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El Supremo rechaza recursos contra dos sentencias de 1940

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2016 a las 13:24

SupremoLa  Sala II del Tribunal Supremo ha denegado la autorización para presentar un recurso de revisión contra dos sentencias de 1940 que condenaron al pago de una multa de 300.000 pesetas a un responsable político del Partido Izquierda Republicana, Javier Domezain Chávarri. El rechazo se produce por falta de legitimación de la recurrente, por lo que el tribunal no entra  en el fondo del asunto.

Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Pamplona, que impuso en primera instancia la incautación de sus bienes, y a continuación por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que cambió esa incautación por una multa de 300.000 pesetas.

El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, estima que la recurrente, sobrina nieta de Domezain Chávarri, carece de legitimación para presentar el recurso de revisión de acuerdo al artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Añade que, al haber fallecido ya el condenado, y ser la pretensión la rehabilitación de la memoria del difunto, la promovente podría ser su esposa, ascendiente o descendiente del mismo, y sin embargo quien pide autorización para recurrir es la nieta de la hermana del condenado.

El auto señala que ni de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que se basa el recurso para revisar las citadas sentencias de 1940, cabría encajar la legitimación de la recurrente, ya que otorga el derecho a la declaración de reparación y reconocimiento personal en caso de personas fallecidas al cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes, y sus colaterales hasta el segundo grado.

Ante la falta de legitimación de la recurrente, el Supremo no entra a resolver el fondo del asunto, incluidas las dudas planteadas por la Fiscalía sobre si la competencia correspondería mejor a la jurisdicción contencioso-administrativo, y no a la penal, debido a la naturaleza y composición de los tribunales de responsabilidades políticas creados por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en 1939.

El Supremo avala el pago a los jueces de los días de descanso no disfrutados

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2016 a las 14:06

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del abogado del Estado contra el reconocimiento de pagos a los jueces por los días de descanso no disfrutados tras las guardias. El recurso de casación en interés de Ley planteado por el abogado del Estado se dirigió contra una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, que condenó a la Administración a abonar a un juez 6.600 euros por el concepto citado, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
El abogado del Estado argumentó que la sentencia aplicaba una doctrina errónea y que representaba un grave daño para el interés general, ya que podría acarrear “reconocer una indemnización a todos los jueces que han hecho guardias por los días de descanso que no han disfrutado después de su realización”, y la “aplicación de esta doctrina no sólo podría producirse por la interposición de nuevos recursos, sino también mediante la extensión de efectos de la sentencia recurrida”.

El abogado del Estado calculó, teniendo en cuenta sólo las guardias anuales de 24 y 48 horas, que la cuantía de estas indemnizaciones podía ascender a 1,6 millones de euros anuales, lo que multiplicado por 4 (al ser 4 años el plazo ordinario de prescripción de reclamaciones ante la Administración) representaría un total de 6,7 millones.

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En su sentencia, la Sala III del Supremo destaca que “la parte recurrente no aporta dato alguno respecto de las guardias semanales, sobre las que recae precisamente la sentencia recurrida, ni tampoco en relación a las guardias de disponibilidad permanente. Únicamente cuantifica las guardias de 24 y de 48 horas, pero incluyendo las cifras de Madrid y de Barcelona, que representan un 43,47% del total y en relación con la cuales la normativa española ya contemplaba la posibilidad del día de descanso a la conclusión de la guardia”.

“Y, además –añade– desde el Acuerdo de 13 de octubre (de 2013) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ya está extendida la posibilidad del día de descanso tras el servicio de guardia o la correspondiente compensación horaria, para todos los Jueces y Magistrados que presten dicho servicio, lo que imposibilitará de futuro recursos con idéntica pretensión”.

El alto tribunal concluye que “no cabe estimar la concurrencia del grave daño para el interés general” que defiende el abogado del Estado, “dado que no se ha acreditado suficientemente el alcance del posible efecto multiplicador de la doctrina contenida en la sentencia impugnada, ni la entidad de la cuantía a que pudiera ascender el eventual perjuicio económico, ni el número aproximado de posibles afectados”.

Además, señala que, “al haber sido reconocido en el año 2013 el día de descanso posterior al servicio de guardia, difícilmente se va a producir el efecto multiplicador de persistencia en el futuro de una doctrina eventualmente errónea, la cual sólo podría considerarse susceptible de proyección para supuestos en los que resultase de aplicación la antigua normativa, los cuales no han sido cuantificados, con una mínima precisión, por la parte recurrente. no siendo posible apreciar la gravedad del daño que pueda ocasionarse a la Administración”.

 

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El Supremo concede una pensión de viudedad por violencia de género pese a que el marido fue absuelto

Jorge Muñoz | 4 de febrero de 2016 a las 12:12

violenciaEl Supremo concede pensión de viudedad por violencia de género a una mujer aunque el marido fuese absuelto. El artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social permite reconocer pensión de viudedad a la víctima de violencia de género que se separó o divorció mediando esa circunstancia.

La Sala de lo Social del Supremo establece en una sentencia que en supuestos de separación o divorcio anteriores a la Ley Orgánica 1/2004, de Protección Integral frente a la Violencia de Género,  “la existencia de denuncias por actos constitutivos de violencia de género constituye un serio indicio de que la misma ha existido”, aunque añade que “sin que ello suponga que estamos ante un medio de prueba plena sino que ha de contextualizarse con el resto de la crónica judicial de lo acaecido”, ha informado el Tribunal Supremo.

De acuerdo a esa doctrina, estima el recurso de una mujer a quien reconoce el derecho a percibir la pensión de viudedad de un hombre del que se separó cuando era víctima de maltrato por su parte, condenando al Instituto Social de la Marina (que gestiona la Seguridad Social de los trabajadores del mar) al abono de la misma.  

La mujer denunció en 1995 ante la Guardia Civil de Villlagarcía de Arosa (Pontevedra) a su marido por maltrato, pero el Juzgado de Instrucción le absolvió el mismo año porque finalmente ella retiró la acusación. En 1998 se separaron, año en que volvió a denunciar a su marido, siendo condenado éste por una falta de amenazas aunque no hacia ella sino hacia un hijo de ambos. El hombre murió el 31 de octubre de 2010.

