Archivos para el tag ‘Tribunal Supremo’

Alaya calienta la declaración de Chaves en el Supremo

Jorge Muñoz | 13 de abril de 2015 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez incansable vuelve a hacerlo. A Alaya no le gusta pasar desapercibida ante una investigación en la que ha puesto tanta dedicación y empeño, y en la que ha sacrificado tantas horas de estudio. Y si de paso puede influir en la instrucción que está llevando a cabo el Tribunal Supremo sobre cinco aforados, pues mejor. Y qué mejor manera que reafirmar con rotundidad sus argumentos que mediante un nuevo auto, el órgano de expresión del Alayismo. En este caso, la resolución fue dictada el pasado 8 de abril, la víspera de la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Aunque tiene esa fecha, el auto ha trascendido con posterioridad a la declaración de Griñán pero tan sólo dos días antes de que otro ex presidente, Manuel Chaves, haga su paseíllo por la sede judicial de Marqués de la Ensenada en medio de otra nube de cámaras y periodistas.

¿Y cuál es la novedad de la nueva resolución? La principal novedad es que Alaya extiende las irregularidades del caso de los ERE fraudulentos a la práctica totalidad de las Consejerías del Gobierno de la Junta, al afirmar que hay “múltiples empresas públicas” de la Junta que también usaron de forma “ilícita” -según las conclusiones de la juez- las transferencias de financiación, lo que le lleva a determinar que no sólo las consejerías a las que estaban adscritas estas empresas públicas sino todo el “Gobierno de la Junta” estaba al corriente del fraude, porque “conocía expresamente” ese uso ilícito a través de las distintas memorias elaboradas por la Intervención General de la Junta.

El ex presidente Griñán afirmó en su declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, el instructor del Supremo, que no recibió los informes de la Intervención alertando de las irregularidades pero sí admitió que le llegaban las memorias anuales de la Intervención, que incluían esas observaciones, y alegó en su defensa que su departamento actuó, mejorando los controles de las ayudas.

Supremo

El nuevo auto de Alaya viene a corroborar todas las acusaciones que en los últimos años ha ido acumulando la instructora y que ha reflejado en las exposiciones razonadas remitidas al Supremo y al TSJA, en las que ha implicado a todo el Consejo de Gobierno de la Junta en el conocimiento de las irregularidades, haciéndolos partícipes del fraude y del menoscabo de los fondos públicos administrados por la Junta.

Con independencia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya informado al magistrado del Supremo que no ha hallado documentos firmados por los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, Alaya con este auto sigue atribuyéndoles fuertes indicios sobre su intervención en los hechos, sobre todo, al primero, dado que del estudio de las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “Consejillos”, la juez sostiene que eran conocedores de los “generalizados incumplimientos” en torno a las transferencias de financiación por numerosas empresas públicas de la Junta, no sólo por el IFA/Idea que se encargaba del pago de las ayudas vinculadas a los ERE.

A pesar de que no haya documentos firmados por Zarrías, Alaya detalla en el nuevo auto que a los consejillos llegó en varias ocasiones un proyecto de decreto, elevado en diciembre de 2000 por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, para tratar de regular el marco legal del pago de las ayudas sociolaborales, pero la Comisión “guardó en un cajón” ese proyecto y, en su lugar, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que significó el “pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la dirección general de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas”.

Además, Alaya señala que en los Consejillos se conocía la polémica partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, porque en dicha comisión se estudió la misma en los anteproyectos de ley de Presupuestos de los años 2002 a 2009, y del análisis de las actas de las reuniones se deduce la “inclusión de nuevas medidas de control”, lo que lleva a la juez a considerar que los miembros de la Comisión “serían conscientes de los reparos y advertencias que la Intervención venía detectando en relación al uso que las empresas públicas hacían de las transferencias de financiación que recibían de las distintas consejerías y su incidencia sobre el presupuesto de la Junta”, pero a pesar de esas ampliaciones de los mecanismos de control a propuesta de la Intervención, “se seguiría haciendo caso omiso a los informes de Cumplimiento que la misma elaboraba”.

Los titulares de las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas públicas y el “Gobierno de la Junta”, prosigue Alaya, conocía expresamente el uso ilícito de las transferencias a través de las memorias de la Intervención, al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.

La conclusión final de Alaya es demoledora: los titulares de esas Consejerías y el propio Gobierno de la Junta “menospreciaron” el contenido de los informes de la Intervención General de la Junta, “pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”.

Este auto de Alaya calienta aún más la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que está citado mañana a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, después de que Griñán admitiera que hubo “un gran fraude y algunos controles pudieron fallar”, aunque rechazara en rotundo la existencia de un gran plan detrás del caso de los ERE. Alaya trata de acorralar con sus resoluciones a los ex presidentes, a los que en su día preimputó en el escándalo. Sólo queda por saber si el instructor del Supremo tendrá en cuenta la nueva argumentación de Alaya.

