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Los ERE en el Supremo, ¿y ahora qué?

Jorge Muñoz | 13 de agosto de 2014 a las 10:10

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

La juez Alaya, en los juzgados de Sevilla

Alaya dejó lista su exposición razonada para el Tribunal Supremo la tarde-noche del 31 de julio, justo antes de marcharse de vacaciones, pero el Alto Tribunal no ha recibido el informe sobre los aforados hasta 12 días después, tiempo que se ha tardado en recopilar la abundante documentación que la instructora ha adjuntado a su dictamen. ¿Y ahora qué pasará con la macrocausa?

Pues para empezar, el Alto Tribunal, que ha recibido el informe en pleno agosto -mes inhábil para la Justicia salvo para las actuaciones urgentes o las causas con preso- debe ahora examinar la información remitida por Alaya y probablemente dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que se pronuncie sobre qué hay que hacer.

Lo lógico, aunque no siempre es así, es que la Fiscalía del Supremo avale la postura que hasta ahora ha venido manteniendo la Fiscalía Anticorrupción en el macroproceso. Es más se supone que la Fiscalía ya tendrá decidida esta postura porque se habrá analizado con anterioridad al planteamiento realizado por Anticorrupción. De ahí se desprende que la Fiscalía del Supremo pedirá la división en piezas separadas de la causa, de forma que la que afecta directamente al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y que afecta directamente a los aforados -los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco ex consejeros- permanezca para su investigación en el Alto Tribunal y el resto de la causa sea devuelto al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la continuación de la instrucción.

De hecho, Alaya ha enviado al Supremo, según estiman fuentes del caso, únicamente un 30% de la causa instruida, ya que hay que investigar 401 empresas de las cuales sólo consta el correspondiente atestado de la Guardia Civil en menos de treinta empresas.

Mientras el instructor del Supremo estudia el caso, espera la respuesta de la Fiscalía y adopta una decisión al respecto sobre la escindibilidad o no de la causa pueden transcurrir varios meses. ¿Alaya aparcará la instrucción durante ese tiempo? Por supuesto que no. La magistrada ya ha dado muestras de que, mientras no reciba una respuesta concreta del Supremo, seguirá instruyendo el proceso, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya le advirtió de que si enviaba la causa completa tendría que abstenerse de seguir instruyendo el caso de los ERE fraudulentos.

¿Qué panorama encontraremos a la vuelta de las vacaciones? En septiembre Alaya volverá a su juzgado -en realidad llega unos días antes- y seguirá investigando el caso de los ERE, si el Supremo se lo permite. En cualquier caso, la juez no tiene tiempo de aburrirse. El caso de los cursos de formación calentará, sin duda, el otoño judicial de Sevilla. El caso de los ERE parece que se quedará en una minucia cuando empiece a investigarse el destino de millones de euros -Alaya ya ha apuntado una cifra: 950 millones en cuatro años-. Al tiempo…

Alaya no soltará aún las riendas de los ERE

Jorge Muñoz | 3 de agosto de 2014 a las 9:13

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de SevillaLa juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, enviará de forma inminente el caso al Tribunal Supremo pero no soltará aún las riendas de la investigación. Según han confirmado fuentes del caso, la magistrada, que ya se encuentra de vacaciones desde este fin de semana, tiene previsto continuar instruyendo la causa, practicando diligencias y resolviendo recursos, hasta que haya una respuesta expresa del Alto Tribunal sobre los aforados y sobre el devenir de la instrucción.

Esa respuesta del Supremo puede tardar aún unos meses, tiempo que la magistrada pretende emplear en seguir avanzando una investigación que, según otras fuentes, sólo está instruida en un 30% del total, aunque la parte más importante y profunda, la que afecta al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas -el núcleo del supuesto fraude-, ya está finalizada, lo que hace que la parte que queda por investigar puede desarrollarse con mayor celeridad.

