Archivos para el tag ‘Tribunal Supremo’

El Supremo condena al ladrón que olvidó la figurita del bautizo de su hija en la vivienda que robó

Jorge Muñoz | 1 de junio de 2016 a las 16:44

figurabautizoHay errores que se pagan y algunos con unos años a la sombra. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a siete años y nueve meses de prisión a un ladrón que fue descubierto al olvidar una figura del bautizo de su hija en una cama de la vivienda asaltada que la víctima entregó a la Policía. La sentencia indica que “difícilmente puede encontrarse una pista más incriminatoria” que el hecho de que el recurrente se hubiese olvidado el recordatorio en el piso asaltado y considera que ese hallazgo es una prueba indiciaria de especial relevancia que permitió a la Policía iniciar una investigación, orientada hacia los asistentes a la celebración, que concluyó con la detención del condenado.Después de investigar los bautizos que se habían celebrado en Barcelona –en los que se entregó el mismo recordatorio-, la Policía localizó a la madre de la niña bautizada, ex pareja del acusado, que les entregó una foto en la que aparecían algunos de los asistentes a la celebración. Los agentes se la enseñaron a la víctima que al verla pudo identificar al asaltante.El condenado denunció en su recurso que se han vulnerado los requisitos para que la identificación fotográfica policial sea fiable al mostrarse a la víctima sólo una foto, en la que aparecían diez personas con características muy diferentes, y en consecuencia niega la validez del reconocimiento en rueda que hizo ésta en el juzgado y, posteriormente, en el juicio.Sin embargo, la Sala Segunda indica que no se vulnera la regla de mostrar una pluralidad de fotografías de los archivos policiales, o al menos de características similares a la descripción realizada por la víctima, cuando existe un indicio relevante que permite reducir el campo de sospechosos a un colectivo más reducido y se dispone de una fotografía de los integrantes de dicho grupo que puede ser examinada sin sugestión alguna por la víctima.

Tampoco duda de la identificación que hizo la mujer, -estaba en su casa, con unas condiciones de luz favorables- que pudo ver la cara al autor del asalto durante un tiempo ya que actuó, al igual que los otros dos condenados, a cara descubierta.

Por todo ello, afirma que dicha identificación visual en fase policial cumple con los factores –intraprocesales y ambientales- necesarios para la fiabilidad y exactitud de la misma.

La sentencia estima parcialmente los recursos de casación interpuestos por los tres condenados y corrige las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona por los delitos de robo con intimidación con uso de instrumento peligroso en casa habitada (4 años), detención ilegal (5 años), lesiones (1 año y 6 meses) y falsificación (9 meses de prisión para dos de ellos), con la atenuante de reparación del daño. La Sala Segunda rebaja de 9 años de prisión a 5 años y 6 meses las condenas a cada uno de ellos sólo por los delitos de detención ilegal y robo con violencia e intimidación en casa habitada haciendo uso de armas, con la misma atenuante de reparación del daño, que considera se han cometido en concurso medial.

En este caso, explican los magistrados, la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para cometer el robo; motivo por el que se anula la sentencia recurrida sólo en este extremo, manteniendo el resto de pronunciamientos sobre el delito de lesiones y falsificación, la responsabilidad civil, las costas y la absolución de los demás acusados.

Los hechos probados se produjeron el 29 de octubre de 2013 cuando los tres recurrentes se presentaron en casa de la víctima que les abrió la puerta al creerse que eran los mismos operarios que habían estado antes en la vivienda realizando unos trabajos -que también eran sudamericanos- para recoger unas herramientas. Los asaltantes se lanzaron violentamente sobre ella, le colocaron un cuchillo junto al cuello, la maniataron, amordazaron y ataron. Después llevaron a la mujer a una habitación donde había una caja fuerte, de la que se llevaron 1500 euros, y consiguieron a base de golpes que les entregara algunas joyas. Finalmente, le taparon la cara con una toalla y le dijeron que estuviera 20 minutos sin moverse y sin llamar a la policía porque la matarían. La víctima pudo liberarse de las ataduras y llamó por teléfono a su hija que acudió al domicilio junto a los agentes. Los condenados se llevaron ordenadores y teléfonos móviles, valorados en 480 euros, joyas y dinero en efectivo. Días después, dos de ellos fueron detenidos con pasaportes argentinos falsos.

El Supremo anula la sanción al brigada que no quería brindar por el Rey

Jorge Muñoz | 4 de mayo de 2016 a las 12:11

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado por prescripción la sanción disciplinaria de un mes y un día de arresto impuesta a un brigada del Ejército de Aire por una falta grave cometida al decir que no brindaba por el Rey el día de su onomástica, aunque, finalmente, acabó alzando su copa por su Majestad junto al resto del Destacamento de Alhucemas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado y ratifica el fallo del Tribunal Militar Central que anuló la citada sanción y estableció que se indemnizara al suboficial por los daños morales derivados del cumplimiento de la misma en el Establecimiento Disciplinario Militar de Ceuta. En este sentido, fijó que la cuantía de la indemnización sería la suma del importe de la dieta en territorio nacional por cada día que estuvo privado indebidamente de libertad, además de otra cantidad determinada en el trámite de ejecución de sentencia por otros daños o perjuicios que haya podido sufrir a consecuencia del castigo.