 

El alegato de Griñán

Jorge Muñoz | 12 de abril de 2015 a las 8:00

GRI?AN A SU SALIDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán defendió el pasado jueves en el Tribunal Supremo que su departamento, la Consejería de Economía y Hacienda, tuvo una actuación “irreprochable”, por cuanto incrementó año tras año los controles sobre unas ayudas que, a la postre, resultaron ineficaces para evitar lo que el propio Griñán definió como un “gran fraude”.
Fuentes de la defensa del senador destacaron que el alegato principal que el senador socialista esgrimió ante el instructor del Alto Tribunal no radica tanto en el hecho de que Griñán asegurara que no recibió los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban sobre las irregularidades, sino en el hecho de que su consejería y, posteriormente, su gobierno, no mantuvieron una actitud de inactividad porque se adoptaron numerosas medidas para paliar las observaciones que realizaba el órgano fiscalizador de la Junta. Según la defensa de Griñán, se actuó, “año tras año”, por lo que la inactividad de la Consejería de Economía “es falsa”.
La propia memoria anual de 2006, elevada al Consejo de Gobierno, reconocía, según explicaron estas fuentes, que se habían incrementado los medios y se habían fortalecido las medidas de Control Financiero Permanente.
La Consejería de Hacienda, según los argumentos aportados por Griñán en su comparecencia judicial, había actuado en función de las memorias y siempre conforme a las propuestas del interventor general de la Junta, pero la Intervención no realizó un informe de actuación con propuestas para corregir las posibles irregularidades, porque la Intervención hablaba de incumplimientos pero en ningún momento de “ilegalidades”.
Entre las medidas que Hacienda promovió para mejorar los controles destaca la adoptada en 2007 por el Consejo de Gobierno cuando se “instruyó” a la Intervención General de la Junta para que si las consejerías no le hacía caso o se pudiera detectar “fraude o menoscabo de fondos públicos” elevara el correspondiente informe de actuación.
Posteriormente, la Intervención solicitó mayor flexibilidad en la utilización de la Encomienda de Gestión –el mecanismo que luego sustituiría a las transferencias de financiación– y en los presupuestos de 2009 el mismo órgano solicitó incluir un artículo en la ley de Presupuestos para “regular” dicha Encomienda.
La tesis del ex presidente pasa por defender la legalidad de su actuación y del propio sistema de las transferencias de financiación, rechazando que este instrumento no fuese adecuado para el pago de las ayudas porque –como mantienen los peritos que han realizado el informe incorporado al sumario– las mismas sólo podían utilizarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con respecto a la labor desarrollada por la Intervención General de la Junta, el senador quiso dejar claro ante el instructor del Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que este organismo estuvo también actuando para mejorar los controles y cambiar el sistema de las transferencias de financiación por la Encomienda de Gestión, que fue introducida finalmente en 2010.
Aunque el interventor general de la Junta Manuel Gómez, que está imputado por la juez Alaya, no realizó el informe de actuación, Griñán “no cree que éste hiciera dejación de funciones”.
En su comparecencia, Griñán derivó claramente la responsabilidad del fraude de los ERE hacia los titulares de la Consejería de Empleo, dado que a su juicio el problema no estaba en la fase presupuestación sino en la de ejecución del gasto y, en este caso, “falló el control del gasto”. Como consejero de Hacienda, dijo Griñán, no podía ser responsable de “cómo se gestiona el gasto en otro departamento, en este caso Empleo”, porque el control le corresponde a la Intervención General de la Administración.

Como un espectador de una película de terror llamada ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2015 a las 6:00

vlcsnap-2015-04-09-23h24m18s14Griñán trazó ayer una buena estrategia defensiva en su declaración ante el Tribunal Supremo, pero que plantea muchos interrogantes sobre el papel que jugó o debía jugar a la hora de evitar el fraude, primero en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, y posteriormente como presidente de la Junta. Si el pasado martes el ex consejero de Empleo José Antonio Viera culpó a sus subordinados, porque él era un maestro sin formación jurídica, ayer el que fuera presidente de la Junta se situó como un mero espectador de una película de terror que se ve sorprendido por un trágico desenlace final pero que se veía venir prácticamente desde el principio. Griñán asegura que no pudo hacer nada para frenar el fraude, porque no lo conocía y nadie le advirtió, pero al final tuvo que asumir su responsabilidad política y dimitir del cargo.

José Antonio Griñán, que es inspector de Trabajo, puso en práctica una sólida estrategia defensiva, contundente a la hora de tachar de “irreprochable” la actuación de su Consejería y de la dirección general de Presupuestos, y que se fundamenta básicamente en defender la legalidad del sistema, de la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y en poner de manifiesto que las numerosas señales de alertas que lanzó la Intervención General de la Junta en forma de sucesivos informes nunca le llegaron a él, porque su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no se los trasladó, y porque la Intervención no dio nunca el paso de realizar un informe de actuación, que hubiera requerido una actuación concreta por parte de su departamento y la adopción de unas medidas para evitar el fraude.

