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El descrédito de la UCO

Jorge Muñoz | 18 de junio de 2017 a las 2:00

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla y la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio a la hora de valorar los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Surgieron entonces las primeras críticas a los atestados elaborados por esta unidad especializada, unas críticas que Bolaños transformó en auténticos reproches en el auto en el que archivó la denominada “pieza política” de los cursos de formación, donde la juez no dudó en afirmar que estos agentes habían cometido “errores” y criticó que la investigación había surgido “sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO” en sus atestados.
Más recientemente, Bolaños ha vuelto a reprochar, esta vez en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, que esta unidad plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados. La magistrada asegura que la labor de esta unidad debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de las normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.
Bolaños advierte en ese auto que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.
De hecho, uno de los principales errores de la UCO se produjo cuando cifró erróneamente el presunto fraude en los cursos de formación en 3.000 millones de euros. Esta cifra en realidad se correspondía con la totalidad de las ayudas concedidas, pero la Guardia Civil estableció un silogismo equivocado al considerar que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.
La Fiscalía Anticorrupción aclaró perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos , al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo había prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.
Las críticas a la actuación de la UCO sólo se habían producido hasta ahora en las macrocausas que se investigan en Sevilla, pero la imagen de la unidad ha sufrido un nuevo varapalo desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descartara actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que la UCO había solicitado en dos informes que se la investigara en una de las piezas de la trama Púnica en la que se analiza la financiación del PP de Madrid.
La UCO implicaba a Cifuentes en supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los contratos de adjudicación –Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación en esa época– del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional no ha visto elementos para proponer la imputación de la presidenta madrileña ni cree que las posteriores diligencias apunten en ese sentido.
Cristina Cifuentes, por su parte, calificó ese informe de la UCO como una “sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento”.
Los ERE, los cursos de formación, y ahora también la Púnica… ¿Por qué le llueven ahora tantas críticas a la UCO? Lo cierto es que las críticas no son nuevas y, de hecho, ya en el año 2014, uno de los abogados defensores del caso de los ERE, Juan Pedro Cosano, fue sancionado con 3.000 euros por una “falta de respeto” a la juez Mercedes Alaya, que por entonces dirigía la investigación, por haber censurado la actuación de la magistrada en un escrito en el que la UCO tampoco salía bien parada.
Juan Pedro Cosano escribió en un recurso presentado en la Audiencia de Sevilla que en el caso de los ERE –durante la época de Alaya– se recurría constantemente a la Guardia Civil “no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia, sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo”, a lo que añadió: “lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica”.
Y no le faltaba razón al letrado y escritor, porque con Alaya de instructora lo que la Guardia Civil ponía en blanco sobre negro en un atestado era incuestionable. La entonces instructora de los ERE acogía esa argumentación sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que se recogían en dicho informe y a continuación reproducía y plasmaba el contenido de esos atestados en un auto en el que adoptaba una decisión relevante, ya fuese para acordar nuevas imputaciones en la macrocausa o para trazar la línea que debía seguir la investigación.
La estrecha colaboración entre la juez Alaya y los agentes de la UCO se prolongó durante casi cinco años, desde que la magistrada decidió arrebatar la investigación de los ERE a la Policía Nacional para entregársela a esta unidad de la Guardia Civil. A este caso siguieron otras operaciones como la Madeja y la Enredadera, o las irregularidades en las ayudas a la formación, los avales y préstamos de Idea, etc. En todas estas operaciones intervinieron los agentes de esta unidad de élite, llegando Alaya y la UCO a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanzaba sus objetivos.
Tanto Alaya como esta unidad tenían en común que les gusta trabajar solos y sin interferencias. Y ésta es una de las principales diferencias que se observan ahora que la juez María Núñez Bolaños lleva dos años al frente de las macrocausas. Bolaños ha logrado ha montado un auténtico equipo en su oficina judicial, con los funcionarios destinados en su juzgado, y ha recordado a la UCO que están para auxiliar a las magistradas en una instrucción cuya dirección es competencia exclusiva de la juez, no de los cuerpos policiales.

