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Inspecciones nocturnas

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2018 a las 2:00

PASEO COLÓN

¿Es Sevilla una ciudad silenciosa por las noches? Para el Ayuntamiento puede que sí, porque de hecho los inspectores municipales no realizan nunca una inspección de veladores o locales de copas por las noches. Pero la situación puede cambiar, al menos a golpe de tribunales. Un juez de Sevilla ha ordenado por primera vez al Ayuntamiento que realice una medición de ruidos en horario nocturno, después de que el Consistorio presentara un informe con unos datos recabados en horario de mañana, entre las ocho y media y las diez y media.
En este caso, se trata de un litigio que se remonta al año 2011 y que versa sobre el ruido que emiten unos aparatos de aire acondicionado de un edificio con funcionamiento las 24 horas del día, con el consiguiente perjuicio para el descanso de los ciudadanos. El juez condenó al Ayuntamiento a que comprobara si los ruidos que emiten las máquinas de climatización sobrepasaban o no los límites permitidos.
Tras solicitar la ejecución de la sentencia, el Consistorio presentó en agosto de 2017 un informe sobre la medición acústica y las medidas correctoras adoptadas por la empresa a la que pertenecen las máquinas.

El informe del Ayuntamiento tras las mediciones realizadas en horario diurno concluyeron que el nivel de ruido de las máquinas apenas incrementa los valores de ruido de fondo, siendo la diferencias inferior a tres decibelios, por lo que no podía determinarse con exactitud, y añadía que atendiendo a los resultados puede considerarse que las fuentes sonoras en funcionamiento en horario diurno “no inciden en un incremento de los valores de ruido ambiente”.
En el auto dictado ahora, el juez destaca que la Administración no ha justificado por qué, en aplicación de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, “no repitió las mediciones en otro momento en que el ruido de fondo podría ser más bajo”, dado que las efectuadas se hicieron un día laborable y en la franja horaria mencionada.
“Lo cierto es que no se logra entender el motivo por el que la Administración no accede a realizar las mediciones en horario nocturno, tal y como demanda la parte actora”, precisa el auto dictado recientemente por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, que recuerda que las denuncias de los vecinos insisten en la necesidad de comprobar el nivel de ruidos en el horario en el que los focos de contaminación acústica están en funcionario y en el periodo “indudablemente más desfavorable, si se considera desde el punto de vista del bien jurídico protegido, y por tanto, de protección del descanso y la salud del ciudadano”. Dice el juez que si como sostiene la Administración se trata de un supuesto de “inspecciones acústicas municipales disciplinarias, no cabe duda de que se ha de tener en cuenta lo interesado de forma constante por el denunciante, para que las comprobaciones se efectúen en horario que considera más desfavorable, que es el nocturno”.
En la parte dispositiva de la resolución, el juez declara “insuficiente” la comprobación de la contaminación acústica efectuada por el Ayuntamiento e insta a la Administración a que en el plazo de “tres meses” realice la medición de los ruidos procedentes de las máquinas de aire acondicionado con funcionamiento las 24 horas “durante el periodo nocturno”, atendiendo de esta forma la petición de los vecinos afectados en relación con las “condiciones más desfavorables para la prueba, según la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones. El auto puede considerarse un aviso a navegantes para la Administración local, que tampoco controla el ruido nocturno de bares y veladores.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La “caza” al abogado de Manos Limpias

El expresidente de la Junta de Andalucia Jose Antonio Gri?an

El abogado del sindicato Manos Limpias en el juicio de los ERE, Rafael Prieto Tenor.

 

*La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la que enjuicia el caso del “procedimiento específico” de los ERE, ha pedido esta semana a las partes que se pronuncien sobre una serie de llamadas recibidas por el secretario del tribunal en las que un antiguo funcionario del ayuntamiento de Madrid aseguraba que los poderes presentados en su día por el coordinador general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, eran “totalmente falsos”, porque “jamás” se habían producido juntas ni nombramientos ni asambleas. Lo curioso del caso es que estas llamadas se remontan al 11 de diciembre de 2017, es decir, han pasado más de dos meses sin que se haya comunicado las mismas a las partes.

Y lo que todavía resulta más llamativo es que se trasladen a las partes la misma semana en la que el abogado del sindicato, Rafael Prieto Tenor, que ejerce la acusación popular, se posicionó a favor de las defensas de los 22 ex altos cargos –y no es la primera vez que lo hace en las 12 sesiones del juicio celebradas hasta ahora– para pedirle al tribunal que enviase al médico forense al domicilio del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo antes de decidir si este acusados estaba en condiciones o no de comparecer en el juicio, algo a lo que finalmente accedió el tribunal y provocó la suspensión del juicio hasta mañana.

Es cierto que el sindicato Manos Limpias está totalmente desacreditado tras el escándalo de las extorsiones vinculado con Ausbanc, pero también lo es que el abogado Rafael Prieto ha mantenido en su actuación en el juicio una conducta totalmente profesional y rigurosa, hasta el punto de que no ha dudado en mostrar su apoyo a las defensas cuando entendía que debía hacerlo, a pesar de que su papel teórico es el de acusación popular. El letrado, que gracias a un préstamo personal costea su asistencia al juicio –no recibe honorarios y ha renunciado a las posibles costas del juicio–, ha defendido que asumió la defensa del sindicato con la esperanza de que “podía ser útil para la sociedad, guiándose dentro de sus convicciones, por las decisiones más acordes al Evangelio”. Habrá que cómo termina la “caza” a este letrado.