La Fiscalía Anticorrupción advirtió recientemente a la juez de que si no dividía la causa en piezas separadas y remitía todo el sumario al Alto Tribunal tendría que abstenerse desde ese mismo momento de continuar la instrucción, un planteamiento con el que la instructora no parece estar de acuerdo. “Si la magistrada considera procedente elevar la causa en su totalidad por pérdida de la competencia a favor del órgano superior, una vez remitida a éste la exposición razonada, al entender la magistrada agotada la instrucción en todo cuanto es posible sin dirigir el procedimiento directamente contra las personas que gozan de fuero y defender la inescindibilidad de las actuaciones, deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta”, apuntó entonces la Fiscalía.

El envío de la causa al Supremo es inminente, tanto que si la magistrada está ya de vacaciones, ha tenido que dejar ya firmada la exposición razonada para su remisión al Alto Tribunal. En ese informe, que tiene varios centenares de folios, Alaya aporta los indicios que, a su juicio, ha encontrado en la investigación contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros cinco ex consejeros autonómicos que tienen la condición de aforados.

El informe al Supremo irá acompañado de varios anexos con abundante documentación, por lo que los magistrados del Alto Tribunal tardarán unos meses en analizar el sumario y adoptar una decisión, además de que tendrán que dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que exprese su opinión. Será un punto y seguido en la instrucción de los ERE.

Alaya imparable

Jorge Muñoz | 17 de junio de 2014 a las 9:45

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de SevillaComo aquella campaña publicitaria de la Junta. Así es, Alaya la incansable está imparable. En menos de una semana ha recibido el respaldo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que archivó una queja de la asociación de la Prensa de Sevilla por haber requisado un teléfono móvil a un periodista sin mediar resolución judicial alguna, y ahora también ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha dado carpetazo igualmente a la queja que presentó el presidente del Parlamento de Andalucía por los autos en los que anunciaba que investigaría la actuación de la Cámara en el fraude de los ERE y de la Comisión de Economía y Hacienda.

Nadie puede con Alaya. Ni los periodistas ni los políticos. Alaya sigue su camino imparable que le debe conducir a elevar, más pronto que tarde, la macrocausa de los ERE al Tribunal Supremo. Dicen que en las últimas semanas la juez ya está perfilando ese voluminoso auto de inhibición, que podría ver la luz en las próximas semanas, previsiblemente a principios de julio.

La juez tendría antes que rematar el calendario de declaraciones de imputados y, tal vez tenga tiempo, o no, para tomarle declaración a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que deben ratificar el informe pericial sobre el procedimiento mediante el cual se concedían las ayudas bajo sospecha. Ese informe en el que los peritos reprochaban al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán que no actuara ante el fraude de los ERE y que avalaba, punto por punto, todos los argumentos de la instructora, comenzando por el uso inadecuado e improcedente de la transferencias de financiación.

Después de hacer caso omiso a la reiterada e insistente petición de la Fiscalía Anticorrupción para que divida la causa en piezas -por cada uno de los expedientes de ayudas- y la eleve al Tribunal Supremo, todo parece indicar que en julio podría llegar el momento de la inhibición. Aunque suelte el caso, no tendrá tiempo para aburrirse ya que tiene entre manos otras investigaciones, como la relacionada con los cursos de formación de la Faffe.

Un libro recopila los procesos célebres seguidos en el Tribunal Supremo

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2014 a las 12:13

Portada del libro

Portada del libro

Este jueves fue presentado el libro “Los procesos célebres seguidos en el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia”, que repasa 39 casos que causaron impacto en la opinión pública y en los que, en su vertiente judicial, intervino el alto tribunal. La obra, coordinada por el magistrado Jacobo López Barja de Quiroga y editada por el BOE, fue presentada en el salón de actos del tribunal por su vicepresidente, Angel Juanes; el director del Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero; y Jacobo López Barja de Quiroga.

Se trata de una obra colectiva, resultado de la integración de los trabajos de magistrados y letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, fruto de un minucioso proceso de selección, estudio y análisis de diversos procedimientos tramitados a lo largo de la historia de nuestro país, en los que tuvo intervención este Alto Tribunal. También ha colaborado el Servicio de Documentación y Biblioteca de la institución.

