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El Supremo rechaza que los Ayuntamientos cobren una tasa de telefonía móvil por el uso del espacio aéreo

Jorge Muñoz | 11 de julio de 2016 a las 11:49

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La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado  que los ayuntamientos cobren una tasa a las empresas de telefonía por el uso que realizan los usuarios de teléfonos móviles del espacio aéreo que se eleva sobre el suelo del municipio. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Martínez Micó, rechaza la ordenanza fiscal que en tal sentido aprobó en 2013 el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro (Zamora) y destaca que “es como si cada Ayuntamiento aspirara a imponer un canon por la navegación de aeronaves que circulen por encima del territorio local”. El Supremo destaca que la tasa vulnera la Constitución, la Directiva Europea del sector, y la Ley General Tributaria, ya que es “una inaceptable invasión de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva”, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.

El citado Ayuntamiento se consideraba amparado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto autoriza a las entidades locales a establecer tasas por aprovechamiento especial del dominio público local. Pero el Supremo recuerda que el derecho de vuelo (espacio sobre el suelo del municipio) “siempre va ligado a las construcciones e infraestructuras que puedan realizarse sobre la superficie del terreno, sin que en absoluto pueda definirse aquel derecho como una facultad genérica del titular del suelo para considerar hasta el infinito todo “el aire” que se extienda sobre el terreno de su propiedad”.

Añade que el propio Ayuntamiento expuso de forma reiterada en el Informe Técnico-Económico que sirvió de base a la Ordenanza que el pretendido objeto de gravamen de la Tasa no son solo los tendidos de redes fijas que se eleven por encima del suelo, lo que se trataría de una construcción y sí podría dar lugar a la imposición de una tasa a su titular, “sino que es la ocupación que del aire hacen las ondas de telefonía móvil”.

El Supremo rechaza los recursos del Ayuntamiento zamorano y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, que también defendía la tasa de San Cebrián de Castro. Ambas entidades plantearon recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dio la razón a Telefónica Móviles España, S.A., y anuló la tasa en cuanto gravaba “el uso u ocupación del suelo o vuelo del dominio público local por clientes receptores de los servicios de las empresas operadoras de las telecomunicaciones (…) y que operen mediante el uso de radio frecuencias para la emisión de ondas de radio que posibiliten las telecomunicaciones, las cuales llegan a aparatos terminales transceptores o denominados teléfonos móviles o desde móviles a otros receptores, consideradas comunicaciones, intercomunicaciones o interconexiones ya sean de datos, de voz, imagen o todos ellos, que necesariamente llegan o salen de los aparatos de telefonía móvil, cuyos usuarios ocupan o pueden ocupar suelo del dominio público municipal “.

El Supremo indica que del tenor literal del transcrito artículo 2.b de la Ordenanza (que queda anulado) parece deducirse que el hecho imponible de la tasa vendría dado por el aprovechamiento especial que del vuelo del dominio publico local –“espacio aéreo situado sobre calles, plazas, parques y demás vías y caminos públicos”- obtienen las operadoras de telefonía móvil “por el mero hecho de tener clientes abonados a líneas de móvil en el municipio, y ello bajo los presupuestos de que la telefonía móvil conlleva necesariamente el tránsito indiscriminado de ondas radioeléctricas por el espacio aéreo (vuelo) y de que los abonados portadores de sus móviles transitan u ocupan, o pueden transitar u ocupar, el suelo municipal”.

Para el Supremo, “la regulación del hecho imponible que lleva a cabo la Ordenanza Municipal recurrida vulnera frontalmente la Ley General de Telecomunicaciones, ya que es cuestión pacífica que el espacio radioeléctrico no es propiedad de las entidades locales sino que es de titularidad estatal. La imposición de una tasa municipal por el uso del dominio radioeléctrico supone una inaceptable invasión de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva que contraviene el artículo 31 de la Constitución y los principios generales que han de regir la imposición fiscal recogidos en el artículo 3 de la Ley General Tributaria”.

“Es evidente –añade– que de imponerse la tasa de telefonía móvil establecida en la Ordenanza se estaría dando carta de naturaleza a dos tributos con idéntico hecho imponible, concurriendo, además, la circunstancia de que la Administración local carece de competencia para gravar el espacio radioeléctrico, por ser éste de titularidad estatal, lo que convierte a la Tasa debatida en este procedimiento en manifiestamente ilegal”.

