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Incumplir el pago de la pensión y el régimen de visitas conlleva la pérdida de la patria potestad

Jorge Muñoz | 16 de noviembre de 2015 a las 16:41

SupremoEl Tribunal Supremo confirma la privación de la patria potestad a un padre por incumplir el pago de la pensión y el régimen de visitas de su hija. La Sala de lo Civil afirma que no se trata de “un mero título o cualidad” y que la privación está prevista cuando los progenitores incumplen sus deberes de forma “grave y reiterada”, ha informado hoy el Alto Tribunal.El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el progenitor contra la sentencia la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que, al igual que la resolución dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer, estimó la demanda presentada por la madre en 2011 y le atribuyó el ejercicio en exclusiva de la patria potestad sobre la menor, que había nacido en 2006. La sentencia de instancia valoró que el padre, que había sido condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2007, había incumplido sin causa justificada el régimen de visitas, fijado en el punto de encuentro. Posteriormente, en 2010, coincidiendo con la sentencia de divorcio, el progenitor reconoció que no veía a su hija y que tuvo problemas de toxicomanía. La falta de contacto, según la sentencia, aconsejó continuar con las visitas en el punto de encuentro, pero tampoco cumplió. Durante el juicio, la madre, que nunca se opuso a los encuentros, manifestó que el progenitor hacía cuatro años que no veía a la niña.

La sentencia acordaba privar al padre de la patria potestad, aunque añadía que en el futuro, y en beneficio de la hija, puede recuperarla cuando hayan cesado las causas que llevaron a la privación. Del mismo modo, permite que el demandado pueda relacionarse con su hija si así lo solicita, de acuerdo con el artículo 160 del Código Civil (los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro conforme a lo dispuesto en resolución judicial).

La Sala de lo Civil, siguiendo su propia doctrina, destaca que la sentencia de instancia, califica de graves y reiterados los incumplimientos del progenitor prolongados en el tiempo, sin relacionarse con su hija, sin acudir al punto de encuentro, haciendo dejación de sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico, y sin causa justificada, y todo ello desde que la menor contaba muy poca edad. En este sentido, afirma que ha quedado afectada la relación paterno-filial de manera seria y justifica que proceda, en beneficio de la menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente, sin perjuicio de las previsiones legales que fuesen posibles, de futuro conforme a derecho, y que recoge el tribunal de instancia.

Asimismo, explica que el artículo 170 del código civil prevé privar total o parcialmente de la patria potestad a quien incumple los deberes inherentes a ella. No obstante la privación, subraya la resolución, requiere que los progenitores incumplan sus deberes de forma “grave y reiterada” y que sea beneficiosa para el hijo. La sentencia señala que es una función inexcusable que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno desarrollo de su personalidad y conlleva una serie de deberes personales y materiales hacia ellos en el más amplio sentido.

La Sala afirma que se trata de una “función con un amplio contenido, no de un mero título o cualidad, por lo que resulta incompatible mantener la potestad y, sin embargo, no ejercer en beneficio del hijo ninguno de los deberes inherentes a la misma”.

 

Las expresiones injuriosas de los abogados en juicio no están amparadas por el derecho de defensa

Jorge Muñoz | 24 de septiembre de 2015 a las 13:26

Las expresiones injuriosas por parte del abogado en procedimientos judiciales no están justificadas, ni son consustanciales al derecho de defensa. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, al estimar que las expresiones proferidas por el demandado en el seno de procedimiento judicial suponen una vulneración de su derecho al honor.

Declara la sentencia, en contra de lo declarado por la instancia y la apelación, que las expresiones proferidas por el demandado, Fernando Fernández Navarro, con ocasión de su actuación como abogado en un asunto contencioso-administrativo, en unas diligencias previas por un  delito de desobediencia grave, y en un acto de conciliación, implican una vulneración del derecho al honor del demandante.

Declara la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Antonio Salas Carceller, que las expresiones proferidas en el desarrollo de acto de conciliación nada tienen que ver con el recto ejercicio del legítimo derecho de defensa, ni pueden ser consideradas como conducentes a la satisfacción del mismo, resultando inadecuadas, innecesarias, y sin justificación funcional alguna.

Nada afecta a la prosperabilidad de la acción ejercitada el hecho de que las expresiones proferidas hayan sido objeto de sanción colegial por vulneración de normas deontológicas, es más, demuestra que las mismas no son incardinables en el derecho de defensa, y tienen consecuencias meramente administrativas que son independientes de la acción civil para la defensa del derecho al honor con el consecuente resarcimiento indemnizatorio por el daño moral causado.

La sentencia cifra económicamente el daño causado en 6.000 euros frente a los 60.000 euros solicitados, de conformidad con los criterios legales establecidos en el artículo 3 de la LO 1/1982 y su falta de difusión al producirse en sede judicial.

Se afirma en la demanda, con la consiguiente aportación documental, que el demandado, en su condición de abogado de don Juan Francisco Palma Valenzuela, desplegó una campaña basada en el descrédito personal y el desprecio e insulto hacia el actor en relación con la intervención del mismo en asuntos contencioso- administrativos y en diligencias previas por presunto delito de desobediencia grave en que se encontraban implicados el demandado y su cliente. Así, en los escritos dirigidos a los órganos judiciales “insulta, veja, humilla y lanza insidia infame contra el mismo de manera feroz y desmedida”.

En concreto, refiere el demandante que el demandado en escrito de fecha 16 de diciembre de 2009 (doc.no 1 de la demanda) dirigido al Juzgado, afirma que el actor “…además de persona de confianza de la Alcaldía, además de cerebro gris de toda esta urdimbre...”; de igual modo, en escrito presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo en fecha 10 de marzo de 2010 (doc. no 2), llega a acusar al demandante de haber influido en la aprobación de un plan parcial, teniendo expresa incompatibilidad, afirmando que “…el letrado de la parte recurrida jurista Espejo González ha prestado sus servicios profesionales”; asimismo en el escrito de fecha 14 de enero de 2010 (doc. no 3) suscrito por el demandado se realizan alusiones personales hacia el actor, “…donde además su abogado defensor jurista Espejo González es funcionario eventual…», “…son estos desempeños y especiales circunstancias las que permiten colegir la actuación inmediata y directa o al menos entre bambalinas del combinado jurídico/autoridades (ora sobre el citado escrito de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2009, ora de su Alcalde accidental de oficio de fecha 23 de diciembre de 2009, así como de los propios escritos procesales de la defensa la complicidad que se denuncia)”.