Griñán deriva toda la responsabilidad en el interventor general de la Junta –aunque en su extensa declaración llega a decir que no hizo dejación de funciones- y en la Consejería de Empleo, a la que atribuye el decisivo papel de controlar el gasto relacionado con el pago de las ayudas.

Pero a pesar de esta estrategia defensiva expuesta ante el Tribunal Supremo, que como he dicho me parece bastante sólida desde el punto de vista de una investigación judicial, la argumentación no puede ocultar las posibles responsabilidades que Griñán, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente de la Junta, tiene con respecto a esta fraude masivo y millonario. Su ex viceconsejera llegó a decir esta semana, en este caso en su comparecencia ante el TSJA, que recibió los informes de la Intervención pero simplemente no los leyó, porque no eran informes de actuación y no requerían una actuación concreta de la Consejería. Griñán corroboró ayer esta versión exculpatoria y coincidió en que la Intervención únicamente advertía de “discrepancias contables” pero no de ilegalidades.

La pregunta del millón es si la responsabilidad política del ex presidente debe quedarse sólo en el ámbito político, como ayer recordó el propio Griñán al afirmar que dimitió del cargo por el escándalo de los ERE, o su presunta participación en el fraude –que la juez Alaya dio por hecho en la exposición razonada-, bien por acción u omisión, es merecedora de un reproche penal. La respuesta la tiene el instructor del Supremo, que es el que una vez que finalice la ronda de declaraciones de los aforados debe decidir si archiva el proceso o pide el suplicatorio al Congreso y el Senado para realizar una inculpación formal. Griñán dijo ayer que confía en la Justicia. Dejemos que ésta actúe.

Absuelto un capitán que recriminó a una soldado de baja el “flaco favor” que le hacía a “España”

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2015 a las 16:33

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de un capitán del Ejército de Tierra que estaba acusado de tratar de forma vejatoria a una soldado que se encontraba de baja psicológica por estrés. En dos conversaciones, que fueron grabadas por la soldado con un móvil, su superior le recomienda que se vaya del Ejército porque no es “digna” de él y le está haciendo “un flaco favor a España”.

Los hechos se produjeron en 2012 en un acuartelamiento de Tenerife después de que la soldado asistiera a las revisiones médicas para renovar su baja. El capitán llamó a su subordinada para conocer los motivos de su retirada del servicio. Además de las causas psicológicas, la soldado padecía una lesión de rodilla y se quedó, posteriormente, embarazada. El alto tribunal ha confirmado la absolución dictada por el Tribunal Militar Territorial Quinto porque considera que los hechos no tienen la gravedad suficiente para alcanzar el grado de “trato vejatorio” aunque sí para provocar alguna consecuencia disciplinaria. 

Supremo

A continuación, la transcripción de las conversaciones que recoge el fallo del Tribunal Supremo (Juzguen ustedes mismos si hubo trato vejatorio o no):

SOLDADO ESTÉVEZ: Con permiso mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Pase.

SOLDADO ESTÉVEZ: Entro también, ¿no mi Capitán?

CAPITÁN BLANCO: Sí, cierra la puerta. ¿Estás de baja?

SOLDADO ESTÉVEZ: Yo ahora mismo estoy de baja psicológica.

CAPITÁN BLANCO: Pero, por qué ¿tienes problemas en casa o algo?

SOLDADO ESTÉVEZ: No, los problemas los he tenido más bien aquí dentro.

CAPITÁN BLANCO: ¿Qué te ha pasado?

SOLDADO ESTÉVEZ: Lo que me ha pasado es que cuando cogí la baja por las

rodillas, porque me tuvieron que operar de una rodilla, me caí aquí dentro

corriendo, pues mis compañeros empezaron a…

CAPITÁN BLANCO: ¿Qué te pasó en la rodilla?

SOLDADO ESTÉVEZ: En la rodilla, el ligamento y, bueno, primero pensaron que

era rotura de menisco, pero después era el cartílago, que tenía el cartílago suelto

dentro de la rodilla y el ligamento, que también me tuvieron que operar del

ligamento.

CAPITÁN BLANCO: ¿Cuánto estuviste de baja por la rodilla?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sigo de baja, o sea sigo de baja, de las rodillas y por

psicológica (ambos).

CAPITÁN BLANCO: ¿Cuándo te operaron?

SOLDADO ESTÉVEZ: Me operaron en junio.

CAPITÁN BLANCO: Junio, hace tres meses. Y que te vas a ir tus compañeros.

SOLDADO ESTÉVEZ: Mis propios compañeros me empezaron, el mismo día que

cogí la baja, me empezaron a insultar, y, sabe, en conjunto la compañía, casi

entera, a insultarme y así estuvieron durante un mes y pico que seguía viniendo

hasta aquí hasta que lo puse en conocimiento del Capitán, porque me mandó a

llamar y se lo comenté, al Capitán Navarro que estaba aquí, y tengo testigos de…de

eso.

