La Junta intenta camuflar la notable bajada en los ratios de inversión para la provincia de Sevilla con la tesis de que la colaboración privada permitirá financiar algunas de las obras de infraestructura básicas.

NO PODÍA ser de otra forma. Los tiempos de crisis suelen traer presupuestos de austeridad. Ceñidos a lo estrictamente esencial. Si el Estado, en sus cuentas generales para 2010, acometió un recorte del 5% en las inversiones ordinarias para la provincia –el porcentaje exacto de descenso lo suministró el propio PSOE de Sevilla, aunque el ministro de Fomento tuvo el detalle de negarlo en una visita a la ciudad– la Junta de Andalucía, que no desveló hasta hace unos días por donde irían sus apuestas, ha incidido en esta misma línea, pero quizás con algo más de intensidad. Las inversiones regionales caerán en Sevilla un 6,6% y un 15% en materia de Obras Públicas y Transportes.

Dado que tradicionalmente ninguna de ambas administraciones han sido en los años pretéritos muy generosas con el territorio sevillano –ni con la capital ni con el resto de la provincia– el nuevo recorte inversor provocará, inevitablemente, un largo paréntesis en las aspiraciones –eternas– de Sevilla para modernizarse y no quedar descolgada de los flujos de las grandes urbes. Si en los últimos tiempos existía la sensación de que la ciudad seguía sumida en un proceso de estancamiento –fruto de su singular estructura económica, más que otros factores– probablemente en los años venideros este sentimiento termine, por desgracia, en convertirse en una certeza.

Un largo ‘impasse’

El cambio de ciclo económico, de cuyo pozo empiezan a salir algunas economías, pero que en el caso de España será una tormenta bastante más permanente, según dicen todos los analistas, prolongará el sesteo sevillano sine die. Todo indica que se tardará en crear empleo y que, cuando se haga, no será ni al nivel de antaño ni con garantías suficientes para animar el consumo hasta niveles equiparables a los últimos tiempos, cuando empresas y familias vivían gracias al crédito bancario. Los buenos tiempos forman parte del recuerdo.

Los responsables autonómicos, conscientes de la difícil coyuntura en la que estamos, intentan camuflar el descenso inversor con diversos señuelos que permitan suavizar el mensaje de fondo. Es lo corriente: durante los últimos tiempos muchos olvidaron que las administraciones, esa red infinita que forman las instituciones, se nutren de la sociedad; no al revés. De ahí que resulte de cajón que el ajuste vaya a ser considerable. Como un cinturón que casi nos ahogará. Lo llamativo es que, siendo todo esto esperable, nadie tuviera más tentación en los años previos que gastar, generalmente en burocracia y estructuras artificiales de poder que tienen más que ver con la clase política dominante que con las verdaderas necesidades ciudadanas.

Uno de los argumentos a los que la Junta ha recurrido para salvar los muebles ante la opinión pública es la opción de consensuar con la iniciativa privada la financiación de una serie de infraestructuras básicas. En el caso de Sevilla, se habla de la red de tranvías metropolitanos, cuya ejecución lleva un retraso más que considerable, determinados proyectos medioambientales y ciertas iniciativas culturales. Hasta 58 millones de euros, según las estimaciones oficiales.

Siempre resulta loable lograr la colaboración pública y privada para determinados proyectos. Es una de las fórmulas de la verdadera concertación entre los agentes sociales, que debería ir bastante más allá del usual reparto de fondos entre patronal y sindicatos para tareas de formación. Lo raro es que, estando abierta esta puerta desde siempre, no se haya puesto en práctica con idéntico entusiasmo en los últimos años, antes de que la crisis creciente cogiera a muchos por sorpresa. Se hizo con el Metro, pero más por necesidad que por convencimiento. Poco más.

Si en los años de vacas gordas esta fórmula no resultó demasiado exitosa –las obras de la línea 1 no son precisamente un ejemplo de eficacia, dados los retrasos y el sobrecoste con el que terminaron– no parece que vaya a ser la solución, más allá de la mera retórica del momento, para compensar la grave situación de parálisis que atenaza a muchas empresas y particulares. Un largo impasse colectivo en el que las restricciones al crédito condicionan la mera supervivencia de muchas sociedades mercantiles. Uno desearía en este punto, como en tantos otros, estar equivocado, pero la realidad, de momento, se impone. Y no es precisamente de color rosa.

La coyuntura, además, tenderá a empeorar, toda vez que el generoso maná de las ayudas europeas toca, al menos a nivel nacional, a su fin a partir de 2013. Andalucía probablemente seguirá todavía recibiendo fondos durante algo más de tiempo, pero el horizonte general tiene visos de ser mucho menos halagüeño. La cohesión, ese argumento con el que Felipe González logró en su época una línea de financiación privilegiada desde Bruselas, será aplicable a los nuevos países del Este. España quedará, en buena medida, dependiendo sólo de sí misma. Y con muchos deberes por hacer. El discurso gubernamental de cambiar el modelo económico por decreto no parece ser excesivamente sólido. Sevilla, además, salvo excepciones, no es ejemplo de innovación. Los tiempos que vienen son todo menos de esperanza.