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Asesinato y aborto en el triple crimen

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2017 a las 2:00

La Policía recupera los cadáveres del turco y de Sandra Capitán y su hija

Ricardo el Pollino, el asesino confeso de Cerro Blanco.

Ricardo García Hernández, alias el Pollino, el joven que ha confesado el triple crimen de una pareja y una niña de seis años a los que disparó y luego enterró en sosa cáustica bajo una losa de cemento, no sólo se enfrentará a una condena por esos tres asesinatos, sino que además podría ser acusado de un delito de aborto, puesto que una de las víctimas, Sandra Capitán Capitán estaba embarazada de tres meses. Se trata de velar por los derechos de lo que se denominada “nasciturus”, es decir, el ser humano concebido y que no ha nacido.
Un fiscal, un juez y un abogado penalista coinciden en que esos podrían ser los cargos que se le imputen, aunque todos ellos hablan de forma genérica, en supuestos parecidos y sin referirse concretamente a este caso, que está actualmente en instrucción bajo secreto de sumario.
Así, el fiscal de la Audiencia de Sevilla Enrique Pedrós señala, en relación con la muerte violenta de una mujer embarazada, que pueden distinguirse dos conductas. La primera consiste en que la muerte causada a la mujer sería constitutiva de un delito de homicidio o, en su caso, de un delito de asesinato, “dependiendo de las circunstancias que hayan concurrido en la comisión del hecho (alevosía, ensañamiento, mediante precio o para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra)”.
En segundo lugar, en el caso de la muerte de la mujer embarazada, se produce otro resultado “penalmente relevante”, como es la muerte del feto a consecuencia del ataque a la mujer. “Respecto a este segundo hecho, dicha muerte no podría calificarse como un delito de homicidio o, en su caso, como asesinato, en primer lugar porque la protección de la vida humana independiente, como bien jurídico protegido en los delitos contra la vida desde el punto de vista penal, se inicia cuando comienza propiamente el parto”.
El fiscal Enrique Pedrós precisa que “antes de dicho momento, cualquier ataque al feto puede ser calificado como un delito de aborto o de lesiones al feto si se le causan daños sin llegar a producir su muerte”. Partiendo de lo anterior, la muerte del feto puede ser calificada como un delito de aborto, previsto en el artículo 144 del Código Penal, que se castiga con pena que oscila entre los cuatro y ocho años de prisión, “siempre que resulte acreditado, primero, el hecho mismo del embarazo y, en segundo lugar, que el autor de la muerte conocía el estado de embarazo de la mujer en el momento de realizar su ataque, bien porque conociese previamente a la mujer víctima, bien porque el estado de gestación pudiera deducirse claramente de su estado físico”.
La misma opinión tiene el abogado penalista Manuel Pérez Cuajares, que explica que aunque tampoco conoce en concreto la causa del Pollino, los hechos “nunca” podrían dar lugar a que se le imputaran cuatro delitos de asesinato, dos de ellos por la mujer embarazada y su hijo no nacido. “Podría ser un delito de homicidio o de asesinato, en concurso ideal con un delito de aborto, si bien habría que ver si se puede acreditar que estaba embarazada [algo que puede corroborar la autopsia] o se pudiera intuir que estaba embarazada”.
El letrado señala que tampoco se conoce si el embarazo de la mujer “iba a buen término” y sobre todo que el sospechoso del crimen “supiera” que la joven estaba en estado de gestación.
Manuel Pérez Cuajares señala que la jurisprudencia relacionada con supuestos similares, en los que se analiza la muerte de una mujer y un nasciturus, hablan del concurso ideal entre los delitos de homicidio y asesinato y el delito de aborto, además del conocimiento que el acusado pudiera tener de la situación de embarzao o si éste era “notorio” porque pudiera apreciarse a simple vista.
Una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2015 condenó precisamente a un hombre que mató en Madrid a su compañera sentimental, que estaba embarazada de entre cuatro meses y medio y cinco meses, por un delito de asesinato en concurso ideal con otro de aborto, imponiéndole una condena de 16 años de cárcel. Los hechos enjuiciados en esta sentencia se remontan a la mañana del 4 de abril de 2011, cuando el acusado se encontraba en el domicilio que compartía con su pareja y, con ánimo de causarle la muerte, la estranguló apretándole el cuello con una corbata, presionándole “hasta causarle la muerte por parada cardiorrespiratoria por anoxia-anóxica”.
Tras la muerte, a la víctima le fue extraído un feto sin vida de entre cuatro meses y medio y cinco meses de gestación, del que se encontraba embarazada y cuya paternidad correspondía al acusado, “el cual sabía que estaba embarazada y actuó contra la madre, asumiendo que ello provocaría la muerte del feto”, según declaró como hechos probados el jurado popular que enjuició este caso. El jurado declaró culpable al acusado de los dos hechos que s le sometieron a su consideración:de haber causado la muerte a su compañera y al feto que ésta llevaba en su vientre.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia de Sevilla Federico Jiménez Ballester considera que “si se declarase probado que la intención del procesado era la de matar a la mujer y se considerase igualmente acreditado que conocía que ésta se hallaba embarazada, la pérdida del hijo que ésta esperaba habría de ser imputada, forzosamente a título de dolo a aquél, puesto que conocía perfectamente el embarazo y no se le hubiese podido ocultar que la muerte de la madre acarrearía inevitablemente la del feto, todavía incapaz de vida independiente”.
El juez añade que si finalment se considera que el acusado “no podía conocer ni aún siquiera sospechar que la mujer estaba embarazada, no podría establecerse que el resultado del aborto fuera en algún modo previsible, por lo que no podría imputársele la comisión del delito por imprudencia”.
Finalmente, prosigue Federico Jiménez Ballester, si se pudiera entender que “esa sospecha era razonable, por ejemplo, por el avanzado estado de gestación u otras circunstancias conocida por el autor de los hechos, podría efectuarse la imputación y, en su caso, condena por un delito de aborto por imprudencia grave, castigado por el artículo 144 del Código Penal”.
Ricardo el Pollino, el asesino confeso de Sandra Capitán Capitán, de 26 años, de su compañero sentimental, el turco Mehmet Demir, de 55, y de su hija Lucía Begines Capitán, de sólo seis años, podría aplicársele la reforma del Código Penal que introdujo en 2015 la pena de prisión permanente revisable, con lo que podría pasar el resto de su vida en la cárcel, salvo que prospere la supresión de la norma al haber dado ya el Congreso de los Diputados el primer paso para derogar esta forma de cadena perpetua.