El Supremo señala que en la realidad social de 1995, cuando se planteó la primera denuncia por maltrato, las manifestaciones de la demandante constituyen un importante indicio de que estaba siendo violentada por su esposo, que en este caso se ve reforzado por otros datos como la sentencia condenatoria por amenazas al hijo o la desatención del hombre al sostenimiento de la economía familiar, hechos que son compatibles con la situación de maltrato denunciada por la mujer en varias ocasiones.

Por ello, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que denegó la pensión y confirma la del Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra, que declaró su derecho a percibirla.

El Supremo falla sobre la pausa del bocadillo: debe ser compensada si no se disfruta pero no como hora extra

Jorge Muñoz | 5 de enero de 2016 a las 11:45

bocataMuy interesante. La pausa del bocadillo no disfrutada debe ser retribuida con una compensación adicional, aunque no como si fuese hora extra. La Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estableció que los periodos de descanso por refrigerio (de entre 20 y 30 minutos) que no pueden disfrutarse por el trabajador debían considerarse como horas extraordinarias, ya que aumentaban la jornada ordinaria de trabajo de los trabajadores que no lo disfrutaban.
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Fernando de Castro, el Supremo explica que el tiempo de bocadillo no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible, que debe ser retribuido “no sólo con la remuneración propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con la cantidad adicional prevista para tal supuesto específico en la normativa convencional aplicable”. En el caso de Adif, es la normativa laboral de RENFE, cuyo artículo 197 prevé una compensación para quienes no gocen de ese descanso.

Sin embargo, el Supremo discrepa de la Audiencia Nacional y señala que tal exceso no puede ser calificado ni retribuido como hora extraordinaria en sentido estricto, en tanto que ya se halla incluido y retribuido en la jornada anual colectivamente pactada, que en ADIF son 1720/1728 horas. Es decir, que es un periodo de descanso no disfrutado pero que entra dentro del tiempo máximo de trabajo que se ha convenido colectivamente. Por ello le corresponde, además de la retribución ordinaria incorporada al sueldo mensual por tener la pausa del bocadillo consideración de tiempo efectivo de trabajo, una retribución complementaria, pero que no es jornada extra.

Por todo ello, el Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y desestima la demanda de conflicto colectivo planteada por UGT por este asunto.

Aquí la sentencia completa:

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Social

SENTENCIA:

Presidente Excmo. Sr. D.: Jesús Gullón Rodríguez

Fecha Sentencia: 12/11/2015
Recurso Num.: CASACION 14/2015
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria
Votación: 10/11/2015
Procedencia: AUD.NACIONAL SALA DE LO SOCIAL Ponente Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez Reproducido por: OLM
Nota:

ADIF. EL TIEMPO DE PAUSA DIARIA PARA «BOCADILLO» ES TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO, Y COMO TAL YA ES RETRIBUIDO. SI NO ES POSIBLE DISFRUTARLO, CONVENCIONALMENTE SE COMPENSA CON RETRIBUCIÓN QUE HA DE SER LA PREVISTA EN LAS TABLAS SALARIALES, POR TRATARSE DE EXCESO DE JORNADA INFERIOR A LA LEGALMENTE PACTADA Y ESTAR YA REMUNERADA CON EL SALARIO PROPIO DE LA HORA ORDINARIA. SE REVOCA CRITERIO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

Recurso Num.: /14/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Luis Fernando de Castro Fernández Votación: 10/11/2015
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez

SENTENCIA NUM.:

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL

Excmos. Sres.:

D. Fernando Salinas Molina
D. Luis Fernando de Castro Fernández Da. María Luisa Segoviano Astaburuaga D. Miguel Ángel Luelmo Millán
D. Ángel Blasco Pellicer

En la Villa de Madrid, a doce de Noviembre de dos mil quince.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación interpuesto por la representación de ADIF frente a la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictada en fecha 2/Julio/2014 [autos 114/2014], a instancia de FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT, FSC-CCOO Y SFF- CGT, contra la empresa ADIF, sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNÁNDEZ,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT, FSC- CCOO Y SFF-CGT, se planteó demanda sobre CONFLICTO COLECTIVO, de la que conoció de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se declare: “El derecho de los trabajadores de ADIF que no puedan disfrutar el descanso de veinte minutos diarios por las características de su actividad a percibir la correspondiente compensación en cuantía no inferior al valor de dicho periodo de tiempo, (veinte minutos diarios) conforme al valor de la valor ordinaria calculada según acuerdo de conciliación de 10 de septiembre de 2012 ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional autos 193/2012″.

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratifico en la misma, oponiéndose las demandadas, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

TERCERO.- Con fecha 2 de julio de 2014 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Estimamos la demanda de conflicto colectivo, promovida por UGT, a la que se adhirieron CCOO, SCF y CGT, por lo que declaramos el derecho de los trabajadores de ADIF que no puedan disfrutar el descanso de veinte minutos diarios por las características de su actividad a percibir la correspondiente compensación en cuantía no inferior al valor de dicho periodo de tiempo, (veinte minutos diarios) conforme al valor de la valor ordinaria calculada según acuerdo de conciliación de 10 de septiembre de 2012 ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional autos 193/2012 y condenamos a ADIF a estar y pasar por dicha declaración”.