De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala Quinta indica que cuando se notificó al expedientado dicha sanción, el 17 de septiembre de 2013, ya había prescrito al haberse agotado el plazo de seis meses que establece el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas para la caducidad de las faltas graves.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2012 cuando un teniente, entonces Comandante Militar del Destacamento de Alhucemas, le dijo a un sargento que preparara un vino con motivo del santo del Rey Juan Carlos. El brigada sancionado replicó que eso ya no se llevaba y el mando le contestó que allí sí se celebraría. Dos días después, el día de San Juan, el teniente se percató de que el militar no se encontraba en la formación con todo el Destacamento para entrar en el comedor y, como fue imposible localizarlo por teléfono, fue a buscarle al despacho, comunicándole que tenía cinco minutos para bajar. Al llegar allí, el suboficial expedientado dijo que él tenía lealtad a España y a la Bandera pero que no brindaba por el Rey, aunque, después, levantó su copa por su Majestad y se marchó del comedor.

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Por estos hechos, el 12 de septiembre de 2012, se abrió al militar un expediente disciplinario, que acabó con la resolución sancionadora el 13 de septiembre de 2013 por una falta grave del artículo 32 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Corona). Meses antes, se inició un procedimiento penal que fue archivado, decisión que fue comunicada al instructor.

La sentencia indica que la autoridad disciplinaria puede incoar y tramitar un expediente sancionador y que no está obligada a suspenderlo aunque tenga conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos, señalando que no puede resolverlo antes de que acabe éste último.

En este caso, subraya la Sala, la autoridad disciplinaria conoció la apertura del procedimiento penal y en lugar de esperar a que éste terminase y se lo comunicaran, optó por incoar el expediente disciplinario y tramitarlo, sin llegar a suspenderlo justificadamente antes de que le fuera notificado el auto de archivo. De ese modo, concluye que el plazo legalmente establecido para su tramitación no quedó interrumpido por la existencia de actuaciones penales y continuó corriendo hasta agotar el plazo de tres meses fijado para su instrucción.

El Supremo suspende los recursos de cláusulas suelo hasta conocer la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad

Jorge Muñoz | 14 de abril de 2016 a las 10:37

clausula-sueloLa Sala I del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria (cuya deliberación estaba fijada para el próximo 4 de mayo) hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

El Supremo confirma la nulidad del control de legalidad de los notarios en los préstamos

Jorge Muñoz | 9 de marzo de 2016 a las 14:40

notarioLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo 30.3 y 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios por falta de habilitación legal para regular la competencia del control de legalidad de los notarios, que pueden denegar la autorización de los préstamos hipotecarios o la inscripción de alguna de sus cláusulas cuando no cumplan con la legalidad vigente.

La sentencia indica que es necesaria una norma de rango legal que dé cobertura a las previsiones recogidas en la mencionada Orden que no sólo otorga la función de control notarial, sino que además establece que la decisión será recurrible ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, según ha informado el Tribunal Supremo.

La Sala Tercera rechaza los recursos de casación interpuestos por el abogado del Estado y el Consejo General del Notariado y ratifica el fallo de la Audiencia Nacional, que a su vez estimó el recurso interpuesto por el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, anulando los citados preceptos.

El abogado del Estado defendió en su recurso, entre otros motivos, que el notario es un funcionario público que en su tarea de dar fe conforme a las leyes tiene un deber genérico de controlar todos los documentos por él autorizados. Por su parte, el Consejo General del Notariado argumentó que los preceptos anulados no tienen como objeto introducir un control de legalidad, sino proteger a los consumidores y a los usuarios en el mercado hipotecario.

Sin embargo, la Sala Tercera afirma que del tenor literal de los preceptos cuestionados se concluye que establecen dicho control de legalidad del notario sobre las operaciones de préstamo en las que interviene, lo que le permite denegar la autorización del mismo o de algunas de sus cláusulas.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde, considera que no se trata de cuestionar la oportunidad, procedencia o incluso la conveniencia de que el notario pueda ejercer esa función de control, sino si esta competencia está amparada o no, cuando resulte necesario, en una norma de rango legal.

La sentencia rechaza que los preceptos impugnados tengan cobertura legal en la Ley del Notariado, la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Defensa de los Consumidores o la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. También concluye que corresponde al legislador, y no a un departamento ministerial determinado, la aprobación de los preceptos ahora anulados por falta de cobertura legal.