Los panes de la discordia

Jorge Muñoz | 11 de septiembre de 2016 a las 6:00

PANADEROS RUIDOSOS A LA CARCEL.jpg

Hasta ahora habíamos visto juicios y condenas por ruidos relacionados con actividades lúdicas, como las procedentes de las discotecas o de las botellonas, o por las molestias causadas por maquinaria de aires acondicionados. La Fiscalía de Medio Ambiente acaba de dar un paso más (pan para todos), al sentar por primera vez en el banquillo de los acusados a dos panaderos, que se enfrentan a sendas peticiones de 18 y 30 meses de cárcel, por las molestias causadas a los vecinos por el constante ruido y vibraciones provocados por las máquinas con la que se elabora el pan y que, según el Ministerio Público, afectó “gravemente” al descanso nocturno de estas personas, algunas de las cuales sufrieron trastornos de ansiedad e insomnio tras haber soportado durante años esta actividad.
El Ministerio Público ha acusado a los responsables de dos obradores de panes ubicados en la capital y en la localidad de Mairena del Alcor. En el primero de los casos, según refleja el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos se remontan a septiembre de 2014, cuando un vecino denunció en los juzgados las molestias causadas por los ruidos y vibraciones que ocasionaba en su vivienda el negocio de una panadería ubicada frente a su casa.
El denunciante aseguraba que con motivo de la fabricación del pan y su posterior carga en camiones para su distribución, se venían ocasionado “graves molestias” a su familia entre las once de la noche y las siete de la mañana. El vecino había dirigido varias quejas al Ayuntamiento por estos hechos y en una medición realizada por un técnico del laboratorio de Inspección, Ensayo y Calibración de la Junta de Andalucía se constató unos niveles de contaminación acústica excesivos. Se midieron, en concreto, 60 decibelios con la cámara de frío en funcionamiento, así como la extracción, carga y arranque de la furgoneta de reparto; y 66 decibelios con todos los equipos funcionarios, cuando el límite permitido es de 49.
Dice la Fiscalía que el denunciante, su mujer y un hijo menor de edad “durante años se han visto sometidos continuamente a estos ruidos que, por su frecuencia, intensidad y horario de producción han afectado gravemente a su descanso nocturno y tranquilidad, provocando a cada uno de los tres miembros de la familia síntomas de ansiedad e insomnio que han interferido en su vida cotidiana”.
La Fiscalía responsabiliza al panadero investigado, Manuel B. M., de un delito contra el Medio Ambiente, por el que solicita una condena de un año y seis meses de prisión, multa de 1.800 euros, y el pago de una indemnización de 24.000 euros a la familia.
En el segundo caso, el obrador de panadería denunciado está ubicado en Mairena del Alcor y llevaba funcionando desde el año 1997. Según el Ministerio Público, desde el año 2010 esta actividad ha generado continuos y reiterados ruidos y vibraciones, “causantes de molestias intolerables” para los habitantes de una casa contigua, una pareja que ha soportado los ruidos todos los días del año, entre las cinco y media de la mañana y las doce o las dos de la tarde. La familia solicitó al Ayuntamiento el cierre cautelar del establecimiento y que se hiciera una medición acústica, que inicialmente fue favorable a la actividad. Sin embargo, en una medición posterior realizada por la Unidad de Ruido de la Consejería de Medio Ambiente, se certificó unos niveles de 41 decibelios en el dormitorio (valor límite según el decreto 6/2012) y de 38 decibelios en el salón (el valor límite es de 35), lo que derivó en la orden de clausura temporal del establecimiento para toda la actividad hasta que se “acreditase el cumplimiento de medidas correctoras”.
En enero de 2013, en una nueva medición se constataron niveles de 42 decibelios en el dormitorio (con un límite máximo de 35) y de 42 en el salón (con un límite máximo de 40), y la Policía Local comprobó que el acusado, haciendo “caso omiso” de la orden de clausura, mantenía abierto el establecimiento para despachar el pan. En una de las ocasiones, el panadero manifestó expresamente a los agentes que “no iba a cerrar el establecimiento y que se negaba a su precinto, siendo advertido de la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia”.
El 20 de junio de 2013 se llevó a cabo el precinto y al día siguiente le acusado seguía vendiendo el pan, pero ya no lo fabricaba, manteniendo el precinto de las máquinas. El Ayuntamiento levantó parcialmente en agosto la clausura en lo que se refiere al despacho de pan, aunque posteriormente la Policía Local comprobó que el precinto de la maquinaria “había sido roto y estaba en funcionamiento”, algo que también se certificó posteriormente varias veces.
El matrimonio denunciante, según la Fiscalía, se ha visto expuesto durante todo este tiempo a unos ruidos y vibraciones que “por su intensidad, duración y frecuencia, han afectado gravemente a su descanso nocturno”, lo que les ha ocasionado “síntomas ansioso depresivos que han precisado de tratamiento médico”. La Fiscalía reclama una condena de dos años y medio de cárcel para el panadero, Isidoro G. P., por un delito contra el Medio Ambiente, el pago de una multa de 2.880 euros, y una indemnización de 30.000 euros para el matrimonio perjudicado.
Los dos panaderos serán enjuiciados en los próximos meses en los juzgados de lo Penal. Se trata de una cuestión jurídica muy interesante: el derecho al descanso frente al derecho al trabajo de estos panaderos.