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El Supremo establece que hay delito por conducir sin permiso por la pérdida de todos los puntos

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2017 a las 15:43

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La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

El Supremo, en tres recientes sentencias, fija este criterio que era compartido por la práctica totalidad de las audiencias provinciales, excepto la de Toledo, que consideraba que para que existiese el delito del artículo 384.1 del Código Penal la acción de conducir un vehículo a motor o ciclomotor, careciendo de permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente, se requería que en la conducción el autor infringiese algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial, dado que en otro caso la acción solo constituía una infracción administrativa, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.

La cuestión que se planteó el Supremo consistía, por consiguiente, en determinar si el delito de conducción con permiso caducado por pérdida de puntos, es un delito de riesgo abstracto o concreto, esto es, si requiere la puesta en peligro de modo concreto del bien jurídico protegido (la seguridad vial) o es suficiente con la puesta en peligro «in abstracto».

El Supremo resuelve que se da este segundo supuesto. “La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día”, dice el Supremo.

CONDUCTOR CON PERMISO ESPAÑOL SIN PUNTOS Y UN PERMISO PORTUGUÉS

En uno de los tres casos resueltos, el Supremo examina el caso de un conductor que cuando fue sorprendido conduciendo, a pesar de tener cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, ostentaba un permiso de conducir portugués que había sido obtenido mediante canje. Los hechos ocurrieron en una carretera navarra, donde el acusado fue interceptado por agentes de la Policía foral.

El canje del permiso de conducir se regula a nivel europeo por la Directiva 91/439 del Consejo, de julio de 1991, junto a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006.

Para el Supremo, en el caso enjuiciado estamos en presencia de un fraude de ley. “Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos”, indican los magistrados.

El que se haya obtenido el canje no puede impedir las disposiciones sancionadoras de tal manera que aquella que determina la imposición de una sanción de privación de la autorización administrativa de conducir vehículos por pérdida de puntos en uno de los Estados, pueda dejar de aplicarse.“De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos”, indica la resolución.

En ese sentido, recuerda que lo que se imputaba al acusado no era conducir sin permiso, situación en la que la titularidad del permiso portugués haría la conducta atípica, sino que se le acusa de conducir en España cuando media resolución firme de pérdida de vigencia del permiso de conducción, conducta típica que concurre en el caso que nos ocupa.

En suma, “no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico”. Las condenas impuestas en los tres casos van desde 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas pecuniarias de entre 2.160 y 6.000 euros.

 

El Supremo acuerda que es delito conducir sin haber sacado nunca el carné

Jorge Muñoz | 26 de mayo de 2017 a las 15:03

Supremo

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que conducir vehículos a motor sin haber obtenido nunca el carné es un delito, y no una infracción administrativa, y no requiere que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria.

La Sala ha estimado el recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 29 de febrero de 2016, que revocó a su vez la condena por delito contra la seguridad vial impuesta por un Juzgado de lo Penal de Toledo a un hombre por conducir un coche por una carretera de la provincia “siendo plenamente consciente de la imposibilidad que le afecta para la conducción de vehículos a motor, por no haber obtenido en ningún momento permiso de conducir o licencia que le habilite oficialmente para conducción de vehículos a motor”.

La Audiencia absolvió al conductor al destacar que no había puesto en riesgo la seguridad vial, ni cometido ninguna maniobra antirreglamentaria. Añadía que el legislador no ha dibujado claramente la línea de separación entre el delito y la infracción administrativa en estos casos.

Ante las discrepancias entre varias audiencias provinciales sobre la cuestión, el Pleno de la Sala II ha decidido estudiar el recurso de la Fiscalía, cuyo objeto era determinar si el delito de conducción de un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción (artículo 384 del Código Penal) es un delito de peligro abstracto o concreto, y si fuera lo primero, si se consuma con la mera realización de la conducción referida, o si se trataba de lo segundo, si exige que se haya producido un peligro real para la seguridad vial.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, establece que se trata de un delito de peligro abstracto: “De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor”.

“El riesgo abstracto para el bien jurídico protegido resulta, por consiguiente, de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades física y psíquica en el conductor, lo cual incrementa, como es natural, el riesgo para los demás usuarios de la la vía, por sí peligrosa y causante de una alta siniestralidad, cuya reducción pretende la norma”, añaden los magistrados.

“No estamos ante una conducta punible cimentada sobre un injusto meramente formal derivado de una infracción administrativa, sino ante la protección de la seguridad del tráfico vial mediante conductas, como la que es objeto de nuestra atención casacional, que suponen la creación de un riesgo indudable, aunque de características abstractas y no concretas, para la seguridad vial”, señala la sentencia.