Asimismo, reconoce la legitimidad activa para recurrir del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a quienes no se puede considerar como simples terceros ajenos a la materia regulada en dichos preceptos.

El Champín gana al Champagne

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2016 a las 13:06

champínNo es una cuestión de sabores o de grados de alcohol, sino de marcas. La Sala de lo Civil ha confirmado que el uso de la marca “Champín” para comercializar una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas -bebida no alcohólica- no constituye una infracción de la denominación de origen “Champagne” por parte de la empresa Industrias Espadafor, titular de la mencionada marca.

La sentencia rechaza el recurso de casación interpuesto por el Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Granada que no apreció causa de nulidad de la marca “Champin” ni actos de competencia desleal, en contra de lo que sostuvo el juzgado de lo Mercantil de Granada al estimar la demanda de dicho Comité.

La Sala Primera considera que Industrias Espadafor ha utilizado su marca denominativa “Champín” como la tiene registrada, para una bebida infantil gaseosa con sabor a frutas, producto ajeno a los vinos amparados por la denominación de origen “Champagne” y a cualquiera de los protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007.

Del mismo modo, indica el fallo que la evocación que el uso del signo “Champín” puede generar respecto del “Champagne” es tenue e irrelevante. Sobre todo, subrayan los magistrados, porque en este caso no se genera la conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, y tampoco constituye un aprovechamiento indebido de su reputación.

Asimismo, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sánchez Gargallo, afirma que la marca “Champín” no induce a pensar a los consumidores que su bebida ha sido elaborada a partir de champagne o que sea un producto derivado del mismo o que comparta con él algunas de sus características principales. Añade que a ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de origen y su disparidad respecto a aquellos para los que está registrada la marca denunciada, que impide que pueda generarse aquella idea errónea sobre su calidad o procedencia.

La Sala de lo Civil concluye que la empresa demandada no está usando la denominación de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica se aproveche del prestigio del “Champagne”. Según la resolución, el empleo simultáneo del mismo envase que los vinos espumosos y de aguja, y no exclusivo del “Champagne”, tampoco supone un aprovechamiento de la reputación ajena.

El Supremo rechaza recursos contra dos sentencias de 1940

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2016 a las 13:24

SupremoLa  Sala II del Tribunal Supremo ha denegado la autorización para presentar un recurso de revisión contra dos sentencias de 1940 que condenaron al pago de una multa de 300.000 pesetas a un responsable político del Partido Izquierda Republicana, Javier Domezain Chávarri. El rechazo se produce por falta de legitimación de la recurrente, por lo que el tribunal no entra  en el fondo del asunto.

Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Pamplona, que impuso en primera instancia la incautación de sus bienes, y a continuación por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que cambió esa incautación por una multa de 300.000 pesetas.

El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, estima que la recurrente, sobrina nieta de Domezain Chávarri, carece de legitimación para presentar el recurso de revisión de acuerdo al artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Añade que, al haber fallecido ya el condenado, y ser la pretensión la rehabilitación de la memoria del difunto, la promovente podría ser su esposa, ascendiente o descendiente del mismo, y sin embargo quien pide autorización para recurrir es la nieta de la hermana del condenado.

El auto señala que ni de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que se basa el recurso para revisar las citadas sentencias de 1940, cabría encajar la legitimación de la recurrente, ya que otorga el derecho a la declaración de reparación y reconocimiento personal en caso de personas fallecidas al cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes, y sus colaterales hasta el segundo grado.

Ante la falta de legitimación de la recurrente, el Supremo no entra a resolver el fondo del asunto, incluidas las dudas planteadas por la Fiscalía sobre si la competencia correspondería mejor a la jurisdicción contencioso-administrativo, y no a la penal, debido a la naturaleza y composición de los tribunales de responsabilidades políticas creados por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en 1939.

El Supremo avala el pago a los jueces de los días de descanso no disfrutados

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2016 a las 14:06

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del abogado del Estado contra el reconocimiento de pagos a los jueces por los días de descanso no disfrutados tras las guardias. El recurso de casación en interés de Ley planteado por el abogado del Estado se dirigió contra una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, que condenó a la Administración a abonar a un juez 6.600 euros por el concepto citado, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
El abogado del Estado argumentó que la sentencia aplicaba una doctrina errónea y que representaba un grave daño para el interés general, ya que podría acarrear “reconocer una indemnización a todos los jueces que han hecho guardias por los días de descanso que no han disfrutado después de su realización”, y la “aplicación de esta doctrina no sólo podría producirse por la interposición de nuevos recursos, sino también mediante la extensión de efectos de la sentencia recurrida”.

