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La empresa puede cambiar la “pausa del bocadillo” cuando no es la condición más beneficiosa

Jorge Muñoz | 4 de agosto de 2017 a las 17:15

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el cambio unilateral realizado por la empresa Zumos Valencianos del Mediterráneo en el “descanso para bocadillo”, que dejó de considerar 7,5 minutos como trabajo efectivo en el calendario laboral de 2014, no supuso una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.Para el Tribunal Supremo, el que la empresa “tolerase” en los calendarios de los años anteriores, desde el comienzo de su actividad, la recomendación prevista en el Convenio Colectivo de que 7,5 minutos de los 15 de descanso fijados para el bocadillo se contasen como tiempo de trabajo no era una condición más beneficiosa de trabajo. La sentencia aclara que, en caso contrario, el empresario por su única voluntad no podría haber cambiado la consideración de dicho descanso como tiempo no trabajado y no podría aumentar los días de trabajo para incorporar ese tiempo no trabajado. Los hechos probados recogen que los delegados de personal presentaron en marzo de 2014 una propuesta de calendario para ese año, en los mismos términos que las de los años anteriores, y que la empresa respondió con una contrapropuesta. Tras una reunión, constataron que la diferencia entre ambas radicaba en la consideración como tiempo de trabajo efectivo de los 15 minutos para el bocadillo en jornada continuada superior a 6 horas. La empresa no consideraba los 15 minutos como tiempo de trabajo efectivo, y los sindicatos 7,5 minutos sí y los otros 7,5 minutos a cargo del trabajador, tal y como se había hecho hasta esa fecha. Ante la falta de acuerdo, la empresa aplicó su propuesta que suponía un exceso de jornada de 6,75 horas, que cada trabajador podrá disfrutar cuando estimara conveniente, previa comunicación y aceptación por parte de la empresa.

La sentencia explica que, como consecuencia del cambio de consideración de ese tiempo de descanso, la empresa tiene que realizar una adaptación de la distribución de la jornada anual para que se hagan las horas de trabajo efectivo -1768- que no constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Dicha adaptación, añade, entra dentro del poder de dirección del empresario, que ha fijado en 228,12 los días de trabajo, en lugar de los 224,5 que se trabajaban hasta el año 2014.

“No es que el empresario haya procedido a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de las que disfrutaba el trabajador, sino que las horas anuales no se han modificado, simplemente el empresario ha cesado en su tolerancia de considerar tiempo de trabajo los 7,5 minutos diarios de descanso para bocadillo, y ha pasado a disponer que no cabe considerarlos tiempo de trabajo”, subraya la Sala.

La Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por esta empresa y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que entendió que se trataba de un incremento unilateral de la jornada y, por tanto, se tenía que haber acudido a la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 del estatuto de los Trabajadores. Con esta decisión, se confirma la sentencia del juzgado de lo Social nº 11 de Valencia que rechazó la demanda de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano contra la decisión empresarial.

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Las fotografías de Facebook no pueden ser usadas por la prensa, sostiene el Supremo

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2017 a las 15:43

 

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El Pleno de la Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que publicar en un periódico la fotografía de una persona sacada de su cuenta de Facebook exige su consentimiento expreso, ya que lo contrario supone una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. El alto tribunal condena a un diario  a indemnizar con 15.000 euros a un hombre del que publicó en portada, en su edición en papel, una fotografía obtenida de su cuenta de Facebook, que ilustraba una noticia de sucesos en el que el hombre había resultado herido. Asimismo, el diario es condenado a no volver a publicar la foto en ningún soporte y a retirarla de cuantos ejemplares se hallen en sus archivos.
“Que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”, señala el Supremo..

Agrega que “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (de protección de derecho al honor y la propia imagen) como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona. Aunque este precepto legal, en la interpretación dada por la jurisprudencia, no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas”.

La sentencia, de la que ha sido el magistrado Rafael Sarazá Jimena, prosigue: “Tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen”.

