Archivos para el tag ‘Tribunal Supremo’

Triple ERE tras el 22-M

Jorge Muñoz | 15 de marzo de 2015 a las 7:00

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera, citado ante el Supremo.

El ex consejero Antonio Ávila comparecerá ante el TSJA.

Es la tormenta judicial perfecta sobre una misma causa. La regla judicial no escrita de no interferir en las campañas electorales –algo que no todos los jueces respetan– ha provocado un hecho insólito en torno a una investigación judicial en la que están involucrados tres jurisdicciones. A la macrocausa de los ERE fraudulentos, con sus 264 imputados y sus más de 140.000 tomos, sólo le faltaba esta triple coincidencia que tendrá lugar el próximo 7 de abril, primer martes tras la Semana Santa. Ese día tres jurisdicciones distintas –el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS)–, han citado a declarar a imputados de alto nivel en relación con el escándalo de los ERE.
Este hito judicial se iniciará con la comparecencia ante el Supremo del ex consejero de Empleo de la Junta y todavía diputado del PSOE José AntonioViera, que deberá explicar al instructor de la causa contra los aforados, entre otras cuestiones, la extraordinaria y excesiva concentración de ayudas en las empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, con la que mantiene fuertes vínculos. En uno de los últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó a Viera una “participación esencial” en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, dentro de un “marco de corrupción” en el que el consejero pudo favorecer “de manera desmesurada” a personas de su entorno, en cooperación con el resto de miembros del consejo rector del IFA, según precisaron los investigadores en ese informe.
Viera será el primero de los cinco aforados cuya investigación ha asumido el Supremo en declarar. Tras él lo harán, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, citado el 9 de abril; Manuel Chaves, que comparecerá el día 14; mientras que los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno cerrarán las declaraciones en el Alto Tribunal los días 16 y 21 de abril, respectivamente.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El 7 de abril también ha sido la fecha elegida por el magistrado del TSJA Miguel Pasquau para citar a declarar al ex consejero de Economía Antonio Ávila, quien al igual que la ex consejera Carmen Martínez Aguayo –que comparece al día siguiente, el 8 de abril– solicitaron declarar de forma voluntaria. En una providencia, el instructor advirtió de que esta declaración se producirá “sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente”, en clara alusión a la juez Alaya, puesto que los cuatro aforados ante el TSJA perderán esta condición cuando pasen las elecciones autonómicas, con lo que su investigación volverá a Alaya.

Por último, la instructora también tomará declaración el 7 de abril a siete imputados, a los que ha ampliado la imputación y entre los que se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
Un triplete de declaraciones en tres instancias judiciales que investigan, a distinto nivel, un mismo fraude. ¿Se puede pedir más?

Ojo clínico en Tomares…

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2015 a las 8:00

Se tiene o no se tiene. El ojo clínico, entendido como una facultad para captar una circunstancia o preverla, es algo que parece que no se prodiga mucho por Tomares, la localidad sevillana donde gobierna el senador popular José Luis Sanz. Me explico. Hace unos días, en concreto el pasado 22 de enero, la Audiencia de Sevilla dictó un auto en el que, resolviendo unos recursos, ordenaba a una juez de Instrucción a que elaborara una “exposición razonada” -esa figura que Alaya ha popularizado tanto con los ERE- contra el regidor tomareño para que el Supremo investigue los indicios contra él en relación con unos pagos por unos informes “de una frase”.

Ante esta información, 

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.31.48

 

el Ayuntamiento de Tomares reaccionó negando la mayor, y emitiendo un comunicado de prensa en el que, para sorpresa de muchos, aseguraba lo siguiente:

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.23.13

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más sorprendente y, de ahí lo del ojo clínico, es que el Ayuntamiento interpretara que el auto de la Audiencia dejaba al alcalde “fuera del caso”. Esa interpretación se vería comprometida tan sólo seis días después, cuando la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, siguiendo el requerimiento de la Audiencia, decidía elevar la exposición razonada sobre José Luis Sanz al Tribunal Supremo.

 

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.42.28

 

Ante este nuevo contratiempo judicial, el Ayuntamiento volvió a emitir, el mismo día, una nota de prensa en la que decía lo siguiente:

Captura de pantalla 2015-01-29 a las 23.45.31

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista muy técnico, los servicios de prensa podrían tener una mínima parte de razón, porque el alcalde aún no está formalmente imputado, pero hombre de ahí a decir que “no existe pronunciamiento alguno” sobre la existencia de indicios hay una tremenda distancia. Enorme. Porque la magistrada ha decidido elevar precisamente la exposición razonada porque entiende que existen esos indicios y, al tener la condición de aforado el alcalde por ser aforado, no puede imputarle, dado que esa actuación corresponde en su caso al Tribunal Supremo.