El abogado del Estado calculó, teniendo en cuenta sólo las guardias anuales de 24 y 48 horas, que la cuantía de estas indemnizaciones podía ascender a 1,6 millones de euros anuales, lo que multiplicado por 4 (al ser 4 años el plazo ordinario de prescripción de reclamaciones ante la Administración) representaría un total de 6,7 millones.

tsupremo

En su sentencia, la Sala III del Supremo destaca que “la parte recurrente no aporta dato alguno respecto de las guardias semanales, sobre las que recae precisamente la sentencia recurrida, ni tampoco en relación a las guardias de disponibilidad permanente. Únicamente cuantifica las guardias de 24 y de 48 horas, pero incluyendo las cifras de Madrid y de Barcelona, que representan un 43,47% del total y en relación con la cuales la normativa española ya contemplaba la posibilidad del día de descanso a la conclusión de la guardia”.

“Y, además –añade– desde el Acuerdo de 13 de octubre (de 2013) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ya está extendida la posibilidad del día de descanso tras el servicio de guardia o la correspondiente compensación horaria, para todos los Jueces y Magistrados que presten dicho servicio, lo que imposibilitará de futuro recursos con idéntica pretensión”.

El alto tribunal concluye que “no cabe estimar la concurrencia del grave daño para el interés general” que defiende el abogado del Estado, “dado que no se ha acreditado suficientemente el alcance del posible efecto multiplicador de la doctrina contenida en la sentencia impugnada, ni la entidad de la cuantía a que pudiera ascender el eventual perjuicio económico, ni el número aproximado de posibles afectados”.

Además, señala que, “al haber sido reconocido en el año 2013 el día de descanso posterior al servicio de guardia, difícilmente se va a producir el efecto multiplicador de persistencia en el futuro de una doctrina eventualmente errónea, la cual sólo podría considerarse susceptible de proyección para supuestos en los que resultase de aplicación la antigua normativa, los cuales no han sido cuantificados, con una mínima precisión, por la parte recurrente. no siendo posible apreciar la gravedad del daño que pueda ocasionarse a la Administración”.

 

Etiquetas: ,

El Supremo concede una pensión de viudedad por violencia de género pese a que el marido fue absuelto

Jorge Muñoz | 4 de febrero de 2016 a las 12:12

violenciaEl Supremo concede pensión de viudedad por violencia de género a una mujer aunque el marido fuese absuelto. El artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social permite reconocer pensión de viudedad a la víctima de violencia de género que se separó o divorció mediando esa circunstancia.

La Sala de lo Social del Supremo establece en una sentencia que en supuestos de separación o divorcio anteriores a la Ley Orgánica 1/2004, de Protección Integral frente a la Violencia de Género,  “la existencia de denuncias por actos constitutivos de violencia de género constituye un serio indicio de que la misma ha existido”, aunque añade que “sin que ello suponga que estamos ante un medio de prueba plena sino que ha de contextualizarse con el resto de la crónica judicial de lo acaecido”, ha informado el Tribunal Supremo.

De acuerdo a esa doctrina, estima el recurso de una mujer a quien reconoce el derecho a percibir la pensión de viudedad de un hombre del que se separó cuando era víctima de maltrato por su parte, condenando al Instituto Social de la Marina (que gestiona la Seguridad Social de los trabajadores del mar) al abono de la misma.  

La mujer denunció en 1995 ante la Guardia Civil de Villlagarcía de Arosa (Pontevedra) a su marido por maltrato, pero el Juzgado de Instrucción le absolvió el mismo año porque finalmente ella retiró la acusación. En 1998 se separaron, año en que volvió a denunciar a su marido, siendo condenado éste por una falta de amenazas aunque no hacia ella sino hacia un hijo de ambos. El hombre murió el 31 de octubre de 2010.

El Supremo señala que en la realidad social de 1995, cuando se planteó la primera denuncia por maltrato, las manifestaciones de la demandante constituyen un importante indicio de que estaba siendo violentada por su esposo, que en este caso se ve reforzado por otros datos como la sentencia condenatoria por amenazas al hijo o la desatención del hombre al sostenimiento de la economía familiar, hechos que son compatibles con la situación de maltrato denunciada por la mujer en varias ocasiones.

Por ello, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que denegó la pensión y confirma la del Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra, que declaró su derecho a percibirla.

El Supremo falla sobre la pausa del bocadillo: debe ser compensada si no se disfruta pero no como hora extra

Jorge Muñoz | 5 de enero de 2016 a las 11:45

bocataMuy interesante. La pausa del bocadillo no disfrutada debe ser retribuida con una compensación adicional, aunque no como si fuese hora extra. La Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estableció que los periodos de descanso por refrigerio (de entre 20 y 30 minutos) que no pueden disfrutarse por el trabajador debían considerarse como horas extraordinarias, ya que aumentaban la jornada ordinaria de trabajo de los trabajadores que no lo disfrutaban.
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Fernando de Castro, el Supremo explica que el tiempo de bocadillo no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible, que debe ser retribuido “no sólo con la remuneración propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con la cantidad adicional prevista para tal supuesto específico en la normativa convencional aplicable”. En el caso de Adif, es la normativa laboral de RENFE, cuyo artículo 197 prevé una compensación para quienes no gocen de ese descanso.