Más adelante se refiere el demandante al escrito de contestación a la demanda -autorizado por el demandado en su condición de letrado- en procedimiento ordinario 522/2010, en el cual realiza entre otras las siguientes afirmaciones “el personaje de Geppeto (en referencia al actor) es el de un hábil artesano, que al carecer de descendencia realiza un muñeco de madera al que llama Pinocho (a la sazón Alcalde de lllora), dicho muñeco al toque de halo de magia de un hada lo convierte en un niño de verdad con el atolondramiento propio y con una peculiar característica: cuando miente le crece la nariz”. Asimismo señala ” …respecto del primero antiguo simpatizante del Partido Popular desagradecido de las ayudas que le prestó mi principal para desarrollar su trayectoria profesional (le cedió gratuitamente un local para desarrollar la abogacía) desagradecido como pocos, viene emponzoñando la fácil aptitud, ciertamente volátil del actual Alcalde…”, “…cosa distinta es utilizar dentro de otras producciones artísticas, algunas con un sentido tal vez sugerente como podría ser la carátula de El Padrino, como silueta enmarcada en un fondo negro, penden los hilos del manejo, no en si como manipulable, sino con la fuerza que (ellos si) ostenta la mafia”.

También se alega (doc. no 8) intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante con ocasión de la celebración de acto de conciliación el 6 de octubre de 2011, en cuanto afirmó el demandado en dicho acto -en referencia a la actuación profesional del demandante- “que le parece una conciliación ramplona, cargada de pleonasmos, donde se manifiesta un arte procesal manifiestamente mejorable, básicamente una conciliación de pitiminí…”…respuestas a raíz de una denuncia del conciliante donde se manifestaba es ramplonería y además una preocupante y una penosa inestabilidad emocional… comprometiéndose este conciliado a sufragar la formación profesional y si es necesario emocional del conciliante”.

Victoria de Alaya, pero con matices

Jorge Muñoz | 28 de junio de 2015 a las 5:30

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

 

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

La exposición razonada que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha elevado a la Sala de lo Penal, proponiendo que la causa siga contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, supone de entrada un rotundo aval a las tesis que la juez Mercedes Alaya ha venido manteniendo en los últimos años en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos. Pero ese aval del Alto Tribunal a la instructora, que supone el reconocimiento al ingente trabajo que Alaya ha realizado estos años –algo que no me cansaré de repetir–, tiene importantes matices o apreciaciones.

Una lectura sosegada de los 130 folios de que consta la exposición razonada del magistrado Alberto Jorge Barreiro demuestra cómo éste ha asumido las principales tesis de la juez Alaya relativas al procedimiento “claramente ilegal” utilizado durante una década para la concesión de las ayudas y que hurtaba a la Intervención la fiscalización previa de las subvenciones. Resulta curioso descubrir como el magistrado del Alto Tribunal llega a emplear los mismos conceptos que, en su día, acuñó Alaya, como por ejemplo la “cúpula de la pirámide” de los ERE para referirse a la implicación de los ex presidente y los ex altos cargos de la Junta de Andalucía; o el hecho de que los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta al “procedimiento específico” empleado para la concesión de las ayudas no podían pasar desapercibido para los ex presidentes.
Ese rotundo aval a las tesis de Alaya encuentra un primer matiz importante a la hora de traducir a posibles delitos las conductas que se atribuyen a los aforados. La juez Alaya, en su propia exposición razonada –la que remitió en agosto del año pasado al Supremo– atribuía delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a los hasta ahora aforados.
El instructor del Supremo coincide con Alaya en la presunta prevaricación administrativa –por haber dictado resoluciones arbitrarias como las modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida 31L– pero los ha exculpado de la malversación de caudales públicos –el delito más grave, que lleva aparejadas penas de entre cuatro y ocho años de cárcel–, salvo en el caso del diputado ahora del grupo Mixto José Antonio Viera, que sí contempla este delito en su caso por la intervención en la concesión de las ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
Ésta es una de las principales discrepancias entre el juez del Supremo y Alaya, dado que la juez imputaba el delito de malversación a los ex presidentes por el desvío de su destino legal de los fondos públicos y “todo ello bajo la publicitada finalidad de la paz social, que en función de una política discrecional de favores y comisiones procedentes de fondos públicos, enmascaraba indiciariamente una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo”, argumentaba Alaya en su exposición razonada.
Frente a este argumento, el Supremo sostiene que no hay datos indiciarios de que los ex presidentes y Zarrías “supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos presupuestados para las subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”. Para el instructor, Chaves, Griñán y Zarrías, “si sabían que el procedimiento de concesión era claramente ilegal, pero no constan indicios de que conocieran que se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para favorecer” a terceros.
Algunas fuentes apuntan a que esta tesis del Supremo puede afectar a otros tantos ex altos cargos imputados en el juzgado de Sevilla, que podrían ver cómo sólo son acusados de prevaricación, un delito que únicamente acarrea una pena de inhabilitación de entre siete y diez años, pero no una pena de prisión.
Otra de las grandes discrepancias del dictamen está en la cuantía del fraude de los ERE, que Alaya cifró en casi 855 millones de euros, al estimar que todas la ayudas eran fraudulentas porque fueron concedidas con un procedimiento ilegal. El instructor del Supremo matiza ahora que aunque esa cuantía sea “nula” por haberse infringido la ley, eso “no significa que todo el dinero haya sido defraudado en perjuicio del erario público” y explica que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas “habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”, lo que deja abierta la posibilidad para legalizarlas y, de hecho, Alaya tampoco ha exigido la devolución de la totalidad de las ayudas, que de otro lado fueron regularizadas con el decreto ley 4/2012.
Un tercer matiz introducido por el Supremo guarda relación con la exculpación de la ex consejera de Presidencia María del Mar Moreno, cuyas explicaciones son para el instructor “creíbles y asumibles”.
Tras el dictamen del Supremo, la investigación de Mercedes Alaya sale claramente reforzada porque había muchos que consideraban que la magistrada se había excedido al imputar a Chaves y Griñán, algo que el instructor ha dejado claro ahora que no era ningún disparate jurídico.