Todos los procesos recogidos generaron en la historia social de España una evidente repercusión mediática. El lector podrá echar en falta algunos de innegable impacto en su época, pero ha de tenerse en cuenta el método de trabajo seguido: la selección de los procesos se ha realizado según el grado de relevancia social y periodística, pero teniendo en cuenta la existencia de un fallo del Tribunal Supremo, que dio respuesta, en la mayoría de los casos, a un recurso de casación planteado ante él.

En los dos tomos que integran esta obra, para los siglos XIX y XX, y en cada uno de los treinta y nueve capítulos, el esquema es similar. Se inicia con una somera explicación del motivo o razón por la que se aborda el suceso. A continuación se reflejan, en síntesis, los hechos ocurridos, así como el devenir del procedimiento en las instancias previas al Tribunal Supremo. En tercer lugar, se centra la atención en la intervención en cada uno de ellos del Tribunal Supremo y se añade, transcrita literalmente, la resolución dictada por este órgano. A ello se adicionan continuas referencias a la prensa de la época, y se enriquecen los capítulos con material gráfico proveniente de ella en la mayoría de los casos. Por tanto, el lector tiene en sus manos algo más que una “crónica negra”: se trata de una obra de estudio y análisis llevada a efecto por personas altamente cualificadas desde el punto de vista técnico, que incorpora como un valor añadido la recopilación de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, tal y como fueron dictadas, lo que permitirá el disfrute tanto de los juristas, como de los aficionados a la historia de España, en su modalidad de reflejo de los valores morales, creencias y miedos de sus diferentes épocas.

La obra, que ha sido editada por el Boletín Oficial del Estado, arranca con el caso de Miguel de Lardizábal, consejero de Estado juzgado por sedición a raíz de publicar un manifiesto en 1811 en el que defendía que la soberanía no residía en las Cortes sino en el Rey. El Supremo –creado en la Constitución de Cádiz en junio de 1812—anuló ese mismo año la condena de destierro que un tribunal especial designado por las propias Cortes había impuesto a Lardizábal.

El libro repasa otros 38 asuntos, desde los atentados frustrados a los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, magnicidios como el asesinato de Eduardo Dato, las causas abiertas al fundador del PSOE Pablo Iglesias, a Indalecio Prieto o a Miguel de Unamuno, una demanda civil presentada para el reconocimiento como hijo natural del rey Alfonso XII, y sucesos que conmovieron al país como los acaecidos en Casas Viejas, el crimen de Cuenca, el caso de Jarabo, el crimen de la calle Fuencarral, o la sublevación de Sanjurjo. La obra se cierra con la causa contra Eleuterio Sánchez, “El Lute”.

Los otros casos que refiere la obra son, del siglo XIX, “Las causas contra los obispos de Palencia, León y Canarias”, “El proceso contra Baldomera Larra Wetoret”, “El crimen de la Quinta de Santa Florentina”, “El crimen de Santa María de las Hoyas”, “Los procesos de «La Mano Negra»”, “El crimen del Salar”, “El proceso Casalta”, “El crimen de la calle Zurita (el «caso Menchén»)”, “El crimen de la calle Latoneros”, “La catástrofe del puente de Alcudia”, “El crimen de Archidona”, “El crimen de La Guindalera”, “El asesinato del Obispo de Madrid-Alcalá”, “El proceso contra el Gobernador eclesiástico de La Habana”, “La cuestión Bosch-Cabriñana”, y “Sacamantecas y vampiros.

Y del siglo XX: “Los sucesos de Jaca y la causa contra los generales Berenguer y Fernández de Heredia”, “La revolución de octubre de 1934″, El atentado contra Jiménez de Asúa”, “El Cuartel de la Montaña”, “La Guerra Civil y la posguerra”, ” El crimen de Tardáguila”, “El crimen de la mano cortada”, “El crimen de las quinielas”, y “La intervención del Tribunal Supremo en la legalización del Partido Comunista de España”.

