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Mucho vicio

Alberto Grimaldi | 22 de marzo de 2012 a las 11:41

LA declaración de Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, asegurando que se gastaban 25.000 euros al mes de dinero de las políticas activas de empleo en “cocaína, fiestas y copas” -tremendo el eufemismo central- me hizo usar la calculadora de inmediato: salen a 416,67 euros por persona y día. Mucho vicio es eso.

Pero lo grave no es que ambos hayan sobrevivido a ese insano tren de vida, sino que se haya sufragado con dinero público durante años sin control alguno.

Y es ahí donde en el ámbito político está la primera gran responsabilidad. La culpa in vigilando de los consejeros de los respectivos gobiernos es suficiente como para reducir el asunto sólo a las golfadas de unos pocos.

La alternativa a que no exista aquélla es aún peor, porque significaría que, como sostiene Guerrero, el Gobierno andaluz conocía perfectamente el funcionamiento de lo que él mismo denominó como fondo de reptiles: la utilización sin control de ese dinero para favorecer a afines del PSOE, como intrusos en expedientes de regulación de empleo reales o dando subvenciones injustificadas, caso del tristemente famoso conductor.

Estamos ante uno de los más zafios casos de corrupción que se hayan destapado en España y el más grave de la historia de la autonomía andaluza.

Y la clase política, empero, se despacha con sus propios vicios -conductas viciadas, digo- ante hechos como éstos. Acudir al clásico y tu más, como he oído en algún debate radiado me parece tratar al ciudadano, al votante, como si fuese estúpido. Antes al contrario, los electores tienen muy poca tolerancia a este tipo de asuntos. Y mucho más entre los que votan a la izquierda.

Pienso que este tipo de cosas ocurren porque la confianza se vicia: los servidores públicos llegan a creerse que seguirán en el poder eternamente, que los votos les dan una impunidad de la que carecen. Para eso está el poder judicial. Por eso me chocan tanto los ataques a la juez Mercedes Alaya, incluso aunque actúe en campaña. Sobre todo cuando nadie pone en duda que, también en campaña, se reabra -lo que comparto porque repugna igualmente- la parte más política del caso Gürtel o se que condene a Jaume Matas. Pretender que se suspenda la acción de la Justicia porque hay elecciones es admitir que no existe la independencia de poderes.