Por ello, bajo la consideración de que se trata de un delito abstracto, la conducta se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna habilitación administrativa (permiso o licencia), sin que tenga incidencia, para el Supremo, el no haberse cometido infracción vial alguna, ni haberse realizado maniobra antirreglamentaria, como parece exigir la Audiencia Provincial de Toledo.

El alto tribunal indica que la Audiencia de Toledo, en su sentencia, ha construido unos requisitos que en modo alguno el legislador exige para colmar la conducta típica del delito, que precisa que el autor jamás haya obtenido permiso de conducir. Por eso ha de excluirse del radio de acción del nuevo tipo penal a quien posee permiso en el extranjero, tanto a aquellos correspondientes a países comunitarios como extracomunitarios, o un permiso internacional.

El Supremo discrepa también de la Audiencia en que la conducta que sustenta el delito del artículo 384.2 del  Código Penal, aplicado en este caso, sea exactamente la misma que la que se define en la Ley de Seguridad Vial como infracción administrativa muy grave. “El tipo penal —señala la sentencia– sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente y las circunstancias propias del caso. Como dice el Fiscal, todo ilícito penal en esta materia parte como mínimo de una infracción administrativa, pero no a la inversa”.

La Sala II anula por tanto la sentencia absolutoria de la Audiencia de Toledo y condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros. El artículo 384 del Código Penal, por el que es condenado, prevé penas de tres a seis meses de prisión o multa de doce a venticuatro meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. El Supremo ha optado por la multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros.

 

Su Señoría no descansa ni el domingo

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2017 a las 2:00

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Los domingos están hechos para descansar. Para disfrutar de una agradable lectura matutina del periódico en papel –ahora que están tan de moda las ediciones digitales–, para alejarse de la rutina diaria, leer un libro, disfrutar de la familia con una salida al cine, etc… Cualquier cosa menos doblarla, al menos el que pueda, porque hay muchas profesiones que no entienden de días de la semana ni de festivos. Entre estas se encuentran, evidentemente, las relacionadas con la Justicia. Pero una cosa es que estos profesionales se encuentren en servicio de guardia durante el día festivo y otra muy distinta que tengan que trabajar un día que en teoría está destinado al asueto.
La cuestión no es baladí, incluso está recogida en una ley, la del descanso dominical aprobada el 3 de marzo de 1904 por el Gobierno de Antonio Maura y que supuso una auténtica conquista social.
El caso es que una juez de Instrucción de Sevilla ha debido pensar que esa ley, como todas, están para cumplirlas. La magistrada ha dictado una sentencia en un juicio por los ahora llamados delitos leves, en la que lamenta precisamente que se ha visto obligada a redactar dicha resolución en domingo. La sentencia en cuestión se refiere a unas supuestas amenazas de un hombre a otro, cuyo juicio se celebró el pasado 3 de marzo y al que compareció el denunciante pero no el denunciado, a pesar de que éste se hallaba legalmente citado por el órgano judicial.
Lo primero que llama la atención de esta sentencia es el encabezamiento de la misma. Lo normal es que los jueces, desde un juzgado de Instrucción hasta los mismos magistrados del Tribunal Supremo encabecen la sentencia, con el número de la misma, año y, por supuesto, la fecha. Para ello se utiliza un formato estándar que consiste en nombrar la ciudad a la que pertenece el juzgado y por tanto donde se ha celebrado los hechos que han sido enjuiciados.

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Pero en la sentencia comentada, llama precisamente la atención que la leyenda empleada por la magistrada, que recoge lo siguiente: “En Sevilla, a domingo cinco de marzo de dos mil diecisiete”, remarcando precisamente el día de redacción de la misma.
A continuación, la magistrada pasa a describir, siguiendo la estructura habitual de las resoluciones, los “antecedentes” que se han sucedido en este caso y cómo la Fiscalía llegó a pedir la condena del acusado por un delito leve de amenazas con arma, solicitando que se le imponga una pena de multa de dos meses con una cuota diaria de seis euros (360 euros) y la prohibición de aproximarse a 20 metros del denunciante durante seis meses y a un bar.
Pero el antecedente verdaderamente importante es el tercero, donde la juez explica que en la tramitación de la causa se han observado las “prescripciones legales”, incluida los plazos para dictarla, algo que la magistrada reconoce que “se ha logrado dictándola el día de hoy Domingo dada la carga de trabajo que pesa sobre la juzgadora, la cual con ello se ve privada de sus derechos al descanso semanal y a la conciliación familiar”, afirma la juez.
Recientemente fueron los magistrados de lo Mercantil de Sevilla quienes, en otra sentencia, afirmaron que su carga de trabajo es “inhumana” y ofrecían datos de su situación. Es la sentencia como denuncia del colapso judicial.