“Sinceramente, como juez no trabajo para los medios”

Jorge Muñoz | 27 de mayo de 2015 a las 6:00

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El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, cuando declaró ante la juez Alaya.

Que la Justicia no trabaja para los medios de comunicación, ya lo sabemos. Que hay jueces que, si pudieran, impedirían la entrada de los periodistas en los tribunales, también. Afortunadamente, una buena parte de la judicatura comprende la labor que realizan los cronistas de tribunales, uno de los estilos periodísticos que todavía permanecen más puros a pesar del efecto de prensa rosa que, cada vez con más frecuencia, invade el periodismo judicial debido al enjuiciamiento de personajes del corazón. Lo que les voy a contar sucedió en el Tribunal Supremo y durante el interrogatorio del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien pidió declarar voluntariamente después de que los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y otros aforados derivaran las responsabilidades hacia la intervención general, por no haber realizado el denominado informe de actuación.

El fiscal estaba interrogando al ex interventor sobre las deficiencias detectadas en los expedientes de las ayudas, en algunos de los cuales no había ningún tipo de requisitos ni condiciones, ni reintegro, ni revisión. En ese momento intervino el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que representa al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, para protestar por cómo se estaba tomando el acta de la declaración, que también se grabó. El diálogo que se suscitó fue el siguiente (juzguen ustedes mismos):

–Letrado de Zarrías: Me gustaría que constaran las preguntas del fiscal literalmente en el acta ya que está insinuando la respuesta.

–El instructor, Alberto Jorge Barreiro: Las declaraciones se están grabando y en su momento serán transcritas íntegramente, con las preguntas y respuestas.

–Letrado de Zarrías: Es que luego van a llegar a los medios de comunicación y claro, tiene su importancia, ¿no? El fiscal está afirmando que ha habido menoscabo y el testigo, no sé si llamarlo testigo, lo ha negado ya varias veces, así que es relevante que en la pregunta esté esa afirmación. Me gustaría que constara la pregunta en el acta.

–Instructor: Tienen que tener en cuenta los letrados que la Justicia actúa con los medios que tiene a día de hoy y con las posibilidades que tiene de transcribir inmediatamente o no el acta. Se hará lo posible, como con la del señor Griñán, por transcribirla íntegramente. Lo que no puede hacer la Justicia es operar de cara a los medios. Si mañana en los medios sale algo que guste o que no guste o que la pregunta no salga en los medios por no estar todavía transcrita el acta. Sinceramente, como juez no trabajo para los medios.

–Letrado de Zarrías: Pero este señor viene a declarar por lo que ha leído en los medios, señoría.

–Instructor: Ya.

–Letrado: Viene a declarar por lo que ha leído en los medios y toda su declaración es eso. Es una represalia por lo que ha leído en los medios. Eso tiene su importancia luego.

–Instructor: También discrepo del señor letrado. Este señor ha venido a declarar porque ha pedido declarar. Ése es el motivo pro el que ha venido a declarar. No es una víctima de los medios. Viene a declarar porque se ha enterado de unas declaraciones que le perjudicaban referidas por algunos de los imputados, y como le perjudicaban ha venido aquí a ejercitar en teoría su derecho de defensa. El instructor considera en este caso que es un testigo, un testigo/imputado, de los más nucleares del caso pues… y los fiscales lo pidieron y también la acusación popular, sin iniciativa ninguna de este instructor. El instructor estimó pertinente, ante la petición de las acusaciones, que viniera a declarar. Ése es el motivo, que quede claro. Sé que los medios afectan a los procesos. Pero, aunque los medios afecten a los proceso, a todo hay que ponerle un freno. Entonces no puedo estar llevando esta vista por lo que salga mañana en los medios, yendo detrás del ritmo de los medios, que quede bien claro para todas las partes que están presentes.

En este momento, interviene en la discusión el fiscal para decir lo siguiente:

–Fiscal: Simplemente hay que advertir que…

–Instructor: Si alguna pregunta considero que…

–Fiscal: No, no. Hay que advertir una cosa simplemente. No entiendo que vayan a ir las declaraciones a los medios de comunicación. Eso no es posible en el estado procesal en que estamos. Por lo tanto se está haciendo una advertencia y desde luego por el fiscal no van a los medios de comunicación, no pueden ir a los medios de comunicación. Hay que decírselo al letrado.  A ver si se enteran de una vez de que no pueden ir a los medios de comunicación. Son secretas las actuaciones, no son públicas, primera cuestión. Y segunda cuestión, el fiscal, a la vista de las declaraciones prestadas por los aforados, entendió que era necesaria la presencia del interventor, pero no porque lo dijeran los medios de comunicación. Son dos advertencias claras que creo que deben constar también.

–Instructor: Se comparte el criterio del Ministerio Fiscal de que el sumario en principio es secreto, pero, en fin, ese es otro de los déficits con que nos movemos, que se incumple el secreto legal de sumario. Y no solamente hay que operar con los medios, sino que después hay que seguir, una vez que están los medios dentro, el ritmo que se marca desde los medios. Como juez tengo claro que no voy a seguir esa línea. ¿Alguna pregunta más del Ministerio Fiscal?

–Manuel Gómez, el ex interventor: Yo no he contestado.

–Instructor: Ah, ¿no ha contestado usted?, pues conteste usted.

 

Y así acaba el incidente, según recoge la transcripción completa de la declaración del ex interventor, a la que han tenido acceso los medios… ¿Qué opinan del debate y de las opiniones del magistrado? Desde luego es interesante como convergen muchas ocasiones los debates jurídicos con los meramente mediáticos….

 

Balones fuera e indicios débiles

Jorge Muñoz | 15 de abril de 2015 a las 6:00

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El ex presidente de la Junta Manuel Chaves, ayer a su llegada a la sede del Tribunal Supremo

La estrategia de defensa que ayer planteó Manuel Chaves ante el Tribunal Supremo puede ser buena para exculparle de cualquier responsabilidad penal, pero lo deja en una situación aparentemente comprometida ante la opinión pública. Su discurso se basó en echar continuamente los balones fuera, utilizando el símil futbolístico; en negar la premisa mayor, en este caso, el conocimiento de las irregularidades que se estuvieron produciendo en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas que se concedieron durante nueve de los 19 años en los que fue estuvo al frente de la Junta.