La investigación de la mina se ‘Alayiza’

Jorge Muñoz | 6 de noviembre de 2016 a las 5:30

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

 

A ningún juez de instrucción le gusta que un órgano superior le corrija, enmiende, anule o tumbe sus resoluciones o planteamientos. Pero una vez que esa decisión del tribunal superior se produce, el instructor está obligado a acatarla. Es lo que le ha pasado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, con la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La juez archivó la denuncia de Emerita, la empresa perdedora de un concurso que ganó la sociedad Minorbis-Grupo México y ese sobreseimiento fue solicitado por la Fiscalía de Sevilla, que no apreció indicios de prevaricación en la actuación de los responsables y funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
El archivo fue recurrido ante la Audiencia deSevilla y el recurso recayó en la Sección Séptima, correspondiendo la ponencia a la magistrada Mercedes Alaya, instructora tan sólo unos meses atrás de las distintas macrocausas que se investigan en otro juzgado de Sevilla:el número 6. Alaya y otros tres magistrados decidieron en octubre pasado reabrir la investigación y ordenar la práctica de una serie de diligencias.
El varapalo que ha sufrido la instructora le ha llevado a tomar nuevas decisiones importantes relacionadas con el curso de la investigación. La más trascendente, en principio, consiste en la retirada de la Policía Nacional y su sustitución por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Patricia Fernández ha encomendado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
La labor que había desarrollado la Policía no quedó bien parada con el auto de archivo inicial. Desde el principio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) envió atestados avalando la postura de la empresa denunciante. El primer revés a las tesis policiales, que abrieron los ojos de la instructora, lo dieron las defensas de los imputados con motivo del interrogatorio del experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que realizó un informe para la Policía asegurando que había “errores aritméticos” de bulto en el proyecto presentado por Grupo México-Minorbis.
La sorpresa llegó cuando le testigo le dijo la juez que la Udef le entregó únicamente “seis folios” de los 3.000 que tenía el proyecto para elaborar ese dictamen.
Ese informe encontró una réplica en otro elaborado por la consultora de ingeniería y arquitectura Ayesa que aseguraba que sus cálculos sobre el proyecto de gestión del ciclo del agua aportados por Minorbis eran “correctos” y acusaba al experto ornitólogo de haber cometido un “grave error metodológico”.
Ahora la juez de Instrucción número 3 ha sustituido a la Policía por los agentes de la UCO de la Guardia Civil, un cambio que sin duda habrá agradado a la juez Mercedes Alaya –la ponente que deberá estudiar todos los recursos que se planteen en esta instrucción–. No hay que olvidar que esta unidad colaboró estrechamente con Alaya en su etapa de instructora de la macrocausa de los ERE, la de los cursos de formación, o la investigación de delitos relacionados con la empresa pública mixta Mercasevilla.
Y Alaya también decidió en su día retirar la investigación al mando policial que había iniciado las pesquisas de los ERE y que curiosamente es él mismo que se estaba encargando hasta ahora de investiga el concurso de la mina. Alaya quitó a la Policía y entregó la investigación a la UCO. La historia se repite ahora con la titular del juzgado de Instrucción número 3.
Hay quien se pregunta en estos momentos sobre los derroteros que puede tomar ahora la instrucción del caso Aznalcóllar, una vez conocida la tendencia a las macroinvestigaciones espectaculares por parte de esta unidad de élite de la Guardia Civil.
No obstante, la juez ha tratado de delimitar esas pesquisas a la realización de un informe sobre ese “papel real” que pudo jugar Minorbis, ante la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el concurso como “mero intermediario” para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada por una filial de Grupo México.
En este proceso de Alayización de la causa de Aznalcóllar, sólo queda por saber si la instructora aceptará la sugerencia que le hizo la Audiencia con respecto a la forma de tomar las declaraciones, dado que la instructora suele grabarlas y el tribunal (Alaya siempre se negó a grabarlas) considera que es mejor que se levante un acta, como se ha hecho toda la vida en los juzgados. “Esta Sala, en relación a las declaraciones que en lo sucesivo hayan de tomarse, sugiere al juzgado, dada la complejidad de la causa y por ello su dificultad de estudio, que aquéllas se practiquen mediante acta levantada por el señor letrado de la administración de Justicia, ya que las grabaciones en instrucción dificultaría notablemente el análisis de las mismas y sobre todo la relación visual de determinados contenidos de éstas con documentos de la causa”, recogía el auto del 19 de octubre.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La millonaria fianza a Griñán por los ERE

