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La bola de Chaves y Griñán

Jorge Muñoz | 18 de septiembre de 2016 a las 5:00

 

                                          Rosell

Rosell

En los días previos al pasado jueves, el 15-S para Chaves y Griñán, habían proliferado los rumores de que iba a estallar una bomba de los ERE. Otra de tantas. El hecho de que el juez hubiese ampliado el lunes anterior el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía presentaran sus escritos de acusación hasta el 15 de octubre, había despistado sobre el hecho de que, como era previsible, el Ministerio Público había ya ultimado su calificación provisional y no iba a esperar a que se cumpliera la nueva fecha de entrega. En esa decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto no es nada criticable –¿por qué esperar cuando el escrito ya está listo?–, hay quien ha querido ver una intencionalidad política: la de intentar contrarrestar el escándalo de Rita Barberá que tantos quebraderos de cabeza está causando a la dirección nacional del PP.Sería utilizar la estrategia pueril del “y tú más…”
Lo mismo ocurría con las singulares coincidencias de determinados autos que dictaba la juez Mercedes Alaya –cuyas tesis no hay que olvidarlo se plasman claramente en el escrito de la Fiscalía–, que hacía coincidir esas resoluciones judiciales con periodos electorales o destacados hitos de la política. Eran autos que sacudían los cimientos del Gobierno andaluz, como cuando la magistrada alcanzó la cúpula de la pirámide a la que se refería constantemente en la instrucción con la preimputación de Chaves y Griñán. Esa actuación tuvo lugar en septiembre de 2013, el mismo día en que Susana Díaz y su Ejecutivo tomaban posesión del cargo. Septiembre se ha convertido en un mes negro en el devenir del caso ERE para los ex presidentes.
De aquel septiembre de hace tres años al actual, y al que pueda venir, porque por mucho que la Justicia pise el acelerador –que también sabe hacerlo cuando se lo propone–, el juicio por la pieza política de los ERE no podrá celebrarse, como muy pronto, hasta septiembre de 2017.
La bomba de los ERE de esta semana no sólo ha causado un gran impacto por la petición de seis años de cárcel a Griñán o la de ocho años para otros tantos ex altos cargos por un delito de malversación que el Tribunal Supremo sólo apreció en el ex consejero José Antonio Viera, pero no en el caso de Griñán.
Anticorrupción, siguiendo el auto de Álvaro Martín pero sobre todo los planteamientos de Alaya, se ha apartado de los criterios del Alto Tribunal, incluso en lo que se refiere al volumen del fraude. Para los fiscales delegados de Anticorrupción, como para Alaya, como el procedimiento de concesión de las subvenciones era ilegal, la totalidad de las ayudas lo son y por tanto los acusados deben devolver los más de 741 millones de euros concedidos entre 2000 y 2010 –Alaya lo cuantificó en casi 855 millones–.
El Ministerio Público se separa nuevamente del instructor del Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien planteó que aunque la cuantía global de las ayudas fuese nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudada en perjuicio del erario público”. Porque habría ayudas a las que los trabajadores tendrían derecho y habrían sido correctas de haberse seguido el procedimiento administrativo adecuado.
Son muchos los factores que influyen en el retraso en la celebración de la vista oral por esta primera pieza separada de los ERE, porque para empezar la Audiencia de Sevilla aún tiene pendiente de resolver los recursos que los ex presidentes y otros altos cargos presentaron contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo pasado por el juez de refuerzo Álvaro Martín.
Lo que sí está un poquito más claro es cómo será el procedimiento para elegir al tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado esta semana las nuevas normas de reparto para causas de “especial complejidad” –aquellas con más de 3.000 folios u ocho partes intervinientes, sin contar con la Fiscalía– acordadas por los jueces de las Secciones Penales que hay en la Audiencia de Sevilla.
Todo comenzará con un “sorteo” entre las cuatro secciones de lo PenalPrimera, Tercera, Cuarta y Séptima– para decidir el turno de reparto. De la bomba de los EREa la bola de los ERE. En ese sorteo no habrá niños de San Ildefonso ni azafatas del cupón o estrellas del fútbol como ocurre en los sorteos de la Champions. Lo llevará a cabo el secretario de los servicios comunes de la Audiencia de Sevilla, Luis Revilla, que colocará en un papel el número de cada una de las Secciones y luego el propio secretario, o una mano inocente, sacará uno de ellos, en un acto al que se convocará a los presidentes y secretarios de cada una de las secciones afectadas. Es lo mismo que se hizo a la hora de decidir el tribunal que debía enjuiciar el caso del asesinato de Marta, en el que se hizo un sorteo en presencia de los secretarios judiciales, y al final correspondió a la Séptima.
Una vez que se designe el orden del turno, las siguientes causas complejas –muchos asuntos económicos y de tráfico de drogas se incluirán en ese reparto– se irán distribuyendo por el orden fijado hasta que le llegue el turno al caso de los ERE, un procedimiento que todavía tardará varios meses en llegar a la Audiencia. Lo único que está claro es que el juicio no será en la Sección Séptima, porque este tribunal –en el que ahora está destinada Alaya– es el que resuelve todos los recursos de la instrucción y por tanto está excluida del enjuiciamiento. La bola de los EREsólo podrá recaer en las secciones Primera, Tercera o Cuarta. La suerte está echada, sólo queda saber dónde parará el bombo.