Condenada a un año la tuitera Cassandra por humillación a las víctimas del terrorismo

Jorge Muñoz | 29 de marzo de 2017 a las 14:34

La Audiencia Nacional ha condenado a la tuitera Cassandra a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas del terrorismo . La Sección Cuarta de lo Penal considera que los 13 comentarios que escribió esta persona en la red social twiter, entre 2013 y 2016 sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas. La Sala impone un año de prisión, que es la pena que había solicitado el Ministerio Fiscal, según ha informado este miércoles la Audiencia Nacional.
La sentencia detalla los 13 tuits publicados en twitter desde el perfil “ Cassandra @kira_95” y concluye que no resulta convincente la declaración prestada por la tuitera durante el juicio, cuando intentó situar sus comentarios en tono humorístico y en calve de ironía. Según la Sala, sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo, “por más que el atentado sufrido por el entonces presidente del Gobierno del régimen franquista hubiera tenido lugar en 1973”.

Para el tribunal, tampoco sería justo descartar el reproche penal por los 40 años transcurridos desde el atentado a Carrero Blanco, “puesto que la lacra del terrorismo persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado, que por cierto, cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero también merecedoras de la misma deferencia”.

La sentencia, ponencia de Juan Francisco Martel desgrana las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia para concluir que en el presente caso no concurre el “error de prohibición” que alegó la defensa durante el juicio, puesto que la personas juzgada tiene una formación universitaria y un grado de conocimiento y percepción de las cosas que convierte en inimaginable “que no sepa que la conducta que se le atribuye es penalmente reprochable, a pesar de que ignore los concretos requisitos del tipo aplicable”.

Según el tribunal, la propia conducta expresada por el acusado en sus mensajes de texto en twiter “demuestra bien a las claras que conocía la existencia del reproche penal de su conducta, o al menos se lo planteó. Situaciones que constituyen causas excluyentes de la apreciación del error de prohibición”. En resumen, “ se trataba de una persona con cierta cultura que evidentemente sabía que estaba cometiendo hechos patentemente ilícitos”.

La esposa del traficante

Jorge Muñoz | 26 de marzo de 2017 a las 2:00

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La Audiencia de Sevilla la condenó en julio de 2016 a tres años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 357.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, agravado por la relación con el tráfico de drogas, al entender que se había beneficiado supuestamente de la actividad de su esposo, que cayó con una banda a la que se había intervenido una tonelada de hachís en 2008. Y el Tribunal Supremo la ha absuelto ahora al rechazar que el dinero que manejó procediera de las actividades del marido, dándole un auténtico repaso a la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Sevilla.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla había condenado a la mujer porque entendía que ésta había realizado determinadas operaciones financieras –como la compra de cuatro pisos, una parcela y varios turismos– gracias al dinero que su ex esposo le entregaba y que obtenía del tráfico de hachís, una actividad que ésta “conocía”, según los magistrados que la enjuiciaron.
Entre los hechos probados, los jueces destacaban que la acusada desde 1998 tenía reconocida una pensión de alimentos de 900 euros, y que entre los años 2002 y 2010 había percibido sólo ingresos de forma regular por su actividad de “empleada de hogar”, más otros 18.757 euros por trabajos por cuenta ajena, así como un premio de la ONCE de 33.000 euros en julio de 2004 y otros 55.000 euros en el sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2006.
El tribunal destaca que en ese periodo participó en operaciones de compra y venta de cuatro viviendas, canceló algunos préstamos y constituyó otros, y adquirió asimismo una parcela de regadío por 54.000 euros.
Su marido, del que se había separado legalmente en 1998 pero con el que convivía desde 2006, fue detenido en marzo de 2008 en relación con una organización que había introducido 1.169 kilos de hachís en una avioneta procedente de Marruecos y que aterrizó en un punto de la provincia de Toledo. La Audiencia Nacional lo condenó en 2010 como cómplice de un delito contra la salud pública –por haber realizado labores de contra-vigilancia para la organización de traficantes– a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1,6 millones de euros, cantidad que se corresponde con el valor de la droga incautada.
La mujer fue posteriormente condenada por blanqueo de capitales a una pena superior a la del marido, pero recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, alegando que su ex esposo fue detenido inmediatamente tras la operación policial, por lo que no obtuvo de su intervención ningún dinero, y añadía que su condena se basaba en una “cadena de conjeturas o sospechas extraídas de algunos elementos objetivos, pero que en modo alguno conducen de manera sólida a la conclusión” a la que llegaron los jueces de la Audiencia. Tras analizar el caso, el Alto Tribunal señala que “no hay ninguna prueba de que el metálico” que la mujer aportó para comprar una de las viviendas procediera del patrimonio de su esposo, puesto que los únicos datos que obran en autos es que a la fecha de compra –en abril de 2006–, el matrimonio estaba separado y no reanudaron su relación hasta mediados de ese mismo año. Y tampoco se aprecia “ninguna discordancia” entre los ingresos que la propia sentencia admite y los desembolsos extraordinarios que se abordaron durante ese periodo.
Para el Supremo, la conclusión de que los recursos de la mujer eran “claramente insuficientes” para atender los gastos derivados de las cargas inmobiliarias, no deriva de sólidas variables aportadas por la acusación, “sino de un evanescente análisis especulativo carente de soporte estable”.
De un lado, la Audiencia admite la posibilidad de unos ingresos laborales y de una pensión de alimentos, por lo que “no se excluyen los significativos ingresos que la recurrente esgrimió en el acto del plenario y reitera en su recurso”. Y de otro, el tribunal de instancia considera que los “gastos son excesivos para sus ingresos, si bien la conclusión se muestra inconsistente, dado que se extrae de variables especulativas o erróneas”, critica el Supremo.
De ahí que concluya que la prueba practicada es “insuficiente” para evidenciar que el dinero de la mujer proceda de una actividad delictiva de su ex esposo, y que ella fuera “conocedora de ese origen y prestara su apoyo a ocultar su procedencia delictiva y aprovechar los fondos, sino que ni siquiera permiten concluir que las inversiones y gastos no procedan de las propias fuentes de ingresos de la recurrente”. Lo que no entra a valorar el Supremo es la “suerte” de la acusada por los premios que le tocaron en tan corto tiempo.