Dos cabalgan juntos

Jorge Muñoz | 11 de junio de 2014 a las 9:24

Eloy CarmonaDicen que el papel lo aguanta todo, o casi todo. El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) y número 2 del PP en la provincia, Eloy Carmona, acaba de presentar un recurso contra la decisión de la juez de enviar al Tribunal Supremo la causa en la que se investigan los pagos de 2.000 euros al mes al actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, por hacer informes de una frase en la anterior legislatura, en la que no salió elegido.José Luis Sanz

La instructora decidió elevar la causa al Alto Tribunal al entender que había indicios que apuntaban al alcalde de la localidad, José Luis Sanz, el que en su día estuvo llamado a ocupar el puesto que hoy ostenta el malagueño Juan Manuel Moreno Bonilla al frente del PP andaluz pero que cayó en desgracia política, dicen, por esta posible imputación.

Lo curioso del recurso presentado por la defensa de Eloy Carmona es que parece que se trata de una defensa doble. No sólo se defiende a Eloy Carmona, sino que buena parte del escrito se dedica a exculpar al regidor de cualquier responsabilidad en los contratos bajo sospecha. El abogado de Carmona, Alfonso Martínez Escribano, sostiene que la intervención de José Luis Sanz en este asunto se limita a la “firma formal” de los contratos como alcalde, un dato que, según recuerda, “se conocía ya al comienzo del procedimiento, con la interposición de la denuncia en la Fiscalía sin que en dicho momento se estimara que ello fuera indicio de su implicación en delito alguno, puesto que, de haberse estimado así, no se habría continuado con las diligencias de investigación en Fiscalía ni con la posterior instrucción, habiéndose remitido entonces al Tribunal Supremo”.

El letrado insiste en que, “no habiéndose puesto de manifiesto durante toda la instrucción que Sanz tuviera en las contrataciones referidas una intervención mayor a la mencionada, incurre en las censuras fácticas y jurídicas mencionadas el auto, sin que se ofrezca explicación o motivación de ningún tipo al respecto”.

El escrito de Carmona supone un aval de lealtad a su alcalde y líder del partido en la localidad. Será que en la política, como en el clásico western de John Ford (Two rode together, 1961), también Dos cabalgan juntos Queda por saber qué hará en su momento el Tribunal Supremo en el caso de que no prospere el recurso y tenga que pronunciarse sobre si el alcalde tiene alguna responsabilidad en los hechos que se investigan.

El fifty-fifty de Alaya en su primera macrocausa…

Jorge Muñoz | 4 de junio de 2014 a las 5:00

antonio rivas

Alaya procesó a cuatro personas por la mordida de Mercasevilla, pero la Justicia sólo ha condenado finalmente por la exigencia de una comisión de 450.000 euros a los ex directivos del Mercado Mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce. El Tribunal Supremo absolvió ayer al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que había sido condenado inicialmente junto a los ex responsables de la lonja a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación.

La absolución de Rivas se sumaba a la que en su día decretó el jurado popular que enjuició el caso respecto a Regla Pereira, la ex directora de Proyectos de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla. De los cuatro procesados contra los que dirigió Alaya el procedimiento, sólo han sido condenados finalmente dos de los imputados. El 50%. Una macrocausa de Alaya, la primera que llega a juicio, que acaba en fifty-fifty.

Evidentemente -y para algunos imputados afortunadamente-, la labor del juez instructor se limita a investigar los hechos, recopilar los indicios y pruebas, e incorporarlos a la causa de la mejor forma posible para el momento en que el caso sea enjuiciado por otro juez o tribunal. Alaya no es, por tanto, responsable del resultado final de la sentencia porque, entre otras cosas, la propia Fiscalía de Sevilla ha mantenido desde el principio la implicación de Rivas en la causa y ha mantenido los cargos a lo largo de todo el procedimiento.