CAPITÁN BLANCO: Sí, sí, yo no dudo de tu palabra, no dudo de tu palabra no

estoy dudando en ningún momento. Y ¿qué solución le ves a eso? y ¿que solución

le das a eso? ¿Estévez? No, yo te pregunto si le ves alguna solución, es decir, en

el sentido que vas a venir y porque al final a ver, porque el resto de los Soldados

son unos hijos de puta pero ellos al final lo ven, es decir, todo el mundo nos

consideramos que somos muy buenos y somos la puta polla, pero si yo entre mis

compañeros de promoción, mis compañeros, el resto de Capitanes, nadie me

habla, en vez de mirarme, en vez de decir yo, qué hijos de puta son todos es que

no me hablan, igual tengo que mirar para dentro y decir en algo he fallado yo para

que no me hable nadie, es decir, al final todo el mundo, el ser humano es muy

egocéntrico, no digo que lo seas, sino el ser humano, en general es muy

egocéntrico, y el tema es que yo soy la puta polla, soy el mejor Capitán de España,

soy el Capitán América, y el resto de los Capitanes son unos hijos de puta que no

me hablan, pero no es así, la gente que lo ve de fuera lo ve diferente y lo ve de otra

manera, eh?, yo entiendo que las mujeres están fijadas en el Ejército, pero hay

mujeres que están completamente integradas en una Unidad, en una Compañía de

fusiles y no tienen ningún problema con nadie, es verdad que el día que la caguen

las van a fumigar, pero están completamente integradas no sé si eres tú el caso,

porque no a ti no te conozco de nada pero primero que pienses eso, y luego que si

no ves solución a esto y tú estás encuadrada aquí, estás de baja psicológica y

sigues aquí y no vas a volver a trabajar yo creo que tienes que buscarte otra

movida, yo creo que este no es tu sitio, a lo mejor este no es tu sitio, eh, no todo el

mundo tiene que valer para la mili, hay gente que es muy buena haciendo papeles

en una oficina pero no es buena para pegar barrigazos, (…) y esto cualquier trabajo

lo tiene igual, entonces piénsatelo y valóralo, porque ahora estás de baja por una

rodilla pero estás de baja psicológica y tú, está claro que aquí no quieres volver a

venir a trabajar, verdad?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí.

CAPITÁN BLANCO: Si no quieres nada, tendrás…

SOLDADO ESTÉVEZ: Lo tengo también muy claro, aparte…

CAPITÁN BLANCO: Tendrás que ser sincera, primero contigo misma y decir yo no,

no valgo para la mili o igual sí, yo creo que soy la puta polla, pero me hacen la puta

vida imposible y tengo que salir de aquí, búscate las habichuelas y primero sé

sincera contigo misma, y sincera con España, y si eres sincera con España, dirás

tendré que pedir una rescisión de contrato, tendré que irme y tendré que hacer lo

que sea, porque hay que ser sincera con España, ahora tienes una lesión de rodilla,

evidentemente estás en una lesión de rodilla que te has producido aquí, pero

bueno, está claro, que alguien tendrá que pagar por ello, porque tú te has lesionado

en tu acto de servicio pero la baja psicológica, ya depende de ti, eh, porque de

aquí, en principio no te vas a ir, no? Búscatelo, míratelo, porque yo digo por el

futuro, eh, porque cuando vengas, vas a tener que venir a trabajar aquí y no es

agradable, o yo lo creo así, nunca he estado de baja psicológica, nunca he estado

de baja, no es muy agradable venir cada 15 días a pasar un reconocimiento médico

y que todos los soldados te señalen cuando vas a entrar, ¿cierto o no? Pues

entonces yo creo que es mejor además no te va a venir bien para tu baja

psicológica ni para nada te lo estoy diciendo como consejo.

CAPITÁN BLANCO: Otra cosa, ¿has firmado el IP (informe personal) que te hizo el

Teniente ¿no?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Vale. Este IP hay que sacarlo “palante”, lo digo porque ¿estás

preparando o vas a alegar o estás preparando alguna alegación o algo?

SOLDADO ESTÉVEZ: No mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Vale, te lo digo para sacarlo lo antes posible y así te quitamos

el plazo de alegaciones, por eso te lo pregunto con el plazo de alegaciones, ya está

a punto de pasar, que lo acabamos si no vas a alegar nada, ¿Vas a alegar?

SOLDADO ESTÉVEZ: No.

CAPITÁN BLANCO: No vas a alegar ¿no?