El Supremo confirma la condena a un cabo del Ejército por acosar durante siete años a un subordinado

Jorge Muñoz | 12 de septiembre de 2016 a las 12:07

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años y 10 meses de cárcel impuesta a un cabo Primero del Ejército por acosar sexualmente durante 7 años a un cabo subordinado suyo. El Supremo confirma que fue autor de un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, por el que además deberá abonar 3.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.
Según los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo, que el Supremo ratifica, entre septiembre de 2007 y enero de 2014, el cabo “soportó y no consintió” una serie de conductas por parte del cabo primero “consistentes en proposiciones, expresiones, tocamientos e insinuaciones de índole sexual”. Ambos estaban destinados en el destacamento “El Vacar” (Córdoba) y durante 1 año y medio del periodo citado el cabo primero fue jefe inmediato del cabo.

El relato de hechos señala que el cabo primero tocó el culo en varias ocasiones a la víctima, le preguntaba sobre cuándo iba a salir del armario y le pidió repetidas veces que le dejase hacerle una felación. Tras denunciar la situación que estaba viviendo a un suboficial, el cabo estuvo dos meses y medio de baja por una crisis de ansiedad.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Clara Martínez de Careaga, desestima el recurso del cabo Primero, que alegaba vulneración de su presunción de inocencia por falta de pruebas directas. El alto tribunal destaca que la condena se apoya en el testimonio de la víctima, la declaración del propio acusado, y las declaraciones de “nada menos” que 17 testigos y la pericial de dos peritos. Además, entre los testigos no sólo hay quienes tuvieron conocimiento de los hechos a través del denunciante, sino testigos directos de las provocaciones e insinuaciones del acusado e incluso quienes soportaron también el insistente acoso sexual del recurrente.

En cuanto a la alegación de que su conducta no había sido dolosa, el Supremo contesta que los hechos probados “describen de modo inequívoco un acoso sexual prolongado durante aproximadamente siete años en los que el recurrente, unas veces de manera explícita y otras de modo más velado, estuvo solicitando los favores sexuales del cabo, insistiendo machaconamente en ello a pesar de las reiteradas negativas de la víctima, conducta incompatible con una pretendida ausencia de dolo, pues, como señala el Tribunal de instancia (…) estaba dirigida ‘a la mera búsqueda de satisfacción sexual en un inferior prevaliéndose de su empleo jerárquicamente superior que ha causado humillación, miedo y menoscabo de su dignidad como persona y como militar’”.

Por ello, destaca que los hechos fueron correctamente subsumidos por el Tribunal de instancia en el tipo de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante, del artículo 106 del Código Penal Militar, “pues alcanzan la gravedad objetiva y subjetiva que está en la base del citado tipo, con virtualidad bastante para producir, como en efecto produjeron, las consecuencias humillantes y vejatorias que se relatan en la Sentencia de instancia”.

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Revocada la absolución de los responsables de un club de cannabis

Jorge Muñoz | 8 de septiembre de 2016 a las 15:31

cannabis

El Tribunal Supremo anula la absolución de los tres responsables de una asociación de distribución de cannabis de Barcelona con 2.300 socios, al estimar que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente, ha informado este jueves el Alto Tribunal.