Se produce, adicionalmente, una vulneración del artículo 6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, al regular los principios que han de regir la tributación local, prohíbe que la fiscalidad municipal recaiga sobre bienes, actividades o negocios realizados fuera del territorio de la entidad local (como se encuentra el dominio estatal radioeléctrico) y declara que los tributos municipales no implicarán obstáculo alguno a la libre circulación de servicios.

Además, argumentan los magistrados, en relación con la ocupación de la propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, el artículo 13 de la Directiva europea del sector “autoriza un gravamen vinculado, primero, a la colocación o instalación física de las infraestructuras y, después, a su titularidad, por lo que no cabe entender amparado por dicho precepto un gravamen municipal como el cuestionado, que se configura al margen o con independencia de las infraestructuras físicas y que, en realidad y puesto que es notorio que los usuarios/clientes en algún momento transitarán por las calles, parques o plazas, se establece como un canon “del sistema puro de telefonía» móvil’ -en expresión de la propia Ordenanza-, es decir, un gravamen que recaería sobre la actividad misma que posibilita la emisión de ondas de radio que circulan por el espacio, lo que la Ordenanza denomina, impropiamente “vuelo del suelo de dominio público”.

A los efectos de delimitar el concepto de vuelo, la Sala indica que la Ordenanza impugnada emplea un concepto de “vuelo” “que parece, por así decirlo, remontarse sin mayor matización a la época de los jurisconsultos romanos, que reconocían al propietario la facultad de utilización indefinida del espacio aéreo que se halla sobre su fundo y del subsuelo bajo él, y de los ulteriores romanistas medievales, que emplearon una fórmula mucho más absoluta: el poder del propietario se extendía usque ad sidera et usque ad inferos ; algo así como que la propiedad de la tierra va desde los cielos hasta los infiernos, en palabras de la sentencia (del TSJ de Castilla y León) recurrida”.

La sentencia impone el pago de las costas a las recurrentes, por haberse destinado totalmente su recurso, por una cuantía máxima de 8.000 euros.

“Ahí está. Fiambre”

Jorge Muñoz | 5 de julio de 2016 a las 14:59

El Supremo ratifica la sanción a un brigada de la Guardia Civil que se fotografió junto al cadáver de un preso fugado y envió la foto por watsapp a sus compañeros, con este comentario

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo ha ratificado la sanción disciplinaria por falta grave impuesta a un brigada de la Guardia Civil, jefe del puesto de Malpartida de Plasencia (Cáceres) que se fotografió de uniforme junto al cadáver de un preso fugado al que habían estado persiguiendo y envió la foto por whastapp a sus compañeros, con el siguiente comentario de texto: “AHÍ STA. FIAMBRE”, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2014, y ese mismo día la foto comenzó a difundirse por grupos de mensajería de whastapp ajenos al de compañeros de la Benemérita al que lo había enviado inicialmente el brigada, como por ejemplo el relacionado con los carnavales de la localidad de Tejeda del Tiétar. La misma fotografía apareció publicada por el diario “Hoy” de Badajoz el día 8 de febrero de 2014, con el comentario “la fotografía que voló por las redes sociales”, apareciendo también el 11 de dicho mes en la página web radiointerior.es

El Supremo desestima el recurso del brigada Ángel C.B. contra la sentencia del Tribunal Militar Central, que, a su vez, confirmó la decisión del director general de la Guardia Civil, de 8 de enero de 2015, de imponer a dicho suboficial una sanción de pérdida de doce días de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta grave consistente en “la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”.

Los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Central señalan que “el 7 de febrero de 2014 fue detenido en las inmediaciones de la localidad de Plasencia (Cáceres) Rafael R.G., poco después fallecido por herida de bala, individuo con numerosos antecedentes policiales y fugado el anterior día 21 de enero del Centro Penitenciario de Badajoz tras disfrutar de un permiso penitenciario, a quien con posteridad a ese día se le atribuían dos homicidios consumados cometidos en las provincias de Toledo y Badajoz, y otro homicidio intentado y un secuestro perpetrados en la localidad de Plasencia”.