NO FUE MORBOSO

El Supremo, sin embargo, estima parcialmente el recurso del periódico contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que le condenó, además de por intromisión en el derecho a la propia imagen, por intromisión en el derecho a la intimidad. El motivo era que, en el reportaje publicado en la edición de papel y digital del diario el 8 de julio de 2013, se contenían datos que permitían identificar al demandante. El reportaje señalaba que el demandante había sido herido por su hermano con un arma de fuego, y que luego éste último se había suicidado.

En el reportaje se publicaba el nombre de pila del herido y el de su hermano, las iniciales de sus apellidos, el apodo de su hermano, la dirección exacta del domicilio familiar, que su madre padecía alzheimer, y que su padre había sido médico en una localidad de la provincia. El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, y la Audiencia de Bizkaia, establecieron una indemnización de 30.000 euros por vulneración del derecho a la propia imagen (publicación de la foto), pero también del derecho a la intimidad (por los datos personales y familiares publicados).

El Supremo rebaja a la mitad la indemnización (15.000 euros), al considerar que no hubo vulneración del derecho a la intimidad, ya que el diario no incurrió “en ninguna extralimitación morbosa” y respetó “los cánones tradicionales de la crónica de sucesos” al dar información que era veraz, por lo que en este caso prevalece el derecho a la información frente al derecho a la intimidad del demandante.

“La intromisión en la intimidad personal y familiar del demandante que supone la información del artículo periodístico no puede considerarse grave. En un ámbito geográfico reducido, como Zamora, pues se trataba de un periódico de ámbito provincial, la información que se contiene en el artículo periodístico no aumenta significativamente el conocimiento que de un hecho de esas características, ocurrido en una vivienda de la ciudad y en el seno de una familia conocida, podían tener sus convecinos. Se trataba, además, de hechos objetivamente graves y noticiables, una disputa familiar en la que un hermano hirió a otro y después se suicidó”, indica la sentencia.

“Es especialmente relevante –prosigue la resolución– que la noticia se acomoda a los usos sociales, y concretamente a los cánones de la crónica de sucesos, que es un género periodístico tradicional. Se trata de una información dada inmediatamente después de que sucedieran los hechos (en la edición en papel del diario, apareció al día siguiente). No se exponen los hechos con extralimitación morbosa, ni se desvelan hechos íntimos sin relación con lo sucedido, es más, ni siquiera se hace referencia a la causa de la desavenencia familiar. La mención a la enfermedad de la madre se justifica porque tenía cierta relevancia para informar sobre lo acaecido: sólo presenció los hechos un sobrino, la madre estaba presente pero se encontraba en un estado avanzado de Alzheimer, y tuvo que ser llevada a casa de unas vecinas”.

El Supremo ratifica la absolución de dos directivos de un club de cannabis

Jorge Muñoz | 29 de junio de 2016 a las 13:57

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución, dictada por la Audiencia de Barcelona, de dos directivos de un club de consumo compartido de cannabis de Barcelona, al rechazar el recurso de la Fiscalía, que pretendía que fuesen condenados por delito de tráfico de drogas o favorecimiento de su consumo ilegal y delito de asociación ilícita, según ha informado el Alto Tribunal. El Supremo absuelve al apreciar en la actuación de los acusados un error de prohibición invencible (creencia de que actuaban dentro de la legalidad), derivado del informe de la Fiscalía que no se opuso a la inscripción del club en el Registro de asociaciones al no apreciar indicios de delito en sus estatutos.
La sentencia mantiene la absolución del presidente y un segundo directivo de la Asociación “María de Gracia Club”, de Barcelona, que tenía como fines según sus Estatutos la creación de un centro de reunión de gente consumidora de cáñamo o tabaco, la investigación genética y el establecimiento de un club de fumadores, así como la difusión cultural informando a los socios de las cuestiones relativas al cáñamo.