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: “PRIMERO. – UGT y CCOO ostentan la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal y acreditan implantación suficiente en ADIF. – SCF y CGT acreditan implantación en dicha empresa. SEGUNDO. – ADIF regula sus relaciones laborales por su II Convenio Colectivo, publicado en el BOE de 26-01-2013. – Dicho convenio prevé la aplicación de la Normativa Laboral del X Convenio de RENFE, publicado en el BOE de 6-08- 1993, salvo que estuviera expresamente derogada. TERCERO. – El presente conflicto colectivo afecta a todos los trabajadores, que prestan servicio en ADIF, que por las características propias de su actividad no 5 pueden disfrutar de forma efectiva del descanso diario dentro de la jornada y en consecuencia perciben la clave 153 en concepto de “compensación

descanso diario bocadillo trabajado”, o por la clave 300, si son Mandos Intermedios y Cuadros bajo el concepto de “complemento de puesto por compensación refrigerio”. – Ambas compensaciones son inferiores al valor de la hora ordinaria de trabajo. CUARTO. – El 10-09-2012 se alcanzó acuerdo ante esta Sala entre el comité general de empresa y ADIF en el procedimiento 193/2012 en los términos siguientes: “1. La Empresa, a la vista de las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictadas en recursos de casación en unificación de doctrina, relativos al valor de la hora extraordinaria en procedimientos instados por trabajadores de ADIF, se compromete a abonar con efectos 1 de agosto de 2012 las horas extraordinarias, horas de presencia y horas de toma y deje realizadas por los trabajadores de la misma, a partir de esa fecha, de conformidad con lo señalado en el art. 35 del Estatuto de los Trabajadores, al valor de la hora ordinaria. El pago de las mismas se llevará a cabo en el mes siguiente al que se realicen. 2. La empresa se compromete a abonar las horas extraordinarias, de presencia y horas de toma y deje realizadas y no compensadas con descansos, por los trabajadores de ADIF, en el periodo de un año anterior a la fecha del acto de conciliación del conflicto colectivo plateado por el ADIF ante la Audiencia Nacional, en la forma establecida en el punto 1 de este Acuerdo. El pago de la diferencia entre lo abonado y el valor al que debían satisfacerse se llevará a cabo antes del uno dé diciembre próximo. 3. En relación con los trabajadores que tienen interrumpida la prescripción por reclamaciones judiciales, o extrajudiciales de periodos anteriores y sobre las que no existe sentencia firme resolviendo su reclamación, la Empresa regularizará su abono en la forma establecida en el punto 1 de este Acuerdo, sin perjuicio de que mantengan o no las citadas demandas y reclamaciones hasta comprobar su abono”. Dicho acuerdo se incorporó al II Convenio Colectivo de ADIF (cláusula sexta). QUINTO. – UGT no ha reclamado ni ante la Comisión de Conflictos Laborales, ni tampoco ante la Comisión Paritaria del II Convenio Colectivo. SEXTO. – El 14-03-2014 UGT promovió conciliación ante el SMAC, que tuvo lugar sin avenencia el 26-03-2014. Se han cumplido las previsiones legales”.

QUINTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación procesal de ADIF amparándose en el siguiente motivo: “Con amparo en la letra e) del art. 207 de la LRJS por entender que la sentencia recurrida ha incurrido en infracción de las normas del ordenamiento jurídico, y en concreto se alega como infringido: Infracción de los Arts. 196 y 197 de la Normativa laboral vigente, X convenio Colectivo de RENFE, Cláusula 6o, tablas salariales y cláusula adicional segunda del II Convenio Colectivo de Adif en relación al art. 34. 4 del E.T y al art. 35.1 del E.T.”.

SEXTO.- Por providencia de ésta Sala se procedió a admitir a trámite el citado recurso y evacuado el trámite de impugnación, se emitió el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar improcedente el recurso, se declararon conclusos los autos, señalándose

para la votación y fallo el día 10 de noviembre de 2015, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– 1.– Se recurre por «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» [ADIF] la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 02/Julio/2014 [dem. 114/14], por la que se declaró que los trabajadores de ADIF que por las características de su actividad «no puedan disfrutar el descanso de veinte minutos diarios», tienen el derecho a percibir la correspondiente compensación «en cuantía no inferior al valor de dicho periodo de tiempo … conforme al valor de la hora ordinaria», calculada en los términos previstos en acuerdo de conciliación obtenido en 10/09/12 ante la Audiencia Nacional.

2.– El recurso se limita a supuesta infracción normativa, denunciando haberse vulnerado los arts. 196 y 197 de la Normativa Laboral, el X Convenio Colectivo de RENFE, la cláusula 6a, las Tablas Salariales y la cláusula adicional segunda del II Convenio Colectivo de ADIF, en relación con los arts. 34.4 y 35.1 ET. Y se argumenta básicamente la denuncia, sosteniendo que «al ser el descanso por refrigerio parte integrante de la jornada ordinaria, el tiempo en sí mismo, ya se abona dentro de la compensación normal de ésta. La indemnización en metálico que compensa la falta de descanso de los veinte minutos, no está retribuyendo jornada extraordinaria, y su valor es el que convencionalmente se acuerde: el establecido en convenio colectivo por la voluntad soberana de las partes… El tiempo de los 20 o 30 minutos de descanso por refrigerio está incluido en la jornada ordinaria de trabajo… ; razón por la que en ningún caso puede rebasar las 1720/1728 horas de jornada anual que tiene establecido el personal de ADIF, al estar por su propia definición, incluido dentro de esa jornada anual, motivo por el que es imposible que constituya jornada extraordinaria que excede de aquélla».

SEGUNDO.– 1.– La decisión del debate ha de partir necesariamente de los preceptos de cuya aplicación e interpretación se trata:

a).– Conforme al art. 34.4 ET, «Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo».

b).– De acuerdo al art. 35.1 ET, «1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la

duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior».

c).– Dispone la Cláusula Adicional Segunda del II Convenio Colectivo de ADIF que «Como norma, la jornada anual de ADIF para el personal es de 1.720 o 1.728 horas, distribuidas en 215 o 216 días de trabajo…».

d).– Establece la Cláusula 5a del mismo II Convenio de ADIF que «Es de aplicación toda la Normativa Laboral de ADIF vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo».

e).– Para el art. 196 de la NL de RENFE, «Dentro de la jornada continuada se concederá un descanso de veinte minutos para la toma del refrigerio. Para el personal de Talleres y Conservación de Vía se mantienen los treinta minutos, dadas las peculiaridades, características de sus tareas de trabajo. Ambos periodos se consideraran como trabajo efectivo».

f).– Señala el art. 197 de la citada NL que «En el caso de que por las características de la actividad no fuera posible el goce efectivo del referido descanso, se compensara a los agentes mediante el abono de veinte minutos según los valores señalados en las Tablas Salariales vigentes por día trabajado sin dicho descanso».