SOLDADO ESTÉVEZ: No mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Pues nada, pues lo que te digo, yo que lo mires porque al final

es tu puñetero futuro pero bueno, está claro que las cosas en la calle no están muy

bien, pero seguro que están en lo peor cuando vengas aquí a trabajar y tengas a la

panda de hijos de puta esos que te están señalando y te están tocando los cojones

y luego otra cosa, si consideras y lo piensas en casa y piensas y dices no, a mi me

gusta la mili y yo tal, no te preocupes que aquí en la mili todo se olvida echando

ostias, y si tú vienes un día y vienes a dar el mil por cien no te preocupes que la

gente va a dejar de señalarte que tú fuiste la tía de baja psicológica y va a empezar

a respetar su profesión solamente por lo que estás haciendo, por tu trabajo, eso

piénsalo también, ahora, cuando vengas, ven a morir y si no, vete “pa” casa a morir

también o a otro trabajo, pero aquí no estás haciéndole ningún bien ni a España ni

a la Compañía ni a nadie ¿oído Estévez?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Pues hasta luego.

SOLDADO ESTÉVEZ: A sus órdenes mi Capitán ¿ordena otra cosa? Permiso”

El tono de voz del Capitán durante toda la conversación es un tono normal,

sin levantar la voz en ningún momento. Lo mismo ocurre con el tono de voz de la

entonces Soldado, que no muestra signos de alteración alguna.

En los últimos segundos de la grabación se escucha lo voz de la Soldado

Estévez, al salir del despacho del acusado, tatareando tranquila y

despreocupadamente lo que parece una canción, sin signo alguno de haberse

sentido afectada por las palabras del Capitán.

CUARTO.- Aprovechando el acusado idéntica ocasión a la anterior, la

revisión médica que debía efectuar la Soldado Estévez, dispuso que en la mañana

del día 16 de octubre de 2012 se presentara nuevamente ante él, manteniendo en

tal data otro diálogo con la misma, en presencia igualmente del Teniente Marraco

Muñiz.

La entonces Soldado Estévez volvió a grabar la conversación con su

Capitán sin avisar de esta circunstancia ni pedir permiso para ello. El contenido de

la conversación con el acusado fue el siguiente:

“SOLDADO ESTÉVEZ: A la orden mi Capitán, da usted su permiso.

CAPITÁN BLANCO: ¿Qué sigues de baja?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí, mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: ¡Eh! yo te lo voy, te voy informando. ¡Eh! te voy comunicando.

¡Eh! seguramente te pida el cese de la Unidad. Porque tú no te vas a incorporar

aquí, ¿verdad?, no te vas a incorporar aquí, ¿verdad?

SOLDADO ESTÉVEZ: Estoy embarazada ahora mismo también. Así que…

CAPITÁN BLANCO: De todas maneras felicidades, pero vamos que, que no sé yo

en tu estado cómo vendrá eso enferma como estás, estás con depresiones. Te van

a pedir, seguramente te vayan a pedir la baja de la Unidad.

CAPITÁN BLANCO: ¡Eh! yo lo veo una cosa muy mal, lo de la baja de la Unidad,

primero porque te van a dar una baja en la Unidad quedarás disponible en tu casa o

te quedarás como sea y te mandarán a donde sea, al trabajo o donde sea.

CAPITÁN BLANCO: ¡Eh!, yo lo veo muy mal, porque al final (…) no eres digna de

estar en el Ejército español. Lo sabes ¿no? Lo sabes.

CAPITÁN BLANCO. Porque tú todos los meses cobras ¿verdad? No eres digna de

estar en el Ejército español. No eres digna de estar aquí. No eres digna de poder

entrar en esta Compañía. Yo entiendo que en esta Compañía, eh la gente, entras y

te odian. Es que es lógico, es que es lógico, es que no estás funcionando. Es que

no vienes a trabajar. Eh, yo, para mi, sólo merecéis eh todo, todo mi desprecio. Tú

como muchísimos que hay en la mili y el Ejército porque nos estáis robando.

Porque al final yo y el Teniente, y toda la gente nos tenemos que retirar a los 67

años, porque hay una panda de vagos y tal.

CAPITÁN BLANCO: De todas maneras una cosa: en ningún trabajo te van a tratar

como en el Ejército, en ningún trabajo. El trabajo lo bueno que tiene en el Ejército

es que para mal o para bien, pues bueno todo el mundo tiene sus derechos. En una

empresa privada te vas a la puta calle. En una empresa privada te vas a la puta

calle.

CAPITÁN BLANCO: Lo que pasa es que no, no está en mi mano, porque yo soy

jefe de Compañía, pero mando una puta mierda. No está en mi mano mandarte

“pa” la puta calle, pero si estuviera ya estarías en la calle, ya, ¿me explico?

CAPITÁN BLANCO: Así que nada, mucha felicidad por tu embarazo y cuida mucho

de tu niño. Pero que sepas mi punto de vista, macho, no, no tienes nada y estás

haciendo un flaco favor a tu Compañía y a España en general, ¿vale?

SOLDADO ESTÉVEZ: Vale ¿ordena otra cosa?

CAPITÁN BLANCO: Nada.

SOLDADO ESTÉVEZ: Con su permiso. A la orden”

El tono de la voz del Capitán en esta segunda conversación denota algún

signo de enfado, sin que llegue a ser un tono elevado de voz. Al igual que la vez

anterior, el tono de voz de la entonces Soldado Estévez es completamente normal,

sin muestras de alteración alguna.