*El juez de refuerzo Álvaro Martín dio el pasado viernes un nuevo giro de tuerca que acerca más a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al banquillo de los acusados de los ERE, que compartirán con otros 24 ex altos cargos de la Administración andaluza. En el auto, el juez estableció una fianza de 4,2 millones de euros para José Antonio Griñán, la misma cantidad para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo; otros 3,7 millones para el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y 6,2 millones para el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera. La fianza impuesta, aunque muy importante e impagable, dista mucho de la que solicitó en su día la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público cifró la supuesta cuantía del fraude de los ERE, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria los 18 acusados por el delito de malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales la Fiscalía considera que Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010. El instructor, sin embargo, aplicó una reducción al 10% de esas cantidades teniendo en cuenta los ejercicios en los cuales se participó y la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de las sumas. El juez ha dado un plazo de 30 días a las defensas para que presenten sus escritos rechazando los cargos, de lo que se deduce que el juez podría enviar a mediados de diciembre la causa a la Audiencia de Sevilla, justo antes de cesar en el cargo, el próximo 31 de diciembre, cuando Álvaro Martín volverá al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla.

El PP pierde el combate con la juez Bolaños

*El PP sigue sumando varapalos del Poder Judicial en su campaña contra la juez María Núñez Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado esta semana las dos últimas denuncias que la acusación popular había presentado contra la magistrada, en este caso por la supuesta falta de motivación de los autos de archivo de los cursos, algo que el promotor de la acción disciplinaria ha rechazado de plano. El juez recuerda que la Audiencia reprochó al PP que presentara recursos de apelación directo. Tres denuncias archivadas y la recusación rechazada. ¿Seguirá el PP combatiendo a Bolaños? Seguro.

Un ‘habeas corpus’ por la UCO

Jorge Muñoz | 29 de marzo de 2015 a las 7:00

DETENIDOS 16 RESPONSABLES POLITICOS POR EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACION

La forma en la que la Unidad Central Operativa (UCO) llevó a cabo la detención de 16 personas en la denominada operación Barrado, coordinada por la juez Mercedes Alaya, contra el fraude en los cursos de formación, no sólo motivó quejas y críticas posteriores, sino incluso en el mismo momento en que se estaban produciendo los arrestos. El abogado Juan Carlos Villalba, que representa al gerente del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Málaga), José Gutiérrez Muñoz, instó un procedimiento de “habeas corpus” con el que pretendía que otro juez –el competente para examinar el proceso era el juez de guardia de Fuengirola– examinara si la detención de su cliente podría considerarse ilegal. José Gutiérrez, según explicó su abogado, recibió una llamada telefónica de los agentes de la Guardia Civil en la mañana del pasado martes, cuando se inició la operación Barrado. Los guardias le indicaron que debía pasarse por el cuartel de la Benemérita para hacer una “breve declaración”. El gerente de Ciomijas compareció al requerimiento en cuestión de minutos y, para su sorpresa, cuando se presentó ante los investigadores, éstos le informaron de que estaba detenido por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Su abogado inició entonces el proceso de habeas corpus, que fue rechazado por el juzgado de Fuengirola porque el letrado no estaba legitimado para plantearlo. La ley orgánica 6/1984, que regula este procedimiento, establece que pueden instar un habeas corpus el propio “privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, y hermanos”, así como el Ministerio Fiscal y el defensor del pueblo.
El gerente de Ciomijas pasó más de un día privado de libertad hasta que fue puesto a disposición de la juez Alaya, quien decretó su puesta en libertad después de que se acogiera a su derecho constitucional a no declarar.
La necesidad o no de llevar a cabo este tipo de espectaculares operaciones con numerosos detenidos que luego no se materializan en ninguna medida de prisión provisional y sobre las que ni siquiera se ha adoptado ninguna medida cautelar real –como una fianza civil– también fue criticada por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes. El letrado calificó de “innecesaria y desproporcionada” la detención del ex alto cargo de la Junta –un jubilado con problemas de salud– y tras denunciar que con ocasión de su arresto se han vulnerado sus derechos fundamentales, apuntó que no descarta emprender algún tipo de acción legal contra esta actuación policial.
El decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien también criticó la desproporción de las detenciones “masivas y acompañadas de difusión mediática”, por cuanto pueden afectar al derecho a la libertad y a la propia imagen de quienes padecen esa detención.
Gallardo criticó expresamente que “con relativa frecuencia se vienen produciendo detenciones masivas acompañadas de difusión mediática que pudieran resultar innecesarias para la investigación y por ello desproporcionadas al afectar si suficiente motivación fáctica el derecho a la libertad y a la propia imagen” de unos detenidos que, acto seguido, son puestos en libertad sin que se adopten medidas cautelares en su contra. El decano recordó que una directiva europea establece el derecho de los detenidos a entrevistarse con su abogado antes incluso de prestar declaración en sede policial, por lo que “sólo respetando ese derecho, se prestará una verdadera asistencia letrada al detenido”, aseveró.
La nueva operación de márketing de la UCO, en su particular carrera con la UDEF, sigue generando más críticas que elogios.

