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Condenado un capitán a siete meses de cárcel por grabar desnuda a una soldado en unas maniobras

Jorge Muñoz | 19 de enero de 2017 a las 19:13

Un carro de combate en unas maniobras en Cerro Muriano

Un carro de combate en unas maniobras en Cerro Muriano

La Sala de lo Militar ha confirmado la condena a siete meses de prisión impuesta a un Capitán del Ejército de Tierra que grabó desnuda con su teléfono móvil a una soldado durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano de Córdoba.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado, que era teniente cuando ocurrieron los hechos,  contra el fallo del Tribunal Militar Territorial Cuarto que le impuso la citada pena por un delito de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante a inferior, y el pago de 1000 euros por los daños morales que causó a la víctima, ha informado el Alto Tribunal.

El 13 de febrero de 2014, después de realizar unos ejercicios militares, la soldado, que era la única mujer que participaba en las prácticas, se duchó y se fue a su camareta para vestirse. El oficial condenado aprovechó que estaba sola en su habitación, desnuda, secándose, echándose crema y buscando la ropa para vestirse, para grabarla desde la estancia contigua, que estaba separada de la otra por un tabique que no llegaba hasta el techo. El oficial se encaramó a una de las literas y colocó su móvil por encima de dicho tabique para grabar las imágenes. Al oír ruidos y sentirse observada, la mujer se refugió detrás de su taquilla, pero al mirar hacia arriba vio un móvil de color negro y preguntó “¿quién anda ahí?”. En ese momento una mano retiraba el artilugio.

La soldado salió de su habitación para ver quién la había grabado y se encontró con el teniente, agachado y cerrando una bolsa, que le respondió: “yo, ¿por qué?”. Sorprendida por lo ocurrido, la mujer envió un SMS al condenado diciéndole que borrara la grabación y que iba a dar parte del episodio.

La Policía Judicial no encontró ningún archivo almacenado en el teléfono móvil del teniente que estuviera relacionado con los hechos por lo que concluyó que el aparato podría haber sido sometido a un borrado seguro, como así reconoció el propio acusado.

Sin embargo, pese al borrado, la Sala Militar considera que la declaración de la víctima es prueba de cargo suficiente para dictar una condenar al estar corroborada por testificales como la del sargento primero que declaró que la soldado le contó lo ocurrido y destacó que se encontraba en estado de nervios. Además, añade la sentencia, se apoya en las periciales que acreditan que el SMS se envió al teniente el día 13 de febrero de 2014 a las 18:07 horas y que el teléfono móvil había sido sometido a un borrado seguro.

Para el Tribunal Supremo, se dan los elementos típicos del delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante a inferior porque resulta probado que se produce “un hecho que constituye trato degradante, pues objetivamente es denigrante y humillante, afectando clara y directamente a la dignidad de la persona”.

La sentencia indica que el condenado trató a la soldado como “un mero objeto, atacando su intimidad y sometiéndola a tener que soportar la existencia de una foto de ella desnuda”, por lo que su acción constituye un trato degradante y, en consecuencia, la tipicidad penal del hecho es correcta al tratarse de una “degradación y humillación, que conduce a rebajar la consideración que la dignidad de la persona ha de tener y serle absolutamente respetada”.

En este caso, además, destaca la Sala Quinta, el acusado ha quebrantado un deber que le viene impuesto por las normas jurídicas que regulan su profesión de militar. “Esta infracción del deber hace más reprobable la conducta realizada, pues implica que se parte de una situación de jerarquía legalmente establecida entre el sujeto activo y el pasivo, lo que de por sí implica una situación fáctica de superioridad, que puede aparecer no sólo en las relaciones personales sino también en el aprovechamiento que tal condición jerárquica le permite en relación con las circunstancias de lugar y tiempo”, subraya la sentencia.

El Supremo retira la patria potestad de un hijo a un condenado por abusos sexuales a la hija de su pareja

Jorge Muñoz | 18 de enero de 2017 a las 14:47

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, por la que se estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 12 de febrero de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Sexta, en el recurso de apelación no 504/2015. Dicha resolución trae causa de un juicio de modificación de medidas promovido por la madre frente al padre, ingresado en un centro penitenciario en el que cumple condena como autor responsable por un delito continuado de abuso sexual en la persona de la hija menor de la demandante, de once años de edad, en la que se solicita, entre otras pretensiones, la privación de la patria potestad del demandado, respecto del hijo menor y la suspensión del régimen de visitas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda interpuesta, acordando la privación de la patria potestad del demandado respecto de su hijo menor de edad, así como la suspensión del régimen de visitas.