En los últimos segundos de la grabación se vuelve a escuchar la voz de la

entonces Soldado Estévez, al salir del despacho del acusado, tatareando de nuevo

de una forma tranquila y despreocupada lo que parece una canción, sin signo

alguno de haberse visto afectada por las palabras del Capitán.

El motivo por el que el Capitán Blanco llamó a la entonces Soldado Estévez

para hablar con ella en las dos ocasiones referidas era interesarse por su situación

de baja médica, siendo su preocupación “tener el menor personal posible de baja

en su Compañía”.

Condena a Nokia a pagar el canon de las tarjetas de memoria

Jorge Muñoz | 30 de marzo de 2015 a las 17:59

nokia

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena a la multinacional Nokia a abonar con 556.424 euros a la Asociaciación de gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y SGAE, como canon correspondiente a las tarjetas de memoria comercializados en el segundo semestre de 2008.
La Sala de lo Civil ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la pretensión de las mencionadas asociaciones a que se les reconociera el derecho de compensación equitativa por copia privada correspondiente a las ventas durante el segundo semestre de 2008 de teléfonos móviles con reproductor mp3 y tarjetas de memoria.
Solicitaban como compensación 5.132.237 euros. En una sentencia ahora avalada por el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial distinguía entre los teléfonos móviles con mp3 y las tarjetas de memoria. En relación con los primeros, la sentencia excluía la compensación equitativa al valorar que el perjuicio causado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual fue mínimo. Sin embargo, respecto a las tarjetas de memoria el tribunal consideró que el perjuicio no era irrelevante, en la medida en que estas tarjetas tienen mayor capacidad de almacenamiento (una media de 600 archivos sonoros) y son empleadas para complementar la exigua memoria del teléfono móvil.

El Supremo analiza la legislación vigente en el momento y explica en su sentencia que la nulidad de la Orden Ministerial PRE/1743/1008 no priva el derecho a las entidades de gestión para reclamar la compensación por copia privada, mediante la aplicación de un canon a los dispositivos idóneos para realizar copias privadas de archivos sonoros protegidos por derechos de propiedad intelectual , con las limitaciones de la Ley de Propiedad Intelectual ( art 25.6 y 31.2). En aplicación de estos artículos la sentencia considera acreditado que los teléfonos móviles con reproductor de mp3 incorporado vendidos en los trimestres tercero y cuarto de 2008 no causaban un perjuicio que mereciera la consideración de “mínimo” por el que procediera la compensación equitativa, “El 96% de los teléfonos vendidos ese semestre eran de gama media y baja, con una escasa capacidad de almacenamiento (una media de 7 u 8 fonogramas) y que de las 7 u 8 canciones que corresponderían a la capacidad técnica del 96% de los terminales sobre los que se presentó la reclamación del canon, sólo 3 o 4 canciones podrían ser tomadas en consideración a la hora de valorar el perjuicio real, respecto del derecho de compensación por copia privada”.

La sentencia concluye que el empleo de aquellos teléfonos móviles para realizar copias privadas es tan escaso, “tanto en términos absolutos como si se compara con un dispositivo ordinario de mp3, que es razonable que sea considerado “mínimo”.

En el caso de las tarjetas de memoria la Sala ha considerado que no se contradice la regla “de minimis” entender que por su capacidad mayor, que actúan como complemento del teléfono móvil pueden ser empleados por los particulares en su condición de usuarios privados, para hacer copias privadas, “siendo éstas relevantes, a los efectos del perjuicio derivado para los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados, en atención a la capacidad de almacenamiento”.

Triple ERE tras el 22-M

Jorge Muñoz | 15 de marzo de 2015 a las 7:00

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera, citado ante el Supremo.

El ex consejero Antonio Ávila comparecerá ante el TSJA.