Sin embargo, la Sala Segunda no dicta sentencia condenatoria al respecto sino que ordena a la Audiencia Provincial de Barcelona, autora de la sentencia absolutoria, que dicte nueva sentencia en la que resuelva, con libertad de criterio, las alegaciones de las defensa de los acusados sobre la concurrencia de un error de prohibición invencible (no ser conscientes de que cometían un delito) o vencible, en su actuación, que podrían operar como eximente o atenuante. En su primera sentencia, la Audiencia de Barcelona no resolvió sobre estas alegaciones subsidiarias de las defensas, al haber estimado la alegación principal, que era que los hechos de los que eran acusados como presidente, secretario y tesorero de la asociación no eran delito.

El Supremo aplica al caso la doctrina fijada por el Pleno de la Sala II el 7 de septiembre de 2015, que ya se ha aplicado desde entonces en otras dos ocasiones a tres asociaciones similares.

En el caso resuelto ahora, referido a la “Asociación Cultural Línea Verde BCN”, de Barcelona, existen diferencias con las entidades afectadas por las otras sentencias, pero para el Supremo son irrelevantes. En concreto, en esta ocasión se desconoce la forma en que se provee el colectivo del cannabis, es decir no consta que fuese un cultivo promovido por ellos; se establece oficialmente el compromiso, aunque no taxativo, de consumir en el local de la asociación; y la misma tiene una oficiosidad administrativa ya que no había sido aún inscrita aunque contaba con licencia municipal amparada en una normativa de ese nivel local. Asimismo, su número de socios, que supera los dos millares, es mucho más abultado que en los otros casos

“El número de socios es tan alto que por más que se intente minimizar la cifra esgrimiendo bajas no reflejadas (lo que no deja de ser signo también de cierto descontrol) no permite buscar abrigo en la doctrina del consumo compartido. Es imposible establecer unos lazos de mínimo conocimiento de esos dos millares de personas; como no es tampoco imaginable un elemental rigor en la comprobación de que las personas que se inscribían como socios eran ya consumidores. Acreditar la identidad y la edad sería suficiente. No es nada dificultoso conseguir un avalista o atribuirse la condición de consumidor”, dice la sentencia.

“Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo, entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad-; y la organización metódica de una estructura institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un número no limitado de personas hasta superar los dos mil (…) Aquello es asimilable al consumo personal. Esta segunda fórmula, en absoluto. Se aproxima más a una cooperativa que a una reunión de amigos que comparte una afición perjudicial para la salud, pero tolerada”, añade la Sala.

Para el tribunal, tampoco añade nada significativo al caso que, formalmente, se asumiese la obligación de consumir la droga dentro del local de la asociación. “La antijuricidad o no de la conducta no puede bascular sobre ese dato. Quedaría la salud pública supeditada a un requisito formal: sería delito si se consiente, aunque sea esporádicamente, consumir la sustancia fuera del local; y no lo sería si se consume en el local. ¿Qué diferencia desde la perspectiva del bien jurídico hay entre ambos supuestos para que solo el primero sea merecedor de una pena privativa de libertad?”.

La sentencia incluye un voto particular que destaca que el consumo dentro del local hace atípica la conducta

La sentencia incluye un voto particular discrepante de la magistrada Ana Ferrer en el que defiende que al tratarse de un consumo en los locales de la asociación, por parte de los distintos socios, quienes sufragan con sus aportaciones la sustancia a la que acceden, no se aprecia riesgo de que pudiese verse afectada la salud de terceros ajenos, ni en consecuencia lesionado el bien jurídico que protege el artículo 368 del Código Penal.

Por estas razones, concluye en su voto que se trata de un supuesto de “autoconsumo conjunto atípico”, aunque admite que el número de socios supera con creces el núcleo reducido de consumidores que viene fijándose para aplicar la doctrina sobre el consumo compartido, también valora que todos ellos, como miembros de la asociación, contribuían a sufragar la sustancia destinada al autoconsumo, sin propósito de que se pudiera extender al de terceras personas.

La magistrada señala que casos como éste desbordan los contornos de la construcción jurisprudencial sobre el consumo compartido, que considera atípicos supuestos de consumo plural en que un número reducido y determinado de personas se agrupan para la adquisición y ulterior e inmediato consumo conjunto en un lugar cerrado de la sustancia estupefaciente sufragada entre todos.

Sin embargo, afirma que ello no es óbice para, como alternativa, tratar de fijar criterios que faciliten la adaptación a la misma ante la relevancia social de la cuestión, que pretende trazar vías hacia un consumo controlado y responsable de cannabis en sus distintas variedades, entre socios mayores de edad y en pleno uso de sus facultades de autodeterminación y gobierno, aptos, en consecuencia, para decidir sobre su propia salud.