Y digo que la estrategia puede exculparle porque son la Fiscalía y las acusaciones populares –Manos Limpias y el PP- los que tienen que demostrar su participación en los hechos, ya que como a cualquier persona imputada le ampara el principio de presunción de inocencia y en este caso los indicios que hay contra Chaves no dejan de ser hasta cierto punto endebles, porque se basan en la teoría de la confabulación de todo un Gobierno.

Chaves defendió ante el Supremo que ignoraba las irregularidades porque, en caso contrario, no las habría permitido y habría actuado, pero esas alertas de la Intervención General de la Junta, según Chaves, nunca llegaron al Consejo de Gobierno que presidía.

Su versión de los hechos contrasta con la recientes acusaciones que, en forma de auto, volvió a realizar la juez Mercedes Alaya, quien destacó el “menosprecio de los titulares de las Consejerías y, por ende, del Gobierno de la Junta, al contenido de los informes de la Intervención, pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”. La juez afirmó que las transferencias eran “ilícitamente utilizadas por la simplicidad de su trámite y control, para encargos de ejecución o para la concesión y pago de subvenciones excepcionales”; y sin embargo, no se usaron “para lo que estaban legalmente destinadas, que era para la cobertura de sus pérdidas, en claro paralelismo con la situación analizada del IFA/Idea”.

Ese “uso ilícito” se producía a pesar de la “recriminación generalizada” de la Intervención General de la Junta, lo que para la juez era conocido por los “máximos responsables de la Junta de Andalucía”.

Chaves negó ayer todas las acusaciones, de la primera a la última. En diez ocasiones, el acta de su declaración refleja expresiones del tipo el declarante “desconoce” para referirse entre otros asuntos a las ayudas sociolaborales, al procedimiento de concesión o a las sobrecomisiones cobradas por las consultoras y los sindicatos.

En otras 15 ocasiones aparece la expresión el declarante “no conoce” o “no podía conocer”, también en relación al sistema por el que se concedían las ayudas, en alusión a los proyectos de normativa de concesión de las mismas o al hecho de que algunos expedientes no tuvieran ninguna documentación, entre otros aspectos.

El problema de este tipo de estrategias radica, como he dicho al principio de este artículo, que le puede salir bien desde el punto de vista de su situación procesal, pero puede dejar dañada para siempre su imagen de cara a la opinión pública. De las tres declaraciones de aforados que se han producido ante el Tribunal Supremo, los ciudadanos pueden quedarse con lo más simple: que José Antonio Viera dijo que era maestro y no tenía conocimientos jurídicos, llegando a responsabilizar a sus subordinados; que José Antonio Griñán admitió que incrementó los controles pero no pudo evitar el “gran fraude”, derivando la responsabilidad a la Consejería de Empleo y a la Intervención General de la Junta; y por último, que Manuel Chaves no sabía nada. Chaves dejó pasar ayer una buena oportunidad para haber intentado desmontar las tesis de la juez Mercedes Alaya.

Alaya calienta la declaración de Chaves en el Supremo

Jorge Muñoz | 13 de abril de 2015 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez incansable vuelve a hacerlo. A Alaya no le gusta pasar desapercibida ante una investigación en la que ha puesto tanta dedicación y empeño, y en la que ha sacrificado tantas horas de estudio. Y si de paso puede influir en la instrucción que está llevando a cabo el Tribunal Supremo sobre cinco aforados, pues mejor. Y qué mejor manera que reafirmar con rotundidad sus argumentos que mediante un nuevo auto, el órgano de expresión del Alayismo. En este caso, la resolución fue dictada el pasado 8 de abril, la víspera de la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Aunque tiene esa fecha, el auto ha trascendido con posterioridad a la declaración de Griñán pero tan sólo dos días antes de que otro ex presidente, Manuel Chaves, haga su paseíllo por la sede judicial de Marqués de la Ensenada en medio de otra nube de cámaras y periodistas.

¿Y cuál es la novedad de la nueva resolución? La principal novedad es que Alaya extiende las irregularidades del caso de los ERE fraudulentos a la práctica totalidad de las Consejerías del Gobierno de la Junta, al afirmar que hay “múltiples empresas públicas” de la Junta que también usaron de forma “ilícita” -según las conclusiones de la juez- las transferencias de financiación, lo que le lleva a determinar que no sólo las consejerías a las que estaban adscritas estas empresas públicas sino todo el “Gobierno de la Junta” estaba al corriente del fraude, porque “conocía expresamente” ese uso ilícito a través de las distintas memorias elaboradas por la Intervención General de la Junta.

El ex presidente Griñán afirmó en su declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, el instructor del Supremo, que no recibió los informes de la Intervención alertando de las irregularidades pero sí admitió que le llegaban las memorias anuales de la Intervención, que incluían esas observaciones, y alegó en su defensa que su departamento actuó, mejorando los controles de las ayudas.

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El nuevo auto de Alaya viene a corroborar todas las acusaciones que en los últimos años ha ido acumulando la instructora y que ha reflejado en las exposiciones razonadas remitidas al Supremo y al TSJA, en las que ha implicado a todo el Consejo de Gobierno de la Junta en el conocimiento de las irregularidades, haciéndolos partícipes del fraude y del menoscabo de los fondos públicos administrados por la Junta.

Con independencia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya informado al magistrado del Supremo que no ha hallado documentos firmados por los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, Alaya con este auto sigue atribuyéndoles fuertes indicios sobre su intervención en los hechos, sobre todo, al primero, dado que del estudio de las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “Consejillos”, la juez sostiene que eran conocedores de los “generalizados incumplimientos” en torno a las transferencias de financiación por numerosas empresas públicas de la Junta, no sólo por el IFA/Idea que se encargaba del pago de las ayudas vinculadas a los ERE.

A pesar de que no haya documentos firmados por Zarrías, Alaya detalla en el nuevo auto que a los consejillos llegó en varias ocasiones un proyecto de decreto, elevado en diciembre de 2000 por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, para tratar de regular el marco legal del pago de las ayudas sociolaborales, pero la Comisión “guardó en un cajón” ese proyecto y, en su lugar, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que significó el “pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la dirección general de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas”.