La sentencia de segunda instancia estimó parcialmente el recurso interpuesto por el padre, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia, acordando que la privación de la patria potestad se mantendrá hasta que se declare extinguida en su integridad la pena privativa de libertad. Considera la sala de apelación que los actos apreciados para la privación de la patria potestad no son actos que hayan directamente afectado al propio hijo, sin que se haya acreditado que la privación de la patria potestad sin límite temporal reporte algún beneficio al menor, por lo que no existiría razón suficiente para privar de la patria potestad más allá del tiempo de cumplimiento de la condena.

Interpuesto recurso de casación por la madre demandante, el mismo es estimado por esta Sala con base en que en la sentencia recurrida no se han seguido las pautas jurisprudenciales de esta Sala, pues constando la condena por abusos sexuales de la hija habida por su pareja en anterior relación, no se necesita un especial esfuerzo de razonamiento para concluir que el hijo del demandado y hermano de vínculo sencillo de la hija de la demandante está sometido a un grave riesgo, ante la falta trascendental de incumplimiento de sus obligaciones de respeto y cuidado para con la menor hija de la actora.

Quien ha incurrido en una grave agresión sexual a la hija de su pareja pone en un riesgo y peligro cierto a su propio hijo, con el que convivió escaso tiempo en régimen familiar. El demandado no reúne las características propias de un buen padre de familia, por lo que se afectaría gravemente el interés de su propio hijo si se permitiese el ejercicio de la patria potestad por quien es evidente que no está capacitado para el cumplimiento de las obligaciones de cuidado y respeto de un menor (art. 170 del C. Civil). Para la privación de la patria potestad no es necesario que la agresión o incumplimiento de deberes tenga como sujeto pasivo directo al hijo, sino que también se puede inferir de la agresión a la madre o, como en este caso, a una hermana.

La Iglesia Evangélica no tendrá casilla en el IRPF

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2017 a las 16:00

irpfLa Sala Tercera del Tribunal Supremo establece que la negativa de Hacienda a disponer una casilla en la declaración del IRPF para que los contribuyentes puedan destinar el 0,7 por ciento de la cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante no vulnera derechos fundamentales de dicha Iglesia, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La Sala III rechaza el recurso sobre protección de derechos fundamentales presentado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, desestimó su demanda contra la resolución del Ministerio de Hacienda, de 25 de enero de 2015, que rechazó la petición de esa Iglesia de contar con una casilla reservada para los contribuyentes que lo deseen en el modelo de declaración del IRPF, como ocurre con la Iglesia Católica.

Hacienda respondió que la actual previsión de una casilla mediante la cual los contribuyentes que así lo quieren pueden decidir que ese porcentaje de la cuota de su impuesto se entregue a la Iglesia Católica se fundamenta en los Acuerdos de España con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 y que, a falta de un convenio similar, no era posible acceder a la petición de la Iglesia Protestante.

La Audiencia Nacional, al justificar su fallo desestimatorio, señaló que el Convenio celebrado entre España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, en su Anexo IV, dedicado al régimen económico, artículo II, recoge el compromiso del Estado de asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio o sobre cualquier otro de carácter personal siempre que así lo manifieste expresamente cada contribuyente. También, da cuenta de que la Ley 24/1992 contempla el régimen fiscal de los bienes y actuaciones de FEREDE pero sin prever ninguna previsión semejante a la del Convenio con la Santa Sede.

Por eso, concluyó la Audiencia, el establecimiento de un mecanismo como el pedido por la recurrente requeriría de un convenio entre el Estado y la instancia representativa de las confesiones religiosas que lo pretenden y que la Administración no puede establecerlo de manera unilateral.

Para el Supremo, la sentencia de la Audiencia Nacional ha explicado a la recurrente cuál es el régimen propio del derecho de petición (que no supone el derecho a que la petición sea contestada afirmativamente) y que la contestación ofrecida por la resolución de 26 de enero de 2015 es respetuosa con los preceptos de la Ley Orgánica 4/2001, que regula ese derecho. Asimismo, ha corroborado la distinta situación en que se halla FEREDE respecto de la Iglesia Católica, no para realizar un juicio de igualdad sino para confirmar que la respuesta ofrecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas era coherente con la petición y suficientemente fundada en Derecho. Es decir, que ofrecía las razones por las que no cabe atenderla.