La cuestión que se plantea es cómo ha tenido que ser al final la última instancia, el Tribunal Supremo, el que haya señalado la “ostensible endeblez” de indicios contra Rivas, en un procedimiento que ha mantenido en vilo a una persona durante tantos años -la causa fue la primera que instruyó Alaya, en 2009, y de la que derivó el escándalo de los ERE fraudulentos- y en el que ahora se ha proclamado la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del ex delegado de Empleo.

Desde el principio de la investigación, el abogado de Rivas -primero Francisco Baena Bocanegra y posteriormente Jon Ander Sánchez- se afanó en tratar de hacer valer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que determina que la sola declaración de un coimputado -en este caso el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial no puede servir para enervar el principio de presunción de inocencia. Y es que el único indicio de que Rivas pudiera ser el ideólogo del cohecho estaba en la declaración de Mellet prestada ante la Policía Nacional y la fiscal jefe de Sevilla, pero que Mellet no ratificó ni ante la juez Alaya ni luego en la vista oral, donde se acogió a su derecho a no declarar.

La propia juez Alaya consideró en varias de sus resoluciones que había “indicios sólidos” contra los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce respecto al intento de cobro de una comisión, pero admitió que las pruebas son “más débiles” en el caso del delegado de Empleo y de la directora de Proyectos de Mercasevilla, los dos que finalmente fueron absueltos.

Si después de tantos años de instrucción, tenemos una sentencia que condena a la mitad de las personas investigadas, habría que plantearse qué puede ocurrir finalmente con los procesos que Alaya aún tiene abiertos, como el delito societario en el que se investiga al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera o la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla -en la que ay imputadas 16 personas, entre ellas varios ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla-; pero sobre todo está la causa del escándalo de los ERE fraudulentos, donde hay 185 imputados.

Hay muchos abogados que piensan que, como suele ocurrir históricamente con los grandes procesos judiciales, al final el procedimiento de los ERE, bien por el tiempo transcurrido o porque al final las pruebas que se suponían contundentes no lo eran tanto, o por la prescripción de los delitos o incluso la muerte de algunos de los imputados ante las dilaciones del mismo, acabará con una condena mínima -de los imputados contra los que hay mayores pruebas de cargo- y habrá muchas absoluciones. El problema será, como siempre, la imagen de impunidad que se trasladará a la opinión pública, ante la expectativa generada por una macrocausa tan mediática como la de los ERE. 

La semana fantástica de Alaya

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaComo si fuera un anuncio de unos grandes almacenes ávidos de captar nuevos clientes. Alaya arranca hoy la semana fantástica del caso de los ERE, en plena recta final de las elecciones europeas. No lo olviden, porque no es la primera vez que la juez hace coincidir eventos políticos con el dictado de sus resoluciones.

Después de haber protagonizados varias madrugadas de trabajo, con el dictado de autos a primera hora de la mañana del día siguiente a su llegada a los juzgados -recuérdese la noche del pescaíto de hace dos años cuando envió a prisión al ex consejero Antonio Fernández o con algunas de las operaciones realizadas en 2013-, Alaya ha programado esta semana cargadita de declaraciones. En cinco días tiene previsto tomar declaración a 25 imputados, o al menos eso entiende la juez, puesto que mucho me temo que sean muy pocos los que no se acojan a su derecho a no declarar. Algo que quizás la propia juez haya tenido en cuenta a la hora de fijar cinco declaraciones diarias, porque si todos declaran nos metemos en la noche seguro…

Lo sorprendente es que nunca, hasta ahora y desde que comenzó esta macrocausa en 2011, Alaya la incansable había programado un calendario tan intenso de declaraciones y con tan poco espacio de por medio. El auto que ampliaba la imputación a los vocales del consejo rector de Idea entre 2001 y 2008 lo dictó la semana pasada y, en menos de una semana, espera que los imputados -hay 16 nuevos que no conoce la causa-, se empapen para poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa de una voluminosa instrucción que supera ya los 200.000 folios de extensión.