Otra operación de ‘marketing’ de la UCO

Jorge Muñoz | 27 de marzo de 2015 a las 7:00

Varios agentes de la Guardia Civil durante el registro de CIOMIJAS en la operación contra el fraude de los cursos de formación.

Varios agentes de la Guardia Civil durante el registro de CIOMIJAS en la operación contra el fraude de los cursos de formación.

La reciente operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el fraude en los cursos de formación se ha saldado con 16 autos de libertad provisional. El éxito de una operación no puede medirse por la decisión del juez de enviar a prisión a los detenidos, pero el hecho de que todos los detenidos hayan quedado libres sí que plantea muchos interrogantes y dudas sobre la necesidad de plantear estas operaciones espectaculares que, salvo desgracias mayores, suelen acabar abriendo los informativos de televisión y las portadas de los diarios. Lo que se plantea sobre todo es sí realmente era necesario, en esta última operación, detener a 16 ex altos cargos de la Junta, personas que están perfectamente localizadas y de las que se presupone no van a darse a la fuga.
Se podrá alegar que estas operaciones son imprescindibles por el factor sorpresa que acompaña a estas intervenciones y que deben llevarse a cabo con la finalidad de incautar documentación que puede contribuir al desarrollo de las pesquisas y a corroborar los indicios de delito, así como para evitar la destrucción de pruebas.
Pero en el fondo, lo que subyace en la operación que la UCO cerró ayer es la rivalidad obsesiva que existe entre dos unidades de élite por acaparar la investigación del fraude de los cursos de formación. Esta pugna, que el Gobierno siempre negará y el Ministerio del Interior no ha sabido atajar, haciendo que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF)de la Policía y la UCOde la Guardia Civil puedan colaborar y actuar de forma coordinada –cada uno bajo la dirección judicial que corresponda–, puede provocar al final el fracaso de la investigación.
El antecedente de esta rivalidad revestida de marketing mediático en el caso de los cursos comenzó en agosto del año pasado, cuando los agentes de la UDEF procedieron a la precipitada detención del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, quien estaba siendo investigado desde meses antes por la UCO. A sabiendas de ello, la UDEF llevó a cabo la operación y lo detuvo en su chalé de Sanlúcar de Barrameda(Cádiz), lo que sin duda no caería nada bien entre los mandos de la UCO.
La UDEF alegó, en el atestado remitido al juez de Cádiz, que los hechos por los que arrestaron a Ojeda no guardaban relación con la investigación de Alaya. Sin embargo, varios meses después Alaya imputó al ex consejero y el juzgado de Cádiz se inhibió en favor de Alaya, como magistrada competente para la investigación del fraude relacionado con el entramado de empresas de Ojeda.
Tras este varapalo para las aspiraciones de la investigación de la UDEF, que desarrolla la mayor parte de las pesquisas del fraude de los cursos en Andalucía, esta unidad volvió a asestar varios golpes, anunciando detenciones y registros, en plena campaña de las elecciones autonómicas del 22-M.
Alaya, que en un auto se había comprometido a no interferir en el proceso electoral –tras haber recibido diversas críticas por no mantenerse al margen en otros comicios–, aguardó precisamente a que acabaran las elecciones del pasado domingo para autorizar esta nueva operación que la UCOpretendía llevar a cabo desde hace tiempo, aunque parece que la instructora no estaba muy por la labor de que se llevara a cabo.
El atestado entregado por los agentes no parece que aporte tan graves revelaciones que hicieran imprescindible montar otro espectacular despliegue policial para acabar sin ninguna orden de prisión. No es la primera vez que sucede, dado que en octubre de 2013 en una operación contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a los ERE, Alaya dejó libres a los diez detenidos por la UCO, entre los que había varios sindicalistas.
La pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿No habría sido lo mismo citar a declarar como imputados a los 16 detenidos sin necesidad de arrestarlos y hacerles pasar 48 horas en los calabozos? ¿Alguien piensa que se fugarían o destruirían pruebas?
El caso paradigmático es el del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien ha sido imputado en dos ocasiones anteriores por Alaya y que está perfectamente localizado y siempre ha acudido a cualquier llamamiento de la juez. ¿Su arresto era también necesario o se buscaba más bien el titular de prensa?