Sin embargo, el Supremo discrepa de la Audiencia Nacional y señala que tal exceso no puede ser calificado ni retribuido como hora extraordinaria en sentido estricto, en tanto que ya se halla incluido y retribuido en la jornada anual colectivamente pactada, que en ADIF son 1720/1728 horas. Es decir, que es un periodo de descanso no disfrutado pero que entra dentro del tiempo máximo de trabajo que se ha convenido colectivamente. Por ello le corresponde, además de la retribución ordinaria incorporada al sueldo mensual por tener la pausa del bocadillo consideración de tiempo efectivo de trabajo, una retribución complementaria, pero que no es jornada extra.

Por todo ello, el Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y desestima la demanda de conflicto colectivo planteada por UGT por este asunto.

Aquí la sentencia completa:

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Social

SENTENCIA:

Presidente Excmo. Sr. D.: Jesús Gullón Rodríguez

Fecha Sentencia: 12/11/2015
Recurso Num.: CASACION 14/2015
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria
Votación: 10/11/2015
Procedencia: AUD.NACIONAL SALA DE LO SOCIAL Ponente Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez Reproducido por: OLM
Nota:

ADIF. EL TIEMPO DE PAUSA DIARIA PARA «BOCADILLO» ES TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO, Y COMO TAL YA ES RETRIBUIDO. SI NO ES POSIBLE DISFRUTARLO, CONVENCIONALMENTE SE COMPENSA CON RETRIBUCIÓN QUE HA DE SER LA PREVISTA EN LAS TABLAS SALARIALES, POR TRATARSE DE EXCESO DE JORNADA INFERIOR A LA LEGALMENTE PACTADA Y ESTAR YA REMUNERADA CON EL SALARIO PROPIO DE LA HORA ORDINARIA. SE REVOCA CRITERIO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

Recurso Num.: /14/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Luis Fernando de Castro Fernández Votación: 10/11/2015
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez

SENTENCIA NUM.:

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL

Excmos. Sres.:

D. Fernando Salinas Molina
D. Luis Fernando de Castro Fernández Da. María Luisa Segoviano Astaburuaga D. Miguel Ángel Luelmo Millán
D. Ángel Blasco Pellicer

En la Villa de Madrid, a doce de Noviembre de dos mil quince.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación interpuesto por la representación de ADIF frente a la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictada en fecha 2/Julio/2014 [autos 114/2014], a instancia de FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT, FSC-CCOO Y SFF- CGT, contra la empresa ADIF, sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNÁNDEZ,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT, FSC- CCOO Y SFF-CGT, se planteó demanda sobre CONFLICTO COLECTIVO, de la que conoció de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se declare: “El derecho de los trabajadores de ADIF que no puedan disfrutar el descanso de veinte minutos diarios por las características de su actividad a percibir la correspondiente compensación en cuantía no inferior al valor de dicho periodo de tiempo, (veinte minutos diarios) conforme al valor de la valor ordinaria calculada según acuerdo de conciliación de 10 de septiembre de 2012 ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional autos 193/2012″.

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratifico en la misma, oponiéndose las demandadas, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

TERCERO.- Con fecha 2 de julio de 2014 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Estimamos la demanda de conflicto colectivo, promovida por UGT, a la que se adhirieron CCOO, SCF y CGT, por lo que declaramos el derecho de los trabajadores de ADIF que no puedan disfrutar el descanso de veinte minutos diarios por las características de su actividad a percibir la correspondiente compensación en cuantía no inferior al valor de dicho periodo de tiempo, (veinte minutos diarios) conforme al valor de la valor ordinaria calculada según acuerdo de conciliación de 10 de septiembre de 2012 ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional autos 193/2012 y condenamos a ADIF a estar y pasar por dicha declaración”.

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: “PRIMERO. – UGT y CCOO ostentan la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal y acreditan implantación suficiente en ADIF. – SCF y CGT acreditan implantación en dicha empresa. SEGUNDO. – ADIF regula sus relaciones laborales por su II Convenio Colectivo, publicado en el BOE de 26-01-2013. – Dicho convenio prevé la aplicación de la Normativa Laboral del X Convenio de RENFE, publicado en el BOE de 6-08- 1993, salvo que estuviera expresamente derogada. TERCERO. – El presente conflicto colectivo afecta a todos los trabajadores, que prestan servicio en ADIF, que por las características propias de su actividad no 5 pueden disfrutar de forma efectiva del descanso diario dentro de la jornada y en consecuencia perciben la clave 153 en concepto de “compensación

