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Sevilla: objetivo 2020

Jorge Muñoz | 8 de octubre de 2017 a las 2:00

La reproducción de la citación para un juicio el "10 de marzo de 2020 a las 09.30 horas"

La reproducción de la citación para un juicio el “10 de marzo de 2020 a las 09.30 horas”.

No piensen por el título que encabeza este artículo que voy a comentarles algo relacionado con las próximas olimpiadas de Tokio (Japón) previstas para el 2020. Para esa cita olímpica quedan ahora mismo casi tres años, dado que arrancarán el 24 de julio. Les propongo que se fijen en otra fecha, la que aparece en la imagen que aparece junto a estas líneas. Sí, como pueden comprobar, se trata del señalamiento de un juicio laboral por uno de los juzgados de lo Social de Sevilla. Y no hace falta que se pongan las gafas de cerca para verlo, lo que han leído es correcto: la fecha fijada para el juicio es el día “10 de marzo de 2020 a las 09:30 horas”. Y lo gracioso, aunque la cosa sea en realidad para llorar, es que antes de la fecha la citación dice que se señala “el próximo día”. El adjetivo “próximo” en realidad no debería ir acompañado nunca del año 2020, sobre todo porque para que se celebre este juicio quedan nada menos que dos años y cinco meses.
Y hablando del léxico judicial, a la Justicia le gusta rodearse de términos que expresan la celeridad que debería caracterizar su actuación y que quizás tratan de enmascarar su lamentable lentitud. Los juicios rápidos, los juicios inmediatos, el divorcio exprés, las diligencias urgentes, son algunos ejemplos de la paradójica terminología.
Pero la demora de los juzgados de lo Social es un verdadero problema para miles de ciudadanos que acuden a la Justicia para reclamar un despido, la impugnación de un grado de incapacidad o la reclamación de cantidades a la Seguridad Social.
La abogada laboralista Laura Montes conoce bien el retraso de los señalamientos de estos juzgados. “¿Cómo le explicas a un cliente que el juicio se ha señalado para el año 2020?”, se pregunta. “Cuando le dices que el juicio se ha fijado para 2020 hay gente incrédula, pero al final acaban aceptándolo con resignación”, añade la letrada, que tiene claro que el motivo del atasco es que “no hay suficientes juzgados de lo Social en Sevilla”. Aunque las demandas por despido y otras tienen una tramitación preferente –como por ejemplo los pleitos sobre derechos sindicales–, lo normal es que la vista oral no pueda fijarse antes de cinco, diez meses o incluso un año. Laura Montes pone como ejemplo que el juicio por una demanda por despido presentada en enero de este año se celebrará en 2018, un año después.
Y el retraso aumenta cuando se trata del resto de asuntos, que no tienen esa preferencia, pero que no dejan de resultar importantes para los ciudadanos, como por ejemplo cuando se reclama una modificación de la declaración de una incapacidad permanente total, que supondría una pensión mayor para el ciudadano en caso de prosperar.
El señalamiento de juicios para 2020 –o a casi tres años vista– es algo que comienza a ser frecuente en los últimos años en los juzgados de Sevilla, a pesar de los infructuosos planes de refuerzo que ha ido estableciendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según los jueces de lo Social, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz debería ampliar los refuerzos, sobre todo después de que desde el pasado 1 de septiembre, la jurisdicción de lo Social de Sevilla haya perdido a una magistrada de refuerzo que solicitó destino en la Audiencia Provincial, donde refuerza las secciones de lo Penal con motivo del aluvión de juicios derivados de las macrocausas como los ERE o Invercaria.
La salida de esta magistrada llevó a la junta de jueces a plantarse, a suspender todos los juicios que debía celebrar esta juez. Sin embargo, la Sala de Gobierno del TSJA rechazó el acuerdo de los jueces de Sevilla y ordenó que los señalamientos de esta magistrada fuesen asumidos por todos los titulares de los 11 juzgados de lo Social que hay en Sevilla, así como por los tres Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que siguen realizando funciones de refuerzo de estos órganos.
La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz recordó al rechazar que se suspendan los juicios que la reducción de una plaza de los cuatro jueces de refuerzo que había hasta septiembre no obedece a una decisión unilateral alguna del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, sino que es fruto de la petición del traslado y resolución del “concursillo” entre los JAT destinados en este Alto Tribunal.
La Sala añadió que, aunque es “plenamente consciente” de la sobrecarga de trabajo que hay en la jurisdicción Social, no puede acogerse una “suspensión general e indiscriminada de los señalamientos” asignados a la juez que ha concursado a la Audiencia, y emplazaba la solución a finales de este año, cuando podría cubrirse de nuevo la plaza de la cuarta JAT, puesto que al tratarse de un refuerzo no es posible la sustitución, argumentó la Sala en su día.
Tenga o no culpa el TSJA de lo ocurrido con el refuerzo, lo cierto es que la situación de esta jurisdicción no aguantar mucho más. La Consejería de Justicia e Interior también debería interesarse por un asunto que afecta a miles de ciudadanos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Medallas policiales en la Justicia
*La Policía Nacional otorgó esta semana, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, las medallas al mérito policial con distintivo blanco, algunas de las cuales han recaído en personas vinculadas al mundo de la Justicia. Así, la Policía distinguió al letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia de Sevilla, Luis Revilla, a la fiscal Natividad Plasencia, y a la directora del Instituto de Medicina Legal (IML), Rocío Marín, quienes aparecen en esta fotografía junto a otros condecorados, en el transcurso del acto celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Enhorabuena a todos por una distinción más que merecida.

