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Defensas al contraataque

Jorge Muñoz | 20 de marzo de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, que fue secretario para la Justicia entre 2008 y 2014.

Varias defensas pasan al contraataque en la recusación planteada contra el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo. Los abogados de varios ex altos cargos de la Junta han presentado sendos escritos en los que se oponen al incidente de recusación planteado por las acusaciones populares que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, al considerar que no concurre ni razones de amistad ni de interés directo o indirecto en el asunto.
La sorpresa en torno a la recusación puede venir de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que se va a pronunciar de manera inminente. En Sevilla, sin contar con la recusación de un magistrado del caso Betis, no se producía un incidente de tal nivel desde el año 2010, cuando una defensa recusó a la juez Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla, por el hecho de que su marido había sido en el pasado auditor de cuentas del mercado mayorista. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente se pronunció en contra de la recusación de Alaya al no apreciar motivos, en un cambio radical en cuestión de días, acabó por apoyar que la juez fuese apartada del procedimiento, pero la Audiencia de Sevilla lo rechazó de forma tajante.
Ala espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie, las defensas de varios ex altos cargos de la Junta, como el ex interventor general Manuel Gómez –también se han pronunciado el abogado de un ex consejero procesado–, han presentado escritos impugnando la recusación y, en consecuencia, apoyando que Pedro Izquierdo siga adelante.
Las defensas consideran que no hay causa legal para que el magistrado no forme parte del tribunal, pese a que durante ocho años (entre 2008 y 2014) ocupó el cargo de secretario general para la Justicia y, por tanto, coincidió con los dos ex presidentes imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas. No hay causa legal, pero sí la pérdida de la apariencia de imparcialidad, tal y como comenté recientemente en este mismo blog.
En el escrito presentado por la defensa del ex interventor general de la Junta y también del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, se recuerda que Manos Limpias alegó las “dudas” que podía generar a un ciudadano medio la posible relación de amistad del magistrado o el interés que éste pudiera tener en el procedimiento.
Pero esas dudas o sospechas sobre la imparcialidad, prosigue, “no basta con que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita en su escrito.
Así, esta defensa rechaza que existan indicios de afinidad, sintonía política, compañerismo o amista que pudieran comprometer al juez en su función de juzgar, por cuanto “nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen”.
En cuanto al interés directo, sostienen que la única relación del magistrado está en que algunos de los acusados fueron miembros del Consejo de Gobierno que aprobó su nombramiento, pero esto “no es suficiente para que prospere la pretensión”. La defensa concluye que “ni se acredita la pretendida relación de amistad, ni tampoco se acredita le existencia de un interés directo o indirecto”.

Chaves y Griñán, nuevo ‘paseíllo’

