El cobro de tarifas ilegales durante la Feria, sumado a los conflictos previos entre el gobierno local y un sector de los taxistas, certifica el nulo control que el Ayuntamiento ejerce sobre un servicio público clave para la ciudad

LA vida, a veces, parece un juego de naipes en el que algunos nunca dejan de tener las cartas marcadas. Un aparente divertimento que, sin embargo, puede llegar a convertirse en una trampa, dependiendo de cuál sea el espíritu de cada jugador. Si eres de naturaleza noble, probablemente terminarás mal, incluso aunque el adversario te reconozca cierta cuota de prestigio. Si por el contrario optas por el pragmatismo –en tiempos lejanos a este ejercicio se le tildaba como picaresca– existen probabilidades más que ciertas de que acaso triunfes por la vía rápida. Otra cuestión es que en el trance puedas conservar algo de eso que se llamaba dignidad y algunos todavía denominan honor. En todo caso, éste es un problema secundario: con las ganancias cosechadas en la partida siempre podrás tratar de adquirir este atributo en su vertiente más epidérmica y social. Comprar la honra. Ocurre de esta manera que, como ya nos enseñara Quevedo en sus célebres sátiras, y después han reformulado con éxito expresivo otros poetas y vates tangueros –Discépolo sin ir más lejos–, en el mundo real parece valer más incurrir en ciertos pecados mortales que optar justo por obviarlos. En especial, si se roba.

Toda una burla

Y de un robo hablamos, en definitiva. ¿O cómo debe denominarse al cobro irregular que ciertos taxistas sevillanos han exigido esta Feria de Abril a algunos ciudadanos? La vaina es simple: han llegado a cobrar hasta 50 euros por trayectos que no cuestan ni la mitad, obviando de esta manera todas las reglas, ordenanzas y normativas existentes, aprobadas en tiempo y forma por órganos democráticos y soberanos. Toda una burla. Es evidente que este tipo de prácticas no son la norma entre la mayor parte de los taxistas sevillanos. Probablemente, como recuerdan las principales asociaciones del sector, se trate de la célebre minoría de taxistas, pero lo cierto es que, de unos años a esta parte, la imagen que este gremio está dando ante la ciudadanía parece marcada por una voracidad recaudatoria mayúscula, la impunidad más obscena y el aprovechamiento sin mesura ni reparo alguno del desconocimiento y la falta de alternativas reales en materia de transporte público. Un rostro quizás desfigurado, pero cada vez más verosímil, que asoma tanto en su negativa a aceptar ciertos turnos en función de las necesidades de la ciudad –la famosa polémica sobre las jornadas nocturnas, amparada en falsas argumentaciones sobre su seguridad personal– como en su obsesión por presionar al gobierno local para incrementar, año tras años, sus tarifas.

La suma de todos estos factores, siendo defendida por una minoría o no, que lo mismo da, ha terminado creándole al taxista sevillano fama de cuatrero. Alguien que, en lugar de prestar un servicio a cambio de un justo precio, busca llenarse los bolsillos con la necesidad ajena. Algo parecido a lo que Cervantes simbolizara en el personaje de Monipodio, el hermano mayor de la cofradía de los pícaros sevillanos del Siglo de Oro, en la más célebre de sus Novelas Ejemplares. Un nombre que, curiosamente, deriva del concepto de monopolio, término que en realidad se ajusta bastante bien al tipo de concesión que, gracias a un permiso municipal, disfrutan todos los taxistas. Aquí y en otras muchas ciudades españolas.

Medidas de control

Ningún gremio está a salvo de tener en su seno un grupo que no guarde una mínima ética profesional. Incluidos los periodistas. Pero casi todos ellos intentan, en cierta manera, establecer controles para diferenciar a los verdaderos profesionales –la mayoría– de los simples arribistas. Lo que no se explica es que en Sevilla esto mismo no suceda en el taxi. Y, sobre todo, que a raíz de la denuncia formal de los ciudadanos afectados por esta estafa, el edil responsable, Francisco Fernández, concejal de Movilidad, haya dicho que no puede hacer absolutamente nada para evitar dichos abusos. Fernández, que fue jefe de gabinete del alcalde y ahora dedica más tiempo a las guerras intestinas del PSOE local que a la gestión municipal, alega que los jueces le tumban los expedientes sancionadores abiertos a los taxistas por irregularidades, además de ampararse, para lavarse las manos, en una normativa autonómica por desarrollar. Lo mismo hizo cuando el citado conflicto de los turnos nocturnos: alegar falta de sustento legal cuando las razones jurídicas necesarias dependían precisamente de su propia iniciativa.

Fernández sí ha podido y querido, en cambio, dejar en su mínima expresión las sanciones abiertas a los taxistas que, en repetidas ocasiones, han usado la violencia como argumento; así como dar luz verde a las constantes subidas en las tarifas del servicio. La Junta ha desmentido esta misma semana su argumentario de descargo. De la simple lectura de las ordenanzas en vigor se desprende que no hay otro responsable de estos abusos, junto a los taxistas, que él, al ser de su competencia “la fiscalización integral del servicio público del taxi”. No es la primera vez que echa balones fuera. Ni será la última. Como decía el clásico, en su caso se cumple el viejo aserto: carácter es destino. Aunque alguien debería plantearse hasta cuándo su singular idiosincrasia será un problema para los sevillanos. Un quebranto de 50 euros por trayecto.