VISTO PARA SENTENCIA

El profesor Zoido

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El Zoido profesor. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, impartió el pasado lunes, 20 de marzo, una clase de Derecho Civil a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. El ex alcalde, magistrado de profesión, dio clase a los alumnos que realizan el primer año de la licenciatura de Derecho y lo hizo en su condición de colaborador honorario del departamento de Derecho Civil de la Hispalense, de la que también fue alumno.

En su intervención ante los jóvenes estudiantes, el ministro recordó su paso por la universidad pública y también cómo aprobó las oposiciones de judicatura “a la primera”.

Por cierto, que el nombre de Zoido también salió esta semana a relucir en relación con la recusación que el Partido Popular ha presentado contra el magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo para que se aparte del primer juicio de los ERE, en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El propio Pedro Izquierdo explicó en el informe en el que rechaza la recusación que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados, pero sí se refirió, sin citar a Zoido, a la “relación profesional con una persona vinculada con una de las entidades recusantes” en el decanato de los juzgados de Sevilla en 1992, época en la que el ministro era decano de los jueces. Y no hay que olvidar que en Zoido fue quien en su día denunció el caso Mercasevilla, del que surgió el escándalo de los ERE.

 

Las fotografías de Facebook no pueden ser usadas por la prensa, sostiene el Supremo

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2017 a las 15:43

 

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El Pleno de la Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que publicar en un periódico la fotografía de una persona sacada de su cuenta de Facebook exige su consentimiento expreso, ya que lo contrario supone una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. El alto tribunal condena a un diario  a indemnizar con 15.000 euros a un hombre del que publicó en portada, en su edición en papel, una fotografía obtenida de su cuenta de Facebook, que ilustraba una noticia de sucesos en el que el hombre había resultado herido. Asimismo, el diario es condenado a no volver a publicar la foto en ningún soporte y a retirarla de cuantos ejemplares se hallen en sus archivos.
“Que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”, señala el Supremo..

Agrega que “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (de protección de derecho al honor y la propia imagen) como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona. Aunque este precepto legal, en la interpretación dada por la jurisprudencia, no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas”.

La sentencia, de la que ha sido el magistrado Rafael Sarazá Jimena, prosigue: “Tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen”.

NO FUE MORBOSO

El Supremo, sin embargo, estima parcialmente el recurso del periódico contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que le condenó, además de por intromisión en el derecho a la propia imagen, por intromisión en el derecho a la intimidad. El motivo era que, en el reportaje publicado en la edición de papel y digital del diario el 8 de julio de 2013, se contenían datos que permitían identificar al demandante. El reportaje señalaba que el demandante había sido herido por su hermano con un arma de fuego, y que luego éste último se había suicidado.