El brigada, al ser informado por el Centro Operativo de Servicio de la Comandancia de Cáceres de que el preso fugado se dirigía a bordo de un automóvil robado hacia la localidad de Plasencia, acudió por propia iniciativa, acompañado de otro guardia, a la zona donde finalmente falleció Rafael R.G. Una vez allí, el brigada, “que vestía el uniforme reglamentario del Cuerpo, se situó junto al cadáver de Robles, que yacía semidesnudo en el suelo, y pidió al Guardia (que le acompañaba) que le hiciera una fotografía, a cuyo fin le entregó su teléfono móvil. Hecha la instantánea, el brigada la difundió algo antes de las 14:00 horas, utilizando la aplicación de mensajería “WhatsApp”, a los miembros de un grupo de comunicación formado exclusivamente por Guardias Civiles destinados en el puesto a su mando, denominado “Pto. Malpartida”, acompañando a la fotografía el comentario “AHÍ STA. FIAMBRE”.

En su recurso al Supremo, el brigada defendió que su actuación no era falta disciplinaria, ya que él no fue responsable de la difusión de la foto fuera del ámbito interno de profesionales de la Guardia Civil, debiendo haberse castigado a quien realizó su difusión a personal civil que fue el origen del gran revuelo creado en medios de comunicación regional y nacional donde recogió la foto. El suboficial aseguró haber remitido la foto sólo y exclusivamente a sus compañeros para informarles de la muerte del preso fugado y tranquilizarles.

El Supremo rechaza el argumento y confirma la responsabilidad del recurrente “como negligente punto de origen de la gran difusión que en definitiva alcanzó la imagen que nos ocupa”. Subraya la gravedad de su comportamiento, “pues cabe confirmar sin gran esfuerzo que la fotografía en cuestión denotaba una actitud impropia y gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil. Tan solo hemos de remitirnos a los hechos que se relatan en la sentencia impugnada para corroborar que, el hacerse fotografiar delante del cadáver semidesnudo de un presunto homicida y secuestrador y hacerlo -como significa la sentencia de instancia- <<vestido con el uniforme del Cuerpo y en actitud que denota una cierta arrogancia>>, difundiendo a continuación dicha fotografía acompañada del comentario “AHÍ STA. FIAMBRE”, revela indudablemente una conducta totalmente opuesta al comportamiento exigible a un miembro de la Benemérita Institución, que ha de demostrar en todo momento un respeto absoluto a los ciudadanos, actuando con la mesura e integridad moral que su condición de Guardia Civil le exige”.

La sentencia, que destaca que el brigada contaba con casi 34 años de servicio en el Cuerpo, agrega que “la reprochable fotografía obtuvo una gran difusión al ser reproducida en los medios de comunicación social, y que el recurrente hubiera debido valorar antes de ponerla en circulación, que podría llegar finalmente a conocimiento público, lo que sucedió y hace que quepa atribuírsele también al recurrente esta posterior difusión generalizada y que, finalmente, la dignidad de la Guardia Civil quedara gravemente comprometida con su comportamiento”.

El Supremo anula una condena a un juez por revelación de secretos

Jorge Muñoz | 4 de julio de 2016 a las 14:18

La Sala de lo Penal del Tribunal  Supremo ha anulado la condena de un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación absoluta impuesta al juez de Cantabria Luis Acayro Sánchez Lázaro por un delito de revelación de secretos consistente en remitir al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial el certificado de antecedentes penales de una persona que le había denunciado ante dicho órgano, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por el juez y le absuelve al considerar que su conducta no incurrió en delito. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en cambio, entendió que al acceder o utilizar de forma injustificada esos datos personales Acayro cometió el citado delito de descubrimiento y revelación de secretos –artículo 197.2 del Código Penal-.

Los hechos considerados probados se produjeron cuando en noviembre de 2013 el magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, incorporó al escrito que iba a enviar al Servicio de Inspección del CGPJ la consulta realizada a la base de datos del Registro Central de Penados sobre los antecedentes penales de la persona que le denunció, con plena conciencia de que estaban cancelados, para acreditar la animadversión que sentía hacia él. El magistrado Luis Acayro Sánchez Lázaro, según los mismos hechos, creyó erróneamente que la aportación de dicha información era necesaria para el legítimo ejercicio de su derecho de defensa.

Sin embargo, la Sala Segunda no comparte el análisis de la sentencia recurrida que consideró que la conducta del acusado no estaba justificada. Afirma que no se trata de un caso de acceso o utilización injustificada de datos, sino de un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento –en este caso la Secretaria Judicial, ahora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales- a petición del titular del órgano jurisdiccional, que luego son remitidos al CGPJ en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Manuel Marchena, indica que la Ley Orgánica del Poder Judicial –artículo 236- admite la cesión de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y en ambos casos, subraya la Sala, su cesión al CGPJ “está autorizada” cuando este órgano actúa en el ejercicio de sus funciones de inspección y control o en el ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas.