El nuevo calendario revela que Alaya está acelerando el final de la instrucción. Posiblemente porque se vea presionada por la Fiscalía Anticorrupción, que no hace más que recordarle que, a su juicio, ya no es competente para seguir instruyendo el caso, ante la preimputación de aforados y la aparición de indicios contra otras personas que gozan de esa misma condición. Son tres los avisos que desde el pasado 3 de abril el Ministerio Público ha dado ya a la juez recordándole que debe apartarse de la causa y enviar las actuaciones al Alto Tribunal, al menos la parte que afecta a los aforados previa división en distintas piezas del procedimiento.

Y Alaya está acelerando la instrucción porque ya ha reiterado, hace poco, que la investigación judicial, al menos en el ámbito de su competencia, acabará “en breve plazo”, aunque hace seis meses que ya dijo lo mismo. Hay quien apunta a que antes de este verano podría remitir el caso al Supremo y entrar de lleno a investigar otros macroprocesos, como el que recientemente le ha enviado la Fiscalía respecto a las ayudas de 49,5 millones que recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que otros entienden que fue un auténtico nido de enchufismo, de colocaciones a dedo, con el que la instructora no va a parar de dar nuevos titulares, a cual más escandaloso.

La semana fantástica de Alaya vendrá precedida de un nuevo auto en el que, al igual que hizo recientemente con la declaración de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, la juez rechazará la petición de la Fiscalía de suspender las declaraciones. La Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir entonces si, como si en ese caso, presenta un recurso ante la Audiencia contra esta negativa de la juez a suspender las declaraciones.

Por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pasarán esta semana importantes personalidades del mundo económico andaluz, banqueros y personas de destacados sectores empresariales tendrán que acudir a un juzgado, para muchos por primera vez y marcados por el estigma de la imputación en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años.

Una semana interesante y estresante la que arranca hoy…

Las comparecencias periódicas de los imputados compensarán días de prisión

Jorge Muñoz | 28 de febrero de 2014 a las 19:26

Tribunal Supremo

Tribunal Supremo

Interesante la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Supremo, que ha establecido que las comparecencias periódicas de los imputados podrán compensarse. El Pleno de la Sala Segunda, por mayoría, ha acordado  que esa medida cautelar “puede ser compensada”, “atendiendo al grado de  aflictividad que su efectivo y acreditado cumplimiento haya comportado”.

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado por mayoría que una medida cautelar de libertad provisional, como la obligación de comparecer periódicamente en un Juzgado o comisaría, “puede ser compensada conforme al artículo 59 del Código Penal, atendiendo al grado de aflictividad que su efectivo y acreditado cumplimiento haya comportado”.

El acuerdo no concreta la forma de calcular la reducción de las penas de prisión por cumplimiento de esas medidas cautelares, pero, en la primera sentencia en la que ha aplicado el nuevo criterio, confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Tenerife de abonar un día de prisión por cada diez de esas comparecencias en los juzgados. En enero de 2013, la Audiencia tinerfeña aceptó la petición de un penado, condenado a 3 años de cárcel por delito contra la salud pública, de que le fuera compensada la medida cautelar de obligación de comparecer apud acta en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, a razón de 1 día por cada 10 comparecencias, lo que totalizó cuatro días de abono de la pena de prisión impuesta.

La Fiscalía formalizó un recurso ante el Tribunal Supremo contra esa decisión, al considerar el artículo 58 del Código Penal no permite abonar en la pena el tiempo de cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento de la libertad provisional, pues ni es prisión preventiva ni medida cautelar que prive de derechos. La Sala, en un Pleno no jurisdiccional celebrado el 19 de diciembre de 2013, decidió por mayoría cómo deben Interpretarse los artículos 58 y 59 del Código Penal en relación a la abonabilidad del cumplimiento de esas comparecencias periódicas, y concluyó que son medidas cautelares que pueden ser compensadas.