Esa respuesta satisface el derecho fundamental ejercido por FEREDE, de manera que ninguna infracción del artículo 29 de la Constitución o de la Ley Orgánica 4/2001 se puede imputar a la sentencia ni a la Administración. Asimismo, ni la sentencia de la Audiencia ni la actuación administrativa incurren en infracción de los artículos 14 y 16 de la Constitución en ninguno de los apartados invocados por la recurrente precisamente porque se mueven en el marco del derecho fundamental (de petición) que ha ejercido.

El pleito de la espada Tizona

Jorge Muñoz | 23 de noviembre de 2016 a las 15:54

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El actor Charlene Heston en su interpretación de El Cid.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de José Ramón Suárez-Otero Velluti, marqués de Falces, y determina que era el titular por herencia y propietario exclusivo por posesión de la espada “Tizona”, atribuida a El Cid Campeador, y como tal podía disponer íntegramente de la misma, como así hizo al venderla en 2008 a un grupo de empresas y una fundación por el precio de 1,5 millones de euros. Los adquirentes donaron la espada, que fue depositada en el Museo de Burgos, a la comunidad autónoma de Castilla y León, según ha informado este martes el Alto Tribunal.

La sentencia revoca las anteriores dictadas por el Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid y por la Audiencia de Madrid, que dieron la razón a las hijas de un matrimonio que fue declarado en 1987 heredero universal por un marqués de Falces antecesor del actual y tio suyo, Pedro Velluti de Murga.

Tanto el Juzgado como la Audiencia consideraron que de la espada eran cotitulares el actual marqués de Falces y las hijas del citado matrimonio (que reclamaban la mitad del precio de la espada, es decir, 750.000 euros).

El Supremo estima el recurso de José Ramón Suárez-Otero, que heredó la espada y el título de marqués de Falces de su madre, Olga Velluti, hermana de Pedro, y señala que ambos adquirieron la propiedad por ‘usucapion’, es decir, por su posesión ininterrumpida durante más de seis años.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaraba la cotitularidad por herencia sobre la espada Tizona.

La sentencia de la Audiencia Provincial resolvió sobre la titularidad dominical de la espada Tizona, que se considera pudo pertenecer al Cid Campeador y que llegó a Navarra de la mano de su hija doña Cristina Elvira. Tras figurar inventariada en la armería de distintos reyes, fue regalada por Fernando el Católico a Monsen Pierres de Peralta el Joven, en recompensa por los servicios prestados a la Corona de Aragón, esencialmente por las gestiones por él realizadas para lograr el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.

Desde el último tercio del siglo XV estuvo unida al Mayorazgo de Falces y, tras el fallecimiento de uno de los marqueses de Falces sin descendencia, fue legada en testamento por su viuda a su sobrino y sucesor del título, con el encargo de transmitir “este recuerdo” a quién fuera sucesor en el título de nobleza.

La espada fue depositada por el legatario en el Museo del ejército el 12 de julio de 1944. Al fallecimiento del depositante, en el año 1959, el título nobiliario pasó a su hijo, instituido heredero junto a su hermana por testamento en el que no había mención a la espada Tizona. Los dos hermanos acudieron al Ministerio del Ejército a ratificar el depósito de la espada efectuado en su día por su padre. Fallecido uno de los dos hermanos en el año 1987 sin descendencia, nombró herederos –sin mencionar la espada- a los padres de las demandantes, mientras que el título nobiliario pasó a su hermana. Ésta cedió el título a su hijo -demandado en el presente proceso- y manifestó ante notario que esa cesión conllevaba la transmisión de la referida espada. En 2007, el sucesor en el título vendió la espada a un grupo de empresas y a una fundación que, a su vez, la donaron a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

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Lo que se discutía en el recurso era, esencialmente, si la mitad indivisa de la espada que pudo pertenecer al hermano fallecido en primer lugar había sido adquirida por usucapión, al haber sido poseída primeramente por su hermana y luego por el hijo de ésta en concepto de dueños y por un periodo superior a los seis años que establece el Código Civil.