2.– Sostiene la parte accionante en la impugnación del recurso, que éste altera los términos en que está planteada la cuestión litigiosa, porque – reproducimos literalmente la argumentación– «el objeto del pleito no es la reclamación de este importe como hora extraordinaria sino como hora ordinaria y, por lo tanto … el recurrente está alterando las premisas del debate y modificando el supuesto de hecho contemplado en la sentencia». Pero:

a) en su demanda, los accionantes sostienen que la retribución había de ser la prevista en el art. 35.1 ET, en tanto que «exceso de jornada», y que además a ello se había comprometido la empresa en acta de conciliación suscrita en la Audiencia Nacional [autos 193/2012], alusivo al abono de las «horas extraordinarias»; y

b) lo que el recurso hace no es sino combatir la resolución dictada por la Audiencia Nacional, y en ella se razona que «[d]ebemos aclarar … si los periodos de descanso por refrigerio que no puede disfrutarse tienen naturaleza propia de horas extraordinarias, como defendieron los actores o, por el contrario, no es esa su naturaleza jurídica, como mantuvo la empresa demandada… Consiguientemente … se hace evidente que, si dicho periodo no puede descansarse, incrementa la jornada de los trabajadores que nos disfrutan el descanso y el periodo no descansado, al aumentar necesariamente la jornada ordinaria de trabajo, debe considerarse como horas extraordinarias».

Y como en función de esta planteamiento la Audiencia Nacional resuelve la litis y estima la demanda de conflicto colectivo formulada, la decisión de esta Sala por fuerza ha de atender a los referidos

planteamientos de demanda e instancia, prescindiendo de las consideraciones que la impugnación efectúa respecto de un supuesto alejamiento –por parte del recurso– respecto de la cuestión litigiosa debatida; se combate la sentencia dictada –coherente con la demanda– y a sus términos y a los del recurso hemos de estar en este trámite.

3.– Abstracción hecha de la cuestión relativa a si el suelo de la hora extraordinaria está en la hora pactada –individual/colectivamente– ó en la máxima legal, cuestión en la que esta Sala ha mantenido hace algún tiempo criterio no pacífico a propósito de la prestación de servicios en el ámbito de la Administración Sanitaria [SSTS 21/02/06 –rec. 2831/04–; … 04/07/06 – rcud 858/05–], lo cierto es que en el concreto supuesto debatido este Tribunal discrepa del parecer que la sentencia recurrida expresa, porque entendemos que los veinte minutos de cuya retribución se trata en autos no son en puridad horas extraordinarias y que –por ello– es válida la compensación retributiva específica que señala el Convenio Colectivo.

Conclusión a la que llegamos, tras considerar: a) si se trata de trabajo efectivo [art. 34.4 ET; y art. 196 NL], como tal «trabajo efectivo» ya está computado a efectos de la jornada anual [Adicional Segunda II Convenio Colectivo ADIF] y como tal ya se halla retribuido con la correspondiente remuneración mensual; b) dado este cómputo y su consiguiente retribución ordinaria, el hecho de cualquier trabajador no disfrute el descanso –de veinte minutos– no significa que con ello supere la jornada anual pactada, porque –como acabamos de decir– los periodos de descanso están incluidos en ella [en momento alguno la representación de los trabajadores ha pretendido que se hubiese superado la jornada máxima prevista convencionalmente], y en consecuencia tampoco puede mantenerse que tal periodo de actividad [ya incluido –repetimos– en las 1720/1728 horas anuales] deba calificarse como «horas extraordinarias», sino que simplemente se trata de periodo de descanso no disfrutado que acaece dentro del tiempo máximo de trabajo que se ha convenido colectivamente [las referidas 1720/1728 horas], de forma que su retribución complementaria –aparte de la ordinaria– prevista en las Tablas salariales no contraviene la regulación específica de las horas extraordinarias.

TERCERO.–1.– Con independencia de las razones precedentemente argumentadas, la Sala considera oportuno destacar que en forma alguna comparte aserto de la representación legal de los trabajadores – impugnación del recurso– respecto de que es «completamente incierto» que al ser el descanso por refrigerio «parte integrante de la jornada ordinaria se abona dentro de la compensación normal de ésta». Tal afirmación únicamente podría sostenerse sobre la base de pretender que el tiempo de descanso que efectivamente se disfrute no es retribuido con la remuneración ordinaria, lo que no solamente contradice frontalmente su consideración – estatutaria y pactada– como «trabajo efectivo» [precitados arts. 34.4 ET y

196 NL], sino que en todo caso sería inaceptable –e insólita– cuestión nueva.

2.– De otra parte, no parece estar de más sostener que ciertamente no puede negarse que si la previsión convencional contempla computar – dentro de la jornada máxima anual– el descanso reglamentario [en tanto que «tiempo efectivo» de trabajo], tal circunstancia comporta que si tal descanso no llega a disfrutarse, de hecho la jornada «real» del trabajador es innegablemente superior a la de quien disfruta el tiempo de refrigerio, pero este indudable exceso de jornada –respecto de quien goza del tiempo de descanso– no puede calificarse como «hora extraordinaria», en tanto que la jornada materialmente llevada a cabo no supera la anual máxima prevista en convenio. Y aunque podría pensarse que la jornada máxima pactada no es realmente la de 1720/178 horas [Cláusula Adicional Segunda del II Convenio Colectivo], sino la que resulta de restar a ésta todos los descansos de veinte minutos que correspondan a jornadas continuadas, de todas formas este enfoque respecto de la jornada convenida significaría tanto como desconocer la voluntad pactante y la fijación de aquél máximo, que si algún significado puede tener es precisamente el de establecer la referida cifra máxima como operador cuantitativo para todas aquellas materias –como la presente– en que la jornada máxima tenga incidencia.