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El archivo de la denuncia contra Carretero

*La Fiscalía está estudiando actualmente el auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que ha archivado la denuncia presentada contra el jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, por las supuestas irregularidades en el montaje de la Feria de Abril. A tenor de la contundencia del acto, que no deja el más mínimo resquicio de indicios contra Carretero, todo apunta a que el departamento que dirige María José Segarra no recurrirá el archivo. El caso se desinfló cuando declaró el principal testigo de cargo, el denunciante.

¿Por qué sigue la Policía sin informar al juez sobre el test de la verdad a Carcaño?

Jorge Muñoz | 18 de febrero de 2014 a las 17:48

Una pregunta que sigue sin respuesta casi un mes después. La Policía sigue sin realizar ninguna petición formal al juez del caso Marta del Castillo para que el asesino confeso Miguel Carcaño se someta a la prueba del test neurológico conocido como el test de la verdad, en el que los investigadores parece que han puesto ahora todas sus expectativas para encontrar el cuerpo de la joven desaparecida desde hace cinco años.

Hace ya casi un mes desde que la Policía hizo público que pretendía hacer esta prueba a Miguel Carcaño, algo que trascendió el 26 de enero, y desde entonces no se ha efectuado ninguna petición formal al juez, aunque es cierto que se ha producido un contacto telefónico. En cualquier caso, el magistrado ha tenido que desmentir ya hasta en dos ocasiones -envió un comunicado en el que en mayúsculas aseguraba que “NO” tenía noticias de la Policía- que haya recibido una petición en este sentido, siquiera para excarcelar al condenado, que cumple condena ahora en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Desconozco qué esperan lograr ahora los agentes con esta nueva prueba y qué efectividad práctica puede tener a la hora de recuperar el cuerpo de Marta. Si el test dice que Carcaño está diciendo la verdad respecto a que enterraron el cuerpo en la finca Majaloba, esto no se traducirá en un inmediato hallazgo de los restos, porque el joven sigue sin precisar a los investigadores el lugar exacto dónde enterraron el cuerpo.

Miguel Carcaño sí que ha aceptado ya someterse de forma voluntaria a esta prueba, que se realizará en el hospital Miguel Servet de Zaragoza por el neurofisiólogo José Ramón Valdizán, quien ya practicó el mismo análisis a un sospechoso del asesinato de su esposa.

El comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, José Martínez de Mandojana, como responsable final de la investigación, debería cuidar más las relaciones con el instructor del caso, porque no es de recibo -y ya ha ocurrido varias veces- que el magistrado se entere por la prensa de las actuaciones policiales, como sucedió con los trabajos negativos de la búsqueda en Majaloba.

Como he dicho en alguna ocasión anterior, después del tiempo transcurrido, todo indica que la Policía ha perdido el Norte en la investigación del caso Marta, por lo que se hace necesario un  nuevo enfoque que cada vez más requiere un cambio en las personas que durante estos años han dirigido y/o participado en la investigación. Desde luego, no sería ningún despropósito ceder el testigo a otros policías que, desde una posición más alejada, puedan aportar nuevas ideas a la investigación.

La obstinación de la Policía en creer la última versión de Miguel Carcaño, en la que éste culpa a su hermano del crimen y mantiene que la enterraron en la finca Majaloba de La Rinconada, ha perjudicado las relaciones entre los investigadores y el juez instructor, Francisco de Asís Molina, quien desde un principio no dio ninguna credibilidad al último testimonio de Carcaño.

El desencuentro entre la Policía y el magistrado llegó a tal extremo que éste último se enteró por la prensa del resultado negativo de la búsqueda en Majaloba, sin que hasta ese momento los responsables de la investigación le hubiesen informado sobre el estado de ese rastreo. El juez llamó al orden a la Policía y le recordó la obligación que tienen los agentes de informarle sobre el resultado de las pesquisas. ¿Se repetirá la historia ahora con la prueba neurológica? ¿Hasta cuándo aguantará el magistrado sin tomar decisiones contundentes?