El tribunal ha aplicado ese criterio al caso concreto, desestimando el recurso de la Fiscalía y confirmando la decisión de la Audiencia de Tenerife. La sentencia ha sido adoptada por tres votos a dos, habiendo emitido estos últimos un voto particular discrepante. En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, se subraya que la libertad provisional con obligación de comparecencia es una medida cautelar, y supone una intromisión en el ámbito de la libertad del imputado, si bien de efectos más limitados que la propia de la prisión provisional. Admite por ello el deber legal de compensación de toda restricción anticipada de derechos sufrida con carácter cautelar.

En cuanto al cómputo realizado por la Audiencia de Tenerife, de abonar un día por cada diez de comparecencias, la sentencia lo considera “ejemplar”. “Se trata de un cómputo equilibrado, razonable y, por tanto susceptible de aplicación en supuestos de igual o similar naturaleza”. La Sala agrega que el criterio de la compensación, “tendrá consecuencias benéficas para el sistema de cumplimiento de las penas y para la propia efectividad de las medidas cautelares”. “De una parte, por cuanto que contribuirá a eliminar la rutinaria aplicación de una medida restrictiva de la libertad cuya ejecución, vigilancia y seguimiento jurisdiccional no siempre están siendo ejemplares”. Y de otro lado, porque facilitará “el efecto pedagógico asociado a la idea de que el cumplimiento por el imputado de esas comparecencias siempre conllevará la expectativa favorable de su futura compensación”.

Frente a la mayoría, los magistrados Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido han emitido un voto particular por entender que no existe ninguna norma ni precepto constitucional que imponga una compensación de ese tipo con carácter general, puesto que la obligación de comparecencia apud acta es inherente a la situación de libertad provisional del imputado, por la que debe mantenerse a disposición del juez o tribunal. La Ley, al respecto, no prevé ninguna compensación por la restricción de derechos a los que afecten.

Agregan que “sólo la prisión preventiva y las privaciones de derechos coincidentes con penas de esa clase (privativas de derechos) acordadas como medidas cautelares, puedan abonarse en la pena que se imponga. Estos dos jueces recuerdan que la práctica mayoritaria de los órganos jurisdiccionales limitaba el abono o compensación en la pena a los casos de medidas cautelares privativas de libertad o privativas de derechos coincidentes con la pena de prisión. Y advierten además sobre las consecuencias de este cambio de criterio, como “la incertidumbre interminable acerca del criterio de compensación, difícilmente reducible a reglas generales, máxime cuando la tesis ahora aprobada tras el pleno puede extenderse a cualquier medida adoptada como cautelar durante el proceso”, Por ello, estos dos magistrados apoyaban la estimación del recurso de la Fiscalía.

 

Alaya la incansable

Jorge Muñoz | 31 de octubre de 2013 a las 17:22

Lo apuntaba hace unos días. Alaya iba a mover ficha más pronto que tarde tras el varapalo de la Audiencia. La instructora de los ERE ha dictado hoy un nuevo auto en el que corrige la falta de motivación de la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, a la que cita a declarar el próximo 7 de noviembre “por si quiera ampliar algún extremo de su declaración”.

Alaya ha corregido esa falta de motivación, aunque lo que ha hecho en realidad, como ella misma reconoce, es reproducir la imputación formal que hizo a Magdalena Álvarez cuando compareció en su juzgado el pasado 8 de octubre.

Pero lo más importante del auto es la respuesta que da al mensaje que le envió la Audiencia de Sevilla la semana pasada, cuando le dijo que la instrucción estaba prácticamente acabada, que sólo quedaba oír en declaración a los imputados, e instó a las acusaciones y a las defensas a acudir directamente al Tribunal Supremo al constatar la presencia de los aforados en la investigación.

La magistrada, como ya hiciera en otros autos, no duda en presumir de su instrucción y del “diseño bien definido” de la causa, de la amplitud de visión que requiere una investigación de este tipo, y acaba diciendo que su “equipo”, en el que supongo incluye a la Guardia Civil y a los funcionarios de su juzgado, necesitan “calma para afrontar esta última etapa de trabajo y estudio” y para poder “en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años unos poco incansables“.

