La Junta y el Ayuntamiento han sido incapaces de llegar a un acuerdo para que los sevillanos puedan usar la futura red de transporte público del área metropolitana sin tener que comprar dos títulos de viaje distintos.

BAROJA, de natural adusto, pero magistral a la hora de escribir memorias, reconoce en un texto confesional publicado en la revista Índice que, pese a haberlo intentado con notable vehemencia a lo largo de muchos años, jamás en su vida consiguió tener la más mínima afición por esa fiebre que se llama optimismo. A pesar de sus intentos por contemplar la existencia cotidiana, incluso la historia, a través de esta lente amable, la realidad solía desmentirle tan a menudo, y con tanta e intensa reiteración, que convertía en estériles todos sus esfuerzos por ser visto como alguien razonable, casi como un ser sonriente. Algo parecido le ocurre a uno, si vive en Sevilla, cuando mira un poco alrededor.

Dentro de más o menos un mes comenzará a funcionar la línea 1 del Metro. La mayor obra de la historia de la autonomía andaluza. Emprendido oficialmente hace ya una década, justo cuando Monteseirín llegó a la Alcaldía hispalense, este proyecto, cuyas obras han generado un largo rosario de problemas, comienza por fin a ser tangible, aunque el estreno formal vaya a ser sólo parcial. El consorcio de empresas privadas al que la Junta de Andalucía encomendó la tarea de poner en funcionamiento el ferrocarril metropolitano lo inaugurará con dos años largos de retraso sobre el calendario previsto, sin que todas las paradas prometidas estén operativas –no estarán abiertas estaciones tan importantes como Puerta de Jerez, Guadaíra o las tres últimas del tramo de acceso a Montequinto– y con un sobrecoste más que considerable en relación a los presupuestos iniciales.

Cierto es que algunas de estas desviaciones obedecen a mejoras sobre el diseño original. En otros casos, sin embargo, devienen de otros compromisos mucho menos edificantes. La ejecución de la línea ha sido tan singular que ha terminado dando lugar (casi) a un subgénero del periodismo sevillano.

El último capítulo de este largo novelón es el de las tarifas, discutidas esta semana en los foros institucionales con un resultado inaudito: habrá títulos de viaje incompatibles para un sistema que, teóricamente, debe funcionar como un todo. Algo que evidencia que la Junta y el Ayuntamiento no han sido capaces en todo este tiempo de ponerse de acuerdo para que los sevillanos puedan moverse por la supuesta red integral de transporte colectivo (Metro, bus y Cercanías) con un único billete.

Pagar por triplicado

Pese a la abundante literatura técnica sobre los beneficios de la intermodalidad y los pregones sobre las ventajas de ir en tren (hay que ser muy ingenuo para creer que un autobús que circula a 12 kilómetros por hora o un tranvía tan corto como el sevillano son alternativas serias de movilidad), la cosa ha quedado fatal: los sevillanos tendrán que seguir comprando un bonobús de cartulina para viajar en Tussam y una tarjeta especial para moverse por una red de transporte que recién está acabando de nacer y, sin embargo, ya da problemas.

Cualquiera en su sano juicio se preguntaría cómo es posible, de inicio, cometer tal dislate. Dado el número de administraciones implicadas, parece lógico pensar que la cuestión debería haber estado más que prevista, estudiada y solucionada. No ha sido así. Más bien al contrario. Además, a ninguno de los políticos al cargo parece inquietarle el hecho de ser incoherente. La incompatibilidad de los títulos de viaje viola el Plan Metropolitano de Transporte, además de ignorar una de las máximas de la materia: cuánto más difícil sea transbordar, y más cueste cambiar de medio de transporte en una red pública, menos eficaz y rentable será.

Las razones del desacuerdo entre Junta y Ayuntamiento apuntan a un conflicto de índole económica, más que a la polémica (usada a modo de señuelo) sobre si las nuevas máquinas canceladoras de los autobuses sevillanos estarán instaladas a tiempo cuando la línea 1 se inaugure. Un árbol para no dejar ver el verdadero y frondoso bosque: existe una profunda discrepancia institucional sobre cómo debe gestionarse en Sevilla el transporte público; un litigio cuya clave es la situación económica de Tussam.

Llama también la atención, casi hasta extremos alarmantes, la obsesión de la Junta para que no se hable de este asunto –algo a todas luces inevitable a días de la inauguración oficial– so pretexto de que “lo realmente trascendente es que el Metro funcione”. Al parecer, no es suficiente hacer pagar a los ciudadanos por partida triple (una, vía impuestos; las otras dos, mediante los títulos duplicados) para usar la red de transporte de Sevilla, sino que tampoco se les concede el derecho a pensar solos. No digamos ya a criticar.

La Junta, en el fondo, puede incluso que sin quererlo, emula así al alcalde, decano de la liga de optimistas a la sevillana manera; que es, por lo general, superlativa. Un consorcio que cree que todos los que ven la botella medio vacía –en lugar de medio llena– no son más que tristes agoreros. Quienes llaman “preinauguración” al retraso en las obras de la Alameda o la Encarnación. Quienes en plena crisis sostienen que Sevilla es un mar de prosperidad. Ya lo decía Baroja: “la armonía moral sólo existe para los sacerdotes y quienes pregonan el optimismo en ciertos periódicos”. Por cierto, el Metro llega 30 años tarde. Aunque esto, claro es, debe ser cuestión de perspectiva.