En el reportaje se publicaba el nombre de pila del herido y el de su hermano, las iniciales de sus apellidos, el apodo de su hermano, la dirección exacta del domicilio familiar, que su madre padecía alzheimer, y que su padre había sido médico en una localidad de la provincia. El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, y la Audiencia de Bizkaia, establecieron una indemnización de 30.000 euros por vulneración del derecho a la propia imagen (publicación de la foto), pero también del derecho a la intimidad (por los datos personales y familiares publicados).

El Supremo rebaja a la mitad la indemnización (15.000 euros), al considerar que no hubo vulneración del derecho a la intimidad, ya que el diario no incurrió “en ninguna extralimitación morbosa” y respetó “los cánones tradicionales de la crónica de sucesos” al dar información que era veraz, por lo que en este caso prevalece el derecho a la información frente al derecho a la intimidad del demandante.

“La intromisión en la intimidad personal y familiar del demandante que supone la información del artículo periodístico no puede considerarse grave. En un ámbito geográfico reducido, como Zamora, pues se trataba de un periódico de ámbito provincial, la información que se contiene en el artículo periodístico no aumenta significativamente el conocimiento que de un hecho de esas características, ocurrido en una vivienda de la ciudad y en el seno de una familia conocida, podían tener sus convecinos. Se trataba, además, de hechos objetivamente graves y noticiables, una disputa familiar en la que un hermano hirió a otro y después se suicidó”, indica la sentencia.

“Es especialmente relevante –prosigue la resolución– que la noticia se acomoda a los usos sociales, y concretamente a los cánones de la crónica de sucesos, que es un género periodístico tradicional. Se trata de una información dada inmediatamente después de que sucedieran los hechos (en la edición en papel del diario, apareció al día siguiente). No se exponen los hechos con extralimitación morbosa, ni se desvelan hechos íntimos sin relación con lo sucedido, es más, ni siquiera se hace referencia a la causa de la desavenencia familiar. La mención a la enfermedad de la madre se justifica porque tenía cierta relevancia para informar sobre lo acaecido: sólo presenció los hechos un sobrino, la madre estaba presente pero se encontraba en un estado avanzado de Alzheimer, y tuvo que ser llevada a casa de unas vecinas”.

El Supremo retira la patria potestad de un hijo a un condenado por abusos sexuales a la hija de su pareja

Jorge Muñoz | 18 de enero de 2017 a las 14:47

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, por la que se estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 12 de febrero de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Sexta, en el recurso de apelación no 504/2015. Dicha resolución trae causa de un juicio de modificación de medidas promovido por la madre frente al padre, ingresado en un centro penitenciario en el que cumple condena como autor responsable por un delito continuado de abuso sexual en la persona de la hija menor de la demandante, de once años de edad, en la que se solicita, entre otras pretensiones, la privación de la patria potestad del demandado, respecto del hijo menor y la suspensión del régimen de visitas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda interpuesta, acordando la privación de la patria potestad del demandado respecto de su hijo menor de edad, así como la suspensión del régimen de visitas.

La sentencia de segunda instancia estimó parcialmente el recurso interpuesto por el padre, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia, acordando que la privación de la patria potestad se mantendrá hasta que se declare extinguida en su integridad la pena privativa de libertad. Considera la sala de apelación que los actos apreciados para la privación de la patria potestad no son actos que hayan directamente afectado al propio hijo, sin que se haya acreditado que la privación de la patria potestad sin límite temporal reporte algún beneficio al menor, por lo que no existiría razón suficiente para privar de la patria potestad más allá del tiempo de cumplimiento de la condena.

Interpuesto recurso de casación por la madre demandante, el mismo es estimado por esta Sala con base en que en la sentencia recurrida no se han seguido las pautas jurisprudenciales de esta Sala, pues constando la condena por abusos sexuales de la hija habida por su pareja en anterior relación, no se necesita un especial esfuerzo de razonamiento para concluir que el hijo del demandado y hermano de vínculo sencillo de la hija de la demandante está sometido a un grave riesgo, ante la falta trascendental de incumplimiento de sus obligaciones de respeto y cuidado para con la menor hija de la actora.

Quien ha incurrido en una grave agresión sexual a la hija de su pareja pone en un riesgo y peligro cierto a su propio hijo, con el que convivió escaso tiempo en régimen familiar. El demandado no reúne las características propias de un buen padre de familia, por lo que se afectaría gravemente el interés de su propio hijo si se permitiese el ejercicio de la patria potestad por quien es evidente que no está capacitado para el cumplimiento de las obligaciones de cuidado y respeto de un menor (art. 170 del C. Civil). Para la privación de la patria potestad no es necesario que la agresión o incumplimiento de deberes tenga como sujeto pasivo directo al hijo, sino que también se puede inferir de la agresión a la madre o, como en este caso, a una hermana.