Dicha Asociación presentó sus Estatutos en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya y la Dirección General del Derecho y de Entidades Jurídicas dispuso su inscripción en el Registro el 22 de Marzo de 2012, con el previo informe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, de fecha 1 de Febrero de 2012 que no resultaba desfavorable. La Audiencia de Barcelona dictó la absolución considerando que se daban las condiciones de un consumo compartido no punible penalmente, lo que no es compartido por el Supremo, que absuelve por la existencia de error de prohibición invencible.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, destaca que en este caso existe un hecho diferencial respecto a la sentencia del Pleno Jurisdiccional de la Sala, de 7 de Septiembre de 2015, que condenó a los responsables de otro club de cannabis de Bilbao, con la que la nueva sentencia no es contradictoria.

Ese hecho diferencial se encuentra en que la Dirección General del Derecho y Entidades Jurídicas de Catalunya, antes de acordar la inscripción en el Registro de Asociaciones de la Asociación “María de Gracia Club”, solicitó un informe del Ministerio Fiscal el cual el día 1 de Febrero de 2012 de manera inequívoca alegó que “tal y como aparecen expuestas y redactadas –las normas estatutarias– no es posible advertir una vocación de favorecimiento y facilitación del consumo ilegal de estupefacientes, no solo por no ser acordes con el resto de los fines anunciados sino también por los condicionamientos previstos para su realización (espacio no público, reservado a socios, todos ellos mayores de edad…..) Por tales razones, en este estado inicial de la vida de la Asociación no es de apreciar la existencia de hechos constitutivos de delito”, señalaba la Fiscalía.

Dicho informe de la Fiscalía añadía que tales consideraciones no implicaban descartar que, si en el desarrollo de su actividad fueran realizados actos subsumibles en el artículo 368 del Código Penal (tráfico o promoción del consumo ilegal de drogas tóxicas), “pueda entonces ser apreciada la existencia de un delito contra la salud pública”.

La Sala II entiende que, debido a ese informe de la Fiscalía, concurre en el caso del club María de Gracia un error de prohibición invencible, que excluye la responsabilidad penal, ya que los directivos pensaban que actuaban de acuerdo a derecho. La sentencia expone que el presidente y el vocal de la Asociación, al ver el informe del fiscal de 1 de febrero de 2012, no tenían ninguna exigencia de indagar o buscar otra fuente fidedigna de información para asegurarse de la licitud de la misma. En este sentido, recuerda que dicho informe reconoce explícitamente la legalidad de la Asociación por lo que “no se nos alcanza a qué otra fuente de conocimiento más solvente podrían/deberían haber acudido los absueltos para salir de una duda que objetivamente no tenían por la propia claridad y contundencia del informe referido”.

Asimismo, argumenta que si la finalidad de la Asociación es la creación de un centro de reunión de gente consumidora de cáñamo, la creación de espacios privados de personas fumadoras, si los socios deben firmar unos compromisos en la hoja de admisión, si se trata de crear un consumo responsble y no abusivo del cáñamo, buscando una alternativa al mercado negro, con respeto a la legalidad vigente y sancionando con la expulsión de la Asociación la comisión de actos delictivos de tráfico de drogas, es evidente que las intervenciones policiales con ocupación de dosis de marihuana a socios que la obtuvieron allí, o la incautación en la propia sede, “son actividades que representan la razón de ser de la Asociación respecto de lo que el Ministerio Fiscal en su informe no efectuó ningún reparo”.

DOCTRINA DEL PLENO DE LA SALA

Por su parte, en el caso de la sentencia del Pleno de la Sala de septiembre de 2015, el tribunal apreció un error de prohibición pero vencible, es decir, no inevitable, ya que en ese supuesto los acusados no hicieron nada por superar el error y disipar dudas sobre la licitud de su actividad. La existencia de error aunque vencible, supuso que hubiera una rebaja en las condenas en esa sentencia de Pleno.