Por todo ello, concluye, que “ni el juez que solicitó el certificado, ni la Letrada de la Administración de Justicia que accedió con sus claves al Registro Central de Penados ni, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial que había incoado una información previa a través del Servicio de Inspección, pueden considerarse actores de una ilegítima injerencia en el derecho a la autodeterminación informativa que proclama el artículo 18.4 de la CE y que tutela penalmente el artículo 197.2 del Código Penal”.

Para el Tribunal Supremo, los hechos imputados al acusado carecen de relieve penal y la nula afectación del bien jurídico protegido por el artículo 197.2 del CP –la autodeterminación informativa y no la intimidad- es otra de las razones para concluir que no hay delito.

OTROS CASOS

La sentencia compara el caso del juez con otros precedentes en los que debido a la gravedad de los hechos sí estaba justificada la condena por el citado delito. Es el caso de un médico del Servicio Público de Salud que consultó sin justificación, aprovechando su cargo y el acceso que tenía a las bases de datos de historiales médicos, en más de 200 ocasiones y durante dos años el expediente de una enfermera, con la que había roto una relación amorosa, y la de sus familiares. También cita a un policía autonómico que eludía sus multas de tráfico identificando falsamente en los pliegos de descargo a terceras personas, gracias al acceso libre que tenía a la base de datos policial o la información periodística que permitió por vía referencial identificar a enfermos de SIDA internados en un establecimiento penitenciario.

VOTO PARTICULAR

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Juan Saavedra Ruiz en el que sostiene que en este caso el tratamiento de datos personales como la hoja histórico-penal con los antecedentes cancelados, incorporados al Registro Penal de Penados, están sólo a disposición de los juzgados y los tribunales españoles.

Asimismo, afirma que el acceso será legítimo en relación con los órganos judiciales siempre y cuando lo sea a efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los conozcan en el ámbito de sus respectivas competencias. También añade que el CGPJ no tiene acceso directo a la información contenida en dicho Registro y mucho menos cuando se trate de inscripciones canceladas.

Por todo ello concluye que la secretaria judicial y el magistrado no estaban autorizados para acceder y utilizar esos datos personales fuera del ejercicio de sus funciones en procedimientos y actuaciones judiciales de las que conocieran en el ejercicio de sus competencias, de forma que “no actúa legítimamente el funcionario autorizado que obtiene los datos al margen de cualquier procedimiento en marcha e igualmente no está autorizado a la cesión de esos datos a un tercero el que lejos de hacerlo en el ejercicio de su función jurisdiccional o gubernativa legítima lo hace prevaliéndose de su cargo en función de sus intereses personales”.

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El vendedor puede repercutir el IBI al comprador desde el momento de la entrega de la propiedad

Jorge Muñoz | 28 de junio de 2016 a las 13:42

ibiLa Sala I del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador en proporción al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea”.
El Supremo da la razón a dos sociedades que vendieron el 16 de marzo de 2009 a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esa última entidad a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2009, impuesto de dicho año que había sido íntegramente abonado por las sociedades vendedoras al serle reclamado por la autoridad tributaria.

Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les había dado la razón, acudieron al Supremo después de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del año 2009. Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la razón al vendedor y otras, al comprador.

En su sentencia, el Supremo resuelve que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad dominical. Según la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer día del año natural, según ha informado este martes el Alto Tribunal.

Por tanto, en el pleito resuelto, el abono del IBI correspondía a los vendedores, como titulares de la propiedad a 1 de enero de 2009, año de la venta. No se pactó expresamente la repercusión del impuesto, y la venta se efectuó libre de cargas y gravámenes.

Cuando el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, establece que “lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común”, debe entenderse, señala el Supremo, que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad de pacto.

El tenor del artículo 63.2 citado “advierte de la posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del Código Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del Código Civil)”.

Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia

“Lo que pasa en Alborán se queda en Alborán”

Jorge Muñoz | 17 de junio de 2016 a las 12:15

Condenado un teniente de navío por trato degradante a una marinera

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión al teniente de navío Antonio del R.P. por delito de trato degradante a una marinera. Los hechos ocurrieron en la madrugada del día de Año Nuevo de 2014 en la Isla de Alborán, donde el oficial era el comandante del Destacamento y la segunda una de las marineras allí destinadas.