Cierto es que Alaya es incansable, a veces hasta jartible -como le gustaría expresar a algún crítico-, pero su trabajo ha sido ingente, muy complejo y posiblemente no se habría llegado a este avance de la investigación sin una juez vehemente como es. El problema es que, lejos de cerrarse, la instrucción parece que sigue creciendo sin parar, con nuevas líneas a las que en algún momento tendrá que poner coto.La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

Por eso el aviso de la Audiencia era interesante, aunque realmente Alaya no podrá aguantar más la causa de los ERE sin remitirla al Supremo más allá de los primeros meses de 2014. Hoy ha reconocido que el final de la instrucción “no está lejos, más bien lo contrario”, aunque dice que todavía queda un “trecho de importancia capital” en el que tendrá que determinar el grado de “participación delictiva” de los aforados, con la aportación de los indicios o principios de prueba que lo fundamente.

En los 26 folios del auto, Alaya tiene espacio suficiente para recordarle a los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia que sólo a ellos hay que atribuirles el “mérito” de la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por cuanto la instructora se basó en el auto de este tribunal de agosto pasado en el que le indicaban que debía “apurar y depurar” la instrucción antes de remitirla al Supremo.

Lo dicho. La causa irá al Supremo cuando Alaya lo decida y para la juez: El Supremo puede esperar….

La re-absolución de Samuel

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2013 a las 14:29

La Audiencia de Sevilla dictará en las próximas semanas la nueva sentencia de Samuel Benítez, el que fuera amigo íntimo de Miguel Carcaño, en cumplimiento de la orden dada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia tienen libertad de criterio para hacer lo que quieran: volver a absolver a Samuel Benítez o condenarle como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.

La decisión es libre, pero todo apunta a que, pese a las esperanzas de la familia de Marta, los jueces de la Audiencia volverán a mantener su criterio respecto a la falta de pruebas para incriminar a Samuel Benítez en las labores para ocultar el cuerpo de la joven.

Pero a pesar de ese probable resultado, los magistrados tendrán que hacer un esfuerzo para dejar fuera a Samuel aún cambiando el horario en el que fue sacado el cuerpo de Marta del piso de León XIII. La Audiencia estableció que esa salida del cadáver en la silla de ruedas tuvo lugar sobre las 22:15 horas del 24 de enero de 2009 y concluyó que en la misma participaron el propio Miguel Carcaño, Francisco Javier García Marín, el Cuco, y “un tercero desconocido”.

Ahora el tribunal deberá dar respuesta a nuevos interrogantes y justificar, por ejemplo, por qué creen que Samuel Benítez no es ése tercer desconocido. Como dijo recientemente el padre de Marta, Antonio del Castillo, tendrán que dar nombre y apellidos a ese tercer implicado cuya identidad se ignora, según la primera sentencia de la Audiencia.

Otro de los interrogantes que tendrán que resolver guarda relación con los testimonios de los testigos de la silla de ruedas, cuyas declaraciones avala plenamente el Tribunal Supremo. Si el vecino de Miguel Carcaño dice que se cruzó con él poco antes de las dos de la madrugada del día 25 en el portal del bloque de León XIII y el dueño de un bar dice que a esa hora vio a dos jóvenes empujando “un bulto” que arrojaron a un contenedor y este testigo aseguró que ninguna de estas dos personas era el asesino confeso, la Audiencia debe decir ahora si uno de esos dos jóvenes era precisamente o no era Samuel Benítez.

En cualquier caso, sea cual sea la conclusión a la que lleguen los magistrados, éstos tendrán que fundamentar y motivar bien su decisión, porque la misma será a buen seguro objeto de un nuevo recurso ante el Supremo. En la primera sentencia, la Audiencia aseguró que no había pruebas que acreditaran la participación de Samuel en la ocultación del cuerpo, porque los testigos confirmaron que estuvo en la barriada de Montequinto desde las doce de la mañana del día 24 hasta las dos de la madrugada del día 25. Ahora el tribunal, en el caso de que quiera confirmar la absolución, tendrá que fundamentar por qué no tuvo intervención en las labores para hacer desaparecer el cuerpo de Marta.