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Una pancarta que diga “terrorismo empresarial” es censurable pero no vulnera el derecho al honor

Jorge Muñoz | 28 de marzo de 2017 a las 15:21

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha considerado que un sindicato no vulneró el derecho al honor de una empresa por exhibir pancartas acusándola de “terrorismo empresarial”, ante una supuesta cesión ilegal de trabajadores, aunque precisa que se trató de una acción ilegítima y censurable. La sentencia admite que es una expresión de injustificada dureza pero reconoce que su uso ocupa un lugar común en la sociedad ya que se emplea habitualmente para descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso por partidos políticos, ha informado hoy el Alto Tribunal.

El origen del conflicto está en una denuncia por cesión ilegal interpuesta el 2 de marzo de 2015 contra DHL y C&J por tres trabajadores que estaban contratados formalmente por esta última empresa. Una semana más tarde, CNT Sindicat D’Oficis Varis de Barcelona notificó la constitución de una sección sindical, formada por los tres empleados, a DHL que, rechazó la medida porque consideró que ninguno de ellos era personal suyo. El 25 de marzo de 2015, C&J les comunicó el despido por causas objetivas basándose en la extinción del contrato que ella tenía con DHL.

A partir de ese momento y hasta octubre de 2015, en diversas concentraciones convocadas por CNT, afiliados de dicho sindicato aprovecharon diversos actos empresariales y sindicales en los que exhibieron pancartas y repartieron octavillas con el texto “DHL Terrorismo Patronal”, y denunciaron, además, la “precariedad laboral y cesión ilegal de trabajadores en DHL” o la “represión sindical”. El mismo sindicato envió correos electrónicos a clientes de la empresa demandante explicando el conflicto de los trabajadores de “C&J” y sus relaciones con “DLH”, y acusándolas pública y judicialmente de tráfico ilegal de trabajadores.

La Audiencia Nacional rechazó la demanda presentada por DHL en la que solicitaba a CNT el pago de una indemnización por daños morales y el cese de la conducta del sindicato por infringir su derecho al honor.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida y expresa su “plena coincidencia con la Audiencia Nacional cuando afirma que si bien la expresión “terrorismo patronal” presenta injustificada –rectius, ilegítima- dureza y como tal es censurable, de todas formas no alcanza a integrar vulneración del derecho al honor”.

Libertad de expresión de los sindicatos

La sentencia recuerda que aunque de una interpretación literal del artículo 28.1 de la Constitución pueda deducirse que la libertad sindical se reduce a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, una interpretación sistemática del mismo artículo y del 7 de la CE lleva a entender que también tiene una vertiente funcional que supone el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores.

En suma, concreta la Sala, “a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponde, y entre ellos se encuentra “el empleo de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información respecto de cualquier asunto que pueda tener una repercusión directa o indirecta en las relaciones laborales”.

En este caso, afirman los magistrados, se trata de una persona jurídica por lo que, de acuerdo con la doctrina anterior, ha de relativizarse cualquier posible vulneración del honor, sobre todo, cuando la empresa ha reconocido que ni ha sufrido perjuicios materiales ni ha perdido clientela, lo que demuestra que ese aspecto -trascendencia- y su consiguiente “honor” como persona jurídica han quedado incólumes.

Otro aspecto valorado por la Sala es el contexto en el que se produce el empleo de la polémica expresión y que es el de una confrontación laboral prolongada y relativa a extremos -supuesto prestamismo laboral- que de resultar ciertos ofrecerían innegable gravedad (laboral e incluso penal) justificativa de una enérgica respuesta sindical, como la que se plantea en este caso, aunque sin improperios.

Por último, indica la sentencia, se ha devaluado socialmente el significado de la locución “terrorismo empresarial”, convirtiéndose en una crítica dura, pero sin que ninguna persona razonable lo asocie propiamente con el concepto de terrorismo.

La salida de Lanzas de la UGT

Jorge Muñoz | 2 de septiembre de 2013 a las 20:46

El sindicato UGT ha dicho que Juan Lanzas, encarcelado desde marzo pasado por el caso de los ERE falsos, pagó sus cuotas de afiliado hasta el primer trimestre de 2011 y fue expulsado en noviembre de ese año, aunque hasta el primer trimestre de 2013 no fue borrado del fichero de militantes. UGT respondía de esta forma a la información que publica El Mundo en el sentido de que el sindicato no dio de baja a Lanzas hasta el 26 de marzo de 2013, cuando llevaba cuatro días encarcelado como mediador en los ERE.

El 24 de marzo pasado, el entonces secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, expresó en rueda de prensa su malestar por el hecho de que Lanzas siguiese siendo presentado como ex sindicalista de UGT cuando dejó de pertenecer a este sindicato en 2002 y “todas las actividades por las que se le investiga las hizo con posterioridad a su salida de UGT”.

Lo que pasa por alto el sindicato es que, ya sea en 2013 o en 2011, lo cierto es que la salida de Lanzas de la UGT no se produce hasta que la juez Alaya abrió la investigación del escándalo de los ERE, cuando salieron a relucir los primeros intrusos y el nombre del conseguidor de los ERE. Alaya abrió dichas diligencias en enero de 2011, pero ya desde muchos meses antes investigaba el presunto cohecho, una causa en la que ya fue citado a declarar como testigo el propio Lanzas.

Ahora, el sindicato matiza que Lanzas “no ha ostentado ningún cargo de responsabilidad ni relación contractual con UGT desde 2002″. “Es cierto que ha pagado su cuota como afiliado hasta el primer trimestre del año 2011 porque con anterioridad no concurrían circunstancias para darle de baja como afiliado” y fue en abril de 2011 cuando se abrió un expediente que se resolvió el 30 de noviembre de ese mismo año. Dicho expediente concluyó con su expulsión del sindicato por falta muy grave.

“Juan Lanzas no está afiliado a este sindicato desde esa fecha, aunque es cierto que no se ha procedido al borrado de sus datos del fichero de afiliación hasta el primer trimestre del año 2013″, reconoce la nota, que precisa que los hechos que se le imputan “nada tienen que ver con su etapa como sindicalista”, donde fue secretario de su federación de alimentación.

Esto es cierto, pero también lo es que la juez Alaya está investigando el pago de más de siete millones de euros en comisiones a empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, en relación con su intervención en la tramitación de las pólizas de los ERE. Hay que recordar que algunos de los imputados han dicho que los sindicatos se llevaban hasta un 1% por no hacer nada y, si realmente estas sospechas se confirman, esto sí que es grave: organizaciones que en teoría defienden los intereses de los trabajadores que se lucran de los procesos de regulación de empleo.

Habrá que esperar a dónde lleva esta línea de investigación de la juez Alaya sobre las comisiones de los sindicatos, lo que ocurre es que la instructora tiene muchos, demasiados frentes abiertos, para una sola magistrada, por mucho que ésta sea  una excelente trabajadora como Alaya.