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Justicia contable en los ERE

Jorge Muñoz | 15 de abril de 2018 a las 2:00

* El Tribunal de Cuentas dicta cuatro primeras sentencias que condenan al ex director de Trabajo Juan Márquez a devolver 1,2 millones a la Junta * Los fallos ratifican todas las irregularidades

Las primeras cuatro sentencias de los ERE ya han sido dictadas y todas ellas son condenatorias. La Justicia contable, la que emana del Tribunal de Cuentas y que en muchas ocasiones es una gran desconocida, ha condenado al que fuera director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, el sucesor de Javier Guerrero en el organismo que durante diez años otorgó las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, a reintegrar a las arcas de la Junta de Andalucía 1.252.611,83 euros, en concepto de “responsable contable” de los pagos realizados con fondos públicos a los ex trabajadores de cuatro empresas que figuran en la macrocausa judicial de los ERE fraudulentos: Calderinox, Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.

De los 1,2 millones que deben ser reintegrados a la Administración autonómica, Juan Márquez –que ha sido declarado en rebeldía en todos estos procedimientos al no haber comparecido a los mismos– debe devolver personalmente la cantidad de 402.280,23 euros (183.649,67 por Calderinox y 218.630,56 por Saldauto), mientras que el resto, 850.331,6 euros, tendrá que reintegrarlos de manera solidaria con las empresas beneficiarias (381.601,9 euros en el caso de Nueva Lima y 468.729,70 euros por Valeo Iluminación). Dice el Alto Tribunal que con su actuación, Márquez dio lugar al “menoscabo” de los caudales públicos.
Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas están fechadas en diciembre pasado y han sido dictadas por la consejera del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento Margarita Mariscal de Gante, la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.
Con un contenido básicamente similar y salvando las evidentes distancias entre la jurisdicción contable y la Penal, lo relevante de estas cuatro sentencias condenatorias es que consideran probadas todas y cada una de las irregularidades sobre las que la SecciónPrimera de la Audiencia de Sevilla tendrá que pronunciarse una vez que finalice el juicio que se celebra actualmente por del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Para empezar, las sentencias del Tribunal de Cuentas estiman las demandas presentadas por la propia Junta de Andalucía –a las que se ha adherido la Fiscalía–, que en la vía penal ejerce la acusación particular pero que en el juicio a los ex altos cargos fue apartada tras haber pedido el sobreseimiento para los 22 acusados, al estimar que no hay ninguna “trama criminal” ni se creó un procedimiento concreto para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Las cuatro resoluciones recuerdan que los hechos fueron investigados en las actuaciones previas 116/2013 del Tribunal de Cuentas, que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de fecha 18 de octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo y a empresas en crisis otorgadas por la Junta en el periodo 2001-2010.
Así, señalan las sentencias que el informe de fiscalización pone de manifiesto, con carácter general, “graves irregularidades”, entre las que destaca que hasta la orden de 3 de marzo de 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias para que las ayudas de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, pudiesen ser otorgadas por el director general de Trabajo y no por el consejero de Empleo.
Tampoco consideraba el informe del órgano de control andaluz que haya quedado acreditado en los expedientes de concesión de las ayudas las “razones de interés social o económico” que exige el artículo 12.5 del decreto 254/2001.
De la misma forma, entiende que “se ha realizado un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria” para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo a la partida 31L, lo que ha conducido a la “ausencia de la preceptiva fiscalización previa, adecuada a la naturaleza del gasto subvencional”.


DECLARACION EXDIRECTOR TRABAJO JUNTA EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

 

Otras irregularidades, según el informe de fiscalización, consisten en que la Consejería de Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, por lo que no se establecieron los requisitos, los plazos de ejecución ni las actuaciones posteriores para la justificación de las finalidades y de empleo de los fondos.
Por todo ello, el dictamen concluye que hasta el año 2010 esas ayudas se han otorgado “prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto” y no se ha acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la “correcta aplicación de los fondos”.
El informe concluía asimismo que la calificación de estas ayudas como “subvención excepcional” ha dado lugar a un “abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos tales como la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas”.
La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante explica a continuación que desde la perspectiva de la “responsabilidad contable” el pago con fondos públicos realizado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con “absoluto desprecio” de la exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un “hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación, en el sentido de los artículos 177.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP) y 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTcu)”.
La responsabilidad contable alcanza “a los gestores de fondos públicos que hayan ordenado o realizado los pagos, o hayan realizado cualquier otra actuación que suponga ejecutar, forzar o inducir a ejecutar , o cooperar en la comisión de los hecchos, o incluso participar con posterioridad para ocultar los hechos o impedir su persecución (artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas)”.
Al analizar las ayudas concedidas, las sentencias destacan en primer lugar que se trata de pagos “carentes de cobertura legal”, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos, al tiempo que resulta “imposible determinar cuál fue el destino final de los fondos, ya que ni siquiera está acreditado que los mismos se hayan ingresado en una cuenta de la empresa a la que, según el expediente de la ayuda, debían ir destinados”. Tampoco existió una “convocatoria pública” para la concesión, siendo entregados los fondos de forma directa, y además el pago “no cumplía los requisitos legalmente exigidos en para la concesión de las ayudas públicas”, ni hay constancia de la solicitud de las ayudas ni de que la Dirección general de Trabajo realizara un análisis de la situación económica de las empresas beneficiarias o de la merma económica que sufrieron sus ex trabajadores.