3.– En definitiva, el tiempo de «bocadillo» no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible, que debe ser retribuido –como la empresa demandada sostiene– no sólo con la remuneración propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con la cantidad adicional prevista para tal supuesto específico en la normativa convencional aplicable [Tablas Salariales, ex art. 197 NL]. Sin que tal exceso pueda ser calificado –ni retribuido– como hora «extraordinaria» en sentido estricto, en tanto que ya se halla incluido –y retribuido– en la jornada anual colectivamente pactada.

CUARTO.– Las precedentes consideraciones nos llevan –oído el Ministerio Fiscal– a entender concurrente la infracción denunciada y a revocar la sentencia que se recurre. Con devolución del depósito [art. 228 LRJS] y sin imposición de costas [art. 235.1 LRJS].

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1.– Estimamos el recurso de casación por la representación de «ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS».

2.– Revocamos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en fecha 02/Julio/2014 [dem. 114/2014].

3.– Desestimamos la demanda que en materia de conflicto colectivo fue formulada por la «FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES»…

4.– Se acuerda la devolución del depósito constituido y que no procede imposición de costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

 

El Supremo establece que las pistolas de paintball necesitan tarjeta

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2015 a las 14:04

Paintball-PhotosLa Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado la inclusión de las armas que se utilizan en los juegos de airsoft y paintball en la categoría cuarta del Reglamento de Armas junto a las carabinas y pistolas de aire u otro gas comprimido, según ha informado el Alto Tribunal

Los magistrados estiman el recurso contencioso administrativo interpuesto por el abogado del Estado y anulan la sentencia de la Audiencia Nacional que revocó la orden del Ministerio del Interior (INT/2860/2012) relativa al régimen aplicable a las armas utilizables en actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball que son automáticas, de resorte o muelle.

Las de aire comprimido que se usan en dichas actividades ya estaban incluidas en el mencionado reglamento. La sentencia anulada consideró que el ministerio del Interior se había extralimitado al definir un nuevo tipo de arma sin estar habilitado para ello.

La Sala Tercera afirma que el carácter lúdico deportivo de estas armas no es un obstáculo para que sean comprendidas en el ámbito del Reglamento de Armas. Asimismo, indica que no puede objetarse a su inclusión en uno de los regímenes contemplados en el mismo el hecho de que se trate de imitaciones de armas de fuego reales, que sean inofensivas en circunstancias normales o que tengan una finalidad lúdico deportiva.

Del mismo modo, indica que necesitan una tarjeta de armas –no licencia- expedida por los alcaldes con una validez limitada al término municipal sin que dichos requisitos supongan unas limitaciones para su comercio, circulación o uso.

Incumplir el pago de la pensión y el régimen de visitas conlleva la pérdida de la patria potestad

Jorge Muñoz | 16 de noviembre de 2015 a las 16:41

SupremoEl Tribunal Supremo confirma la privación de la patria potestad a un padre por incumplir el pago de la pensión y el régimen de visitas de su hija. La Sala de lo Civil afirma que no se trata de “un mero título o cualidad” y que la privación está prevista cuando los progenitores incumplen sus deberes de forma “grave y reiterada”, ha informado hoy el Alto Tribunal.El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el progenitor contra la sentencia la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que, al igual que la resolución dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer, estimó la demanda presentada por la madre en 2011 y le atribuyó el ejercicio en exclusiva de la patria potestad sobre la menor, que había nacido en 2006. La sentencia de instancia valoró que el padre, que había sido condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2007, había incumplido sin causa justificada el régimen de visitas, fijado en el punto de encuentro. Posteriormente, en 2010, coincidiendo con la sentencia de divorcio, el progenitor reconoció que no veía a su hija y que tuvo problemas de toxicomanía. La falta de contacto, según la sentencia, aconsejó continuar con las visitas en el punto de encuentro, pero tampoco cumplió. Durante el juicio, la madre, que nunca se opuso a los encuentros, manifestó que el progenitor hacía cuatro años que no veía a la niña.

La sentencia acordaba privar al padre de la patria potestad, aunque añadía que en el futuro, y en beneficio de la hija, puede recuperarla cuando hayan cesado las causas que llevaron a la privación. Del mismo modo, permite que el demandado pueda relacionarse con su hija si así lo solicita, de acuerdo con el artículo 160 del Código Civil (los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro conforme a lo dispuesto en resolución judicial).

La Sala de lo Civil, siguiendo su propia doctrina, destaca que la sentencia de instancia, califica de graves y reiterados los incumplimientos del progenitor prolongados en el tiempo, sin relacionarse con su hija, sin acudir al punto de encuentro, haciendo dejación de sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico, y sin causa justificada, y todo ello desde que la menor contaba muy poca edad. En este sentido, afirma que ha quedado afectada la relación paterno-filial de manera seria y justifica que proceda, en beneficio de la menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente, sin perjuicio de las previsiones legales que fuesen posibles, de futuro conforme a derecho, y que recoge el tribunal de instancia.

Asimismo, explica que el artículo 170 del código civil prevé privar total o parcialmente de la patria potestad a quien incumple los deberes inherentes a ella. No obstante la privación, subraya la resolución, requiere que los progenitores incumplan sus deberes de forma “grave y reiterada” y que sea beneficiosa para el hijo. La sentencia señala que es una función inexcusable que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno desarrollo de su personalidad y conlleva una serie de deberes personales y materiales hacia ellos en el más amplio sentido.

La Sala afirma que se trata de una “función con un amplio contenido, no de un mero título o cualidad, por lo que resulta incompatible mantener la potestad y, sin embargo, no ejercer en beneficio del hijo ninguno de los deberes inherentes a la misma”.

 

Las expresiones injuriosas de los abogados en juicio no están amparadas por el derecho de defensa

Jorge Muñoz | 24 de septiembre de 2015 a las 13:26

Las expresiones injuriosas por parte del abogado en procedimientos judiciales no están justificadas, ni son consustanciales al derecho de defensa. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, al estimar que las expresiones proferidas por el demandado en el seno de procedimiento judicial suponen una vulneración de su derecho al honor.

Declara la sentencia, en contra de lo declarado por la instancia y la apelación, que las expresiones proferidas por el demandado, Fernando Fernández Navarro, con ocasión de su actuación como abogado en un asunto contencioso-administrativo, en unas diligencias previas por un  delito de desobediencia grave, y en un acto de conciliación, implican una vulneración del derecho al honor del demandante.