La Iglesia Evangélica no tendrá casilla en el IRPF

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2017 a las 16:00

irpfLa Sala Tercera del Tribunal Supremo establece que la negativa de Hacienda a disponer una casilla en la declaración del IRPF para que los contribuyentes puedan destinar el 0,7 por ciento de la cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante no vulnera derechos fundamentales de dicha Iglesia, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La Sala III rechaza el recurso sobre protección de derechos fundamentales presentado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, desestimó su demanda contra la resolución del Ministerio de Hacienda, de 25 de enero de 2015, que rechazó la petición de esa Iglesia de contar con una casilla reservada para los contribuyentes que lo deseen en el modelo de declaración del IRPF, como ocurre con la Iglesia Católica.

Hacienda respondió que la actual previsión de una casilla mediante la cual los contribuyentes que así lo quieren pueden decidir que ese porcentaje de la cuota de su impuesto se entregue a la Iglesia Católica se fundamenta en los Acuerdos de España con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 y que, a falta de un convenio similar, no era posible acceder a la petición de la Iglesia Protestante.

La Audiencia Nacional, al justificar su fallo desestimatorio, señaló que el Convenio celebrado entre España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, en su Anexo IV, dedicado al régimen económico, artículo II, recoge el compromiso del Estado de asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio o sobre cualquier otro de carácter personal siempre que así lo manifieste expresamente cada contribuyente. También, da cuenta de que la Ley 24/1992 contempla el régimen fiscal de los bienes y actuaciones de FEREDE pero sin prever ninguna previsión semejante a la del Convenio con la Santa Sede.

Por eso, concluyó la Audiencia, el establecimiento de un mecanismo como el pedido por la recurrente requeriría de un convenio entre el Estado y la instancia representativa de las confesiones religiosas que lo pretenden y que la Administración no puede establecerlo de manera unilateral.

Para el Supremo, la sentencia de la Audiencia Nacional ha explicado a la recurrente cuál es el régimen propio del derecho de petición (que no supone el derecho a que la petición sea contestada afirmativamente) y que la contestación ofrecida por la resolución de 26 de enero de 2015 es respetuosa con los preceptos de la Ley Orgánica 4/2001, que regula ese derecho. Asimismo, ha corroborado la distinta situación en que se halla FEREDE respecto de la Iglesia Católica, no para realizar un juicio de igualdad sino para confirmar que la respuesta ofrecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas era coherente con la petición y suficientemente fundada en Derecho. Es decir, que ofrecía las razones por las que no cabe atenderla.

Esa respuesta satisface el derecho fundamental ejercido por FEREDE, de manera que ninguna infracción del artículo 29 de la Constitución o de la Ley Orgánica 4/2001 se puede imputar a la sentencia ni a la Administración. Asimismo, ni la sentencia de la Audiencia ni la actuación administrativa incurren en infracción de los artículos 14 y 16 de la Constitución en ninguno de los apartados invocados por la recurrente precisamente porque se mueven en el marco del derecho fundamental (de petición) que ha ejercido.

Un recurso imposible

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2016 a las 8:00

la grua municipal retira un vehiculo mal aparcado en presencia de la policía localLa Fiscalía de Sevilla da por buena la absolución de cuatro policías locales que se enfrentaban a una condena de dos años y siete meses de cárcel, acusados de haber cobrado más de 5.000 euros en dietas falsas por la asistencia a los juicios. El Ministerio Público ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Sección Cuarta de laAudiencia de Sevilla, que consideró que no podía acreditarse que falsificaran los sellos para justificar precisamente la asistencia a los juicios y poder percibir las dietas.