Menudo ojo. Y lo peor es que todavía quedan distintos avatares procesales en el camino que lleva a la Sala de lo Penal del Supremo. Lo próximo será, tal vez, negar que el alcalde pueda ser llamado a declarar como imputado. Y si no que se lo pregunten a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se encuentran en igual trance por el escándalo de los ERE fraudulentos y que a día de hoy siguen negando hasta lo que el Supremo da por sentado en sus autos: su imputación.

José Luis Sanz, que de no haberse visto implicado en este escándalo estaba llamado a liderar el PP andaluz, tiene por delante unos meses complicados, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. De momento, el partido sigue mostrándole, en público, su apoyo como candidato para revalidar la Alcaldía…

 

 

‘ERRE que ERRE’ con los ERE

Jorge Muñoz | 27 de enero de 2015 a las 6:00

Alaya no da su brazo a torcer, ni aunque lo diga el Supremo. La magistrada acaba de remitir una nueva “exposición razonada” al TSJA con los indicios contra los cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila-, en la que, desoyendo al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, ha reiterado su criterio de no dividir el voluminoso sumario en piezas separadas para agilizar su instrucción.

Además, la juez ha enviado al Tribunal andaluz no sólo la parte que afecta a estos cuatro ex consejeros -ahora blindados hasta que pasen las elecciones andaluzas- sino la totalidad del sumario, incluidos los 229 imputados en este proceso que comenzó a investigarse hace cuatro años.

La insistencia de la magistrada en negarse a dividir el sumario no es nueva. Alaya ha rechazado en otras ocasiones anteriores la petición que en este sentido le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

El propio Tribunal Supremo advirtió cuando abrió la causa contra Chaves y Griñán y otros tres aforados, en noviembre pasado, de la necesidad de dividir la causa, mostrándose a favor de la propuesta del fiscal de investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha: la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las  las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron el mantenimiento del sistema durante 12 años.

El Supremo citaba una sentencia de la propia Sala de lo Penal de diciembre de 2013 sobre la complejidad de los macroprocesos, lo que redunda en las dilaciones en la tramitación, algo que no se produciría en el caso de que hubiera más procedimientos, y advertía expresamente de la “disparatada prolongación” de las sesiones del juicio oral.

La Fiscalía reiteró en su informe la “conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separadas”. Entendía el Ministerio Público que la causa de los ERE es “ciertamente escindible” del resto de la instrucción y nada impedía que el TSJA también asumiera la investigación en lo referente a los aforados autonómicos.

Tras el auto del Supremo que abrió la causa contra Chaves y Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Alaya que elevara al TSJA otra exposición razonada, en un escrito en el que recordaba a la juez que según el Supremo la causa debe dividirse en distintas piezas separadas. Anticorrupción llegaba a apuntar asimismo que, ante la carga de trabajo del juzgado y “la ingente” tarea resultaba necesario que se nombraran jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales para poder “avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen”.

La Fiscalía llegaba a apuntar que hay al menos nueve ayudas -Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes y Mercasevilla- que se encuentran en un estado tan avanzado de investigación que incluso podrían ir a juicio a lo largo de este 2015.

Per0 Alaya ha demostrado, por activa y por pasiva, que no apuesta por la división del sumario, un criterio que ha impuesto incluso sobre las órdenes del Tribunal Supremo. Alaya sigue “erre que erre” con su planteamiento, por lo que mucho me temo que la idea de la Fiscalía de juzgar esas nueve ayudas este año quedará en saco roto. Y luego algunos se echarán las manos a la cabeza cuando los acusados se beneficien del retraso de la Justicia….

El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.

Los ERE en el Supremo, ¿y ahora qué?

Jorge Muñoz | 13 de agosto de 2014 a las 10:10

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

La juez Alaya, en los juzgados de Sevilla

Alaya dejó lista su exposición razonada para el Tribunal Supremo la tarde-noche del 31 de julio, justo antes de marcharse de vacaciones, pero el Alto Tribunal no ha recibido el informe sobre los aforados hasta 12 días después, tiempo que se ha tardado en recopilar la abundante documentación que la instructora ha adjuntado a su dictamen. ¿Y ahora qué pasará con la macrocausa?