Declara la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Antonio Salas Carceller, que las expresiones proferidas en el desarrollo de acto de conciliación nada tienen que ver con el recto ejercicio del legítimo derecho de defensa, ni pueden ser consideradas como conducentes a la satisfacción del mismo, resultando inadecuadas, innecesarias, y sin justificación funcional alguna.

Nada afecta a la prosperabilidad de la acción ejercitada el hecho de que las expresiones proferidas hayan sido objeto de sanción colegial por vulneración de normas deontológicas, es más, demuestra que las mismas no son incardinables en el derecho de defensa, y tienen consecuencias meramente administrativas que son independientes de la acción civil para la defensa del derecho al honor con el consecuente resarcimiento indemnizatorio por el daño moral causado.

La sentencia cifra económicamente el daño causado en 6.000 euros frente a los 60.000 euros solicitados, de conformidad con los criterios legales establecidos en el artículo 3 de la LO 1/1982 y su falta de difusión al producirse en sede judicial.

Se afirma en la demanda, con la consiguiente aportación documental, que el demandado, en su condición de abogado de don Juan Francisco Palma Valenzuela, desplegó una campaña basada en el descrédito personal y el desprecio e insulto hacia el actor en relación con la intervención del mismo en asuntos contencioso- administrativos y en diligencias previas por presunto delito de desobediencia grave en que se encontraban implicados el demandado y su cliente. Así, en los escritos dirigidos a los órganos judiciales “insulta, veja, humilla y lanza insidia infame contra el mismo de manera feroz y desmedida”.

En concreto, refiere el demandante que el demandado en escrito de fecha 16 de diciembre de 2009 (doc.no 1 de la demanda) dirigido al Juzgado, afirma que el actor “…además de persona de confianza de la Alcaldía, además de cerebro gris de toda esta urdimbre...”; de igual modo, en escrito presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo en fecha 10 de marzo de 2010 (doc. no 2), llega a acusar al demandante de haber influido en la aprobación de un plan parcial, teniendo expresa incompatibilidad, afirmando que “…el letrado de la parte recurrida jurista Espejo González ha prestado sus servicios profesionales”; asimismo en el escrito de fecha 14 de enero de 2010 (doc. no 3) suscrito por el demandado se realizan alusiones personales hacia el actor, “…donde además su abogado defensor jurista Espejo González es funcionario eventual…», “…son estos desempeños y especiales circunstancias las que permiten colegir la actuación inmediata y directa o al menos entre bambalinas del combinado jurídico/autoridades (ora sobre el citado escrito de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2009, ora de su Alcalde accidental de oficio de fecha 23 de diciembre de 2009, así como de los propios escritos procesales de la defensa la complicidad que se denuncia)”.

Más adelante se refiere el demandante al escrito de contestación a la demanda -autorizado por el demandado en su condición de letrado- en procedimiento ordinario 522/2010, en el cual realiza entre otras las siguientes afirmaciones “el personaje de Geppeto (en referencia al actor) es el de un hábil artesano, que al carecer de descendencia realiza un muñeco de madera al que llama Pinocho (a la sazón Alcalde de lllora), dicho muñeco al toque de halo de magia de un hada lo convierte en un niño de verdad con el atolondramiento propio y con una peculiar característica: cuando miente le crece la nariz”. Asimismo señala ” …respecto del primero antiguo simpatizante del Partido Popular desagradecido de las ayudas que le prestó mi principal para desarrollar su trayectoria profesional (le cedió gratuitamente un local para desarrollar la abogacía) desagradecido como pocos, viene emponzoñando la fácil aptitud, ciertamente volátil del actual Alcalde…”, “…cosa distinta es utilizar dentro de otras producciones artísticas, algunas con un sentido tal vez sugerente como podría ser la carátula de El Padrino, como silueta enmarcada en un fondo negro, penden los hilos del manejo, no en si como manipulable, sino con la fuerza que (ellos si) ostenta la mafia”.

También se alega (doc. no 8) intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante con ocasión de la celebración de acto de conciliación el 6 de octubre de 2011, en cuanto afirmó el demandado en dicho acto -en referencia a la actuación profesional del demandante- “que le parece una conciliación ramplona, cargada de pleonasmos, donde se manifiesta un arte procesal manifiestamente mejorable, básicamente una conciliación de pitiminí…”…respuestas a raíz de una denuncia del conciliante donde se manifestaba es ramplonería y además una preocupante y una penosa inestabilidad emocional… comprometiéndose este conciliado a sufragar la formación profesional y si es necesario emocional del conciliante”.

Victoria de Alaya, pero con matices

Jorge Muñoz | 28 de junio de 2015 a las 5:30

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

 

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

La exposición razonada que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha elevado a la Sala de lo Penal, proponiendo que la causa siga contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, supone de entrada un rotundo aval a las tesis que la juez Mercedes Alaya ha venido manteniendo en los últimos años en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos. Pero ese aval del Alto Tribunal a la instructora, que supone el reconocimiento al ingente trabajo que Alaya ha realizado estos años –algo que no me cansaré de repetir–, tiene importantes matices o apreciaciones.