Fuentes del caso apuntaron que, aunque en un primer momento no estaban de acuerdo con la totalidad de los fundamentos que llevaron a la Audiencia a absolver a los agentes –sobre todo en lo que respecta al supuesto falseamiento con un tampón de 53 de los 63 documentos presentados en su día por los imputados–, al final se ha decidido no recurrir porque el asunto revestía tal “complejidad” probatoria que “o se ganaba en primera instancia” o resultaría muy difícil recurrir en casación ante el Alto Tribunal. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Sevilla será firme y los agentes investigados, que en su día pertenecían al grupo Giralda, podrán continuar en sus puestos.
La Fiscalía de Sevilla sorprendió en el juicio con la importante rebaja que aplicó a los agentes acusados, que inicialmente se enfrentaban a una condena de cinco años, pero el representante del Ministerio Público redujo la petición a dos años y siete meses de cárcel, al apreciarles una circunstancia atenuante “muy cualificada” de reparación del daño, después de que los agentes devolvieran las cantidades de las dietas antes del inicio del juicio. Y llamó igualmente la atención que en algunos momentos el fiscal parecía que estaba interviniendo en la vista oral más como defensa que como la acusación pública, llegando a revelar que en su momento se intentó alcanzar un acuerdo con las defensas de los agentes investigados para tratar de rebajar la pena a dos años de prisión y suprimir la inhabilitación especial, pero es algo que, según el fiscal, no se podía hacer legalmente porque “la ley es la que determina la pena”. En su alegato, el fiscal llegó incluso a abogar por un indulto que finalmente no ha sido necesario.
No me cuesta trabajo reconocer –y lo digo por algunos liberados muy aficionados a dejar comentarios críticos en este blog en relación con las informaciones de la Policía Local– que se trata de la segunda investigación realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) que se queda en pólvora mojada. Pero también debe rechazarse de plano, porque es de Justicia, que la absolución se deba a una mala investigación por parte de esta denostada unidad de Asuntos Internos.
Una buena investigación puede quedar en nada porque el juez entienda, como ha ocurrido en este caso, que no hay pruebas suficientes para condenar a los agentes, cuya absolución evidentemente debe ser acatada y respetada por todos.
Lo mismo sucedió con la primera de las investigaciones en las que participó la Gepol, relacionada con el cobro ilegal de tasas en la Policía Local. En este caso, se dieron varias circunstancias que desembocaron en el sobreseimiento de una investigación iniciada hace más de seis años. La primera, el fallecimiento de un policía local que estaba considerado como el cabecilla de la trama. La segunda, la muerte también de la juez que había iniciado la instrucción del caso. Ambos factores se conjugaron y llevaron a la actual titular del juzgado a decretar el archivo, a pesar de los indicios recopilados a lo largo de la “prolija investigación” realizada por la Gepol, según puso de manifiesto la instructora en el auto de archivo.
La juez señaló que la investigación de esta unidad policial constató igualmente que “no existía control exhaustivo ni cadena de custodia” sobre las multas de tráfico, tanto las del propio Ayuntamiento como las procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Justicia ha tumbado dos investigaciones de la Gepol pero aún está abierta la más importante: la relacionada con el amaño de las oposiciones y en la que están procesados 37 agentes. El resultado final de ese juicio, que se celebrará en septiembre de 2017, es la verdadera prueba de fuego para la labor realizada por estos agentes en los últimos años.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Los abogados del rehabilitado juez Serrano

Juez Francisco Serrano en el TSJA_J.Ochando

El juez Serrano con el abogado Miguel García Diéguez, en el juicio celebrado en el TSJA.

El Tribunal Constitucional rehabilitó hace varias semanas al que fuera juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano Castro, al tumbar la sentencia del TribunalSupremo que le había condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber prolongado el régimen de visitas para que un niño pudiera salir en una cofradía. El Alto Tribunal daba por buena la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le había inhabilitado durante dos años por un delito de prevaricación culposa. Serrano estuvo defendido en el juicio por el abogado Miguel García Diéguez, quien también se encargó de su representación jurídica ante el Tribunal Supremo y quien recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, García Diéguez dejó de representar a Serrano –quien incluso se había incorporado a trabajar en su despacho cuando salió de la judicatura– por discrepancias surgidas entre ambos, por motivos que no han trascendido. Esto propició que el abogado Fernando Rodríguez Galisteo se personara en el Constitucional para continuar defendiendo los intereses del juez, si bien no había intervenido en la elaboración del recurso de amparo.

Tras la victoria de Serrano, algunos compañeros de Miguel García Diéguez se han sentido molestos por la falta de reconocimiento de la labor realizada. Por ejemplo, el letrado José Manuel Sánchez del Águila escribió en su facebook lo siguiente:“Pasan los días y se sigue ninguneando al brillante letrado sevillano Miguel García Diéguez, responsable en última instancia del éxito obtenido en el TCen el caso de Francisco Serrano, consiguiendo que el delito de éste quedase en una prevaricación culposa”. El propio Miguel García-Diéguez escribió una carta al nuevo letrado de Serrano, en junio de 2015, recordándole que la labor profesional desarrollada “sigue conservando su propiedad intelectual, cualquiera que sea el resultado final conseguido”. Al César lo que es del César…

El funcionario que cortó la coleta a un preso porque “era de maricones”