El Supremo rechaza que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar el paro en un pago único

Jorge Muñoz | 8 de septiembre de 2016 a las 11:59

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha rechazado que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único. Según ha informado el Alto Tribunal, la sentencia señala que constituir una sociedad de responsabilidad limitada “no es incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada afiliación al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la actividad por cuenta propia en los términos legales y ni siquiera se alega –ni existe- el más mínimo indicio de fraude con tal constitución”.

El problema que ha resuelto la Sala es el de un desempleado que capitalizó el paro en un solo pago después de fundar una mercantil de este tipo, suscribiendo él mismo el 100 % del capital, nombrándose administrador y dándose de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) diez días después de elevar a escritura pública su sociedad.

Un año después, el Servicio Público de Empleo Estatal –SPEE- le reclamó 19.567,80 euros por el cobro indebido de la prestación al haber constituido la empresa cuando en la solicitud constaba que la actividad era la de trabajador autónomo.

El juzgado rechazó la demanda del recurrente solicitando la anulación de la citada resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que no hubo cobro indebido al estar dado de alta como autónomo por lo que revocó la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal.

De acuerdo con este último fallo, la Sala de lo Social desestima el recurso de casación del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago único de la prestación sólo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador autónomo o como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.

La sentencia explica que aunque la Ley 45/2002 sólo se refiere como sociedades a las cooperativas y la sociedades laborales no excluye de manera expresa ninguna otra, y añade que “cuando concurren las circunstancias fácticas y jurídicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas físicas, éstas, individualmente consideradas, siempre que la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su objeto, reúnen la cualidad de trabajadores autónomos, también a los efectos de la prestación aquí debatida”.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Luis Gilolmo López, recuerda que desde la perspectiva finalista del estímulo del autoempleo esta es la solución adoptada en otras situaciones similares por la Sala de lo Social. En este sentido añade que aunque el RD 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales no se refiera a las sociedades de capital como formas de autoempleo, “cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparación con aquéllos, también a los efectos que aquí importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: el autoempleo”.

 

Una aseguradora pagará 1,5 millones a la familia de un hombre que se suicidó

Jorge Muñoz | 12 de agosto de 2016 a las 11:18

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una compañía de seguros a pagar 1,5 millones de euros a una familia por el seguro de vida suscrito por el padre un año antes de suicidarse. La aseguradora alegó que el tomador del seguro proporcionó datos falsos e inexactos sobre su situación financiera y patrimonial (que era peor de la que él dijo), y tampoco reveló que en su familia había antecedentes de suicidios, lo que habría impedido una valoración correcta del riesgo asegurado y le liberaba de la obligación de pagar, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
Sin embargo, el Supremo rechaza tales argumentos y avala el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que no había quedado desvirtuada la veracidad de los datos sobre su situación económica proporcionados por el asegurado a la aseguradora con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro de vida. Asimismo, la Audiencia de Madrid descarta que el asegurado concertase el seguro con la finalidad de suicidarse un año después.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcalá de Henares había desestimado la demanda de la viuda y los dos hijos del asegurado para cobrar cada uno 500.000 euros de Aegón Seguros como beneficiarios del seguro de vida suscrito por su esposo y padre, respectivamente. El seguro se suscribió el 15 de abril de 2009, con un capital asegurado de 1,5 millones de euros en caso de fallecimiento, lo que tuvo lugar el 20 de abril de 2010 por suicidio. El Juzgado entendió que hubo ocultación por parte del tomador del seguro de datos relevantes sobre su situación financiera, que era muy apurada, y así lo reflejó también en la nota que dejó tras su suicidio, donde aludió inequívocamente a esos problemas económicos y a ningún otro, con la frase “para sacar adelante a mi familia”.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid revocó ese fallo y estimó el recurso de la familia. Destacó que los informes presentados por las partes sobre la situación económica del asegurado son contradictorios, que parten de criterios valorativos diferentes, sin que existiesen otros elementos probatorios suficientemente contundentes para atribuir mayor credibilidad a uno u otro informe. Por ello, entendió que no ha quedado desvirtuada la veracidad de los datos proporcionados por el asegurado a la aseguradora, con anterioridad a suscribir el contrato de seguro.

El Supremo, ante quien recurrió Aegon Seguros, resalta que la conclusión de la Audiencia Provincial no es ilógica, irracional ni arbitraria, y tampoco puede predicarse que incurra en error patente, por lo que rechaza los argumentos de la recurrente.