Además, Alaya señala que en los Consejillos se conocía la polémica partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, porque en dicha comisión se estudió la misma en los anteproyectos de ley de Presupuestos de los años 2002 a 2009, y del análisis de las actas de las reuniones se deduce la “inclusión de nuevas medidas de control”, lo que lleva a la juez a considerar que los miembros de la Comisión “serían conscientes de los reparos y advertencias que la Intervención venía detectando en relación al uso que las empresas públicas hacían de las transferencias de financiación que recibían de las distintas consejerías y su incidencia sobre el presupuesto de la Junta”, pero a pesar de esas ampliaciones de los mecanismos de control a propuesta de la Intervención, “se seguiría haciendo caso omiso a los informes de Cumplimiento que la misma elaboraba”.

Los titulares de las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas públicas y el “Gobierno de la Junta”, prosigue Alaya, conocía expresamente el uso ilícito de las transferencias a través de las memorias de la Intervención, al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.

La conclusión final de Alaya es demoledora: los titulares de esas Consejerías y el propio Gobierno de la Junta “menospreciaron” el contenido de los informes de la Intervención General de la Junta, “pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”.

Este auto de Alaya calienta aún más la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que está citado mañana a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, después de que Griñán admitiera que hubo “un gran fraude y algunos controles pudieron fallar”, aunque rechazara en rotundo la existencia de un gran plan detrás del caso de los ERE. Alaya trata de acorralar con sus resoluciones a los ex presidentes, a los que en su día preimputó en el escándalo. Sólo queda por saber si el instructor del Supremo tendrá en cuenta la nueva argumentación de Alaya.

 

El alegato de Griñán

Jorge Muñoz | 12 de abril de 2015 a las 8:00

GRI?AN A SU SALIDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán defendió el pasado jueves en el Tribunal Supremo que su departamento, la Consejería de Economía y Hacienda, tuvo una actuación “irreprochable”, por cuanto incrementó año tras año los controles sobre unas ayudas que, a la postre, resultaron ineficaces para evitar lo que el propio Griñán definió como un “gran fraude”.
Fuentes de la defensa del senador destacaron que el alegato principal que el senador socialista esgrimió ante el instructor del Alto Tribunal no radica tanto en el hecho de que Griñán asegurara que no recibió los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban sobre las irregularidades, sino en el hecho de que su consejería y, posteriormente, su gobierno, no mantuvieron una actitud de inactividad porque se adoptaron numerosas medidas para paliar las observaciones que realizaba el órgano fiscalizador de la Junta. Según la defensa de Griñán, se actuó, “año tras año”, por lo que la inactividad de la Consejería de Economía “es falsa”.
La propia memoria anual de 2006, elevada al Consejo de Gobierno, reconocía, según explicaron estas fuentes, que se habían incrementado los medios y se habían fortalecido las medidas de Control Financiero Permanente.
La Consejería de Hacienda, según los argumentos aportados por Griñán en su comparecencia judicial, había actuado en función de las memorias y siempre conforme a las propuestas del interventor general de la Junta, pero la Intervención no realizó un informe de actuación con propuestas para corregir las posibles irregularidades, porque la Intervención hablaba de incumplimientos pero en ningún momento de “ilegalidades”.
Entre las medidas que Hacienda promovió para mejorar los controles destaca la adoptada en 2007 por el Consejo de Gobierno cuando se “instruyó” a la Intervención General de la Junta para que si las consejerías no le hacía caso o se pudiera detectar “fraude o menoscabo de fondos públicos” elevara el correspondiente informe de actuación.
Posteriormente, la Intervención solicitó mayor flexibilidad en la utilización de la Encomienda de Gestión –el mecanismo que luego sustituiría a las transferencias de financiación– y en los presupuestos de 2009 el mismo órgano solicitó incluir un artículo en la ley de Presupuestos para “regular” dicha Encomienda.
La tesis del ex presidente pasa por defender la legalidad de su actuación y del propio sistema de las transferencias de financiación, rechazando que este instrumento no fuese adecuado para el pago de las ayudas porque –como mantienen los peritos que han realizado el informe incorporado al sumario– las mismas sólo podían utilizarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con respecto a la labor desarrollada por la Intervención General de la Junta, el senador quiso dejar claro ante el instructor del Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que este organismo estuvo también actuando para mejorar los controles y cambiar el sistema de las transferencias de financiación por la Encomienda de Gestión, que fue introducida finalmente en 2010.
Aunque el interventor general de la Junta Manuel Gómez, que está imputado por la juez Alaya, no realizó el informe de actuación, Griñán “no cree que éste hiciera dejación de funciones”.
En su comparecencia, Griñán derivó claramente la responsabilidad del fraude de los ERE hacia los titulares de la Consejería de Empleo, dado que a su juicio el problema no estaba en la fase presupuestación sino en la de ejecución del gasto y, en este caso, “falló el control del gasto”. Como consejero de Hacienda, dijo Griñán, no podía ser responsable de “cómo se gestiona el gasto en otro departamento, en este caso Empleo”, porque el control le corresponde a la Intervención General de la Administración.

Como un espectador de una película de terror llamada ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2015 a las 6:00

vlcsnap-2015-04-09-23h24m18s14Griñán trazó ayer una buena estrategia defensiva en su declaración ante el Tribunal Supremo, pero que plantea muchos interrogantes sobre el papel que jugó o debía jugar a la hora de evitar el fraude, primero en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, y posteriormente como presidente de la Junta. Si el pasado martes el ex consejero de Empleo José Antonio Viera culpó a sus subordinados, porque él era un maestro sin formación jurídica, ayer el que fuera presidente de la Junta se situó como un mero espectador de una película de terror que se ve sorprendido por un trágico desenlace final pero que se veía venir prácticamente desde el principio. Griñán asegura que no pudo hacer nada para frenar el fraude, porque no lo conocía y nadie le advirtió, pero al final tuvo que asumir su responsabilidad política y dimitir del cargo.