Jorge Muñoz | 9 de agosto de 2016 a las 10:59

psiquiatricoLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicitó su rehabilitación como empleado público tras cumplir una condena penal por haber cortado la coleta a un preso aquejado de esquizofrenia tras decirle que llevarla era “de maricones”, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia subraya que no sería aceptable que quien despreció la dignidad de un recluso que estaba bajo su cuidado y atentó contra su integridad moral pueda beneficiarse de esa forma especial de recuperar la condición funcionarial que es la rehabilitación. Juan Alfonso N.M., funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se vio privado de esa condición por resolución de la Subsecretaría de Interior de 20 de mayo de 2008, que declaró su pérdida al adquirir firmeza la sentencia de junio de 2007 del Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, que le condenó a seis meses de prisión y a inhabilitación especial para el empleo o cargo público por dos años, por delito contra la integridad moral de un interno.

Los hechos por los que fue condenado en la vía penal consistieron en que el 8 de septiembre de 2003, sobre las 17:30 horas, “cuando desempeñaba su trabajo en el módulo 4 del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, entró en la sala de la televisión y se dirigió a un interno aquejado de esquizofrenia paranoide que llevaba el pelo recogido en una coleta y tras tocársela le dijo que eso era de maricones y que se la quitara. Como el interno se negara, le dijo que se la iba a cortar. El interno le respondió que “no tenía huevos” y, ante ello, Juan Alfonso N.M. fue a su garita, recogió una navaja que tenía en su mochila, volvió a la sala, cortó la coleta al interno y dijo a los aproximadamente veinte internos que estaban allí que nadie había visto nada y que si alguno decía algo le rajaba e hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello. En ese momento se produjo un grave altercado en el módulo por las airadas protestas del interno al que le había cortado la coleta y de los demás reclusos y el Jefe de Servicios relevó al Sr. N.M. y le destinó a otro módulo.

En 2010, cumplida la pena, el recurrente solicitó el reingreso como funcionario y le fue concedido, de manera que estuvo prestando servicios en la Administración Penitenciaria, en concreto en los centros de Sevilla 1 y de Huelva, hasta que el Ministro del Interior, en resolución de 27 de febrero de 2014, de acuerdo con el Consejo de Estado, declaró nulo el reingreso producido cuatro años antes, por haberse llevado a cabo sin observar el procedimiento debido y declaró que dicha persona carecía de la condición de funcionario. Esta decisión tuvo en su origen la incoación de un expediente disciplinario a la misma persona por conducta presuntamente irregular con una funcionaria.

Tras esa decisión, el hombre pidió en marzo de 2014 su rehabilitación como funcionario, alegando que de 2010 a 2014 había prestado su labor de forma impecable tanto en oficinas como en contacto con la población interna, y que los hechos por los que fue condenado habían sucedido ocho años antes y que no causaron perjuicio ni perturbación a la Administración.

El Consejo de Ministros, en abril de 2015, denegó la rehabilitación como funcionario público solicitada, de acuerdo a los criterios fijados en el artículo 6.2 del Real Decreto de 1998 que regula el proceso de rehabilitación de funcionarios públicos, al considerar claro que hubo perjuicio al servicio público por la actuación del recurrente, que los hechos fueron graves, y que hubo relación directa entre el delito y el desempeño del cargo, a lo que se unió un informe desfavorable de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, rechaza ahora el recurso del exfuncionario contra dicho acuerdo del Consejo de Ministros, y subraya que “resulta clara la relación del delito con la función pública que desempeñaba el recurrente y, también, es evidente su gravedad no sólo por la conducta en sí misma sino porque la llevó a cabo quien, por la posición en que se encontraba y por la del interno cuya integridad moral agredió, tenía un especial deber de respetarla. Y aunque la sentencia, obviamente, explique que no se trataba de torturas pues no las hubo, sí puso de manifiesto el desprecio que supuso a la dignidad del recluso víctima de la acción del recurrente”.

El Alto Tribunal recuerda que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que las instituciones penitenciarias tienen como finalidad primordial la reeducación y reinserción social de los penados, y que la Administración penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos, que deben ser respetados sin diferencia de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza.

Examinando el caso del exfuncionario, el Supremo destaca que “tratar a un recluso, además enfermo, de la manera en que hemos visto supone una flagrante infracción de estos preceptos y de los principios que los inspiran y perjudica gravemente a la Administración, efecto que no se ha disuelto por el paso del tiempo y que reviviría de concederse la rehabilitación. No cabe de ninguna manera aceptar que los funcionarios a cargo de las instituciones penitenciarias se conduzcan con los internos de la manera en que el recurrente lo hizo”.