Jorge Muñoz | 13 de marzo de 2016 a las 7:00

chaves-griñánDeclaren o no declaren no evitarán el nuevo paseíllo. Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán están convocados este miércoles a prestar declaración, en calidad de investigados, por el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE. Lo más probable es que tanto los ex presidentes, como los otros ex aforados que han sido citados a declarar por el instructor, se limiten a ratificar las declaraciones que prestaron con anterioridad, ya sea ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Algunos de estos investigados vip, como el propio Griñán, se habían opuesto a declarar antes de ser llamados de nuevo a declarar por el caso de los ERE. De hecho, el abogado José María Mohedano aseguró en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que esta nueva citación “sólo garantiza el paseíllo”. Y no le falta parte de razón al letrado, porque Griñán ya declaró por espacio de unas cuatro horas ante el instructor del Tribunal Supremo y lo hizo delante de dos fiscales del Alto Tribunal a los que contestó a 119 preguntas, según el recuento realizado por Mohedano.
El juez Álvaro Martín argumenta que deben comparecer para garantizar el derecho de defensa de los investigados y el principio de igualdad de las partes en el proceso, pero para la defensa de Griñán, su derecho a ser oído por el juez natural quedó “más que suficientemente colmado” con esa declaración ante el Tribunal Supremo.
Y sobre la igualdad de partes, el abogado del ex presidente recuerda que en el Supremo ya estaban presentes las acusaciones de Manos Limpias y el PP –no así el resto de las defensas–, a las que Griñán no accedió a responder a sus preguntas, ni tampoco lo va a hacer ahora porque “no va a cambiar esta línea de actuación que mantuvo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
Mohedano concluye que, en realidad, a lo único que va a conducir esta nueva citación es a un “nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el famoso paseíllo en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme” a su representado y a otros investigados antes de la celebración del juicio oral, sostiene el letrado. Mohedano cita un ejemplo:A Griñán “nunca se le notificó un auto de preimputación que dictó la juez Mercedes Alaya antes de enviar la exposición razonada al Tribunal Supremo; pero este auto fue divulgado inmediatamente con grandes titulares por todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales, dando lugar a que se abrieran informativos de televisión y a que se realizaran programas de debate público en radios y televisiones”. Y esto, concluye el letrado, “no debe volver a suceder”, porque con la citación sólo se garantiza ese nuevo paseíllo.
La tesis del letrado tiene sentido como argumentario jurídico, pero Mohedano olvida que el paseíllo mediático de los imputados ante los tribunales está avalado por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de acuerdo con el protocolo de comunicación de la Justicia de 2015, un texto que fue presentado por el presidente del Supremo y del máximo órgano de gobierno de los jueces en la Comisión Permanente del 16 de julio de 2015 y en el Pleno del 22 de julio de ese mismo año.
Este manual, que regula el trabajo de los medios audiovisuales en el ámbito de los tribunales españoles, señala expresamente que “los medios de comunicación deben poder tener acceso a la imagen que se produce en el exterior de los juzgados, ya sea de imputados o de testigos, con los límites que establece la ley”. Por ello, continúa el protocolo, se debe facilitar el trabajo de los medios de comunicación audiovisuales “en los exteriores”, teniendo como prioridad la “garantía del funcionamiento de la Administración de Justicia y sin perturbar la normal actividad en las dependencias judiciales”.
El protocolo fija incluso que debe establecerse un “perímetro lógico donde puedan estar los periodistas para tomar imágenes sin dificultad ni obstáculos intermedios que impidan su grabación” y, además, se deberá facilitar un espacio “donde se puedan grabar declaraciones de cualquiera de las partes y delimitar un lugar donde los periodistas puedan realizar sus crónicas en directo”.
En la práctica, este protocolo suele traducirse en la colocación de vallas a las puertas de los juzgados, que guían el camino que deben realizar los llamados a efectuar el paseíllo. De hecho, para la declaración de los ex presidente de la Junta del próximo miércoles se está barajando la posibilidad de colocar estas vallas, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que ha declarado en el caso de los ERE un ex alto cargo relevante de la Junta, o como en su día se hizo durante la celebración del juicio por el asesinato de Marta del Castillo, en el que se fijó un perímetro en torno al edificio de la Audiencia de Sevilla, donde tuvo lugar la vista oral.
El paseíllo que realizarán Chaves y Griñán y los otros ex aforados que también han sido imputados en la pieza del procedimiento específico no será el último. Todavía tendrán que someterse a los que llegarán con motivo del juicio por esta pieza separada, que evidentemente por el número elevado de imputados –hay 51 personas citadas como investigadas– y la trascendencia de los hechos, se prolongará en principio durante numerosas sesiones. Pero para el juicio todavía quedan bastantes meses, dado que en principio no podría celebrarse antes de finales de este año o principios de 2017, si bien el magistrado Álvaro Martín tiene previsto enviar a la Audiencia esta pieza en el mes de junio, una vez que finalice esta ronda de declaraciones y la de otros imputados que han mostrado su intención de declarar después de haberse acogido a su derecho constitucional a no hacerlo cuando fueron citados en su día por la juez Mercedes Alaya. Es curioso que de la ley del silencio que impuso Alaya, ante la que nadie quería declarar al haberse corrido la voz sobre la vehemencia de sus interrogatorios, se ha pasado a una etapa en la que todos quieren comparecer voluntariamente.