Pues para empezar, el Alto Tribunal, que ha recibido el informe en pleno agosto -mes inhábil para la Justicia salvo para las actuaciones urgentes o las causas con preso- debe ahora examinar la información remitida por Alaya y probablemente dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que se pronuncie sobre qué hay que hacer.

Lo lógico, aunque no siempre es así, es que la Fiscalía del Supremo avale la postura que hasta ahora ha venido manteniendo la Fiscalía Anticorrupción en el macroproceso. Es más se supone que la Fiscalía ya tendrá decidida esta postura porque se habrá analizado con anterioridad al planteamiento realizado por Anticorrupción. De ahí se desprende que la Fiscalía del Supremo pedirá la división en piezas separadas de la causa, de forma que la que afecta directamente al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y que afecta directamente a los aforados -los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco ex consejeros- permanezca para su investigación en el Alto Tribunal y el resto de la causa sea devuelto al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la continuación de la instrucción.

De hecho, Alaya ha enviado al Supremo, según estiman fuentes del caso, únicamente un 30% de la causa instruida, ya que hay que investigar 401 empresas de las cuales sólo consta el correspondiente atestado de la Guardia Civil en menos de treinta empresas.

Mientras el instructor del Supremo estudia el caso, espera la respuesta de la Fiscalía y adopta una decisión al respecto sobre la escindibilidad o no de la causa pueden transcurrir varios meses. ¿Alaya aparcará la instrucción durante ese tiempo? Por supuesto que no. La magistrada ya ha dado muestras de que, mientras no reciba una respuesta concreta del Supremo, seguirá instruyendo el proceso, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya le advirtió de que si enviaba la causa completa tendría que abstenerse de seguir instruyendo el caso de los ERE fraudulentos.

¿Qué panorama encontraremos a la vuelta de las vacaciones? En septiembre Alaya volverá a su juzgado -en realidad llega unos días antes- y seguirá investigando el caso de los ERE, si el Supremo se lo permite. En cualquier caso, la juez no tiene tiempo de aburrirse. El caso de los cursos de formación calentará, sin duda, el otoño judicial de Sevilla. El caso de los ERE parece que se quedará en una minucia cuando empiece a investigarse el destino de millones de euros -Alaya ya ha apuntado una cifra: 950 millones en cuatro años-. Al tiempo…

Alaya no soltará aún las riendas de los ERE

Jorge Muñoz | 3 de agosto de 2014 a las 9:13

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de SevillaLa juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, enviará de forma inminente el caso al Tribunal Supremo pero no soltará aún las riendas de la investigación. Según han confirmado fuentes del caso, la magistrada, que ya se encuentra de vacaciones desde este fin de semana, tiene previsto continuar instruyendo la causa, practicando diligencias y resolviendo recursos, hasta que haya una respuesta expresa del Alto Tribunal sobre los aforados y sobre el devenir de la instrucción.

Esa respuesta del Supremo puede tardar aún unos meses, tiempo que la magistrada pretende emplear en seguir avanzando una investigación que, según otras fuentes, sólo está instruida en un 30% del total, aunque la parte más importante y profunda, la que afecta al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas -el núcleo del supuesto fraude-, ya está finalizada, lo que hace que la parte que queda por investigar puede desarrollarse con mayor celeridad.

La Fiscalía Anticorrupción advirtió recientemente a la juez de que si no dividía la causa en piezas separadas y remitía todo el sumario al Alto Tribunal tendría que abstenerse desde ese mismo momento de continuar la instrucción, un planteamiento con el que la instructora no parece estar de acuerdo. “Si la magistrada considera procedente elevar la causa en su totalidad por pérdida de la competencia a favor del órgano superior, una vez remitida a éste la exposición razonada, al entender la magistrada agotada la instrucción en todo cuanto es posible sin dirigir el procedimiento directamente contra las personas que gozan de fuero y defender la inescindibilidad de las actuaciones, deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta”, apuntó entonces la Fiscalía.

El envío de la causa al Supremo es inminente, tanto que si la magistrada está ya de vacaciones, ha tenido que dejar ya firmada la exposición razonada para su remisión al Alto Tribunal. En ese informe, que tiene varios centenares de folios, Alaya aporta los indicios que, a su juicio, ha encontrado en la investigación contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros cinco ex consejeros autonómicos que tienen la condición de aforados.