Una lectura sosegada de los 130 folios de que consta la exposición razonada del magistrado Alberto Jorge Barreiro demuestra cómo éste ha asumido las principales tesis de la juez Alaya relativas al procedimiento “claramente ilegal” utilizado durante una década para la concesión de las ayudas y que hurtaba a la Intervención la fiscalización previa de las subvenciones. Resulta curioso descubrir como el magistrado del Alto Tribunal llega a emplear los mismos conceptos que, en su día, acuñó Alaya, como por ejemplo la “cúpula de la pirámide” de los ERE para referirse a la implicación de los ex presidente y los ex altos cargos de la Junta de Andalucía; o el hecho de que los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta al “procedimiento específico” empleado para la concesión de las ayudas no podían pasar desapercibido para los ex presidentes.
Ese rotundo aval a las tesis de Alaya encuentra un primer matiz importante a la hora de traducir a posibles delitos las conductas que se atribuyen a los aforados. La juez Alaya, en su propia exposición razonada –la que remitió en agosto del año pasado al Supremo– atribuía delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a los hasta ahora aforados.
El instructor del Supremo coincide con Alaya en la presunta prevaricación administrativa –por haber dictado resoluciones arbitrarias como las modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida 31L– pero los ha exculpado de la malversación de caudales públicos –el delito más grave, que lleva aparejadas penas de entre cuatro y ocho años de cárcel–, salvo en el caso del diputado ahora del grupo Mixto José Antonio Viera, que sí contempla este delito en su caso por la intervención en la concesión de las ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
Ésta es una de las principales discrepancias entre el juez del Supremo y Alaya, dado que la juez imputaba el delito de malversación a los ex presidentes por el desvío de su destino legal de los fondos públicos y “todo ello bajo la publicitada finalidad de la paz social, que en función de una política discrecional de favores y comisiones procedentes de fondos públicos, enmascaraba indiciariamente una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo”, argumentaba Alaya en su exposición razonada.
Frente a este argumento, el Supremo sostiene que no hay datos indiciarios de que los ex presidentes y Zarrías “supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos presupuestados para las subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”. Para el instructor, Chaves, Griñán y Zarrías, “si sabían que el procedimiento de concesión era claramente ilegal, pero no constan indicios de que conocieran que se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para favorecer” a terceros.
Algunas fuentes apuntan a que esta tesis del Supremo puede afectar a otros tantos ex altos cargos imputados en el juzgado de Sevilla, que podrían ver cómo sólo son acusados de prevaricación, un delito que únicamente acarrea una pena de inhabilitación de entre siete y diez años, pero no una pena de prisión.
Otra de las grandes discrepancias del dictamen está en la cuantía del fraude de los ERE, que Alaya cifró en casi 855 millones de euros, al estimar que todas la ayudas eran fraudulentas porque fueron concedidas con un procedimiento ilegal. El instructor del Supremo matiza ahora que aunque esa cuantía sea “nula” por haberse infringido la ley, eso “no significa que todo el dinero haya sido defraudado en perjuicio del erario público” y explica que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas “habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”, lo que deja abierta la posibilidad para legalizarlas y, de hecho, Alaya tampoco ha exigido la devolución de la totalidad de las ayudas, que de otro lado fueron regularizadas con el decreto ley 4/2012.
Un tercer matiz introducido por el Supremo guarda relación con la exculpación de la ex consejera de Presidencia María del Mar Moreno, cuyas explicaciones son para el instructor “creíbles y asumibles”.
Tras el dictamen del Supremo, la investigación de Mercedes Alaya sale claramente reforzada porque había muchos que consideraban que la magistrada se había excedido al imputar a Chaves y Griñán, algo que el instructor ha dejado claro ahora que no era ningún disparate jurídico.

“Sinceramente, como juez no trabajo para los medios”

Jorge Muñoz | 27 de mayo de 2015 a las 6:00

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El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, cuando declaró ante la juez Alaya.

Que la Justicia no trabaja para los medios de comunicación, ya lo sabemos. Que hay jueces que, si pudieran, impedirían la entrada de los periodistas en los tribunales, también. Afortunadamente, una buena parte de la judicatura comprende la labor que realizan los cronistas de tribunales, uno de los estilos periodísticos que todavía permanecen más puros a pesar del efecto de prensa rosa que, cada vez con más frecuencia, invade el periodismo judicial debido al enjuiciamiento de personajes del corazón. Lo que les voy a contar sucedió en el Tribunal Supremo y durante el interrogatorio del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien pidió declarar voluntariamente después de que los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y otros aforados derivaran las responsabilidades hacia la intervención general, por no haber realizado el denominado informe de actuación.

El fiscal estaba interrogando al ex interventor sobre las deficiencias detectadas en los expedientes de las ayudas, en algunos de los cuales no había ningún tipo de requisitos ni condiciones, ni reintegro, ni revisión. En ese momento intervino el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que representa al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, para protestar por cómo se estaba tomando el acta de la declaración, que también se grabó. El diálogo que se suscitó fue el siguiente (juzguen ustedes mismos):

–Letrado de Zarrías: Me gustaría que constaran las preguntas del fiscal literalmente en el acta ya que está insinuando la respuesta.

–El instructor, Alberto Jorge Barreiro: Las declaraciones se están grabando y en su momento serán transcritas íntegramente, con las preguntas y respuestas.

–Letrado de Zarrías: Es que luego van a llegar a los medios de comunicación y claro, tiene su importancia, ¿no? El fiscal está afirmando que ha habido menoscabo y el testigo, no sé si llamarlo testigo, lo ha negado ya varias veces, así que es relevante que en la pregunta esté esa afirmación. Me gustaría que constara la pregunta en el acta.

–Instructor: Tienen que tener en cuenta los letrados que la Justicia actúa con los medios que tiene a día de hoy y con las posibilidades que tiene de transcribir inmediatamente o no el acta. Se hará lo posible, como con la del señor Griñán, por transcribirla íntegramente. Lo que no puede hacer la Justicia es operar de cara a los medios. Si mañana en los medios sale algo que guste o que no guste o que la pregunta no salga en los medios por no estar todavía transcrita el acta. Sinceramente, como juez no trabajo para los medios.

–Letrado de Zarrías: Pero este señor viene a declarar por lo que ha leído en los medios, señoría.

–Instructor: Ya.

–Letrado: Viene a declarar por lo que ha leído en los medios y toda su declaración es eso. Es una represalia por lo que ha leído en los medios. Eso tiene su importancia luego.