Los hechos probados de la sentencia ratificada señalan que, tras una cena de Nochevieja de todos los miembros del Destacamento, hacía las 5 de la mañana, el teniente de navío tocó la cintura de la marinera y le dijo que “lo que pasaba en Alborán se quedaba en Alborán”. Luego, en un camino estrecho y de escasa visibilidad de la isla, el oficial se colocó detrás de la mujer, la agarró con una de sus manos por las muñecas llevándoselas a la espalda de la misma e inmovilizándola, “al tiempo que con la otra mano libre le tapaba la boca, evitando así, que pudiera ésta avisar a sus compañeros que iban delante. Acto seguido el oficial tiró de la cabeza a la marinero hasta apoyarla en su hombro, diciéndole que no gritara que no pasaba nada y besuqueándola en el cuello y la cara”.

La marinero –prosiguen los hechos- logró zafarse un instante y pudo gritar el nombre de una compañera, pero inmediatamente el oficial le volvió a agarrar por el brazo izquierdo, tirando de ella hacia atrás, haciendo que cayese al suelo boca arriba, “momento que éste aprovechó para colocarse a horcajadas encima de la marinera y darle un beso en la cara, inmovilizándole los brazos que tenía extendidos a lo largo del cuerpo, con sus rodillas. Al mismo tiempo, le tapaba la boca con la mano derecha para que no gritase y le decía ‘pórtate bien que tú eres una niña muy buena, esta noche te voy a hacer una reina, te voy a chupar entera y te voy a hacer un traje de saliva, esta noche te vas a meter en mi cama conmigo que te voy a hacer cosas que nunca te han hecho’.

“El teniente de navío Del real, que besaba a la marinera por toda la cara, le agarró la mano izquierda para colocársela sobre su pantalón, obligándole de este modo a tocarle sus genitales. El oficial tocaba a la marinera por todo el cuerpo, metió su mano a través de la cinturilla de chándal, llegándole a tocar por debajo de la ropa interior a la altura del vientre y la zona del pecho, por debajo de la sudadera y por encima del sujetador”. La marinero logró escapar del teniente de navío, que posteriormente la rogó por sus hijos que no contase nada, llegando a ofrecerle dinero si no lo revelaba. Tras conocerse lo sucedido, el oficial fue relevado del puesto.

El Tribunal Supremo rechaza en su sentencia los recursos de casación interpuestos tanto por el oficial como por la marinero contra la sentencia del Tribunal Militar Central que estableció contra el teniente de navío una pena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión por delito consumado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, con aplicación de la eximente incompleta de trastorno mental transitorio. Además tendrá que pagar una indemnización a la marinera (que se concretará en fase de ejecución de sentencia) con declaración de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El alto tribunal desestima que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado, ya que el tribunal de instancia ha explicado razonadamente los motivos por los que otorga crédito absoluto a la víctima, cuyo testimonio está corroborado además por otras declaraciones, pruebas periciales y documentales. Tampoco acepta aplicar al oficial la eximente completa de trastorno mental transitorio, ya que el informe pericial médico sólo reconoce que tenía alteradas, pero no anuladas, sus capacidades para obrar. Además, no acepta que se le aplique la eximente completa de embriaguez, ya que fue precisamente la embriaguez la que determinó el trastorno transitorio que como eximente incompleta sí se ha apreciado.

El Supremo también rechaza la alegación del oficial de que la pena impuesta no se rebajase en un grado por la concurrencia de dicha eximente incompleta. En ese sentido, respalda que el tribunal de instancia concretará la pena a la vista de la condición de jefe de Destacamento que ostentaba el acusado, la notable diferencia de graduación entre agresor y víctima, gravedad de la conducta, lugar donde se desarrollaron los hechos, y conocimiento previo que el acusado tenía de los efectos que le podía producir el consumo de alcohol.

Respecto al recurso de la víctima, contraria a que se hubiese estimado el trastorno mental transitorio incompleto, la Sala contesta que se ha considerado probado que el teniente de navío consumió alcohol la noche de los hechos, y que fue ese consumo, unido a la base patológica que padece, la que provocó el trastorno.

El Supremo confirma la condena a Santiago Calatrava a pagar 2,96 millones por los fallos en la construcción Palacio de Congresos de Oviedo

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2016 a las 12:27

Port Authority Discusses Plans For WTC Transportation HubLa Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI por los fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo. La sentencia considera que el arquitecto es responsable por su conducta negligente de los daños que se produjeron tras el derribo de un graderío durante las obras y la construcción de la cubierta que se hizo fija cuando en el contrato estaba previsto que fuera móvil.