El informe al Supremo irá acompañado de varios anexos con abundante documentación, por lo que los magistrados del Alto Tribunal tardarán unos meses en analizar el sumario y adoptar una decisión, además de que tendrán que dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que exprese su opinión. Será un punto y seguido en la instrucción de los ERE.

Alaya imparable

Jorge Muñoz | 17 de junio de 2014 a las 9:45

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de SevillaComo aquella campaña publicitaria de la Junta. Así es, Alaya la incansable está imparable. En menos de una semana ha recibido el respaldo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que archivó una queja de la asociación de la Prensa de Sevilla por haber requisado un teléfono móvil a un periodista sin mediar resolución judicial alguna, y ahora también ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha dado carpetazo igualmente a la queja que presentó el presidente del Parlamento de Andalucía por los autos en los que anunciaba que investigaría la actuación de la Cámara en el fraude de los ERE y de la Comisión de Economía y Hacienda.

Nadie puede con Alaya. Ni los periodistas ni los políticos. Alaya sigue su camino imparable que le debe conducir a elevar, más pronto que tarde, la macrocausa de los ERE al Tribunal Supremo. Dicen que en las últimas semanas la juez ya está perfilando ese voluminoso auto de inhibición, que podría ver la luz en las próximas semanas, previsiblemente a principios de julio.

La juez tendría antes que rematar el calendario de declaraciones de imputados y, tal vez tenga tiempo, o no, para tomarle declaración a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que deben ratificar el informe pericial sobre el procedimiento mediante el cual se concedían las ayudas bajo sospecha. Ese informe en el que los peritos reprochaban al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán que no actuara ante el fraude de los ERE y que avalaba, punto por punto, todos los argumentos de la instructora, comenzando por el uso inadecuado e improcedente de la transferencias de financiación.

Después de hacer caso omiso a la reiterada e insistente petición de la Fiscalía Anticorrupción para que divida la causa en piezas -por cada uno de los expedientes de ayudas- y la eleve al Tribunal Supremo, todo parece indicar que en julio podría llegar el momento de la inhibición. Aunque suelte el caso, no tendrá tiempo para aburrirse ya que tiene entre manos otras investigaciones, como la relacionada con los cursos de formación de la Faffe.

Un libro recopila los procesos célebres seguidos en el Tribunal Supremo

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2014 a las 12:13

Portada del libro

Portada del libro

Este jueves fue presentado el libro “Los procesos célebres seguidos en el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia”, que repasa 39 casos que causaron impacto en la opinión pública y en los que, en su vertiente judicial, intervino el alto tribunal. La obra, coordinada por el magistrado Jacobo López Barja de Quiroga y editada por el BOE, fue presentada en el salón de actos del tribunal por su vicepresidente, Angel Juanes; el director del Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero; y Jacobo López Barja de Quiroga.

Se trata de una obra colectiva, resultado de la integración de los trabajos de magistrados y letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, fruto de un minucioso proceso de selección, estudio y análisis de diversos procedimientos tramitados a lo largo de la historia de nuestro país, en los que tuvo intervención este Alto Tribunal. También ha colaborado el Servicio de Documentación y Biblioteca de la institución.

Todos los procesos recogidos generaron en la historia social de España una evidente repercusión mediática. El lector podrá echar en falta algunos de innegable impacto en su época, pero ha de tenerse en cuenta el método de trabajo seguido: la selección de los procesos se ha realizado según el grado de relevancia social y periodística, pero teniendo en cuenta la existencia de un fallo del Tribunal Supremo, que dio respuesta, en la mayoría de los casos, a un recurso de casación planteado ante él.

En los dos tomos que integran esta obra, para los siglos XIX y XX, y en cada uno de los treinta y nueve capítulos, el esquema es similar. Se inicia con una somera explicación del motivo o razón por la que se aborda el suceso. A continuación se reflejan, en síntesis, los hechos ocurridos, así como el devenir del procedimiento en las instancias previas al Tribunal Supremo. En tercer lugar, se centra la atención en la intervención en cada uno de ellos del Tribunal Supremo y se añade, transcrita literalmente, la resolución dictada por este órgano. A ello se adicionan continuas referencias a la prensa de la época, y se enriquecen los capítulos con material gráfico proveniente de ella en la mayoría de los casos. Por tanto, el lector tiene en sus manos algo más que una “crónica negra”: se trata de una obra de estudio y análisis llevada a efecto por personas altamente cualificadas desde el punto de vista técnico, que incorpora como un valor añadido la recopilación de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, tal y como fueron dictadas, lo que permitirá el disfrute tanto de los juristas, como de los aficionados a la historia de España, en su modalidad de reflejo de los valores morales, creencias y miedos de sus diferentes épocas.

