decreto 9/99; las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1995; las transferencias de financiación; el encargo de ejecución; los pagos cruzados; el Control Financiero Permanente (CFP); los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (Paif); el expediente de fiscalización; la envolvente financiera; las miles de modificaciones presupuestarias acordadas en una década; y los informes de cumplimiento, cuentas y eficacia de la Intervención General de la Junta (IGJA). Este es el vocabulario más frecuente que está apareciendo cada día en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde se juzga a 22 ex altos cargos por la supuesta creación del sistema para la concesión de unas ayudas que, según las acusaciones, utilizaba un procedimiento inadecuado con el que se pretendía eludir los férreos controles de la Intervención.
Un juicio eminentemente técnico, demasiado, que cuesta trabajo seguir para los que, como le ocurre a este cronista, no son expertos en las materias presupuestaria y contable, sino que más bien sus conocimientos económicos se limitan a calcular más o menos si llegará a fin de mes sin tener que recurrir a usar las tarjetas de crédito, algo que no siempre se consigue.
La excesiva complejidad técnica, que se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de los ex altos cargos como la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, el secretario general de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa, pero sobre todo en el interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, cuya declaración ha sido la más farragosa de los ocho ex altos cargos de la Junta que han rendido testimonio hasta ahora ante el tribunal.
Para que vean el nivel del juicio, más propio de un curso universitario de postgrado, vean algunas de las preguntas que esta semana le hizo el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra durante su interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano: “Cuando preparaban la documentación de los presupuestos, quedamos ayer que la tarea de la Dirección de Presupuestos era aglutinar la información remitida desde otras consejerías, ¿en esa información (anexo VIII, presupuesto 2003, avance liquidación 2002, primera carpeta de archivo, página 306 pdf), se ve el crédito inicial, la adición de modificaciones y el saldo del crédito autorizado?”, preguntó el fiscal con naturalidad.
O esta otra, también al mismo acusado: “¿Recuerda con qué frecuencia se requería memoria complementaria en relación con la propuesta que realizaban los centros directivos sobre las modificaciones presupuestarias?”. Y para completar el enredo, el fiscal pregunta en otro momento lo siguiente: “¿Es un tema presupuestario o es un tema contable?”.
Hay momentos en que parece que sólo el fiscal y el interrogado saben de qué hablan. Muchos de los asistentes, sobre todo en la bancada de las defensas, no salen de todavía de su asombro ante el interrogatorio del fiscal. Si estamos hablando de temas presupuestarios, contables, económicos, ¿dónde está la materia penal, delictiva?, se preguntaba no sin parte de razón uno de los defensores. Horas y horas de interrogatorios –algunos de los ex altos cargos han estado hasta más de cuatro horas respondiendo a preguntas de este tipo– sin que haya quedado claro aparentemente el reproche penal a los acusados.
A la vista del curso de los interrogatorios de los fiscales, muchas defensas consideran que la materia que se está enjuiciando se enmarca más en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo que en la jurisdicción penal.
El principal reproche de la Fiscalía está en que “no pusieran freno” al uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, que a su juicio impedía la labor de fiscalización de la Intervención, algo que han rechazado los acusados, como por ejemplo Magdalena Álvarez, que defendió que había una doble fiscalización de las ayudas: la previa cuando llegaban los recursos al IFA y luego el Control Financiero Permanente.
Las sesiones de la vista oral resultan por momentos tediosas, en especial las de la tarde, y tantas horas de interrogatorio a este nivel tan técnico han hecho que muchos de los asistentes al juicio –y no me refiero sólo a los propios acusados, a los periodistas o al escaso público que sigue las sesiones dentro de la misma sala, sino también a los que están en el estrado– acaben whasappeando con sus teléfonos móviles– mientras el fiscal y el acusado de turno se enfrascan en nuevos debates técnicos.

VISTO PARA SENTENCIA

Juicios para 2021 en los juzgados de lo Social 

*El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla va camino de entrar en el Guiness de los récords. Esto es lo que puede decirse si observan la imagen que se adjunta y que está extraída de una citación para un juicio relacionada con una reclamación de cantidad a la Seguridad Social planteada por un trabajador, uno de los muchos litigios laborales que resuelven los juzgados de lo Social. Pues el demandante se habrá quedado a cuadros cuando su abogado le ha informado de la fecha del juicio: “10 de marzo de 2021 a las 10:15 horas”.

juiciosocial

La fecha no es ninguna broma, la vista oral ha sido fijada nada más y nada menos que para dentro de tres años. Y lo lamentable es que esta situación, fijar señalamientos a más de tres años vista, también se está produciendo en otros juzgados de lo Social, aunque en otros tantos es verdad que el retraso es menor. En cualquier caso, el colapso de esta jurisdicción se está convirtiendo en un verdadero problema para los ciudadanos que acuden a los tribunales para reclamar un despido, impugnar un grado de incapacidad o una reclamación de cantidad.

Aunque los juicios por despido tienen una tramitación preferente, en muchos casos se están celebrando con un retraso de un año. Dicen algunos abogados que este importante retraso sólo se produce en Sevilla y que en otras provincias, como Córdoba, le demora es mucho menor.