Además, también desestima su pretensión de no pagar los intereses de demora que le impuso la Audiencia, para lo que alegaba como causa justificada la existencia de incertidumbre sobre la cobertura del siniestro que había hecho precisa la intervención de la justicia por la discrepancia de las partes. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, contesta que “si en toda reclamación con fundamento en un seguro de vida se permitiese que esa alegación, luego no probada, se constituyese en causa justificada para verse exonerada la aseguradora del pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, per se y sin algo más que la reforzase, se haría una interpretación no restrictiva y, por ende, contraria al carácter sancionador que se le atribuye a la norma”.

El funcionario que cortó la coleta a un preso porque “era de maricones”

Jorge Muñoz | 9 de agosto de 2016 a las 10:59

psiquiatricoLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicitó su rehabilitación como empleado público tras cumplir una condena penal por haber cortado la coleta a un preso aquejado de esquizofrenia tras decirle que llevarla era “de maricones”, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia subraya que no sería aceptable que quien despreció la dignidad de un recluso que estaba bajo su cuidado y atentó contra su integridad moral pueda beneficiarse de esa forma especial de recuperar la condición funcionarial que es la rehabilitación. Juan Alfonso N.M., funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se vio privado de esa condición por resolución de la Subsecretaría de Interior de 20 de mayo de 2008, que declaró su pérdida al adquirir firmeza la sentencia de junio de 2007 del Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, que le condenó a seis meses de prisión y a inhabilitación especial para el empleo o cargo público por dos años, por delito contra la integridad moral de un interno.

Los hechos por los que fue condenado en la vía penal consistieron en que el 8 de septiembre de 2003, sobre las 17:30 horas, “cuando desempeñaba su trabajo en el módulo 4 del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, entró en la sala de la televisión y se dirigió a un interno aquejado de esquizofrenia paranoide que llevaba el pelo recogido en una coleta y tras tocársela le dijo que eso era de maricones y que se la quitara. Como el interno se negara, le dijo que se la iba a cortar. El interno le respondió que “no tenía huevos” y, ante ello, Juan Alfonso N.M. fue a su garita, recogió una navaja que tenía en su mochila, volvió a la sala, cortó la coleta al interno y dijo a los aproximadamente veinte internos que estaban allí que nadie había visto nada y que si alguno decía algo le rajaba e hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello. En ese momento se produjo un grave altercado en el módulo por las airadas protestas del interno al que le había cortado la coleta y de los demás reclusos y el Jefe de Servicios relevó al Sr. N.M. y le destinó a otro módulo.

En 2010, cumplida la pena, el recurrente solicitó el reingreso como funcionario y le fue concedido, de manera que estuvo prestando servicios en la Administración Penitenciaria, en concreto en los centros de Sevilla 1 y de Huelva, hasta que el Ministro del Interior, en resolución de 27 de febrero de 2014, de acuerdo con el Consejo de Estado, declaró nulo el reingreso producido cuatro años antes, por haberse llevado a cabo sin observar el procedimiento debido y declaró que dicha persona carecía de la condición de funcionario. Esta decisión tuvo en su origen la incoación de un expediente disciplinario a la misma persona por conducta presuntamente irregular con una funcionaria.

Tras esa decisión, el hombre pidió en marzo de 2014 su rehabilitación como funcionario, alegando que de 2010 a 2014 había prestado su labor de forma impecable tanto en oficinas como en contacto con la población interna, y que los hechos por los que fue condenado habían sucedido ocho años antes y que no causaron perjuicio ni perturbación a la Administración.

El Consejo de Ministros, en abril de 2015, denegó la rehabilitación como funcionario público solicitada, de acuerdo a los criterios fijados en el artículo 6.2 del Real Decreto de 1998 que regula el proceso de rehabilitación de funcionarios públicos, al considerar claro que hubo perjuicio al servicio público por la actuación del recurrente, que los hechos fueron graves, y que hubo relación directa entre el delito y el desempeño del cargo, a lo que se unió un informe desfavorable de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, rechaza ahora el recurso del exfuncionario contra dicho acuerdo del Consejo de Ministros, y subraya que “resulta clara la relación del delito con la función pública que desempeñaba el recurrente y, también, es evidente su gravedad no sólo por la conducta en sí misma sino porque la llevó a cabo quien, por la posición en que se encontraba y por la del interno cuya integridad moral agredió, tenía un especial deber de respetarla. Y aunque la sentencia, obviamente, explique que no se trataba de torturas pues no las hubo, sí puso de manifiesto el desprecio que supuso a la dignidad del recluso víctima de la acción del recurrente”.