descanso diario bocadillo trabajado”, o por la clave 300, si son Mandos Intermedios y Cuadros bajo el concepto de “complemento de puesto por compensación refrigerio”. – Ambas compensaciones son inferiores al valor de la hora ordinaria de trabajo. CUARTO. – El 10-09-2012 se alcanzó acuerdo ante esta Sala entre el comité general de empresa y ADIF en el procedimiento 193/2012 en los términos siguientes: “1. La Empresa, a la vista de las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictadas en recursos de casación en unificación de doctrina, relativos al valor de la hora extraordinaria en procedimientos instados por trabajadores de ADIF, se compromete a abonar con efectos 1 de agosto de 2012 las horas extraordinarias, horas de presencia y horas de toma y deje realizadas por los trabajadores de la misma, a partir de esa fecha, de conformidad con lo señalado en el art. 35 del Estatuto de los Trabajadores, al valor de la hora ordinaria. El pago de las mismas se llevará a cabo en el mes siguiente al que se realicen. 2. La empresa se compromete a abonar las horas extraordinarias, de presencia y horas de toma y deje realizadas y no compensadas con descansos, por los trabajadores de ADIF, en el periodo de un año anterior a la fecha del acto de conciliación del conflicto colectivo plateado por el ADIF ante la Audiencia Nacional, en la forma establecida en el punto 1 de este Acuerdo. El pago de la diferencia entre lo abonado y el valor al que debían satisfacerse se llevará a cabo antes del uno dé diciembre próximo. 3. En relación con los trabajadores que tienen interrumpida la prescripción por reclamaciones judiciales, o extrajudiciales de periodos anteriores y sobre las que no existe sentencia firme resolviendo su reclamación, la Empresa regularizará su abono en la forma establecida en el punto 1 de este Acuerdo, sin perjuicio de que mantengan o no las citadas demandas y reclamaciones hasta comprobar su abono”. Dicho acuerdo se incorporó al II Convenio Colectivo de ADIF (cláusula sexta). QUINTO. – UGT no ha reclamado ni ante la Comisión de Conflictos Laborales, ni tampoco ante la Comisión Paritaria del II Convenio Colectivo. SEXTO. – El 14-03-2014 UGT promovió conciliación ante el SMAC, que tuvo lugar sin avenencia el 26-03-2014. Se han cumplido las previsiones legales”.

QUINTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación procesal de ADIF amparándose en el siguiente motivo: “Con amparo en la letra e) del art. 207 de la LRJS por entender que la sentencia recurrida ha incurrido en infracción de las normas del ordenamiento jurídico, y en concreto se alega como infringido: Infracción de los Arts. 196 y 197 de la Normativa laboral vigente, X convenio Colectivo de RENFE, Cláusula 6o, tablas salariales y cláusula adicional segunda del II Convenio Colectivo de Adif en relación al art. 34. 4 del E.T y al art. 35.1 del E.T.”.

SEXTO.- Por providencia de ésta Sala se procedió a admitir a trámite el citado recurso y evacuado el trámite de impugnación, se emitió el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar improcedente el recurso, se declararon conclusos los autos, señalándose

para la votación y fallo el día 10 de noviembre de 2015, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– 1.– Se recurre por «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» [ADIF] la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 02/Julio/2014 [dem. 114/14], por la que se declaró que los trabajadores de ADIF que por las características de su actividad «no puedan disfrutar el descanso de veinte minutos diarios», tienen el derecho a percibir la correspondiente compensación «en cuantía no inferior al valor de dicho periodo de tiempo … conforme al valor de la hora ordinaria», calculada en los términos previstos en acuerdo de conciliación obtenido en 10/09/12 ante la Audiencia Nacional.

2.– El recurso se limita a supuesta infracción normativa, denunciando haberse vulnerado los arts. 196 y 197 de la Normativa Laboral, el X Convenio Colectivo de RENFE, la cláusula 6a, las Tablas Salariales y la cláusula adicional segunda del II Convenio Colectivo de ADIF, en relación con los arts. 34.4 y 35.1 ET. Y se argumenta básicamente la denuncia, sosteniendo que «al ser el descanso por refrigerio parte integrante de la jornada ordinaria, el tiempo en sí mismo, ya se abona dentro de la compensación normal de ésta. La indemnización en metálico que compensa la falta de descanso de los veinte minutos, no está retribuyendo jornada extraordinaria, y su valor es el que convencionalmente se acuerde: el establecido en convenio colectivo por la voluntad soberana de las partes… El tiempo de los 20 o 30 minutos de descanso por refrigerio está incluido en la jornada ordinaria de trabajo… ; razón por la que en ningún caso puede rebasar las 1720/1728 horas de jornada anual que tiene establecido el personal de ADIF, al estar por su propia definición, incluido dentro de esa jornada anual, motivo por el que es imposible que constituya jornada extraordinaria que excede de aquélla».