Es la tormenta judicial perfecta sobre una misma causa. La regla judicial no escrita de no interferir en las campañas electorales –algo que no todos los jueces respetan– ha provocado un hecho insólito en torno a una investigación judicial en la que están involucrados tres jurisdicciones. A la macrocausa de los ERE fraudulentos, con sus 264 imputados y sus más de 140.000 tomos, sólo le faltaba esta triple coincidencia que tendrá lugar el próximo 7 de abril, primer martes tras la Semana Santa. Ese día tres jurisdicciones distintas –el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS)–, han citado a declarar a imputados de alto nivel en relación con el escándalo de los ERE.
Este hito judicial se iniciará con la comparecencia ante el Supremo del ex consejero de Empleo de la Junta y todavía diputado del PSOE José AntonioViera, que deberá explicar al instructor de la causa contra los aforados, entre otras cuestiones, la extraordinaria y excesiva concentración de ayudas en las empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, con la que mantiene fuertes vínculos. En uno de los últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó a Viera una “participación esencial” en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, dentro de un “marco de corrupción” en el que el consejero pudo favorecer “de manera desmesurada” a personas de su entorno, en cooperación con el resto de miembros del consejo rector del IFA, según precisaron los investigadores en ese informe.
Viera será el primero de los cinco aforados cuya investigación ha asumido el Supremo en declarar. Tras él lo harán, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, citado el 9 de abril; Manuel Chaves, que comparecerá el día 14; mientras que los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno cerrarán las declaraciones en el Alto Tribunal los días 16 y 21 de abril, respectivamente.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El 7 de abril también ha sido la fecha elegida por el magistrado del TSJA Miguel Pasquau para citar a declarar al ex consejero de Economía Antonio Ávila, quien al igual que la ex consejera Carmen Martínez Aguayo –que comparece al día siguiente, el 8 de abril– solicitaron declarar de forma voluntaria. En una providencia, el instructor advirtió de que esta declaración se producirá “sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente”, en clara alusión a la juez Alaya, puesto que los cuatro aforados ante el TSJA perderán esta condición cuando pasen las elecciones autonómicas, con lo que su investigación volverá a Alaya.

Por último, la instructora también tomará declaración el 7 de abril a siete imputados, a los que ha ampliado la imputación y entre los que se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
Un triplete de declaraciones en tres instancias judiciales que investigan, a distinto nivel, un mismo fraude. ¿Se puede pedir más?

Ojo clínico en Tomares…

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2015 a las 8:00

Se tiene o no se tiene. El ojo clínico, entendido como una facultad para captar una circunstancia o preverla, es algo que parece que no se prodiga mucho por Tomares, la localidad sevillana donde gobierna el senador popular José Luis Sanz. Me explico. Hace unos días, en concreto el pasado 22 de enero, la Audiencia de Sevilla dictó un auto en el que, resolviendo unos recursos, ordenaba a una juez de Instrucción a que elaborara una “exposición razonada” -esa figura que Alaya ha popularizado tanto con los ERE- contra el regidor tomareño para que el Supremo investigue los indicios contra él en relación con unos pagos por unos informes “de una frase”.

Ante esta información, 

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.31.48

 

el Ayuntamiento de Tomares reaccionó negando la mayor, y emitiendo un comunicado de prensa en el que, para sorpresa de muchos, aseguraba lo siguiente:

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.23.13

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más sorprendente y, de ahí lo del ojo clínico, es que el Ayuntamiento interpretara que el auto de la Audiencia dejaba al alcalde “fuera del caso”. Esa interpretación se vería comprometida tan sólo seis días después, cuando la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, siguiendo el requerimiento de la Audiencia, decidía elevar la exposición razonada sobre José Luis Sanz al Tribunal Supremo.

 

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.42.28

 

Ante este nuevo contratiempo judicial, el Ayuntamiento volvió a emitir, el mismo día, una nota de prensa en la que decía lo siguiente:

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.45.31

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista muy técnico, los servicios de prensa podrían tener una mínima parte de razón, porque el alcalde aún no está formalmente imputado, pero hombre de ahí a decir que “no existe pronunciamiento alguno” sobre la existencia de indicios hay una tremenda distancia. Enorme. Porque la magistrada ha decidido elevar precisamente la exposición razonada porque entiende que existen esos indicios y, al tener la condición de aforado el alcalde por ser aforado, no puede imputarle, dado que esa actuación corresponde en su caso al Tribunal Supremo.

Menudo ojo. Y lo peor es que todavía quedan distintos avatares procesales en el camino que lleva a la Sala de lo Penal del Supremo. Lo próximo será, tal vez, negar que el alcalde pueda ser llamado a declarar como imputado. Y si no que se lo pregunten a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se encuentran en igual trance por el escándalo de los ERE fraudulentos y que a día de hoy siguen negando hasta lo que el Supremo da por sentado en sus autos: su imputación.

José Luis Sanz, que de no haberse visto implicado en este escándalo estaba llamado a liderar el PP andaluz, tiene por delante unos meses complicados, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. De momento, el partido sigue mostrándole, en público, su apoyo como candidato para revalidar la Alcaldía…

 

 

‘ERRE que ERRE’ con los ERE

Jorge Muñoz | 27 de enero de 2015 a las 6:00

Alaya no da su brazo a torcer, ni aunque lo diga el Supremo. La magistrada acaba de remitir una nueva “exposición razonada” al TSJA con los indicios contra los cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila-, en la que, desoyendo al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, ha reiterado su criterio de no dividir el voluminoso sumario en piezas separadas para agilizar su instrucción.

Además, la juez ha enviado al Tribunal andaluz no sólo la parte que afecta a estos cuatro ex consejeros -ahora blindados hasta que pasen las elecciones andaluzas- sino la totalidad del sumario, incluidos los 229 imputados en este proceso que comenzó a investigarse hace cuatro años.

