Archivos para el tag ‘tribunal’

Deliberación

Jorge Muñoz | 4 de febrero de 2018 a las 2:00

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presiden el juicio a los 22 ex altos cargos.

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presiden el juicio a los 22 ex altos cargos.

Siempre me ha parecido que los jueces españoles están muy mal pagados para la complicada labor que tienen encomendada y la trascendencia de las decisiones que adoptan a diario, sobre todo cuando está en juego, por ejemplo, la privación de libertad de una persona. Desde hace años, la labor de los jueces en la lucha contra la corrupción ha devuelto en parte a la sociedad la confianza en la Justicia, más allá de las repetidas críticas a un hecho que, de otro lado, resulta más que evidente: el lastre que supone muchas veces la lentitud de la Justicia.
Si a las complicaciones de una causa como la de los ERE añadimos además la presión mediática, la labor de un tribunal se vuelve encima más laboriosa. Los magistrados de la Sección Primera que enjuician la pieza política de los ERE, en la que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta, llevan ya varias semanas deliberando sobre las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los acusados, unas cuestiones que pueden marcar el futuro del proceso.
La deliberación de un tribunal, un órgano colegiado compuesto como en este caso por tres magistrados, puede volverse aún más difícil si se producen discrepancias entre los miembros, como se ha visto por ejemplo en el caso de los cinco sevillanos juzgados en Pamplona por la violación en grupo de una joven –caso que sigue a la espera de sentencia, algo que se anunció para después de las Navidades–, donde uno de los jueces emitió al término del juicio un voto particular en el que se mostraba favorable a la puesta en libertad de los jóvenes. La deliberación de esa sentencia seguro que está siendo bastante reñida y probablemente contendrá algún voto particular.
En el caso de los ERE no parece que existan a priori tantas disensiones, dado que desde el principio la Sala ha ido adoptando sus decisiones y acuerdos de manera unánime y sin que haya trascendido ninguna discrepancia digna de mención.
Ahora bien, es lógico que el debate sobre las cuestiones previas pueda estar planteando algunas dudas entre el tribunal, porque las cuestiones planteadas tienen un enorme calado y repercusión para la marcha del proceso.
El hecho de que el tribunal haya facilitado un calendario de sesiones hasta el 31 de octubre no implica que todo esté ya decidido, sobre todo porque ese calendario se ha entregado a instancias de varios abogados defensores a los efectos de justificar ante otras instancias judiciales que ya están celebrando un juicio que les mantiene ocupados tres días a la semana.
Los magistrados del juicio de los ERE tienen que pronunciarse, principalmente, sobre dos cuestiones previas que son trascendentales para el caso. La primera, sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se delimite el objeto del juicio, para tratar de determinar si en este juicio se agota toda la posible responsabilidad penal de los ex altos cargos, que no podrán ser enjuiciados en el resto de las 270 piezas que conforman la macrocausa, de acuerdo con el criterio establecido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y que rechaza el Ministerio Público.
La segunda cuestión fue planteada por el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y en la misma el letrado pide la devolución de la causa al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Esta defensa sostiene que todas las actuaciones realizadas en esta causa por el juez de refuerzo Álvaro Martín son nulas, por cuanto al designarlo para investigar la causa de los ERE se vulneró el derecho al juez natural predeterminado por la ley.
Sobre la cuestión planteada por la Fiscalía, el tribunal puede explicar, como en su momento avanzó en el juicio el magistrado Juan Antonio Calle Peña que el objeto de este juicio está delimitado por los autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral, así como por los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones populares. Pero la cuestión planteada por Mohedano sí que puede generar más quebraderos de cabeza y dudas a los magistrados.
Si el tribunal aceptara esa cuestión previa, el juicio se tendría que suspender y devolver la causa al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que su titular, María Núñez Bolaños, devolviera la causa al estado en el que se encontraba el 27 de enero de 2016, anulando todas las decisiones adoptadas por Álvaro Martín hasta la elevación del caso a la Audiencia de Sevilla, una decisión que ya adoptó la propia Núñez Bolaños.
Varias de las defensas habían pedido hasta el último momento al abogado de Griñán que no planteara esta cuestión previa al tribunal porque, en el caso de que prosperara, se pondría a su vez en una complicada situación a los ex altos cargos enjuiciados en el “procedimiento específico” que están siendo excluidos del resto de las 270 piezas en las que se ha dividido la macrocausa. Si se anulara el procedimiento, volverían a poder ser incluidos de nuevo en cada una de las piezas, puesto que en principio al dejar de estar procesados en la pieza política no se les podría aplicar la posible vulneración del principio non bis in ídem.
La solución se conocerá el próximo 12 de febrero, cuando el tribunal retome las sesiones del juicio y haga público el auto resolviendo las cuestiones previas.
A pesar de las dudas que puedan haber albergado inicialmente los magistrados, todo apunta a que el tribunal rechazará todas las cuestiones previas, las ya mencionadas y también la que propone que primero se practiquen las declaraciones de los testigos y peritos, y sólo al final declaren los 22 ex altos cargos acusados. Devolver a estas alturas, siete años después, la causa al juzgado de instrucción sería un auténtico escándalo que dañaría de nuevo la imagen de la Justicia.