La primera carta de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de febrero de 2016 a las 6:00

PERITOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS CONFIRMAN ANOMALÍAS EN LAS AYUDAS DE LOS ERELo ha dicho muy claro, aunque sus palabras no aparecieran recogidas en el resumen oficial del auto que difundió a la prensa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La lectura profunda de la resolución dictada esta semana por la juez María Núñez Bolaños no deja lugar a duda alguna. La conclusión que puede extraerse es que la instructora entiende que la absolución de los imputados en la pieza principal de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.
¿El planteamiento de Bolaños es descabellado? Evidentemente no lo es. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio.
Bolaños no es la única que plantea esta cuestión. Basta recordar lo que dijo el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Merces Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.
Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.
Es la misma línea que marcó el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el sospechoso habitual de los ERE (ha declarado ya en el juzgado en seis ocasiones), cuando declaró ante el Tribunal Supremo, donde minimizó el posible fraude. Fernández afirmó que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.
Bolaños ha puesto ahora la atención sobre los juicios del procedimiento específico y las sobrecomisiones, que marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Lo que no tiene mucho sentido es que haya que esperar a que se dicten las sentencias en esas piezas para continuar con el enjuiciamiento del resto de las piezas.
Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, la house of cars (para los que le guste la serie de televisión), ese castillo de naipes que constituye el macroproceso de los ERE, podría acabar desplomándose a las primeras de cambio según el resultado de la sentencia. Y si eso ocurriera y tuviera las consecuencias que Bolaños plantea para el resto de las ayudas en ese supuesto, la cuestión es cómo se podrá explicar a la sociedad lo que ha ocurrido durante tantos años de instrucción…

VISTO PARA SENTENCIA

Confusiones por la nueva nomenclatura
*La reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que ha sustituido algunos vocablos de la nomenclatura legal ya está provocando las primeras confusiones. Recuerden que ahora los imputados se llaman investigados y los secretarios judiciales letrados de la Administración de Justicia. Les voy a contar una anécdota que ocurrió recientemente y que refleja perfectamente cómo los cambios en materia de Justicia tardan un tiempo en asimilarse. Un preso telefoneó indignado a su abogada defensora, El diálogo que se produjo entre ambos fue el siguiente:
–Hola. ¿Por qué has renunciado a mi defensa? –pregunta el preso.
–¿Qué estás diciendo? Yo sigo siendo tu letrada… –responde sorprendida la abogada.
–Que sí, no me cuentes historias… Que me ha llegado una carta del turno de oficio designando a la “letrada de la administración de Justicia” y yo quiero que tu sigas defendiéndome, que para eso te pago. –añadió el interno.
Menudo jaleo tuvo la abogada para explicarle que, mientras estaba a la sombra, el Gobierno había decicido cambiar el cargo de los antiguos secretarios judiciales.
De las confusiones a las erratas graciosas
*Errare humanum est. Un reciente escrito del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre los EREordenaba dar traslado de la causa al también investigado “ManuelChavez González”(sic). Chavez con zeta y sin tilde, como el que fuera presidente venezolano. Pero lo curioso es que el presidente de la Junta lo lleva claro, por lo menos en lo que se refiere a que escriban bien su apellido, porque la exposición razonada que la juez Mercedes Alaya remitió al Tribunal Supremo en agosto de 2014 no paraba de citarle, incluso desde el primer folio, como “Manuel Chávez González”. Por cierto que no es la única errata que aparece en esa diligencia del juzgado, puesto que la misma también da traslado de la actuaciones a ”José Antonio Viera Aguayo”, una mezcla de apellidos de los ex consejeros José Antonio Viera Chacón y Carmen Martínez Aguayo. Lo dicho, errar es humano.
La procesión de la vágina de plástico
*La Justicia se ve en muchas ocasiones desbordada por la excesiva litigiosidad. Asistimos a la judicialización de muchos ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día se denuncia todo, desde la pelea con la vecina por el tendedero hasta las situaciones más insólitas o inverosímiles. El aumento de las denuncias y demandas se debe en muchas ocasiones a asuntos que no deberían llegar a la mesa de un juez. Esta semana, la juez de Instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha tomado declaración como “investigadas” por un delito contra los sentimientos religiosos a tres mujeres que portaban en procesión una vagina de plástico en la manifestación del primero de Mayo de 2014. Las tres imputadas han negado que tuvieran una “voluntad de mofa”. La historia no deja de ser anecdótica, pero denuncias de este tipo hacen que los jueces tengan que emplear un tiempo y un esfuerzo que podrían emplear a otros asuntos de verdadera trascendencia.