José Antonio Griñán, que es inspector de Trabajo, puso en práctica una sólida estrategia defensiva, contundente a la hora de tachar de “irreprochable” la actuación de su Consejería y de la dirección general de Presupuestos, y que se fundamenta básicamente en defender la legalidad del sistema, de la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y en poner de manifiesto que las numerosas señales de alertas que lanzó la Intervención General de la Junta en forma de sucesivos informes nunca le llegaron a él, porque su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no se los trasladó, y porque la Intervención no dio nunca el paso de realizar un informe de actuación, que hubiera requerido una actuación concreta por parte de su departamento y la adopción de unas medidas para evitar el fraude.

Griñán deriva toda la responsabilidad en el interventor general de la Junta –aunque en su extensa declaración llega a decir que no hizo dejación de funciones- y en la Consejería de Empleo, a la que atribuye el decisivo papel de controlar el gasto relacionado con el pago de las ayudas.

Pero a pesar de esta estrategia defensiva expuesta ante el Tribunal Supremo, que como he dicho me parece bastante sólida desde el punto de vista de una investigación judicial, la argumentación no puede ocultar las posibles responsabilidades que Griñán, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente de la Junta, tiene con respecto a esta fraude masivo y millonario. Su ex viceconsejera llegó a decir esta semana, en este caso en su comparecencia ante el TSJA, que recibió los informes de la Intervención pero simplemente no los leyó, porque no eran informes de actuación y no requerían una actuación concreta de la Consejería. Griñán corroboró ayer esta versión exculpatoria y coincidió en que la Intervención únicamente advertía de “discrepancias contables” pero no de ilegalidades.

La pregunta del millón es si la responsabilidad política del ex presidente debe quedarse sólo en el ámbito político, como ayer recordó el propio Griñán al afirmar que dimitió del cargo por el escándalo de los ERE, o su presunta participación en el fraude –que la juez Alaya dio por hecho en la exposición razonada-, bien por acción u omisión, es merecedora de un reproche penal. La respuesta la tiene el instructor del Supremo, que es el que una vez que finalice la ronda de declaraciones de los aforados debe decidir si archiva el proceso o pide el suplicatorio al Congreso y el Senado para realizar una inculpación formal. Griñán dijo ayer que confía en la Justicia. Dejemos que ésta actúe.

Absuelto un capitán que recriminó a una soldado de baja el “flaco favor” que le hacía a “España”

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2015 a las 16:33

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de un capitán del Ejército de Tierra que estaba acusado de tratar de forma vejatoria a una soldado que se encontraba de baja psicológica por estrés. En dos conversaciones, que fueron grabadas por la soldado con un móvil, su superior le recomienda que se vaya del Ejército porque no es “digna” de él y le está haciendo “un flaco favor a España”.

Los hechos se produjeron en 2012 en un acuartelamiento de Tenerife después de que la soldado asistiera a las revisiones médicas para renovar su baja. El capitán llamó a su subordinada para conocer los motivos de su retirada del servicio. Además de las causas psicológicas, la soldado padecía una lesión de rodilla y se quedó, posteriormente, embarazada. El alto tribunal ha confirmado la absolución dictada por el Tribunal Militar Territorial Quinto porque considera que los hechos no tienen la gravedad suficiente para alcanzar el grado de “trato vejatorio” aunque sí para provocar alguna consecuencia disciplinaria. 

Supremo

A continuación, la transcripción de las conversaciones que recoge el fallo del Tribunal Supremo (Juzguen ustedes mismos si hubo trato vejatorio o no):

SOLDADO ESTÉVEZ: Con permiso mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Pase.

SOLDADO ESTÉVEZ: Entro también, ¿no mi Capitán?

CAPITÁN BLANCO: Sí, cierra la puerta. ¿Estás de baja?

SOLDADO ESTÉVEZ: Yo ahora mismo estoy de baja psicológica.

CAPITÁN BLANCO: Pero, por qué ¿tienes problemas en casa o algo?

SOLDADO ESTÉVEZ: No, los problemas los he tenido más bien aquí dentro.

CAPITÁN BLANCO: ¿Qué te ha pasado?

SOLDADO ESTÉVEZ: Lo que me ha pasado es que cuando cogí la baja por las

rodillas, porque me tuvieron que operar de una rodilla, me caí aquí dentro

corriendo, pues mis compañeros empezaron a…

CAPITÁN BLANCO: ¿Qué te pasó en la rodilla?

SOLDADO ESTÉVEZ: En la rodilla, el ligamento y, bueno, primero pensaron que

era rotura de menisco, pero después era el cartílago, que tenía el cartílago suelto

dentro de la rodilla y el ligamento, que también me tuvieron que operar del

ligamento.

CAPITÁN BLANCO: ¿Cuánto estuviste de baja por la rodilla?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sigo de baja, o sea sigo de baja, de las rodillas y por

psicológica (ambos).

CAPITÁN BLANCO: ¿Cuándo te operaron?

SOLDADO ESTÉVEZ: Me operaron en junio.

CAPITÁN BLANCO: Junio, hace tres meses. Y que te vas a ir tus compañeros.

SOLDADO ESTÉVEZ: Mis propios compañeros me empezaron, el mismo día que

cogí la baja, me empezaron a insultar, y, sabe, en conjunto la compañía, casi

entera, a insultarme y así estuvieron durante un mes y pico que seguía viniendo

hasta aquí hasta que lo puse en conocimiento del Capitán, porque me mandó a

llamar y se lo comenté, al Capitán Navarro que estaba aquí, y tengo testigos de…de

eso.

CAPITÁN BLANCO: Sí, sí, yo no dudo de tu palabra, no dudo de tu palabra no

estoy dudando en ningún momento. Y ¿qué solución le ves a eso? y ¿que solución

le das a eso? ¿Estévez? No, yo te pregunto si le ves alguna solución, es decir, en

el sentido que vas a venir y porque al final a ver, porque el resto de los Soldados

son unos hijos de puta pero ellos al final lo ven, es decir, todo el mundo nos

consideramos que somos muy buenos y somos la puta polla, pero si yo entre mis

compañeros de promoción, mis compañeros, el resto de Capitanes, nadie me

habla, en vez de mirarme, en vez de decir yo, qué hijos de puta son todos es que

no me hablan, igual tengo que mirar para dentro y decir en algo he fallado yo para

que no me hable nadie, es decir, al final todo el mundo, el ser humano es muy

egocéntrico, no digo que lo seas, sino el ser humano, en general es muy

egocéntrico, y el tema es que yo soy la puta polla, soy el mejor Capitán de España,