SEGUNDO.– 1.– La decisión del debate ha de partir necesariamente de los preceptos de cuya aplicación e interpretación se trata:

a).– Conforme al art. 34.4 ET, «Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo».

b).– De acuerdo al art. 35.1 ET, «1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la

duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior».

c).– Dispone la Cláusula Adicional Segunda del II Convenio Colectivo de ADIF que «Como norma, la jornada anual de ADIF para el personal es de 1.720 o 1.728 horas, distribuidas en 215 o 216 días de trabajo…».

d).– Establece la Cláusula 5a del mismo II Convenio de ADIF que «Es de aplicación toda la Normativa Laboral de ADIF vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo».

e).– Para el art. 196 de la NL de RENFE, «Dentro de la jornada continuada se concederá un descanso de veinte minutos para la toma del refrigerio. Para el personal de Talleres y Conservación de Vía se mantienen los treinta minutos, dadas las peculiaridades, características de sus tareas de trabajo. Ambos periodos se consideraran como trabajo efectivo».

f).– Señala el art. 197 de la citada NL que «En el caso de que por las características de la actividad no fuera posible el goce efectivo del referido descanso, se compensara a los agentes mediante el abono de veinte minutos según los valores señalados en las Tablas Salariales vigentes por día trabajado sin dicho descanso».

2.– Sostiene la parte accionante en la impugnación del recurso, que éste altera los términos en que está planteada la cuestión litigiosa, porque – reproducimos literalmente la argumentación– «el objeto del pleito no es la reclamación de este importe como hora extraordinaria sino como hora ordinaria y, por lo tanto … el recurrente está alterando las premisas del debate y modificando el supuesto de hecho contemplado en la sentencia». Pero:

a) en su demanda, los accionantes sostienen que la retribución había de ser la prevista en el art. 35.1 ET, en tanto que «exceso de jornada», y que además a ello se había comprometido la empresa en acta de conciliación suscrita en la Audiencia Nacional [autos 193/2012], alusivo al abono de las «horas extraordinarias»; y

b) lo que el recurso hace no es sino combatir la resolución dictada por la Audiencia Nacional, y en ella se razona que «[d]ebemos aclarar … si los periodos de descanso por refrigerio que no puede disfrutarse tienen naturaleza propia de horas extraordinarias, como defendieron los actores o, por el contrario, no es esa su naturaleza jurídica, como mantuvo la empresa demandada… Consiguientemente … se hace evidente que, si dicho periodo no puede descansarse, incrementa la jornada de los trabajadores que nos disfrutan el descanso y el periodo no descansado, al aumentar necesariamente la jornada ordinaria de trabajo, debe considerarse como horas extraordinarias».

Y como en función de esta planteamiento la Audiencia Nacional resuelve la litis y estima la demanda de conflicto colectivo formulada, la decisión de esta Sala por fuerza ha de atender a los referidos

planteamientos de demanda e instancia, prescindiendo de las consideraciones que la impugnación efectúa respecto de un supuesto alejamiento –por parte del recurso– respecto de la cuestión litigiosa debatida; se combate la sentencia dictada –coherente con la demanda– y a sus términos y a los del recurso hemos de estar en este trámite.

3.– Abstracción hecha de la cuestión relativa a si el suelo de la hora extraordinaria está en la hora pactada –individual/colectivamente– ó en la máxima legal, cuestión en la que esta Sala ha mantenido hace algún tiempo criterio no pacífico a propósito de la prestación de servicios en el ámbito de la Administración Sanitaria [SSTS 21/02/06 –rec. 2831/04–; … 04/07/06 – rcud 858/05–], lo cierto es que en el concreto supuesto debatido este Tribunal discrepa del parecer que la sentencia recurrida expresa, porque entendemos que los veinte minutos de cuya retribución se trata en autos no son en puridad horas extraordinarias y que –por ello– es válida la compensación retributiva específica que señala el Convenio Colectivo.

Conclusión a la que llegamos, tras considerar: a) si se trata de trabajo efectivo [art. 34.4 ET; y art. 196 NL], como tal «trabajo efectivo» ya está computado a efectos de la jornada anual [Adicional Segunda II Convenio Colectivo ADIF] y como tal ya se halla retribuido con la correspondiente remuneración mensual; b) dado este cómputo y su consiguiente retribución ordinaria, el hecho de cualquier trabajador no disfrute el descanso –de veinte minutos– no significa que con ello supere la jornada anual pactada, porque –como acabamos de decir– los periodos de descanso están incluidos en ella [en momento alguno la representación de los trabajadores ha pretendido que se hubiese superado la jornada máxima prevista convencionalmente], y en consecuencia tampoco puede mantenerse que tal periodo de actividad [ya incluido –repetimos– en las 1720/1728 horas anuales] deba calificarse como «horas extraordinarias», sino que simplemente se trata de periodo de descanso no disfrutado que acaece dentro del tiempo máximo de trabajo que se ha convenido colectivamente [las referidas 1720/1728 horas], de forma que su retribución complementaria –aparte de la ordinaria– prevista en las Tablas salariales no contraviene la regulación específica de las horas extraordinarias.