El Alto Tribunal recuerda que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que las instituciones penitenciarias tienen como finalidad primordial la reeducación y reinserción social de los penados, y que la Administración penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos, que deben ser respetados sin diferencia de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza.

Examinando el caso del exfuncionario, el Supremo destaca que “tratar a un recluso, además enfermo, de la manera en que hemos visto supone una flagrante infracción de estos preceptos y de los principios que los inspiran y perjudica gravemente a la Administración, efecto que no se ha disuelto por el paso del tiempo y que reviviría de concederse la rehabilitación. No cabe de ninguna manera aceptar que los funcionarios a cargo de las instituciones penitenciarias se conduzcan con los internos de la manera en que el recurrente lo hizo”.

En vigor el nuevo recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Supremo

Jorge Muñoz | 22 de julio de 2016 a las 11:44

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha puesto en marcha el nuevo modelo de casación con la constitución de la Sección de Admisión, que será la encargada de decidir qué asuntos pueden recurrirse ante esta jurisdicción, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La Sección de Admisión está integrada por el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, y por los magistrados Manuel Vicente Garzón Herrero, Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Eduardo Calvo Rojas, Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Diego Córdoba Castroverde, José Juan Suay Rincón y Jesús Cudero Blas.

El primer acuerdo aprobado por la Sección de Admisión señala que la nueva regulación casacional se aplicará a sentencias y autos susceptibles de recurso de casación que tengan fecha de 22 de julio de 2016 en adelante. El acuerdo se ha enviado a los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Tal y como establece la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, desde hoy la página web poderjudicial.es, en el apartado del Tribunal Supremo, incluye en una nueva pestaña toda la información relativa al recurso de casación.

Nuevo criterio admisión

La nueva regulación ha modificado el criterio para determinar la admisión del recurso al introducir el criterio del interés casacional objetivo, que debe ser apreciado por la Sala III del Tribunal Supremo como base para la admisión del recurso. Desaparecen los recursos de casación para unificación de doctrina y en interés de ley y los límites de cuantía y materia existentes hasta ahora.

También se ha producido un cambio importante al ampliar las sentencias que podrán recurrirse ante el alto tribunal. En principio, serán todas las dictadas por las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia, las de los Centrales de lo Contencioso y las de los Juzgados de lo Contencioso en algunos supuestos.

Cuatro secciones de enjuiciamiento ordinario

Además de la Sección de Admisión (Primera), otras cuatros secciones (Segunda a Quinta) se encargarán de enjuiciar los asuntos ordinarios y estarán presididas por los magistrados más antiguos de la Sala (Manuel Vicente Garzón, la Segunda; Pedro José Yagüe, la Tercera; Jorge Rodríguez Zapata, la Cuarta; y José Manuel Sieira, la Quinta) e integradas por ocho magistrados.

Asimismo, se mantiene la sección dedicada a resolver las impugnaciones de los asuntos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la sección creada para resolver los recursos por el llamado “céntimo sanitario”.

El Supremo avala que Hacienda pida a un colegio privado las facturas pagadas por el padre

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2016 a las 11:45

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pida a un colegio privado las facturas emitidas a un padre por los gastos de enseñanza, manutención y actividades extraescolares de sus hijos, sin que la remisión de las mismas por parte del centro docente tampoco suponga la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por los tres hijos del contribuyente contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró que el requerimiento que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude dirigió al Runnymede College no vulneraba los citados derechos, ya que la información facilitada ni era reservada ni se obtuvo de forma ilícita.

Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, que los datos requeridos por Hacienda podían poner en peligro la intimidad y la seguridad de los menores al tratarse de información sensible. También argumentaban que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no puede realizar requerimientos genéricos de información solicitando cualquier dato de los ciudadanos, “tirando una red al mar” y desechando después lo que no tenga trascendencia tributaria.

Después de examinar las facturas, el Tribunal Supremo constata que en las mismas  aparecen “datos con relevancia económica”, como las cantidades pagadas por el padre al colegio y los conceptos honorarios year, lunch, ballet, reserva de plaza y seguros de accidentes.