soy el Capitán América, y el resto de los Capitanes son unos hijos de puta que no

me hablan, pero no es así, la gente que lo ve de fuera lo ve diferente y lo ve de otra

manera, eh?, yo entiendo que las mujeres están fijadas en el Ejército, pero hay

mujeres que están completamente integradas en una Unidad, en una Compañía de

fusiles y no tienen ningún problema con nadie, es verdad que el día que la caguen

las van a fumigar, pero están completamente integradas no sé si eres tú el caso,

porque no a ti no te conozco de nada pero primero que pienses eso, y luego que si

no ves solución a esto y tú estás encuadrada aquí, estás de baja psicológica y

sigues aquí y no vas a volver a trabajar yo creo que tienes que buscarte otra

movida, yo creo que este no es tu sitio, a lo mejor este no es tu sitio, eh, no todo el

mundo tiene que valer para la mili, hay gente que es muy buena haciendo papeles

en una oficina pero no es buena para pegar barrigazos, (…) y esto cualquier trabajo

lo tiene igual, entonces piénsatelo y valóralo, porque ahora estás de baja por una

rodilla pero estás de baja psicológica y tú, está claro que aquí no quieres volver a

venir a trabajar, verdad?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí.

CAPITÁN BLANCO: Si no quieres nada, tendrás…

SOLDADO ESTÉVEZ: Lo tengo también muy claro, aparte…

CAPITÁN BLANCO: Tendrás que ser sincera, primero contigo misma y decir yo no,

no valgo para la mili o igual sí, yo creo que soy la puta polla, pero me hacen la puta

vida imposible y tengo que salir de aquí, búscate las habichuelas y primero sé

sincera contigo misma, y sincera con España, y si eres sincera con España, dirás

tendré que pedir una rescisión de contrato, tendré que irme y tendré que hacer lo

que sea, porque hay que ser sincera con España, ahora tienes una lesión de rodilla,

evidentemente estás en una lesión de rodilla que te has producido aquí, pero

bueno, está claro, que alguien tendrá que pagar por ello, porque tú te has lesionado

en tu acto de servicio pero la baja psicológica, ya depende de ti, eh, porque de

aquí, en principio no te vas a ir, no? Búscatelo, míratelo, porque yo digo por el

futuro, eh, porque cuando vengas, vas a tener que venir a trabajar aquí y no es

agradable, o yo lo creo así, nunca he estado de baja psicológica, nunca he estado

de baja, no es muy agradable venir cada 15 días a pasar un reconocimiento médico

y que todos los soldados te señalen cuando vas a entrar, ¿cierto o no? Pues

entonces yo creo que es mejor además no te va a venir bien para tu baja

psicológica ni para nada te lo estoy diciendo como consejo.

CAPITÁN BLANCO: Otra cosa, ¿has firmado el IP (informe personal) que te hizo el

Teniente ¿no?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Vale. Este IP hay que sacarlo “palante”, lo digo porque ¿estás

preparando o vas a alegar o estás preparando alguna alegación o algo?

SOLDADO ESTÉVEZ: No mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Vale, te lo digo para sacarlo lo antes posible y así te quitamos

el plazo de alegaciones, por eso te lo pregunto con el plazo de alegaciones, ya está

a punto de pasar, que lo acabamos si no vas a alegar nada, ¿Vas a alegar?

SOLDADO ESTÉVEZ: No.

CAPITÁN BLANCO: No vas a alegar ¿no?

SOLDADO ESTÉVEZ: No mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Pues nada, pues lo que te digo, yo que lo mires porque al final

es tu puñetero futuro pero bueno, está claro que las cosas en la calle no están muy

bien, pero seguro que están en lo peor cuando vengas aquí a trabajar y tengas a la

panda de hijos de puta esos que te están señalando y te están tocando los cojones

y luego otra cosa, si consideras y lo piensas en casa y piensas y dices no, a mi me

gusta la mili y yo tal, no te preocupes que aquí en la mili todo se olvida echando

ostias, y si tú vienes un día y vienes a dar el mil por cien no te preocupes que la

gente va a dejar de señalarte que tú fuiste la tía de baja psicológica y va a empezar

a respetar su profesión solamente por lo que estás haciendo, por tu trabajo, eso

piénsalo también, ahora, cuando vengas, ven a morir y si no, vete “pa” casa a morir

también o a otro trabajo, pero aquí no estás haciéndole ningún bien ni a España ni

a la Compañía ni a nadie ¿oído Estévez?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: Pues hasta luego.

SOLDADO ESTÉVEZ: A sus órdenes mi Capitán ¿ordena otra cosa? Permiso”

El tono de voz del Capitán durante toda la conversación es un tono normal,

sin levantar la voz en ningún momento. Lo mismo ocurre con el tono de voz de la

entonces Soldado, que no muestra signos de alteración alguna.

En los últimos segundos de la grabación se escucha lo voz de la Soldado

Estévez, al salir del despacho del acusado, tatareando tranquila y

despreocupadamente lo que parece una canción, sin signo alguno de haberse

sentido afectada por las palabras del Capitán.

CUARTO.- Aprovechando el acusado idéntica ocasión a la anterior, la

revisión médica que debía efectuar la Soldado Estévez, dispuso que en la mañana

del día 16 de octubre de 2012 se presentara nuevamente ante él, manteniendo en

tal data otro diálogo con la misma, en presencia igualmente del Teniente Marraco

Muñiz.

La entonces Soldado Estévez volvió a grabar la conversación con su

Capitán sin avisar de esta circunstancia ni pedir permiso para ello. El contenido de

la conversación con el acusado fue el siguiente:

“SOLDADO ESTÉVEZ: A la orden mi Capitán, da usted su permiso.

CAPITÁN BLANCO: ¿Qué sigues de baja?

SOLDADO ESTÉVEZ: Sí, mi Capitán.

CAPITÁN BLANCO: ¡Eh! yo te lo voy, te voy informando. ¡Eh! te voy comunicando.

¡Eh! seguramente te pida el cese de la Unidad. Porque tú no te vas a incorporar

aquí, ¿verdad?, no te vas a incorporar aquí, ¿verdad?