La Audiencia Provincial estimó la demanda y rechazó la usucapión alegada por considerar que la madre del demandado conocía el testamento de su hermano y sabía que la mitad de la espada Tizona formaba parte de su haber hereditario, sin actos inequívocos de propiedad exclusiva frente a los herederos, que en el año 2001 habían tenido noticias por publicaciones en prensa de la espada Tizona.

La Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto y desestima la demanda. La sentencia distingue entre la posesión mediata e inmediata, que pueden coexistir sobre un mismo objeto. Considera que la posesión mediata puede servir a efectos de la usucapión y reitera la doctrina existente sobre la posesión en “concepto de dueño” a efectos de la usucapión, que no debe confundirse con el requisito de la “buena fe” –no necesario en la prescripción extraordinaria- y que exige como elemento objetivo o causal actos inequívocos con manifestación externa en el tráfico.

La Sala considera que la usucapión extraordinaria se consumó a favor de la madre del demandado por el transcurso de seis años desde del fallecimiento de su hermano y, en consecuencia, desde ese momento podía disponer íntegramente de la espada y donarla a su hijo, como efectivamente hizo.

El Supremo declara nulo el despido de una profesora de religión que se casó con un divorciado

Jorge Muñoz | 11 de noviembre de 2016 a las 16:19

resurrección galera

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera despido nulo por violación de derechos fundamentales la falta de llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de la profesora de religión Resurrección Galera Ramos, que se casó con un divorciado. El Alto Tribunal considera que esa acción tiene los síntomas de ser una represalia por el pleito judicial que ella emprendió once años antes por su exclusión como profesora para el curso 2001-2002 tras casarse en 2000 con un divorciado, según ha informado el Supremo.

El Tribunal le concedió su amparo en 2011 y aquel primer despido se declaró nulo. El Supremo estima ahora el recurso de la mujer en relación a su exclusión del curso 2012-13, y condena a los demandados por la profesora (Ministerio de Educación, Consejería de Educación andaluza y Obispado de Almería) a readmitirla y pagarle los salarios de tramitación que se devenguen hasta que la readmisión tenga lugar.

El alto tribunal destaca que vuelve a producirse una vulneración de sus derechos fundamentales con “la exclusión de la lista del personal a contratar”, porque, “tras once años pleiteando por el despido (…), despido declarado, finalmente, nulo por violación de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente, conforme a los artículos 12-3 del ET y 4 del RD 696/2007, se niega esa reanudación sin motivar, cual requiere el art. 7-b) del citado Real Decreto”.

“La existencia del procedimiento anterior durante once años, proceso en el que se consideraron vulnerados derechos como el de igualdad y no discriminación, libertad religiosa, intimidad y otros, constituía un indicio suficiente de la continuidad en la violación de los derechos fundamentales que se había sancionado en el anterior proceso, máxime cuando el nuevo despido se produjo, prácticamente, sin solución de continuidad, lo que constituía, igualmente, un síntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial efectiva del que deriva “la garantía de indemnidad” que consiste en el derecho a no ser represaliado por el ejercicio de acciones judiciales”, indica el Supremo.

El fallo añade que “la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones justas y objetivas, que era ajeno a todo propósito de revancha y que con él no se pretendía burlar la ley. Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisión del obispado fue motivada, cual requieren el art. 7 del RD 696/2007 y nuestra jurisprudencia”.

 

El Supremo confirma que la libertad de expresión no ampara el “discurso del odio” en las redes sociales

Jorge Muñoz | 4 de noviembre de 2016 a las 14:05

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de  un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años para Aitor Cuervo Taboada por delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus víctimas, por el contenido de una serie de mensajes que subió a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter en el año 2013. La sentencia hace un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el propio Supremo sobre el denominado ‘discurso del odio’ (hate speech en inglés – alabanza o justificación de actos terroristas), y destaca que comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica “pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre”, según ha informado este viernes el Alto Tribunal.

Entre los 13 mensajes que se destacan en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que queda ahora ratificada, figuran los siguientes: “A mi no me da pena alguna Miguel Ángel Blanco me da pena la familia desahuciada por el banco”, “Dos noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Jaén) le han quemado el coche a un concejal pepero. La mala, el pepero no estaba dentro …”, “Si al final Aznar regresa de pleno a la política activa, espero que ETA lo haga también, para equilibrar la balanza”, o “Tengo la botella de champán preparada para el día que se retome la lucha armada, la idea de la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa”.