En efecto, prosigue la sentencia, “las facturas de referencia contienen datos personales de los menores pero no todo dato personal es íntimo ni la protección que a la información personal fundamenta el artículo 18 de la Constitución puede erigirse en obstáculo para el cumplimiento del deber que la propia Constitución impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos púbicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno”.

En la misma línea, añade que “las referencias al colegio en que estudiaban los menores, a que realizaban una actividad extraescolar y a que comían en el centro no forma parte, propiamente, del ámbito de la intimidad y en ningún caso están excluidas del conocimiento de la Administración Tributaria desde el momento en que todas ellas tienen una traducción económica y, por tanto, son relevantes para establecer la capacidad económica de su padre”.

Por todo ello, concluye que la información recibida por Hacienda es de carácter personal pero no pertenece al ámbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni está excluida de la potestad de inspección y comprobación tributaria. Afirma que predomina en ella el carácter económico, de manera que esos datos no son “privados no patrimoniales”.

La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Lucas, recuerda que la Ley General Tributaria establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria que haya obtenido la Administración en el desempeño de sus funciones y solamente autoriza su uso para los específicos fines que señala: la efectiva liquidación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada la Administración Tributaria o la imposición de las sanciones que procedan.

También señala que se prohíbe la cesión o comunicación a terceros y que se obliga a Hacienda a tomar las medidas precisas para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado, obligando a autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los mismos “al más estricto y completo sigilo respecto de ellos”.

Por otra parte, la Sala Tercera afirma que se trata de datos personales que, pese a su relevancia tributaria, no se ven desprovistos de toda protección, pudiendo ser cedidos a la Administración Pública sin consentimiento del afectado cuando así lo autorice una Ley, como ha ocurrido en este caso.

La Sala Tercera rechaza además que el requerimiento sea ilegal al basarse en una Memoria del citado colegio que no era pública, tal y como alegaba el recurso. Sobre este extremo, afirma que aunque  la Memoria no esté a la venta y se dirija a la comunidad educativa del Runnymede College, no es un documento sustraído al conocimiento de la administración tributaria ni es ilícito servirse de él para las actuaciones de inspección y comprobación tributaria.

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El Supremo elimina las preferencias del reglamento de costas para conceder los chiringuitos de playa

Jorge Muñoz | 18 de julio de 2016 a las 13:46

chiringuito

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una particular y ha anulado la Disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce ese derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalación abierta. Para el Supremo, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa por “beneficiar” a quienes tuvieran chiringuito abierto, ha informado hoy el Alto Tribunal.

En línea con la recurrente, el Tribunal Supremo entiende que esta disposición es desproporcionada y afecta a las condiciones de igualdad de las personas que estén interesadas en obtener una concesión de instalaciones ubicadas en tramos naturales de playa.

Entendemos que –señalan los magistrados–, al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los términos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminación que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posición que la de meros precaristas en auténticos concesionarios, la disposición transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificación objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad”. Además, el Reglamento también vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que el reconocimiento del derecho de preferencia que establece no está respaldado en el texto legal de referencia, que es la Ley de Costas.

La disposición transitoria vigesimosexta que ahora se anula reconoce el derecho de preferencia de los actuales ocupantes de terrenos de dominio público marítimo terrestre con títulos habilitantes extinguidos o en curso de tramitación. Según la recurrente, esta disposición supone en la práctica la concesión encubierta de una prórroga, concedida a quien carece de un derecho vigente y con una preferencia contraria al principio de igualdad y libertad de empresa.

En su sentencia, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso reconoce la legitimidad de la recurrente (que había sido rechazada por el abogado del Estado), al subrayar que su interés no es “ meramente potencial” puesto que compromete su derecho “ y de cuantos se encuentren en su misma posición a presentarse a los concursos que se convoquen y que pueden tener lugar de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la disposición transitoria impugnada”. El tribunal añade que para concursar se requieren unas inversiones y gastos que devendrían inútiles de mantenerse el derecho de preferencia en los términos establecidos en la citada disposición.

Una vez despejada la legitimidad de la recurrente, la Sala entra a valorar el fondo del asunto y concluye que no está justificada una cláusula como la disposición transitoria recurrida, que por beneficiar a los actuales ocupantes de terrenos de dominio público marítimo terrestre con instalaciones activas y abiertas, les otorga una posición de ventaja que no resulta proporcionada puesto que en los términos en que aparece legalmente consagrada, “la preferencia es absoluta y sin matices” y confiere a los actuales ocupantes “una posición de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato”.