La sentencia insiste, por tanto, en que su decisión no supone una contradicción con lo resuelto en la sentencia del Pleno Jurisdiccional citado, al existir un hecho diferencial que justificó una solución diferente a la acordada en dicho Pleno.

VOTO PARTICULAR A FAVOR DE LA CONDENA

La sentencia incluye el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, José Ramón Soriano Soriano, en el que señala que la conducta de los dos acusados es delictiva y que habría que condenarles por un delito de tráfico de drogas de los que no causan grave daño a la salud, dada la concurrencia de un error vencible de prohibición, como ocurrió en la sentencia del Pleno Jurisdiccional que sentó doctrina.

En su voto, indica que no se puede entender que los acusados creyeran firmemente que estaban desarrollando una actividad legal, penalmente hablando, aunque la sociedad pudiera desarrollar otras actividades distintas, que no integrarían delito alguno. Además, subraya, ni la cantidad de droga que manejaba la sociedad, ni el número de socios (400), ni el cultivo ilegal a gran escala, ni la posibilidad de consumo en el exterior del club permiten dibujar un supuesto de creencia equivocada de un comportamiento ajustado a derecho.

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El Supremo anula la sanción a guardia civil por las imágenes de su whatsapp

Jorge Muñoz | 13 de mayo de 2016 a las 11:31

whatsappLa Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de cuatro días de suspensión de funciones impuesta a un guardia civil al no acreditarse que las expresiones e imágenes que aparecían en la presentación de su whatsapp se referían a la nota baja que había sacado su superior en el curso de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, según ha informado este viernes el Alto Tribunal.Los hechos sancionados ocurrieron cuando el sargento comandante de Puesto de Cabra de Santo Cristo, en Jaén, después de recibir un whatsapp del citado agente sobre un servicio, le abrió un parte al tener la certeza de que las palabras que figuraban en su “estado” de whatsapp “20 de 100?? 3,5 en psicología? Inútil…”, con varios emoticonos de caras sonrientes, iban dirigidas “abiertamente” contra él, que obtuvo una nota semejante, un 3,167, en la prueba de psicología.

El expediente disciplinario concluyó con la imposición de la mencionada sanción al guardia civil por una falta leve de desconsideración o incorrección con los superiores en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellos; sanción confirmada por el Tribunal Militar en una sentencia que ha sido anulada ahora por la Sala Quinta.

La Sala Quinta indica que el Tribunal Militar ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia del recurrente al efectuar una valoración no razonable del conjunto de la prueba, extrayendo conclusiones que no se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica.

Por un lado, considera que no pueden tenerse en cuenta las manifestaciones autoinculpatorias del agente sancionado ante el Capitán Jefe de la Compañía de Baeza, a la que pertenecía el Puesto de Cabra de Santo Cristo, porque no se le informó de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

En este sentido, indica que se trata de una prueba irregularmente practicada que vulnera derechos fundamentales del expedientado que, ante la recriminación de su superior, mostró su arrepentimiento y afirmó que había quitado inmediatamente el contenido del “estado” de su whatsapp al darse cuenta de que no había actuado bien”.

Por otro lado, la sentencia señala que en el listado con el resultado provisional de las pruebas –documento que obra en la causa- se aprecia que la nota que realmente sacó el sargento -3,167- no coincide con la del “estado” del whatsapp -3,5-, salvo que se acepte que el guardia civil los redondeó al alza, y que no puede atribuirse únicamente a aquel.

Tras esas precisiones, la Sala Quinta señala que el parte disciplinario emitido por el sargento -incompleto y sin firmar- no refleja datos objetivos sino juicios, apreciaciones o valoraciones subjetivas que vierte quien lo emite y que carecen de valor probatorio y de eficacia para permitir imputar al guardia civil sancionado la falta leve por la que fue sancionado.