Alaya y la UCO, dos lobos solitarios

Jorge Muñoz | 30 de noviembre de 2014 a las 6:00

Varios agentes de la UCO en una operación de AlayaLa juez Alaya lleva casi cuatro años de estrecha colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Mercasevilla, los ERE, la operación Enredadera y ahora la causa sobre las irregularidades en los cursos de formación son algunas de las investigaciones en las que han participado los agentes de esta unidad de élite. En este tiempo, Alaya y la UCO han llegado a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanza sus objetivos.
Por eso no es de extrañar que la juez dictara el auto en el que ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el cese inmediato de las investigaciones relacionadas con los cursos de formación.
Por mucho que Alaya diga ahora, al rechazar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que nunca se estaba refiriendo a la participación de la Policía Nacional en las investigaciones sobre los cursos que son competencia de otros juzgados, lo cierto es que su resolución contenía una intencionada ambigüedad que confundió a todo el mundo. Es como lo de la madre que considera que todo el pelotón de soldados lleva el pie cambiado, menos su hijo, que es el único que lo hace bien.
Muy claro no debería estar cuando la propia Fiscalía pidió a la instructora que acotara el oficio remitido al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, para que la UDEF no se inmiscuya en la investigación de la UCO.
Alaya siempre defiende a la UCO, la unidad que en estos años se ha ganado su confianza después de que la instructora decidiera apartar en 2011 a la unidad de Policía Judicial de Cuerpo Nacional de Policía al inicio de la investigación de los ERE, con el argumento oficial de que esta unidad carecía de medios materiales y suficientes para llevar a cabo tan ingente investigación.
La juez se ha vuelto a poner ahora del lado de la Guardia Civil, aunque en esta ocasión tiene razón al afirmar que esta unidad y el juzgado que dirige ya estaban investigando antes de que lo hiciera la Policía Nacional las ayudas concedidas al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda. Sin embargo, la UDEF se anticipó en agosto pasado cuando, de forma altamente sorprendente, puso en marcha la denominada operación Óscar y procedió a la detención de Ojeda cuando Alaya disfrutaba de unas merecidas vacaciones tras haber remitido al Tribunal Supremo la exposición razonada en el caso de los ERE sobre Chaves y Griñán.
Esta actuación de la Policía enojó, sin duda, a la UCO y a la propia Alaya, que esta semana ha recordado que esa intervención de la UDEF “comprometió el éxito de la investigación” que realizaba la Guardia Civil y que probablemente este mismo otoño tenía pensado montar un operativo relacionado con Ángel Ojeda y sus empresas.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en su recurso a la juez Alaya que exigiera la coordinación entre ambos Cuerpos policiales en torno a la investigación sobre las irregularidades en las actividades formativas, pero la instructora ha replicado al Ministerio Público que esa coordinación es “imposible” y “absolutamente desaconsejable”, al menos en esta fase inicial de las pesquisas, “donde la unidireccionalidad de criterios y decisiones es crucial”, razona la magistrada.
En el caso de los ERE, la Fiscalía ha planteado ahora que se cumpla la decisión del Tribunal Supremo de dividir el procedimiento en distintas piezas separadas, para lo cual ha reclamado que se designen “jueces de apoyo” con la finalidad de que la medida no resulte inoperante. Alaya llegó a tener hasta dos jueces de refuerzo, pero los rechazó porque considera que no quería ayuda, y actualmente sólo cuenta con el apoyo de un magistrado que se encarga de los asuntos ordinarios del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Está claro que a la UCO, como a la juez Alaya, le gusta trabajar sola y sin interferencias de otros Cuerpos. Alaya y la UCO. Tanto monta, monta tanto. Dos lobos solitarios.