La obra, que ha sido editada por el Boletín Oficial del Estado, arranca con el caso de Miguel de Lardizábal, consejero de Estado juzgado por sedición a raíz de publicar un manifiesto en 1811 en el que defendía que la soberanía no residía en las Cortes sino en el Rey. El Supremo –creado en la Constitución de Cádiz en junio de 1812—anuló ese mismo año la condena de destierro que un tribunal especial designado por las propias Cortes había impuesto a Lardizábal.

El libro repasa otros 38 asuntos, desde los atentados frustrados a los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, magnicidios como el asesinato de Eduardo Dato, las causas abiertas al fundador del PSOE Pablo Iglesias, a Indalecio Prieto o a Miguel de Unamuno, una demanda civil presentada para el reconocimiento como hijo natural del rey Alfonso XII, y sucesos que conmovieron al país como los acaecidos en Casas Viejas, el crimen de Cuenca, el caso de Jarabo, el crimen de la calle Fuencarral, o la sublevación de Sanjurjo. La obra se cierra con la causa contra Eleuterio Sánchez, “El Lute”.

Los otros casos que refiere la obra son, del siglo XIX, “Las causas contra los obispos de Palencia, León y Canarias”, “El proceso contra Baldomera Larra Wetoret”, “El crimen de la Quinta de Santa Florentina”, “El crimen de Santa María de las Hoyas”, “Los procesos de «La Mano Negra»”, “El crimen del Salar”, “El proceso Casalta”, “El crimen de la calle Zurita (el «caso Menchén»)”, “El crimen de la calle Latoneros”, “La catástrofe del puente de Alcudia”, “El crimen de Archidona”, “El crimen de La Guindalera”, “El asesinato del Obispo de Madrid-Alcalá”, “El proceso contra el Gobernador eclesiástico de La Habana”, “La cuestión Bosch-Cabriñana”, y “Sacamantecas y vampiros.

Y del siglo XX: “Los sucesos de Jaca y la causa contra los generales Berenguer y Fernández de Heredia”, “La revolución de octubre de 1934″, El atentado contra Jiménez de Asúa”, “El Cuartel de la Montaña”, “La Guerra Civil y la posguerra”, ” El crimen de Tardáguila”, “El crimen de la mano cortada”, “El crimen de las quinielas”, y “La intervención del Tribunal Supremo en la legalización del Partido Comunista de España”.

Dos cabalgan juntos

Jorge Muñoz | 11 de junio de 2014 a las 9:24

Eloy CarmonaDicen que el papel lo aguanta todo, o casi todo. El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) y número 2 del PP en la provincia, Eloy Carmona, acaba de presentar un recurso contra la decisión de la juez de enviar al Tribunal Supremo la causa en la que se investigan los pagos de 2.000 euros al mes al actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, por hacer informes de una frase en la anterior legislatura, en la que no salió elegido.José Luis Sanz

La instructora decidió elevar la causa al Alto Tribunal al entender que había indicios que apuntaban al alcalde de la localidad, José Luis Sanz, el que en su día estuvo llamado a ocupar el puesto que hoy ostenta el malagueño Juan Manuel Moreno Bonilla al frente del PP andaluz pero que cayó en desgracia política, dicen, por esta posible imputación.

Lo curioso del recurso presentado por la defensa de Eloy Carmona es que parece que se trata de una defensa doble. No sólo se defiende a Eloy Carmona, sino que buena parte del escrito se dedica a exculpar al regidor de cualquier responsabilidad en los contratos bajo sospecha. El abogado de Carmona, Alfonso Martínez Escribano, sostiene que la intervención de José Luis Sanz en este asunto se limita a la “firma formal” de los contratos como alcalde, un dato que, según recuerda, “se conocía ya al comienzo del procedimiento, con la interposición de la denuncia en la Fiscalía sin que en dicho momento se estimara que ello fuera indicio de su implicación en delito alguno, puesto que, de haberse estimado así, no se habría continuado con las diligencias de investigación en Fiscalía ni con la posterior instrucción, habiéndose remitido entonces al Tribunal Supremo”.