Tres años de espera para declarar ante la incansable

Jorge Muñoz | 29 de enero de 2014 a las 7:00

JUEZA ALAYANo sé  cómo se habrá tomado el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas el anuncio, realizado por la juez Alaya, la incansable, de que por fin va a tomarle declaración tras su imputación en el escándalo de los ERE, algo que tuvo lugar al inicio de la investigación de esta macrocausa, en enero de 2011.

Supongo que, al margen de que a nadie le agrade prestar declaración ante un juez y mucho menos como imputado, Rivas se habrá sentido hoy algo más aliviado. Por lo menos, tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones que pesan sobre él desde que Alaya le situó al mismo nivel que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guerrero, con quien le imputó.

Una declaración que se produce con tres años de retraso supone una dilación inaudita en un procedimiento de este calado, por muy complejo y voluminoso que sea, algo que la propia Fiscalía Anticorrupción se ha apresurado a denunciar en varias ocasiones, en las que ha urgido a la juez Alaya a que tome declaración a estas personas que llevan hasta tres años esperando la citación a declarar después de haber sido señalados públicamente, con el estigma que supone estar imputado por Alaya, que no es moco de pavo. Porque hoy en día Alaya es sinónimo de la lucha anticorrupción y todo el que aparece imputado -y ya van más de 141 personas- queda sin duda marcado.antonio rivas

Rivas podría ahora acogerse a su derecho constitucional a no declarar, algo que no debería sorprender tampoco a nadie, porque es su derecho y porque sería como una forma de protestar ante tan enorme dilación en el procedimiento.

Otra cosa es que el ex delegado de Empleo quiera refutar a la instructora los hechos supuestamente delictivos que le imputa por su intervención directa, como autoridad laboral, en los dos ERE realizados en el plazo de cuatro años en la empresa pública Mercasevilla (2003 y 2007) y que según Alaya se hicieron por los mismos motivos: la sobredimensión de la plantilla y el intento de rejuvenecerla.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, dijo ayer que “no es normal” que haya un retraso de este calibre en la toma de declaración de los imputados, y se remitió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 400 establece que el procesado podrá declarar “cuantas veces quisiere y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa”. Lo que se dice “inmediatamente” no parece que sea citar a un imputado tres años después de llamarle al proceso.

El consejero de Justicia no es el único en criticar la demora de la instrucción de los ERE. Lo hizo hace unos meses el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien consideró que no era aceptable ni normal un retraso de tres años.

Y es que no es la primera vez que Alaya acumula un retraso de tres años en la toma de declaración de los imputados, también le ocurrió hace unos meses con el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, citado a declarar tres años y medio después, en la causa por el delito societario que se le atribuye en relación con la gestión al frente del mercado mayorista.

El retraso de Alaya se está convirtiendo cada vez más en habitual, tanto como sus demoras a la hora de comenzar las declaraciones el día en que son citados a declarar los imputados, lo que ha hecho que algunos letrados no se presenten a la hora fijada para el inicio de las comparecencias, sino que lo hagan con unos minutos de retraso sobre la hora programada.  Muchos de estos letrados critican abiertamente, aunque no públicamente, los retrasos de la instructora, que consideran una falta de respeto no sólo hacia los abogados sino a los propios encausados… Pero nadie hace nada por evitarlo.

A Alaya se le acumula el trabajo

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2013 a las 8:11

Hace unos días contaba en estas mismas páginas que Alaya se había marchado de vacaciones dejando sin citar a 50 de los 93 imputados que hay en la causa de los ERE fraudulentos. La situación es más grave, por cuanto la instructora ha dictado un nuevo auto -el pasado 31 de julio, el último día antes de marchar de vacaciones- en el que ha decidido imputar en el proceso a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.

De esta forma, la situación queda como sigue: después de dos años y medio de instrucción hay 116 imputados en la causa de los ERE, pero Alaya sólo ha tomado declaración a 43, con lo que le queda por hacerlo a otros 73. Una cifra que muestra la gravedad del retraso en la toma de estas declaraciones. En otras ocasiones he comentado los riesgos que algunos apuntan a que se se produzcan prescripciones o a que haya que aplicar finalmente circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas por el retraso considerable en la instrucción.

Al final todas estas cuestiones pueden ensombrecer el magnífico trabajo que la magistrada está haciendo para esclarecer el mayor escándalo de corrupción que se ha destapado en Andalucía desde la democracia. Esperemos que, a su regreso de las merecidas vacaciones, la juez fije un auténtico calendario para la toma de declaraciones y decida sobre qué hacer con los posibles aforados que puedan ser imputados en el procedimiento. Y si el caso tiene que ser elevado al TSJA o al Tribunal Supremo, pues que así sea…

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