La UCO se apunta al espectáculo

Jorge Muñoz | 16 de noviembre de 2014 a las 7:00

Martes 11 de noviembre. 08:45 horas. Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los cuerpos de élite del instituto armado, irrumpen en la Diputación Provincial de Sevilla. Los agentes llegan a la institución en dos potentes vehículos, un Mercedes y un Porsche Cayenne, que aparcan en la misma puerta de acceso. De forma simultánea, otros agentes actúan en doce provincias españolas. Ha comenzado la operación Enredadera, la tercera fase de la denominada operación Madeja y en la que la Guardia Civil destapa una trama corrupta que pagaba mordidas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores y asesoramiento en la adjudicación de contratos.
La UCO despliega otro espectacular operativo que en principio se salda con la detención de 32 personas y la práctica de una veintena de registros en las distintas provincia en las que se desarrolla la Enredadera. En los últimos tiempos las unidades de élite de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional se han apuntado a la práctica de este tipo de operaciones espectaculares, que acaparan los informativos de televisión y las portadas de los periódicos aunque luego tan sólo una pequeña parte de los numerosos detenidos acaban en prisión provisional, lo que lleva a cuestionar si realmente este tipo de redadas son necesarias.
En el caso de la operación Enredadera, que ha sido coordinada por la juez Mercedes Alaya, de los 32 detenidos sólo tres personas han acabado finalmente en prisión provisional –una cuarta estuvo sólo unas horas en la cárcel y salió tras abonar 100.00 euros de fianza–. De hecho, en las horas siguientes a las detenciones, la propia UCO dejó en libertad a 22 de las 32 personas arrestadas, aunque con la obligación de comparecer ante la juez Alaya en los días siguientes.
No es la primera vez que actuaciones policiales que se presentan a la opinión pública como grandes intervenciones en la lucha contra la corrupción acaban con un nivel tan bajo de prisiones preventivas. Si el éxito de una misión policial de este tipo se midiera por el número de personas privadas finalmente de libertad, con este resultado no podría hablarse de un auténtico logro policial.
Y no es la primera vez que ocurre. También ha ocurrido con otras operaciones realizadas por la UCO y la juez Alaya, como la denominada Heracles II en la causa de los ERE fraudulentos, que se desarrolló en octubre de 2013 contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de las prejubilaciones. En esta operación fueron detenidas diez personas, entre ellas varios sindicalistas, y todas quedaron en libertad con cargos.
La misma situación se ha producido en la más reciente operación Púnica, también obra de la UCO y en la que se materializaron 35 detenciones. Esta actuación arrojó un balance de siete prisiones incondicionales decretadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, entre ellas el ex número 2 del PP madrileño Francisco Granados, los empresarios que actuaban como “conseguidores” David Marjaliza y Alejandro de Pedro o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Otras ocho personas quedaron en libertad, a 13 más se dictó una orden de prisión eludible bajo fianza que oscila entre los 25.000 y 300.000 euros, y otras cuatro con la obligación de abonar fianzas de hasta 40.000 euros.
No digo que todos los detenidos en estas macrorredadas tengan que acabar en prisión, ni mucho menos. Lo que sostengo es que quizás no resulta verdaderamente imprescindible llevar a cabo estos numerosos arrestos y mantener encerradas a estas personas durante tres días en unos calabozos que en muchos casos presentan unas condiciones de salubridad lamentables -véase el estado de los calabozos de los juzgados de Sevilla por ejemplo-. Bastaría quizás con haberles citado a declarar como imputados, bien ante la propia Guardia Civil, o directamente ante la instructora.
Se podrá alegar que este tipo de operaciones son necesarias por el factor sorpresa que acompaña a estas intervenciones que se practican de forma simultánea, lo que impide que unos implicados puedan alertar a otros en el caso de que la actuación policial no se realizara a la vez. Y también se puede argumentar que estas operaciones tan espectaculares son necesarias para, por un lado, proceder a incautar abundante documentación que puede contribuir al desarrollo de las investigaciones y a corroborar los indicios de delito, y por otro evitar que los implicados puedan destruir pruebas. Eso haría necesario la práctica coordinada de todos esos registros en empresas y viviendas, lo que justificaría ya de por sí que se monte una operación de este tipo, aunque seguiría sin justificar el elevado número de detenciones que luego no se transforman en autos de prisión cuando llegan al juzgado y se analizan por parte de la Fiscalía y de la magistrada la gravedad de los hechos atribuidos por los investigadores policiales a los implicados.
De la operación Enredadera también sorprende otro aspecto nada desdeñable. Se trata de una intervención que se ha realizado en un total de doce provincias españolas y que afecta a varias comunidades autónomas, por lo que el destino final de esta investigación debería ser la Audiencia Nacional, el órgano competente para instruir y enjuiciar este tipo de delitos que afectan a varias provincias y que además, según ha reconocido la propia juez Alaya, actuaban como una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo”, la empresa contratista que llevaba una contabilidad B en la que estaba perfectamente detallado e incluso con recibos los pagos de mordidas por importe de más de dos millones de euros en los últimos años.
Lo lógico es que, una vez finalice la ronda de declaraciones de los imputados enla la Enredadera, Alaya se inhiba a favor de los juzgados de la Audiencia Nacional, aunque la instructora podría intentar quedarse con una parte de la investigación que afecta, por ejemplo, al ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y ex director del área de Via Pública Domingo Enrique Castaño y a otras personas. Pero posiblemente la implicación de los pagos realizados en otras provincias se remitirá a un juzgado Central. Todo está en manos ahora de la instructora.