Al aplicar al caso concreto la jurisprudencia sobre el ‘discurso del odio’, el Supremo rechaza el recurso del acusado, que alegó que la Audiencia Nacional no había sopesado las detalladas explicaciones sobre cada de una de las frases que había realizado en el acto del juicio.

“Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas víctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No están presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente”, contesta el alto tribunal.

“Ciertamente en ocasiones –añade la resolución- probar la inocencia se convierte en una tarea imposible (probatio diabólica) pero no tanto porque el Tribunal imponga una carga desmesurada e improcedente, sino porque los hechos aparecen con tal evidencia que se torna tarea hercúlea desmontarla. El delincuente in fraganti tropieza con un muro insorteable para convencer de su supuesta inocencia al Tribunal. Pero eso es así no por una aplicación indebida de las reglas sobre la carga de la prueba sino por la misma forma de aparición del suceso. En delitos de expresión en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autoría, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ahí se hace muy difícil encontrar una disculpa razonable que sea convincente”.

La sentencia rechaza además aplicar al caso el nuevo artículo 579 bis del Código Penal, que permite una rebaja de condena a la vista de la gravedad de los hechos, medio empleado y resultado producido. “No se dan los presupuestos para semejante devaluación de la gravedad de conducta, a la vista de la pluralidad de mensajes y la dualidad de modalidades típicas abarcada”, es decir, que hay mensajes tanto de enaltecimiento del terrorismo como de humillación a las víctimas.

HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS, MORFOLOGÍA DE DELITO PÚBLICO

En relación a las modalidades del delito, el Supremo destaca que el de enaltecimiento del terrorismo exigía publicidad, (“… por cualquier medio de expresión pública o difusión ….”), y que no sucedía así con el tipo de humillación a las víctimas (“…. o la realización de actos que entrañen descredito, menosprecio o humillación de las víctimas …”).

“Esta segunda figura reviste una naturaleza más privada: afecta directamente al honor de las víctimas de acciones terroristas por el hecho de serlo; aunque también sin duda golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos”, explica la sentencia.

Esa humillación supone una lesión a su dignidad humana, “violada con el menosprecio que emana del comportamiento querido, directa o indirectamente, por el sujeto activo. Con esa configuración la ofensa privada, aislada a una sola persona, puede dar lugar al delito que aquí se tipifica, sin perjuicio de que también pueda observarse su concurrencia en el caso de una pluralidad de afectados y de que sociológica y criminológicamente la afectación tiende a trascender la esfera individual repercutiendo en sentimientos y valores colectivos lo que otorga a la infracción la morfología de delito público a diferenciación del delito de injurias con el que guarda algún parentesco (las palabras “menosprecio” o “descrédito” traen a la memoria el art. 457 CP 1973 con su clásica definición de injurias)”.

El Supremo reconoce por primera vez el derecho de los padres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2016 a las 15:06

vientre dealquiler

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez el derecho de los padres de hijos de vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social. En una nota informativa, el Pleno ha hecho pública su decisión de estimar los recursos de casación para la unificación de doctrina planteados, en un caso, por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestación por sustitución, que está inscrito en el Registro del Consulado de España en Los Angeles; y en el otro caso, el de un hombre que concertó una reproducción asitida en la India  con su material genético. En este último caso, la Sala Cuarta transfiere las prestaciones que corresponderían a la madre biológica, que no va a poder disfrutarlas, al padre de las dos niñas. La Seguridad Social les había denegado las prestaciones sobre la base de la Ley de Reproducción Asistida que considera nulos los contratos de maternidad por sustitución.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo constituida en Pleno ha deliberado en la fecha de hoy dos recursos de casación para unificación de doctrina en los que se planteaba si la maternidad por subrogación o sustitución puede considerarse situación protegida a los fines de la prestación por maternidad, adopción o acogimiento, con la particularidad de que en uno de los casos el solicitante de la prestación era un varón.

En efecto, en el primer caso se trata de una trabajadora que tiene un hijo en virtud de un contrato de gestación por sustitución, hijo que consta escrito en el Registro del Consulado de España en Los Ángeles, figurando la actora como madre y su pareja varón como padre.