La sentencia subraya que dicho parte, en el que el suboficial manifiesta su “certeza” de que la frase se dirigía a él, es la única prueba realmente existente de los hechos, cuya veracidad y exactitud no ha sido corroborada por el resto de la prueba testifical y documental, por lo que no puede considerarse prueba de cargo suficiente contra el guardia civil sancionado.

La Policía no puede observar una vivienda con prismáticos sin orden judicial

Jorge Muñoz | 3 de mayo de 2016 a las 12:47

guardia civilLa Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que establece que la observación de una vivienda con prismáticos por parte de la Policía sin autorización judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio. El Supremo anula la condena de cárcel por tráfico de drogas impuesta a dos personas por la Audiencia de Ourense al considerar ilícita la principal prueba de cargo contra ellos, que fue la actividad observada por la Policía en el interior de un domicilio mediante prismáticos. Los dos acusados son absueltos por el alto tribunal.
En sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, el Supremo se pronuncia por primera vez sobre la incidencia en el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 de la Constitución) de la observación mediante prismáticos por agentes de Policía del interior de un domicilio. En ese sentido, indica que la protección constitucional de esa inviolabilidad, cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior. El domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas, como ocurría en este caso.

La expectativa de intimidad no desaparece por el hecho de que el titular o usuario de la vivienda no refuerce los elementos de exclusión asociados a cualquier inmueble. Interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble, encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria.

Añade el Supremo que la protección frente a la incursión en un domicilio debe abarcar, ahora más que nunca, tanto la entrada física del intruso como la intromisión virtual. La revolución tecnológica ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una interpretación funcional del artículo 18.2 de la Constitución. La existencia de drones, cuya tripulación a distancia permite una ilimitada capacidad de intromisión en recintos domiciliarios abiertos es sólo uno de los múltiples ejemplos imaginables.

drone camara

Pero incluso para el caso en que se entendiera que los supuestos de falta de presencia física por parte de los agentes en el domicilio investigado deben ser protegidos conforme al concepto general de intimidad que ofrece el artículo 18.1 de la Constitución, lo cierto es que en el presente caso no consta la existencia de ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso.

Y se vulnera esa prohibición cuando sin autorización judicial y para sortear los obstáculos propios de la tarea de fiscalización, se recurre a un utensilio óptico que permite ampliar las imágenes y salvar la distancia entre el observante y lo observado, concluye la sentencia.

Condenados dos empleados de banco por no compartir el “cuponazo” con la limpiadora

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2016 a las 13:38

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos empleados de un banco de Palencia a un año de prisión a cada uno por apropiarse de la parte del premio perteneciente a la limpiadora de la entidad bancaria con la que jugaban todos los viernes un cupón de la ONCE que resultó premiado cuando ella estaba de vacaciones. Los dos condenados tendrán que pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización de 33.333 euros, la tercera parte de los 100.000 euros del premio, a la mujer como copropietaria del billete.

Según los hechos probados, los dos empleados del banco, junto a la limpiadora, compraban entre los tres un cupón para el sorteo del “cuponazo” que se celebra los viernes. De los tres euros que costaba el cupón, cada uno pagaba un euro, y si alguno estaba de vacaciones, los otros pagaban el importe y después el ausente pagaba su parte. De forma verbal, acordaron que si algún día tocaba el billete se repartirían el premio en proporción a su participación.

Una semana después de que la limpiadora comenzara sus vacaciones, el día 7 de septiembre de 2012, el cupón que los otros dos habían comprado en su ausencia resultó premiado con 100.000 euros, cantidad que cobraron íntegramente los dos condenados, incluida la cantidad que correspondía a su compañera, a quien le ocultaron el premio. Cuando la limpiadora se enteró y reclamó su parte, ambos negaron cualquier pacto de compra conjunta y se negaron a entregarle el dinero.

La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por uno de los condenados –la otra persona condenada no recurrió- contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia confirmada ahora por el Tribunal Supremo. En su recurso, argumentó que no había pacto con la mujer, que compraba el cupón de forma independiente.