El letrado insiste en que, “no habiéndose puesto de manifiesto durante toda la instrucción que Sanz tuviera en las contrataciones referidas una intervención mayor a la mencionada, incurre en las censuras fácticas y jurídicas mencionadas el auto, sin que se ofrezca explicación o motivación de ningún tipo al respecto”.

El escrito de Carmona supone un aval de lealtad a su alcalde y líder del partido en la localidad. Será que en la política, como en el clásico western de John Ford (Two rode together, 1961), también Dos cabalgan juntos Queda por saber qué hará en su momento el Tribunal Supremo en el caso de que no prospere el recurso y tenga que pronunciarse sobre si el alcalde tiene alguna responsabilidad en los hechos que se investigan.

El fifty-fifty de Alaya en su primera macrocausa…

Jorge Muñoz | 4 de junio de 2014 a las 5:00

antonio rivas

Alaya procesó a cuatro personas por la mordida de Mercasevilla, pero la Justicia sólo ha condenado finalmente por la exigencia de una comisión de 450.000 euros a los ex directivos del Mercado Mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce. El Tribunal Supremo absolvió ayer al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que había sido condenado inicialmente junto a los ex responsables de la lonja a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación.

La absolución de Rivas se sumaba a la que en su día decretó el jurado popular que enjuició el caso respecto a Regla Pereira, la ex directora de Proyectos de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla. De los cuatro procesados contra los que dirigió Alaya el procedimiento, sólo han sido condenados finalmente dos de los imputados. El 50%. Una macrocausa de Alaya, la primera que llega a juicio, que acaba en fifty-fifty.

Evidentemente -y para algunos imputados afortunadamente-, la labor del juez instructor se limita a investigar los hechos, recopilar los indicios y pruebas, e incorporarlos a la causa de la mejor forma posible para el momento en que el caso sea enjuiciado por otro juez o tribunal. Alaya no es, por tanto, responsable del resultado final de la sentencia porque, entre otras cosas, la propia Fiscalía de Sevilla ha mantenido desde el principio la implicación de Rivas en la causa y ha mantenido los cargos a lo largo de todo el procedimiento.

La cuestión que se plantea es cómo ha tenido que ser al final la última instancia, el Tribunal Supremo, el que haya señalado la “ostensible endeblez” de indicios contra Rivas, en un procedimiento que ha mantenido en vilo a una persona durante tantos años -la causa fue la primera que instruyó Alaya, en 2009, y de la que derivó el escándalo de los ERE fraudulentos- y en el que ahora se ha proclamado la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del ex delegado de Empleo.

Desde el principio de la investigación, el abogado de Rivas -primero Francisco Baena Bocanegra y posteriormente Jon Ander Sánchez- se afanó en tratar de hacer valer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que determina que la sola declaración de un coimputado -en este caso el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial no puede servir para enervar el principio de presunción de inocencia. Y es que el único indicio de que Rivas pudiera ser el ideólogo del cohecho estaba en la declaración de Mellet prestada ante la Policía Nacional y la fiscal jefe de Sevilla, pero que Mellet no ratificó ni ante la juez Alaya ni luego en la vista oral, donde se acogió a su derecho a no declarar.

La propia juez Alaya consideró en varias de sus resoluciones que había “indicios sólidos” contra los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce respecto al intento de cobro de una comisión, pero admitió que las pruebas son “más débiles” en el caso del delegado de Empleo y de la directora de Proyectos de Mercasevilla, los dos que finalmente fueron absueltos.

Si después de tantos años de instrucción, tenemos una sentencia que condena a la mitad de las personas investigadas, habría que plantearse qué puede ocurrir finalmente con los procesos que Alaya aún tiene abiertos, como el delito societario en el que se investiga al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera o la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla -en la que ay imputadas 16 personas, entre ellas varios ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla-; pero sobre todo está la causa del escándalo de los ERE fraudulentos, donde hay 185 imputados.

Hay muchos abogados que piensan que, como suele ocurrir históricamente con los grandes procesos judiciales, al final el procedimiento de los ERE, bien por el tiempo transcurrido o porque al final las pruebas que se suponían contundentes no lo eran tanto, o por la prescripción de los delitos o incluso la muerte de algunos de los imputados ante las dilaciones del mismo, acabará con una condena mínima -de los imputados contra los que hay mayores pruebas de cargo- y habrá muchas absoluciones. El problema será, como siempre, la imagen de impunidad que se trasladará a la opinión pública, ante la expectativa generada por una macrocausa tan mediática como la de los ERE.