La insistencia de la magistrada en negarse a dividir el sumario no es nueva. Alaya ha rechazado en otras ocasiones anteriores la petición que en este sentido le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

El propio Tribunal Supremo advirtió cuando abrió la causa contra Chaves y Griñán y otros tres aforados, en noviembre pasado, de la necesidad de dividir la causa, mostrándose a favor de la propuesta del fiscal de investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha: la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las  las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron el mantenimiento del sistema durante 12 años.

El Supremo citaba una sentencia de la propia Sala de lo Penal de diciembre de 2013 sobre la complejidad de los macroprocesos, lo que redunda en las dilaciones en la tramitación, algo que no se produciría en el caso de que hubiera más procedimientos, y advertía expresamente de la “disparatada prolongación” de las sesiones del juicio oral.

La Fiscalía reiteró en su informe la “conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separadas”. Entendía el Ministerio Público que la causa de los ERE es “ciertamente escindible” del resto de la instrucción y nada impedía que el TSJA también asumiera la investigación en lo referente a los aforados autonómicos.

Tras el auto del Supremo que abrió la causa contra Chaves y Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Alaya que elevara al TSJA otra exposición razonada, en un escrito en el que recordaba a la juez que según el Supremo la causa debe dividirse en distintas piezas separadas. Anticorrupción llegaba a apuntar asimismo que, ante la carga de trabajo del juzgado y “la ingente” tarea resultaba necesario que se nombraran jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales para poder “avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen”.

La Fiscalía llegaba a apuntar que hay al menos nueve ayudas -Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes y Mercasevilla- que se encuentran en un estado tan avanzado de investigación que incluso podrían ir a juicio a lo largo de este 2015.

Per0 Alaya ha demostrado, por activa y por pasiva, que no apuesta por la división del sumario, un criterio que ha impuesto incluso sobre las órdenes del Tribunal Supremo. Alaya sigue “erre que erre” con su planteamiento, por lo que mucho me temo que la idea de la Fiscalía de juzgar esas nueve ayudas este año quedará en saco roto. Y luego algunos se echarán las manos a la cabeza cuando los acusados se beneficien del retraso de la Justicia….

El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.

Los ERE en el Supremo, ¿y ahora qué?

Jorge Muñoz | 13 de agosto de 2014 a las 10:10

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

La juez Alaya, en los juzgados de Sevilla

Alaya dejó lista su exposición razonada para el Tribunal Supremo la tarde-noche del 31 de julio, justo antes de marcharse de vacaciones, pero el Alto Tribunal no ha recibido el informe sobre los aforados hasta 12 días después, tiempo que se ha tardado en recopilar la abundante documentación que la instructora ha adjuntado a su dictamen. ¿Y ahora qué pasará con la macrocausa?

Pues para empezar, el Alto Tribunal, que ha recibido el informe en pleno agosto -mes inhábil para la Justicia salvo para las actuaciones urgentes o las causas con preso- debe ahora examinar la información remitida por Alaya y probablemente dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que se pronuncie sobre qué hay que hacer.

Lo lógico, aunque no siempre es así, es que la Fiscalía del Supremo avale la postura que hasta ahora ha venido manteniendo la Fiscalía Anticorrupción en el macroproceso. Es más se supone que la Fiscalía ya tendrá decidida esta postura porque se habrá analizado con anterioridad al planteamiento realizado por Anticorrupción. De ahí se desprende que la Fiscalía del Supremo pedirá la división en piezas separadas de la causa, de forma que la que afecta directamente al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y que afecta directamente a los aforados -los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco ex consejeros- permanezca para su investigación en el Alto Tribunal y el resto de la causa sea devuelto al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la continuación de la instrucción.

De hecho, Alaya ha enviado al Supremo, según estiman fuentes del caso, únicamente un 30% de la causa instruida, ya que hay que investigar 401 empresas de las cuales sólo consta el correspondiente atestado de la Guardia Civil en menos de treinta empresas.

Mientras el instructor del Supremo estudia el caso, espera la respuesta de la Fiscalía y adopta una decisión al respecto sobre la escindibilidad o no de la causa pueden transcurrir varios meses. ¿Alaya aparcará la instrucción durante ese tiempo? Por supuesto que no. La magistrada ya ha dado muestras de que, mientras no reciba una respuesta concreta del Supremo, seguirá instruyendo el proceso, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya le advirtió de que si enviaba la causa completa tendría que abstenerse de seguir instruyendo el caso de los ERE fraudulentos.

¿Qué panorama encontraremos a la vuelta de las vacaciones? En septiembre Alaya volverá a su juzgado -en realidad llega unos días antes- y seguirá investigando el caso de los ERE, si el Supremo se lo permite. En cualquier caso, la juez no tiene tiempo de aburrirse. El caso de los cursos de formación calentará, sin duda, el otoño judicial de Sevilla. El caso de los ERE parece que se quedará en una minucia cuando empiece a investigarse el destino de millones de euros -Alaya ya ha apuntado una cifra: 950 millones en cuatro años-. Al tiempo…