En el otro supuesto se trata de un español que concierta una reproducción asistida en la India, utilizándose su material genético. La madre gestante alumbró dos niñas y aceptó que el hombre asuma, en exclusiva, “todas las funciones y obligaciones que se derivan de la patria potestad”. Las menores fueron inscritas en el Registro Consular como hijas de los padres biológicos (la madre “de alquiler” y el varón español), siendo trasladadas a España por su progenitor. La Seguridad Social española denegó las prestaciones “de maternidad” solicitadas por el padre de las menores puesto que la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustitución.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los solicitantes de tales prestaciones, pues ha estimado que ha de hacerse una interpretación integradora de las normas aplicadas, contempladas a la luz de la jurisprudencia del TEDH y de diversos preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.

En el caso del varón, se recuerda que las prestaciones por maternidad también cubren supuestos de adopción o acogimiento, que la madre puede transferir al padre una parte de ellas y que, en ciertos casos, cuando la madre biológica no puede disfrutarlas (muerte, ausencia de protección) se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasión.

El Tribunal Supremo también advierte que no se aprecia conducta fraudulenta, que la atención a los menores es el punto de vista predominante cuando se trata de prestaciones de Seguridad Social, que las prohibiciones sobre inscripción registral o sobre el propio contrato de maternidad por sustitución quedan al margen del problema y que no se está creando una prestación de Seguridad Social, sino interpretando las exigencias de las actuales conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico.

 

El Supremo reconoce el derecho de una juez a prorrogar la reducción de jornada por un hijo enfermo

Jorge Muñoz | 17 de octubre de 2016 a las 15:42

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de no prorrogar la reducción de jornada de una jueza para el cuidado de su hijo enfermo.
El Consejo General del Poder Judicial concedió a la magistrada una reducción de jornada de un 80 por ciento para cuidar del niño, menor de edad, que nació con múltiples enfermedades congénitas. Como tenía que ser hospitalizado con frecuencia, la madre adaptó la vivienda siguiendo las indicaciones del servicio médico del Hospital de la Paz que desaconsejaban los ingresos, debido, entre otras razones, al alto riesgo de infección respiratoria. Los mismos médicos formaron a la mujer para que pudiera cuidar a su hijo preferentemente en casa.

El permiso que se le concedió el 23 de octubre de 2013 no afectaba a su sueldo y suponía que la jueza tenía que ir un día a la semana al juzgado, encargándose un juez sustituto del resto de las jornadas y de las guardias. La medida se le concedió por un periodo de seis meses, siempre que subsistiese la situación y sin perjuicio de posibles prórrogas.

La situación fue prorrogada en tres ocasiones, mediante acuerdos de la Comisión Permanente de 29 abril 2014, 27 octubre de 2014 y 27 de mayo 2015, pero la cuarta solicitud fue denegada por este mismo órgano que consideró que los cuidados que necesita el niño durante el horario de trabajo de la madre pueden ser asumidos por el padre que no trabaja. En el mismo se indicaba que las enfermedades graves acreditadas por su hijo menor no requerían actualmente ingreso hospitalario de larga duración por lo que no concurría el supuesto que requiere una licencia de este tipo –artículo 223 h) Reglamento Carrera Judicial (cuidado directo, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor afectado por enfermedad grave hasta que cumpla los 18 años con 50% reducción jornada como mínimo sin tope máximo), sin perjuicio de que solicite otra más acorde con la situación padecida, como la prevista en el artículo 223 e) del Reglamento de Carrera Judicial (cuidado directo de menor de doce años con tope máximo del 50% de reducción con disminución proporcional de retribuciones) .

En desacuerdo con esta decisión, la mujer presentó recurso contra dicho acuerdo en el que argumentaba que su situación se encuadra en el supuesto de hospitalización y tratamiento del hijo menor de edad del artículo 223 h) que permite la reducción de jornada sin disminución de retribuciones, al menos en la mitad del periodo de audiencia pública. Añadía que la adaptación de su vivienda, el cuidado continuado y especializado del menor y la supervisión del servicio médico del hospital equiparan su situación a la de hospitalización. Y, por último, sobre la posibilidad de que su marido se ocupara de una parte de los cuidados, sostenía que no estaba preparado y que su matrimonio estaba en crisis.

Falta de justificación

La Sala Tercera en su sentencia concluye que el CGPJ acordó inicialmente la reducción de jornada basándose conjuntamente en los apartados e) y h) del artículo 223 del Reglamento de la Carrera Judicial, y ese mismo criterio mantuvo en las sucesivas prórrogas. Así mismo añade que “si ha considerado varias veces que la situación es encuadrable en el referido apartado h), habría debido explicar qué ha cambiado en esta ocasión con respecto a anteriores solicitudes de prórroga de la reducción de jornada inicialmente concedida en 2013. Al no haberlo hecho así, el argumento de que el apartado h) no es aplicable al presente caso no puede ser acogido. En otras palabras, el acto impugnado se aparta inmotivadamente del criterio seguido en ocasiones similares anteriores”.