 

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Sobre las transferencias de financiación a IDEA para el pago de las ayudas, el Tribunal de Cuentas considera que “por imperativo legal” el fin era cubrir pérdidas y no pagar subvenciones, por lo que las cantidades de esas transferencias de la partida 31L “quedaron al margen del control previo de la Intervención de la Junta porque en lugar de aparecer como pagos de subvenciones con cargo al presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se contabilizaron como transferencias de financiación para IDEA, no estando sometida esta entidad a dicho control previo”.
Las sentencias reproducen el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)) para firmar que estas “subvenciones” fueron concedidas “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Las ayudas concedidas por Juan Márquez constituyeron, según el Tribunal de Cuentas, un “acto de disposición de fondos públicos carente de la más mínima justificación en cuanto a su finalidad e interés público y con total incumplimiento de la normativa para la concesión de este tipo de ayudas”.
Para el Tribunal de Cuentas, el ex director de Trabajo Juan Márquez, en cuanto que fue él quien ordenó los pagos de estas cuatro ayudas, es “responsable contable directo del mismo ya que con su actuación dio lugar a ese menoscabo para los caudales públicos”.
En esa gestión de los fondos públicos no cabe sino apreciar “culpa grave”, pues omitió “la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado” y a ello añade que el ex director era “plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos”.
A estas cuatro primeras sentencias pueden sumarse otras tantas en los próximos meses a raíz de los distintos procedimientos que siguen en el Tribunal de Cuentas, a instancias de la Administración andaluza, para la devolución de las ayudas concedidas de forma irregular.

 

La consejera que nombró a Zoido director de Justicia

 

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante.

Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas que han declarado la responsabilidad contable del ex director de Trabajo de la Junta Juan Márquez han sido dictadas por la consejera del departamento segundo de Enjuciamiento Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.

Mariscal De Gante fue además quien nombró en 1996 como director general de Relaciones con la Administración de Justicia al actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien a su vez fue quien llevó a los tribunales el escándalo de los ERE fraudulentos cuando fue elegido alcalde de Sevilla, cargo que ocupó entre los años 2011 y 2015.

El Supremo anula un “enchufe” en el Tribunal de Cuentas

Jorge Muñoz | 11 de febrero de 2016 a las 13:42

tribunaldecuentasLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la convocatoria para la provisión del puesto de Subdirector Técnico del Tribunal de Cuentas, al constatar que se modificaron los requisitos establecidos en una convocatoria anterior para facilitar la adjudicación de la citada plaza por el sistema de libre designación al hermano de un consejero y no al candidato más idóneo para su desempeño, según ha informado el Alto Tribunal.
Un letrado del Tribunal de Cuentas recurrió la nueva convocatoria del puesto de trabajo, de 26 de septiembre de 2013 y pidió su nulidad argumentando que se habían modificado las condiciones de la misma para favorecer a Enrique Medina Guijarro, hermano del Consejero Javier Medina Guijarro.

La sentencia considera fundada la “desviación de poder” denunciada por el recurrente y aprecia una “finalidad torcida” en la convocatoria con la que se pretendía, mediante la descripción del puesto de trabajo que se efectúa, facilitar su adjudicación al aspirante elegido para la misma.

Del mismo modo, afirma que son datos especialmente elocuentes de esa finalidad desviada que en la convocatoria impugnada se prescindió, sin justificación, de las exigencias de dominio de los idiomas inglés y francés y de otros perfiles técnicos de la plaza; y destaca los intentos de excluir de la misma a funcionarios de Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas, con un perfil profesional más próximo a las exigencias del citado puesto. Asimismo, señala la designación previa en comisión de servicios para un puesto del Tribunal de Cuentas de Enrique Medina Guijarro, perteneciente a un cuerpo funcionarial ajeno a dicha institución, prescindiendo de los funcionarios del propio Tribunal.

A todo ello, subraya la sentencia, hay que sumar los intentos frustrados de modificar por la inadecuada vía de la rectificación de errores la convocatoria inicial, de 7 de marzo de 2013, de dejarla sin efecto, y de dejar desierta la plaza controvertida; así como la ausencia de una explicación de esas decisiones, tanto en la respuesta del Tribunal de Cuentas en el actual proceso jurisidiccional como en el expediente administrativo remitido.

Con todos esos datos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que hay una base objetiva para asumir como la convicción más razonable que “la nueva convocatoria estuvo dirigida a suprimir los obstáculos que frente a otros aspirantes pudiera tener Medina Guijaro para obtener la plaza objeto de discusión”.