–Instructor: También discrepo del señor letrado. Este señor ha venido a declarar porque ha pedido declarar. Ése es el motivo pro el que ha venido a declarar. No es una víctima de los medios. Viene a declarar porque se ha enterado de unas declaraciones que le perjudicaban referidas por algunos de los imputados, y como le perjudicaban ha venido aquí a ejercitar en teoría su derecho de defensa. El instructor considera en este caso que es un testigo, un testigo/imputado, de los más nucleares del caso pues… y los fiscales lo pidieron y también la acusación popular, sin iniciativa ninguna de este instructor. El instructor estimó pertinente, ante la petición de las acusaciones, que viniera a declarar. Ése es el motivo, que quede claro. Sé que los medios afectan a los procesos. Pero, aunque los medios afecten a los proceso, a todo hay que ponerle un freno. Entonces no puedo estar llevando esta vista por lo que salga mañana en los medios, yendo detrás del ritmo de los medios, que quede bien claro para todas las partes que están presentes.

En este momento, interviene en la discusión el fiscal para decir lo siguiente:

–Fiscal: Simplemente hay que advertir que…

–Instructor: Si alguna pregunta considero que…

–Fiscal: No, no. Hay que advertir una cosa simplemente. No entiendo que vayan a ir las declaraciones a los medios de comunicación. Eso no es posible en el estado procesal en que estamos. Por lo tanto se está haciendo una advertencia y desde luego por el fiscal no van a los medios de comunicación, no pueden ir a los medios de comunicación. Hay que decírselo al letrado.  A ver si se enteran de una vez de que no pueden ir a los medios de comunicación. Son secretas las actuaciones, no son públicas, primera cuestión. Y segunda cuestión, el fiscal, a la vista de las declaraciones prestadas por los aforados, entendió que era necesaria la presencia del interventor, pero no porque lo dijeran los medios de comunicación. Son dos advertencias claras que creo que deben constar también.

–Instructor: Se comparte el criterio del Ministerio Fiscal de que el sumario en principio es secreto, pero, en fin, ese es otro de los déficits con que nos movemos, que se incumple el secreto legal de sumario. Y no solamente hay que operar con los medios, sino que después hay que seguir, una vez que están los medios dentro, el ritmo que se marca desde los medios. Como juez tengo claro que no voy a seguir esa línea. ¿Alguna pregunta más del Ministerio Fiscal?

–Manuel Gómez, el ex interventor: Yo no he contestado.

–Instructor: Ah, ¿no ha contestado usted?, pues conteste usted.

 

Y así acaba el incidente, según recoge la transcripción completa de la declaración del ex interventor, a la que han tenido acceso los medios… ¿Qué opinan del debate y de las opiniones del magistrado? Desde luego es interesante como convergen muchas ocasiones los debates jurídicos con los meramente mediáticos….

 

Balones fuera e indicios débiles

Jorge Muñoz | 15 de abril de 2015 a las 6:00

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El ex presidente de la Junta Manuel Chaves, ayer a su llegada a la sede del Tribunal Supremo

La estrategia de defensa que ayer planteó Manuel Chaves ante el Tribunal Supremo puede ser buena para exculparle de cualquier responsabilidad penal, pero lo deja en una situación aparentemente comprometida ante la opinión pública. Su discurso se basó en echar continuamente los balones fuera, utilizando el símil futbolístico; en negar la premisa mayor, en este caso, el conocimiento de las irregularidades que se estuvieron produciendo en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas que se concedieron durante nueve de los 19 años en los que fue estuvo al frente de la Junta.

Y digo que la estrategia puede exculparle porque son la Fiscalía y las acusaciones populares –Manos Limpias y el PP- los que tienen que demostrar su participación en los hechos, ya que como a cualquier persona imputada le ampara el principio de presunción de inocencia y en este caso los indicios que hay contra Chaves no dejan de ser hasta cierto punto endebles, porque se basan en la teoría de la confabulación de todo un Gobierno.

Chaves defendió ante el Supremo que ignoraba las irregularidades porque, en caso contrario, no las habría permitido y habría actuado, pero esas alertas de la Intervención General de la Junta, según Chaves, nunca llegaron al Consejo de Gobierno que presidía.

Su versión de los hechos contrasta con la recientes acusaciones que, en forma de auto, volvió a realizar la juez Mercedes Alaya, quien destacó el “menosprecio de los titulares de las Consejerías y, por ende, del Gobierno de la Junta, al contenido de los informes de la Intervención, pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”. La juez afirmó que las transferencias eran “ilícitamente utilizadas por la simplicidad de su trámite y control, para encargos de ejecución o para la concesión y pago de subvenciones excepcionales”; y sin embargo, no se usaron “para lo que estaban legalmente destinadas, que era para la cobertura de sus pérdidas, en claro paralelismo con la situación analizada del IFA/Idea”.

Ese “uso ilícito” se producía a pesar de la “recriminación generalizada” de la Intervención General de la Junta, lo que para la juez era conocido por los “máximos responsables de la Junta de Andalucía”.

Chaves negó ayer todas las acusaciones, de la primera a la última. En diez ocasiones, el acta de su declaración refleja expresiones del tipo el declarante “desconoce” para referirse entre otros asuntos a las ayudas sociolaborales, al procedimiento de concesión o a las sobrecomisiones cobradas por las consultoras y los sindicatos.

En otras 15 ocasiones aparece la expresión el declarante “no conoce” o “no podía conocer”, también en relación al sistema por el que se concedían las ayudas, en alusión a los proyectos de normativa de concesión de las mismas o al hecho de que algunos expedientes no tuvieran ninguna documentación, entre otros aspectos.

El problema de este tipo de estrategias radica, como he dicho al principio de este artículo, que le puede salir bien desde el punto de vista de su situación procesal, pero puede dejar dañada para siempre su imagen de cara a la opinión pública. De las tres declaraciones de aforados que se han producido ante el Tribunal Supremo, los ciudadanos pueden quedarse con lo más simple: que José Antonio Viera dijo que era maestro y no tenía conocimientos jurídicos, llegando a responsabilizar a sus subordinados; que José Antonio Griñán admitió que incrementó los controles pero no pudo evitar el “gran fraude”, derivando la responsabilidad a la Consejería de Empleo y a la Intervención General de la Junta; y por último, que Manuel Chaves no sabía nada. Chaves dejó pasar ayer una buena oportunidad para haber intentado desmontar las tesis de la juez Mercedes Alaya.