SOLDADO ESTÉVEZ: Estoy embarazada ahora mismo también. Así que…

CAPITÁN BLANCO: De todas maneras felicidades, pero vamos que, que no sé yo

en tu estado cómo vendrá eso enferma como estás, estás con depresiones. Te van

a pedir, seguramente te vayan a pedir la baja de la Unidad.

CAPITÁN BLANCO: ¡Eh! yo lo veo una cosa muy mal, lo de la baja de la Unidad,

primero porque te van a dar una baja en la Unidad quedarás disponible en tu casa o

te quedarás como sea y te mandarán a donde sea, al trabajo o donde sea.

CAPITÁN BLANCO: ¡Eh!, yo lo veo muy mal, porque al final (…) no eres digna de

estar en el Ejército español. Lo sabes ¿no? Lo sabes.

CAPITÁN BLANCO. Porque tú todos los meses cobras ¿verdad? No eres digna de

estar en el Ejército español. No eres digna de estar aquí. No eres digna de poder

entrar en esta Compañía. Yo entiendo que en esta Compañía, eh la gente, entras y

te odian. Es que es lógico, es que es lógico, es que no estás funcionando. Es que

no vienes a trabajar. Eh, yo, para mi, sólo merecéis eh todo, todo mi desprecio. Tú

como muchísimos que hay en la mili y el Ejército porque nos estáis robando.

Porque al final yo y el Teniente, y toda la gente nos tenemos que retirar a los 67

años, porque hay una panda de vagos y tal.

CAPITÁN BLANCO: De todas maneras una cosa: en ningún trabajo te van a tratar

como en el Ejército, en ningún trabajo. El trabajo lo bueno que tiene en el Ejército

es que para mal o para bien, pues bueno todo el mundo tiene sus derechos. En una

empresa privada te vas a la puta calle. En una empresa privada te vas a la puta

calle.

CAPITÁN BLANCO: Lo que pasa es que no, no está en mi mano, porque yo soy

jefe de Compañía, pero mando una puta mierda. No está en mi mano mandarte

“pa” la puta calle, pero si estuviera ya estarías en la calle, ya, ¿me explico?

CAPITÁN BLANCO: Así que nada, mucha felicidad por tu embarazo y cuida mucho

de tu niño. Pero que sepas mi punto de vista, macho, no, no tienes nada y estás

haciendo un flaco favor a tu Compañía y a España en general, ¿vale?

SOLDADO ESTÉVEZ: Vale ¿ordena otra cosa?

CAPITÁN BLANCO: Nada.

SOLDADO ESTÉVEZ: Con su permiso. A la orden”

El tono de la voz del Capitán en esta segunda conversación denota algún

signo de enfado, sin que llegue a ser un tono elevado de voz. Al igual que la vez

anterior, el tono de voz de la entonces Soldado Estévez es completamente normal,

sin muestras de alteración alguna.

En los últimos segundos de la grabación se vuelve a escuchar la voz de la

entonces Soldado Estévez, al salir del despacho del acusado, tatareando de nuevo

de una forma tranquila y despreocupada lo que parece una canción, sin signo

alguno de haberse visto afectada por las palabras del Capitán.

El motivo por el que el Capitán Blanco llamó a la entonces Soldado Estévez

para hablar con ella en las dos ocasiones referidas era interesarse por su situación

de baja médica, siendo su preocupación “tener el menor personal posible de baja

en su Compañía”.

Condena a Nokia a pagar el canon de las tarjetas de memoria

Jorge Muñoz | 30 de marzo de 2015 a las 17:59

nokia

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena a la multinacional Nokia a abonar con 556.424 euros a la Asociaciación de gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y SGAE, como canon correspondiente a las tarjetas de memoria comercializados en el segundo semestre de 2008.
La Sala de lo Civil ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la pretensión de las mencionadas asociaciones a que se les reconociera el derecho de compensación equitativa por copia privada correspondiente a las ventas durante el segundo semestre de 2008 de teléfonos móviles con reproductor mp3 y tarjetas de memoria.
Solicitaban como compensación 5.132.237 euros. En una sentencia ahora avalada por el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial distinguía entre los teléfonos móviles con mp3 y las tarjetas de memoria. En relación con los primeros, la sentencia excluía la compensación equitativa al valorar que el perjuicio causado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual fue mínimo. Sin embargo, respecto a las tarjetas de memoria el tribunal consideró que el perjuicio no era irrelevante, en la medida en que estas tarjetas tienen mayor capacidad de almacenamiento (una media de 600 archivos sonoros) y son empleadas para complementar la exigua memoria del teléfono móvil.

El Supremo analiza la legislación vigente en el momento y explica en su sentencia que la nulidad de la Orden Ministerial PRE/1743/1008 no priva el derecho a las entidades de gestión para reclamar la compensación por copia privada, mediante la aplicación de un canon a los dispositivos idóneos para realizar copias privadas de archivos sonoros protegidos por derechos de propiedad intelectual , con las limitaciones de la Ley de Propiedad Intelectual ( art 25.6 y 31.2). En aplicación de estos artículos la sentencia considera acreditado que los teléfonos móviles con reproductor de mp3 incorporado vendidos en los trimestres tercero y cuarto de 2008 no causaban un perjuicio que mereciera la consideración de “mínimo” por el que procediera la compensación equitativa, “El 96% de los teléfonos vendidos ese semestre eran de gama media y baja, con una escasa capacidad de almacenamiento (una media de 7 u 8 fonogramas) y que de las 7 u 8 canciones que corresponderían a la capacidad técnica del 96% de los terminales sobre los que se presentó la reclamación del canon, sólo 3 o 4 canciones podrían ser tomadas en consideración a la hora de valorar el perjuicio real, respecto del derecho de compensación por copia privada”.

La sentencia concluye que el empleo de aquellos teléfonos móviles para realizar copias privadas es tan escaso, “tanto en términos absolutos como si se compara con un dispositivo ordinario de mp3, que es razonable que sea considerado “mínimo”.

En el caso de las tarjetas de memoria la Sala ha considerado que no se contradice la regla “de minimis” entender que por su capacidad mayor, que actúan como complemento del teléfono móvil pueden ser empleados por los particulares en su condición de usuarios privados, para hacer copias privadas, “siendo éstas relevantes, a los efectos del perjuicio derivado para los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados, en atención a la capacidad de almacenamiento”.