La sentencia considera que las razones aducidas para denegar la solicitud de prórroga no son ajustadas a derecho y que, además, el propio Consejo General del Poder Judicial había accedido en el pasado a solicitudes similares con respecto a la misma situación. Por todo ello, estima la pretensión subsidiaria planteada por la magistrada reconociendo su derecho a la prórroga en los mismos términos en que se acordó la última.

Sin embargo, rechaza la petición principal planteada por la jueza relativa a que se le reconozca el derecho a una reducción de jornada del 100%; un extremo sobre el que nunca se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial.

Se amputó una mano para cobrar el dinero del seguro

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2016 a las 14:50

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa a un hombre que se amputó una mano y simuló un accidente de tráfico para cobrar la indemnización correspondiente a las pólizas que había suscrito con ocho compañías de seguros. El condenado tendrá que devolver 335.000 euros que le ingresaron mediante transferencia bancaria tres de las aseguradoras contratadas: 35.000 euros a Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 90.370 euros a Liberty Seguros y 209.564 euros a Axa Seguros y Reaseguros, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los hechos considerados probados por la sentencia recurrida recogen que en la madrugada del día 10 de diciembre de 2007 el acusado, solo o con la ayuda de terceros, se amputó con un instrumento cortante la mano derecha para cobrar las coberturas pactadas en las pólizas. Después de hacerse un torniquete para controlar la hemorragia, se dirigió con su coche hacia la carretera conocida como Camino Viejo de Nules a Moncofar (provincia Castellón) y lo dejó caer por un terraplén. Acto seguido, colocó la mano que se había cortado a los pies del asiento del conductor y, después de incendiar el automóvil con una bolsa de gasolina, llamó al 112 y se tumbó hasta que llegó un policía local que lo encontró en la misma postura y fumándose un cigarro.

Con posterioridad a estos hechos, emprendió acciones judiciales para cobrar las pólizas de seguro suscritas con las aseguradoras -con algunas tenía hasta tres pólizas- que cubrían, entre otros riesgos, el de fallecimiento, la incapacidad permanente y absoluta por accidente y la gran invalidez. El condenado, que era agricultor, tenía problemas económicos para pagar una hipoteca que había pedido para construir una vivienda, que le habían embargado junto al coche.

Atenuante de dilaciones indebidas

La sentencia estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el acusado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Castellón que le impuso 4 años de prisión, pena que ahora el Tribunal Supremo reduce a tres años y seis meses al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas por el largo tiempo transcurrido desde que se incoaron las diligencias, en junio de 2009, hasta que se dictó sentencia por dicho tribunal, en enero de 2016.

En todo lo demás, hace suyo el criterio de la sentencia recurrida para condenar al acusado que en su recurso plantea alternativas al relato de hechos probados: que sufre un cuadro psiquiátrico grave crónico, con actual diagnóstico de esquizofrenia paranoide, desde el accidente; que el corte de la mano no fue limpio y se produjo en el momento del accidente, no antes; que el tramo de carretera donde se salió el vehículo es un tramo curvo y no recto y, por último, que solo la amputación de la mano no estaba garantizada en las pólizas contratadas.

Todas son desechadas por la Sala Segunda que en su sentencia concluye que el acusado ocultó a las distintas compañías aseguradoras que había sido él quien había provocado el siniestro origen de las lesiones que constituía la base de su reclamación a las mismas, engaño revestido de una apariencia de realidad y seriedad suficientes para engañarlas, dado lo maquiavélico del plan urdido a tal efecto, hasta el punto de que al menos tres de ellas –Santa Lucía, Liberty y Axa- le abonaron las cantidades citadas y las restantes no lo hicieron, pese a las reclamaciones formuladas, por la prejudicialidad derivada de la existencia de la presente causa penal.

La sentencia añade que “el hecho nuclear del engaño fue amputarse intencionadamente la mano simulando haber sido consecuencia de un siniestro vial, con una puesta en escena apta para provocar la mendaz apariencia deseada”.