La Sala Primera desestima el recurso de casación interpuesto por el arquitecto y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que estimó parcialmente los recursos presentados por ambas partes contra la sentencia del juzgado que cifró en 3,27 millones de euros la condena al arquitecto y absolvió a la promotora. La sentencia recurrida, en cambio, condenó a Jovellanos XXI a pagar 7.285.000 de euros al arquitecto en concepto de honorarios y, al mismo tiempo, condenó a éste último a pagar a la promotora 10.245.781,74 euros por los defectos en la construcción y sobrecostes en dichas instalaciones. Al restar ambas cantidades, estableció que la indemnización que finalmente tiene que abonar Santiago Calatrava es de 2,96 millones de euros.

El Tribunal Supremo en su sentencia indica que existen unos daños y perjuicios acreditados y evaluados, y una sociedad -Jovellanos- que encarga a otra -Santiago Calatrava LLC- la confección de un proyecto y la dirección y vigilancia de unos trabajos que se ha visto obligada a satisfacer “por el actuar negligente de quien se había obligado a ejecutarlos correctamente por un contrato de obra, al que no ha dado cumplimiento, o, si se prefiere, por quien está vinculado a un contrato que ha incumplido negligentemente, por no guardar en su forma de actuar la debida diligencia y que ha obligado a la promotora a reparar los desperfectos ocasionados, que ahora reclama”.

La sentencia considera responsable al arquitecto de los daños ocasionados porque su sociedad era la encargada de la dirección de la obra y de su ejecución, por imperativo legal y contractual, y como tal “responsable de poner las personas necesarias y con suficiente cualificación, a pie de obra, durante la realización de las obras, con el fin de ejecutar el proyecto y validar el mismo”.

En segundo lugar, afirma que “la contratación de un arquitecto de evidente renombre internacional para la construcción de una obra singular o emblemática en Oviedo, priorizando esta circunstancia sobre otras posiblemente más económicas, debe ser correlativa con la debida exigencia de responsabilidad a quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales tiene un control absoluto no solo del proyecto sino de su ejecución para que la obra se concluya sin problemas”. Por todo ello, concluye que si el arquitecto realizó con competencia casi exclusiva tales funciones es evidente que la promotora puede exigirle todos los daños derivados de su “negligencia” en su ejecución en virtud del contrato existente entre ambas partas.

Asimismo, señala que se trata de “un fracaso generalizado de la unidad de estructura a la que se extendían las labores de dirección, supervisión y vigilancia, dada la singularidad que tenía la que soportaba el graderío, del que debe responder, por más que en su ejecución hayan intervenido otros agentes, bajo su control, contra los que tendrá la posibilidad de repetir lo que a su culpa pudiera imputárseles”.

Sobre la cubierta móvil, indica que también se produjo un incumplimiento contractual porque pese a que dicho dispositivo móvil a modo de visera era el elemento diferencial del Palacio de Congresos y una de las señas de identidad del mismo, no se consiguió en la forma que se había convenido, cuando era posible hacerlo en la totalidad de las situaciones. En este sentido, destaca que hubo una “falta de previsión en el diseño, fabricación y ejecución de la estructura de la cubierta, lo que llevó a que no pudiera cumplir su función de móvil con la necesaria seguridad y frecuencia, incluso antes de producirse la fisura en el proceso de sondeo del arco móvil a las orejeras de conexión de las costillas móviles. En consecuencia, el condenado aceptó “una solución constructiva que evidentemente ha fracasado y que ha generado un daño a la promotora perfectamente evaluable”, subraya la sentencia.

El Supremo condena al ladrón que olvidó la figurita del bautizo de su hija en la vivienda que robó

