SI la discusión política sobre la nueva arquitectura municipal, tema árido y oscuro para muchos, se viera en términos de familia, la cuestión quedaría, probablemente, mucho más clara. Ayer, según el consejero de Gobernación, fue un “día histórico”: el de la emancipación municipal. La jornada triunfante en la que los municipios, como los adolescentes, obtuvieron –por así decirlo– el derecho a irse de casa. Otra cuestión distinta es con qué bienes comunes y con qué parte de la herencia.

A tenor de los escasísimos datos existentes, esta teórica alegría debería ponerse en cuarentena. Hay que hacer las cuentas. Ver el debe y el haber. La Junta ha definido ya los 29 asuntos que les tocará en suerte a los consistorios. No deben ser rutilantes, dada la negativa –inaudita, tras un Consejo de Gobierno– a hacerlas públicas. ¿Qué pasa?¿Hay miedo a que alguien diga que no le gusta la lista? Se alegan razones de protocolo, aunque suena a vano intento por atenuar la realidad: dinero, lo que se dice dinero, hay poco. Basta ver la recaudación ordinaria de tributos de la Administración autonómica.

En este punto no sería raro que alguien se preguntase si tantas competencias, sin fondos suficientes, acaso no sean una condena. También existe el riesgo de la asimetría municipal si la Junta, en lugar de pactar un modelo común para las grandes urbes, opta, como insinuó Luis Pizarro, por negociar con cada uno de los ayuntamientos. Mala cosa.

Habrá que esperar al trámite parlamentario –de historia sólo podrá hablarse el día que de la Cámara salga un acuerdo por unanimidad, algo que en este tema parece harto improbable– y oír a los alcaldes. Claro que algunos regidores, como explicaba Erich Fromm en El miedo a la libertad, tendrán que gobernar a partir de ahora sin acudir al regazo de la Junta para que ésta solvente sus errores? Es lo que tiene la libertad: implica decidir solo. Y asumir la responsabilidad.