TERCERO.–1.– Con independencia de las razones precedentemente argumentadas, la Sala considera oportuno destacar que en forma alguna comparte aserto de la representación legal de los trabajadores – impugnación del recurso– respecto de que es «completamente incierto» que al ser el descanso por refrigerio «parte integrante de la jornada ordinaria se abona dentro de la compensación normal de ésta». Tal afirmación únicamente podría sostenerse sobre la base de pretender que el tiempo de descanso que efectivamente se disfrute no es retribuido con la remuneración ordinaria, lo que no solamente contradice frontalmente su consideración – estatutaria y pactada– como «trabajo efectivo» [precitados arts. 34.4 ET y

196 NL], sino que en todo caso sería inaceptable –e insólita– cuestión nueva.

2.– De otra parte, no parece estar de más sostener que ciertamente no puede negarse que si la previsión convencional contempla computar – dentro de la jornada máxima anual– el descanso reglamentario [en tanto que «tiempo efectivo» de trabajo], tal circunstancia comporta que si tal descanso no llega a disfrutarse, de hecho la jornada «real» del trabajador es innegablemente superior a la de quien disfruta el tiempo de refrigerio, pero este indudable exceso de jornada –respecto de quien goza del tiempo de descanso– no puede calificarse como «hora extraordinaria», en tanto que la jornada materialmente llevada a cabo no supera la anual máxima prevista en convenio. Y aunque podría pensarse que la jornada máxima pactada no es realmente la de 1720/178 horas [Cláusula Adicional Segunda del II Convenio Colectivo], sino la que resulta de restar a ésta todos los descansos de veinte minutos que correspondan a jornadas continuadas, de todas formas este enfoque respecto de la jornada convenida significaría tanto como desconocer la voluntad pactante y la fijación de aquél máximo, que si algún significado puede tener es precisamente el de establecer la referida cifra máxima como operador cuantitativo para todas aquellas materias –como la presente– en que la jornada máxima tenga incidencia.

3.– En definitiva, el tiempo de «bocadillo» no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible, que debe ser retribuido –como la empresa demandada sostiene– no sólo con la remuneración propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con la cantidad adicional prevista para tal supuesto específico en la normativa convencional aplicable [Tablas Salariales, ex art. 197 NL]. Sin que tal exceso pueda ser calificado –ni retribuido– como hora «extraordinaria» en sentido estricto, en tanto que ya se halla incluido –y retribuido– en la jornada anual colectivamente pactada.

CUARTO.– Las precedentes consideraciones nos llevan –oído el Ministerio Fiscal– a entender concurrente la infracción denunciada y a revocar la sentencia que se recurre. Con devolución del depósito [art. 228 LRJS] y sin imposición de costas [art. 235.1 LRJS].

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1.– Estimamos el recurso de casación por la representación de «ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS».

2.– Revocamos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en fecha 02/Julio/2014 [dem. 114/2014].

3.– Desestimamos la demanda que en materia de conflicto colectivo fue formulada por la «FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES»…

4.– Se acuerda la devolución del depósito constituido y que no procede imposición de costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

 

El Supremo establece que las pistolas de paintball necesitan tarjeta

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2015 a las 14:04

Paintball-PhotosLa Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado la inclusión de las armas que se utilizan en los juegos de airsoft y paintball en la categoría cuarta del Reglamento de Armas junto a las carabinas y pistolas de aire u otro gas comprimido, según ha informado el Alto Tribunal

Los magistrados estiman el recurso contencioso administrativo interpuesto por el abogado del Estado y anulan la sentencia de la Audiencia Nacional que revocó la orden del Ministerio del Interior (INT/2860/2012) relativa al régimen aplicable a las armas utilizables en actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball que son automáticas, de resorte o muelle.

Las de aire comprimido que se usan en dichas actividades ya estaban incluidas en el mencionado reglamento. La sentencia anulada consideró que el ministerio del Interior se había extralimitado al definir un nuevo tipo de arma sin estar habilitado para ello.

La Sala Tercera afirma que el carácter lúdico deportivo de estas armas no es un obstáculo para que sean comprendidas en el ámbito del Reglamento de Armas. Asimismo, indica que no puede objetarse a su inclusión en uno de los regímenes contemplados en el mismo el hecho de que se trate de imitaciones de armas de fuego reales, que sean inofensivas en circunstancias normales o que tengan una finalidad lúdico deportiva.

Del mismo modo, indica que necesitan una tarjeta de armas –no licencia- expedida por los alcaldes con una validez limitada al término municipal sin que dichos requisitos supongan unas limitaciones para su comercio, circulación o uso.