Jorge Muñoz | 1 de junio de 2016 a las 16:44

figurabautizoHay errores que se pagan y algunos con unos años a la sombra. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a siete años y nueve meses de prisión a un ladrón que fue descubierto al olvidar una figura del bautizo de su hija en una cama de la vivienda asaltada que la víctima entregó a la Policía. La sentencia indica que “difícilmente puede encontrarse una pista más incriminatoria” que el hecho de que el recurrente se hubiese olvidado el recordatorio en el piso asaltado y considera que ese hallazgo es una prueba indiciaria de especial relevancia que permitió a la Policía iniciar una investigación, orientada hacia los asistentes a la celebración, que concluyó con la detención del condenado.Después de investigar los bautizos que se habían celebrado en Barcelona –en los que se entregó el mismo recordatorio-, la Policía localizó a la madre de la niña bautizada, ex pareja del acusado, que les entregó una foto en la que aparecían algunos de los asistentes a la celebración. Los agentes se la enseñaron a la víctima que al verla pudo identificar al asaltante.El condenado denunció en su recurso que se han vulnerado los requisitos para que la identificación fotográfica policial sea fiable al mostrarse a la víctima sólo una foto, en la que aparecían diez personas con características muy diferentes, y en consecuencia niega la validez del reconocimiento en rueda que hizo ésta en el juzgado y, posteriormente, en el juicio.Sin embargo, la Sala Segunda indica que no se vulnera la regla de mostrar una pluralidad de fotografías de los archivos policiales, o al menos de características similares a la descripción realizada por la víctima, cuando existe un indicio relevante que permite reducir el campo de sospechosos a un colectivo más reducido y se dispone de una fotografía de los integrantes de dicho grupo que puede ser examinada sin sugestión alguna por la víctima.

Tampoco duda de la identificación que hizo la mujer, -estaba en su casa, con unas condiciones de luz favorables- que pudo ver la cara al autor del asalto durante un tiempo ya que actuó, al igual que los otros dos condenados, a cara descubierta.

Por todo ello, afirma que dicha identificación visual en fase policial cumple con los factores –intraprocesales y ambientales- necesarios para la fiabilidad y exactitud de la misma.

La sentencia estima parcialmente los recursos de casación interpuestos por los tres condenados y corrige las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona por los delitos de robo con intimidación con uso de instrumento peligroso en casa habitada (4 años), detención ilegal (5 años), lesiones (1 año y 6 meses) y falsificación (9 meses de prisión para dos de ellos), con la atenuante de reparación del daño. La Sala Segunda rebaja de 9 años de prisión a 5 años y 6 meses las condenas a cada uno de ellos sólo por los delitos de detención ilegal y robo con violencia e intimidación en casa habitada haciendo uso de armas, con la misma atenuante de reparación del daño, que considera se han cometido en concurso medial.

En este caso, explican los magistrados, la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para cometer el robo; motivo por el que se anula la sentencia recurrida sólo en este extremo, manteniendo el resto de pronunciamientos sobre el delito de lesiones y falsificación, la responsabilidad civil, las costas y la absolución de los demás acusados.

Los hechos probados se produjeron el 29 de octubre de 2013 cuando los tres recurrentes se presentaron en casa de la víctima que les abrió la puerta al creerse que eran los mismos operarios que habían estado antes en la vivienda realizando unos trabajos -que también eran sudamericanos- para recoger unas herramientas. Los asaltantes se lanzaron violentamente sobre ella, le colocaron un cuchillo junto al cuello, la maniataron, amordazaron y ataron. Después llevaron a la mujer a una habitación donde había una caja fuerte, de la que se llevaron 1500 euros, y consiguieron a base de golpes que les entregara algunas joyas. Finalmente, le taparon la cara con una toalla y le dijeron que estuviera 20 minutos sin moverse y sin llamar a la policía porque la matarían. La víctima pudo liberarse de las ataduras y llamó por teléfono a su hija que acudió al domicilio junto a los agentes. Los condenados se llevaron ordenadores y teléfonos móviles, valorados en 480 euros, joyas y dinero en efectivo. Días después, dos de ellos fueron detenidos con pasaportes argentinos falsos.

El Supremo anula la sanción al brigada que no quería brindar por el Rey

Jorge Muñoz | 4 de mayo de 2016 a las 12:11

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado por prescripción la sanción disciplinaria de un mes y un día de arresto impuesta a un brigada del Ejército de Aire por una falta grave cometida al decir que no brindaba por el Rey el día de su onomástica, aunque, finalmente, acabó alzando su copa por su Majestad junto al resto del Destacamento de Alhucemas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado y ratifica el fallo del Tribunal Militar Central que anuló la citada sanción y estableció que se indemnizara al suboficial por los daños morales derivados del cumplimiento de la misma en el Establecimiento Disciplinario Militar de Ceuta. En este sentido, fijó que la cuantía de la indemnización sería la suma del importe de la dieta en territorio nacional por cada día que estuvo privado indebidamente de libertad, además de otra cantidad determinada en el trámite de ejecución de sentencia por otros daños o perjuicios que haya podido sufrir a consecuencia del castigo.