Sin embargo, los magistrados concluyen que “entre los acusados y la perjudicada existía un pacto verbal para la adquisición conjunta todos los viernes del “cuponazo”, aportando cada uno de ellos un euro, siendo el reparto del hipotético premio proporcional a dicha cantidad (un tercio del premio)”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, destaca que se trata de un pacto verbal con datos suficientes para concluir la obligación de los acusados de repartir el premio. En consecuencia, la conducta del acusado de no repartirlo con una de las personas que participaban en la compra conjunta del mismo es constitutiva del delito de apropiación indebida.

Asimismo, la Sala de lo Penal concluye que la Audiencia Provincial de Palencia dictó su condena con indicios de gran consistencia como la declaración de la perjudicada, del vendedor de los cupones de la ONCE y de una empleada del banco, que pasó un día por dicha sucursal, que declaró que vio a los tres comprando el cupón.

La sentencia concede mayor credibilidad al vendedor de la ONCE frente al testimonio de otra empleada del banco –testigo de la defensa del recurrente- que afirmó que la limpiadora compraba al mismo tiempo que los acusados su propio cupón. En este sentido, afirma que no sólo por la falta de relaciones de compañerismo del vendedor con los acusados, sino por ser el testigo directo de la forma de proceder durante un año; quien de forma rotunda afirmó que los implicados únicamente adquirían un cupón –no dos como afirman los acusados- siendo abonado el mismo a partes iguales por los tres”.

El Supremo anula un “enchufe” en el Tribunal de Cuentas

Jorge Muñoz | 11 de febrero de 2016 a las 13:42

tribunaldecuentasLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la convocatoria para la provisión del puesto de Subdirector Técnico del Tribunal de Cuentas, al constatar que se modificaron los requisitos establecidos en una convocatoria anterior para facilitar la adjudicación de la citada plaza por el sistema de libre designación al hermano de un consejero y no al candidato más idóneo para su desempeño, según ha informado el Alto Tribunal.
Un letrado del Tribunal de Cuentas recurrió la nueva convocatoria del puesto de trabajo, de 26 de septiembre de 2013 y pidió su nulidad argumentando que se habían modificado las condiciones de la misma para favorecer a Enrique Medina Guijarro, hermano del Consejero Javier Medina Guijarro.

La sentencia considera fundada la “desviación de poder” denunciada por el recurrente y aprecia una “finalidad torcida” en la convocatoria con la que se pretendía, mediante la descripción del puesto de trabajo que se efectúa, facilitar su adjudicación al aspirante elegido para la misma.

Del mismo modo, afirma que son datos especialmente elocuentes de esa finalidad desviada que en la convocatoria impugnada se prescindió, sin justificación, de las exigencias de dominio de los idiomas inglés y francés y de otros perfiles técnicos de la plaza; y destaca los intentos de excluir de la misma a funcionarios de Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas, con un perfil profesional más próximo a las exigencias del citado puesto. Asimismo, señala la designación previa en comisión de servicios para un puesto del Tribunal de Cuentas de Enrique Medina Guijarro, perteneciente a un cuerpo funcionarial ajeno a dicha institución, prescindiendo de los funcionarios del propio Tribunal.

A todo ello, subraya la sentencia, hay que sumar los intentos frustrados de modificar por la inadecuada vía de la rectificación de errores la convocatoria inicial, de 7 de marzo de 2013, de dejarla sin efecto, y de dejar desierta la plaza controvertida; así como la ausencia de una explicación de esas decisiones, tanto en la respuesta del Tribunal de Cuentas en el actual proceso jurisidiccional como en el expediente administrativo remitido.

Con todos esos datos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que hay una base objetiva para asumir como la convicción más razonable que “la nueva convocatoria estuvo dirigida a suprimir los obstáculos que frente a otros aspirantes pudiera tener Medina Guijaro para obtener la plaza objeto de discusión”.