Asimismo, indica que los indicios, plenamente acreditados, para condenar se apoyan, entre otros, en el perfil de riesgo del acusado que no justifica la contratación de tantas pólizas en tan poco tiempo. También se basa en su perfil patrimonial, que considera impropio de una persona que contrata ese número de pólizas cuyo pago requiere un aporte económico que no parece poder soportarlo con los ingresos de su trabajo o el de su esposa. Sobre la amputación de la mano, afirma que se produjo antes del accidente y, en ningún caso, por la barra o regle porque el corte es limpio. Por último, señala que la salida del vehículo fue a poca velocidad y de forma controlada, y que el incendio no fue accidental sino por la aplicación de una fuente directa de calor que sólo pudo venir del acusado.

El Supremo confirma el cese de un juez que fijó la puesta a disposición de un detenido para después del fin de semana

Jorge Muñoz | 13 de octubre de 2016 a las 14:24

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el cese de un juez que fijó para después del fin de semana la puesta a disposición judicial de un detenido un viernes por un presunto delito de violencia de género. La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el juez contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le cesó por la falta de idoneidad o aptitud para el cargo por incumplir sus obligaciones de diligencia al no recibir de inmediato al detenido, según ha informado este jueves el Alto Tribunal.

Como hechos probados recogidos en la sentencia consta que la Guardia Civil de Borja (Zaragoza) detuvo a un hombre por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras recibir una denuncia de su ex esposa. Eran las 21:15 horas del viernes día 6 de marzo de 2015. A las 22:25 horas se comunicó la detención al juez, que, a su vez, indicó que la persona detenida fuese puesta a disposición judicial el lunes 9 de marzo de 2015 a las 10:00 horas en el juzgado de Tarazona. Dos días más tarde, el día 11, la titular del juzgado comunicó que se había producido una incidencia anormal en el funcionamiento del Servicio de Guardia por la que se abrió una información sumaria al afectado que finalizó con el acuerdo de cese de la Comisión Permanente del CGPJ.

“Malentendido”

El juez cesado cuestiona el relato de hechos y afirma que, en todo caso, se trató de un malentendido, pues lo que él hizo fue comunicar a la fuerza pública que investigara o practicara más diligencias antes de poner al detenido a disposición judicial y que si el lunes lo trasladaban al juzgado que fuera a las 10.00 horas, puesto que aún no se habría cumplido el tiempo máximo de 72 horas de detención.

Frente a esta tesis, la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, afirma que del expediente administrativo no se deduce que se hubiera producido un malentendido con la Guardia Civil o que el juez de guardia ordenara la práctica de más diligencias que, en todo caso, pudieron practicarse después de la presentación del detenido y de la resolución sobre su situación personal.

A la vista de esos hechos, prosigue la sentencia, el juez con dicha indicación incumplió la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 520.1- que establece que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.

La Sala Tercera considera que lo ocurrido se debe a la inobservancia de las más elementales normas de diligencia de un juez instructor, entre cuyas funciones más trascendentales en el ámbito del proceso penal está, sin duda, el riguroso control de la situación de las personas privadas de libertad. “En efecto, de las diligencias policiales se desprende que ninguna circunstancia impedía la puesta a disposición del detenido el sábado, puesto que ninguna diligencia o actuación de investigación se practicó por parte de la Guardia Civil después de la diligencia de comunicación a la autoridad judicial, ni tampoco se aprecia su necesidad, por lo que debemos concluir que el detenido permaneció injustificadamente en esta situación hasta el lunes 9 de marzo”, subraya la sentencia.

Hecho puntual

Sobre la falta de idoneidad o aptitud, el juez argumenta en su recurso que no se deja de ser “idóneo” por un hecho puntual, como el que ha llevado a su cese, y que los cinco años que lleva trabajando como sustituto no se ha cuestionado esta cualidad.
La sentencia rechaza este argumento y recuerda que el cese de un juez sustituto, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, consiste en dejar sin efecto un nombramiento que está condicionado al mantenimiento de las circunstancias, de aptitud, capacidad, compatibilidad, no incurrir en prohibición, o acreditación de la efectiva diligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo.

La Sala Tercera alude a que la falta de idoneidad “puede venir dada por la contemplación panorámica del desempeño profesional del juez sustituto a lo largo del tiempo, pero también por hechos concretos o puntuales que revistan suficiente trascendencia y gravedad como para fluir de ellos un déficit de aptitud e idoneidad que justifique su cese”.