De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala Quinta indica que cuando se notificó al expedientado dicha sanción, el 17 de septiembre de 2013, ya había prescrito al haberse agotado el plazo de seis meses que establece el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas para la caducidad de las faltas graves.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2012 cuando un teniente, entonces Comandante Militar del Destacamento de Alhucemas, le dijo a un sargento que preparara un vino con motivo del santo del Rey Juan Carlos. El brigada sancionado replicó que eso ya no se llevaba y el mando le contestó que allí sí se celebraría. Dos días después, el día de San Juan, el teniente se percató de que el militar no se encontraba en la formación con todo el Destacamento para entrar en el comedor y, como fue imposible localizarlo por teléfono, fue a buscarle al despacho, comunicándole que tenía cinco minutos para bajar. Al llegar allí, el suboficial expedientado dijo que él tenía lealtad a España y a la Bandera pero que no brindaba por el Rey, aunque, después, levantó su copa por su Majestad y se marchó del comedor.

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Por estos hechos, el 12 de septiembre de 2012, se abrió al militar un expediente disciplinario, que acabó con la resolución sancionadora el 13 de septiembre de 2013 por una falta grave del artículo 32 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Corona). Meses antes, se inició un procedimiento penal que fue archivado, decisión que fue comunicada al instructor.

La sentencia indica que la autoridad disciplinaria puede incoar y tramitar un expediente sancionador y que no está obligada a suspenderlo aunque tenga conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos, señalando que no puede resolverlo antes de que acabe éste último.

En este caso, subraya la Sala, la autoridad disciplinaria conoció la apertura del procedimiento penal y en lugar de esperar a que éste terminase y se lo comunicaran, optó por incoar el expediente disciplinario y tramitarlo, sin llegar a suspenderlo justificadamente antes de que le fuera notificado el auto de archivo. De ese modo, concluye que el plazo legalmente establecido para su tramitación no quedó interrumpido por la existencia de actuaciones penales y continuó corriendo hasta agotar el plazo de tres meses fijado para su instrucción.

El Supremo suspende los recursos de cláusulas suelo hasta conocer la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad

Jorge Muñoz | 14 de abril de 2016 a las 10:37

clausula-sueloLa Sala I del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria (cuya deliberación estaba fijada para el próximo 4 de mayo) hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

El Supremo confirma la nulidad del control de legalidad de los notarios en los préstamos

Jorge Muñoz | 9 de marzo de 2016 a las 14:40

notarioLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo 30.3 y 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios por falta de habilitación legal para regular la competencia del control de legalidad de los notarios, que pueden denegar la autorización de los préstamos hipotecarios o la inscripción de alguna de sus cláusulas cuando no cumplan con la legalidad vigente.

La sentencia indica que es necesaria una norma de rango legal que dé cobertura a las previsiones recogidas en la mencionada Orden que no sólo otorga la función de control notarial, sino que además establece que la decisión será recurrible ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, según ha informado el Tribunal Supremo.

La Sala Tercera rechaza los recursos de casación interpuestos por el abogado del Estado y el Consejo General del Notariado y ratifica el fallo de la Audiencia Nacional, que a su vez estimó el recurso interpuesto por el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, anulando los citados preceptos.

El abogado del Estado defendió en su recurso, entre otros motivos, que el notario es un funcionario público que en su tarea de dar fe conforme a las leyes tiene un deber genérico de controlar todos los documentos por él autorizados. Por su parte, el Consejo General del Notariado argumentó que los preceptos anulados no tienen como objeto introducir un control de legalidad, sino proteger a los consumidores y a los usuarios en el mercado hipotecario.

Sin embargo, la Sala Tercera afirma que del tenor literal de los preceptos cuestionados se concluye que establecen dicho control de legalidad del notario sobre las operaciones de préstamo en las que interviene, lo que le permite denegar la autorización del mismo o de algunas de sus cláusulas.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde, considera que no se trata de cuestionar la oportunidad, procedencia o incluso la conveniencia de que el notario pueda ejercer esa función de control, sino si esta competencia está amparada o no, cuando resulte necesario, en una norma de rango legal.

La sentencia rechaza que los preceptos impugnados tengan cobertura legal en la Ley del Notariado, la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Defensa de los Consumidores o la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. También concluye que corresponde al legislador, y no a un departamento ministerial determinado, la aprobación de los preceptos ahora anulados por falta de cobertura legal.

Asimismo, reconoce la legitimidad activa para recurrir del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a quienes no se puede considerar como simples terceros ajenos a la materia regulada en dichos preceptos.