La guerra del largo estío

Carlos Mármol | 1 de febrero de 2009 a las 14:35

Los profesores sevillanos amenazan con ir a la huelga si la Junta les obliga a iniciar el curso una semana antes de lo normal. Seis de cada diez docentes, según los sindicatos, se toman vacaciones en julio sin tener derecho.

LA cuestión, a ojos de cualquiera que no sea profesor, profesión difícil e incomprendida, es muy simple: ¿por qué ellos van a ser diferentes al resto del mundo? Dicho de otra forma: ¿por qué los docentes, en especial aquellos que trabajan para la administración pública, disfrutan de unas vacaciones que duplican en días a las del resto de los trabajadores españoles? Se dirá que por necesidades organizativas. O por la singularidad de su trabajo: tratar de educar a menores a los que, una vez llega el verano, resulta prácticamente imposible mantener en clase. Se dirá lo que se quiera. Pero hay un hecho objetivo: los profesores, igual que los demás, no tienen bula especial que les permita dejar de trabajar dos meses de cada doce. Sólo uno.

La Junta de Andalucía ha decidido este año adelantar una semana el inicio del próximo curso escolar. Su propuesta consiste en iniciar las clases apenas siete días antes con respecto a la situación existente. Un cambio discreto que apoyan los padres y que, en teoría, permitirá conciliar mejor la vida ordinaria de las familias con hijos en edad escolar y ampliar las horas lectivas con objeto de mejorar el rendimiento de los alumnos. Nada pues conflictivo, en principio. Sin embargo, los sindicatos de docentes han recibido la idea como una declaración de guerra. Hasta el punto de que han salido a la calle –esta semana, sin ir más lejos– y amagan con ir a la huelga si la Junta continúa adelante con su planteamiento sobre la nueva la organización escolar.

Sus quejas se centran en la falta de tiempo material –apenas siete días– para preparar las programaciones y la organización de un nuevo curso académico. Algo cierto. Aunque, como toda verdad a medias, esconde una realidad bastante incómoda: la falta de tiempo que alegan no es del todo cierta. Los padres, agrupados en distintas entidades representativas de la escuela pública, han replicado llamando la atención sobre el hecho –conocido y tolerado por la Administración autonómica desde hace décadas– de que existe un mes de julio que, en el calendario escolar, suele ser inhábil, aunque por razones de mera conveniencia entre los profesores y la administración, más que por una suerte de ley inmutable. Como todo en la vida, esta especie de costumbre, o casi tradición, puede (y quizás debiera) modificarse. Los padres así lo han hecho constar. E incluso han ido más lejos: reclaman que el curso se inicie el primer día de septiembre.

Intereses creados

La respuesta de los docentes –de sus representantes sindicales, al menos– ha sido la previsible: movilizarse y, con el argumento de que lo que necesita el sistema educativo es una reforma estructural –cosa con la que muchos ciudadanos podrían estar de acuerdo–, negarse a asumir la propuesta de la Junta, que es a quien compete organizar el curso. Habría que preguntarse, quizás, si la “reforma estructural” que reclaman los docentes no debería empezar por ellos mismos. Porque muchos de los profesores –al menos, los que dicen representar los sindicatos; obvio es que no todo el monte es orégano entre los docentes– han pasado a formar parte de esa anquilosada pieza estructural que es la función pública, casta que se nutre del resto de sectores económicos y productivos de la sociedad pero rara vez se adapta a las necesidades de sus principales clientes: los ciudadanos.

Viven una vida autónoma, sin miedo a los despidos, sin grandes dificultades laborales –no así organizativas, claro está– y sin más enemigo que la inflación, que ahora parece ir a la baja. En tiempos de crisis, como los que vivimos en estos momentos, los funcionarios están blindados ante la intemperie. Pero, en lugar de dar gracias al sistema por su privilegiada y envidable posición –aquí habría que recordar que nada es eterno en la vida, ni siquiera el hecho de haber ganado una oposición hace tiempo–, adoptan la actitud de protestar airadamente por una reforma menor que apenas busca facilitar algo la vida de miles de familias sevillanas. Un ejemplo de cómo los intereses corporativos de este colectivo suelen chocar con aquellas propuestas que pretenden modificar, siquiera en parte, el statu quo de la educación.

La Junta, de momento, no ha movido ficha. Mañana se reunirá con los sindicatos para buscar un acuerdo. De su posición dependerá el juicio que los ciudadanos hagan de su gestión. Pero está claro que la situación existente es, en buena parte, responsabilidad suya, al no obligar a los centros –a los directores de instituto, por ser más concretos– a que el curso empiece a prepararse en julio. La autoridad no depende de un cargo, sino de una actitud. Y la Junta rara vez ha sido capaz de dar ejemplo y cumplir con sus obligaciones para que los docentes no tengan excusa que justifique su ausencia de los centros en julio. Educación no cumple y los profesores, en su inmensa mayoría –un 60%, según afirman sus propios sindicatos–, se aprovechan de tal situación. Quienes sufren la coyuntura son los padres, obligados a modificar su vida por la conveniencia de funcionarios y profesores. Nadie duda de que cualquier colectivo tiene derecho a defender sus propios intereses. Pero existen límites. Su actitud, además, es poco inteligente. Por evitarse sólo siete días más de trabajo pueden terminar perdiendo treinta de descanso oficioso. Magro negocio.

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