Laberinto policial y judicial

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2014 a las 5:00

La operación desatada por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) con la detención del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda ha desvelado el laberinto policial y judicial que envuelve a la macroinvestigación abierta en Andalucía por el fraude en los cursos de formación financiados por la Junta. Una investigación en la que intervienen una decena de juzgados y que alcanza tal magnitud que puede ensombrecer incluso el escándalo de los ERE.
Pero las grandes operaciones plantean en ocasiones diversos interrogantes y ponen en evidencia posibles disfunciones en los métodos de actuación. Para empezar, sorprende la aparente falta de coordinación entre juzgados y fuerzas policiales que ha hecho que dos unidades especializadas y de élite –la Udef de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil– estén desarrollando investigaciones que se solapan y centrando los esfuerzos sobre los mismos implicados, en este caso el ex consejero Ángel Ojeda y sus empresas.
Es un hecho constatado que desde hace meses era notorio que las empresas de Ojeda y las ayudas que recibieron estaban siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil. El propio ex consejero andaluz sabía que la Justicia estaba escudriñando sus empresas y las ayudas que por importe de más de 33 millones de euros habían recibido en los últimos años.
Por eso extraña aún más el momento que la Udef ha elegido para hacer la operación, con auténtica agosticidad, en plenas vacaciones estivales, y cuando la magistrada competente para instruir la causa, Mercedes Alaya, también disfruta de unos días de asueto tras impulsar el final de la investigación que afecta a las personas aforadas en el caso de los ERE fraudulentos.
Además, el juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz era ajeno, hasta ahora, a la investigación de los cursos de formación, puesto que ha entrado a conocer el asunto una vez que la Policía le ha presentado el atestado que ha motivado la detención de Ángel Ojeda y de otras ocho personas.
Sólo queda esperar que la anticipación de la Udef a la hora de arrestar al ex consejero andaluz no haya perjudicado las pesquisas que venía realizando la UCO en el mismo sentido, porque entonces se habría hecho un flaco favor a la investigación que desde hace tantos meses se desarrolla con absoluto sigilo.

La Policía registra la vivienda del ex consejero Ángel Ojeda en el barrio de Heliópolis de Sevilla

La Policía registra la vivienda del ex consejero Ángel Ojeda en el barrio de Heliópolis de Sevilla