Además la Sala ha valorado las nuevas disposiciones legales sobre la materia que amplían a 75 años los plazos máximos de la duración de las concesiones, así como los del otorgamiento de las prórrogas correspondientes. Asimismo, el ponente Jose Juan Suay hace constar que el texto legal de referencia, la Ley de Costas, no respalda el reconocimiento del derecho de preferencia contemplado en la mencionada disposición transitoria del Reglamento, por lo que al no existir cobertura normativa dicha disposición trasciende de lo legalmente previsto, que consiste en servir de complemento normativo.

El abogado del Estado explicó en sus alegaciones que la norma cuestionada trataba de dar respuesta a una situación de hecho, como era la existencia, a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 2013, de ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que mantenían su actividad o instalación abierta.

Por otro lado, la Sala establece que no cabe acceder, en el marco de este recurso, a la nulidad de cuantas prórrogas hayan sido concedidas en aplicación de la disposición transitoria recurrida, como también pedía la recurrente.

El Supremo ordena retirar aires acondicionados de una fachada por tener preinstalación

Jorge Muñoz | 12 de julio de 2016 a las 13:05

aire

Una sentencia que no es ninguna tontería y que puede afectar a los ciudadanos más de lo que se piensa. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a los vecinos de un inmueble a retirar cinco aparatos de aire acondicionado que colocaron en la fachada del patio interior del edificio, pese a contar con preinstalación de aire acondicionado en todos los pisos. Los magistrados destacan que “la promoción tenía preinstalación de aire acondicionado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y estéticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo los artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacción vigente en la fecha de los hechos”, ha informado hoy el Alto Tribunal.
El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, destaca que su doctrina en materia de instalación de aparatos de aire acondicionado en inmuebles apuesta por una interpretación flexible de la Ley que permita la refrigeración en viviendas que se construyeron sin tener previsto dicho avance tecnológico. Algo que no concurre en este supuesto, donde existía preinstalación de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio de manzana) los aparatos.

La demanda en este caso fue presentada por varios vecinos de un edificio de San Fernando de Henares (Madrid) contra los siete propietarios de cinco pisos de la misma comunidad, que habían instalado aparatos de aire acondicionado en la fachada del patio interior. Los demandantes reclamaban el desmontaje y retirada de los aparatos de aire acondicionado, reponiendo la fachada al estado anterior y reparando el daño producido.

La sentencia de primera instancia, del Juzgado número 3 de Coslada, desestimó la demanda, considerando acreditado que las unidades externas de aire acondicionado colocadas por los demandados en la fachada interior del edificio, colocadas por anclaje atornillado y totalmente desmontable, no generan daño o menoscabo para la propia fachada afectada, por lo que, interpretando que el artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando se refiere a «alteración de la estructura o fabrica del edificio o de las cosas comunes», viene referida a una alteración sustancial y perdurable en el tiempo que dañe de forma efectiva el elemento común afectado por la misma, entiende que en el presente caso no era preciso para efectuar la instalación en la fachada de la comunidad, el acuerdo unánime de los propietarios, sino sólo un respaldo de la mayoría, que se obtuvo en Junta del 1 de junio de 2010.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, ante quien recurrieron los demandantes, corrigió la decisión y les dio la razón a éstos, argumentando que los aparatos de aire acondicionado se han instalado en una fachada que no es un simple patio de luces sino un amplio patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, donde las fachadas sobre el mismo guardan una configuración armónica y todo el conjunto presenta una apariencia de “auténticas fachadas principales”. Se define estatutariamente como un patio mancomunado.

Los siete vecinos condenados recurrieron al Supremo reclamando que estableciera como doctrina jurisprudencial que la instalación de aparatos de aire acondicionado es posible, sin autorización previa de la comunidad, en determinadas circunstancias, como que no se realice en la fachada principal, que la unidad exterior no sea de tamaño desmedido, que la instalación se haga con un sistema de anclaje fácilmente desmontable y que no genere molestias a los vecinos.

El Supremo rechaza los recursos y recuerda que los aparatos se instalaron “en fachada que da al patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, con apariencia de fachada principal, como se declara en la sentencia recurrida, definiéndose estatutariamente como patio mancomunado, con lo que se produce una alteración estética que afecta a los elementos comunes, comprometiendo su configuración externa”.

Y agrega que en este caso no cabe hacer una aplicación flexible de la ley por existir preinstalación de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio manzana) los aparatos.