El pronunciamiento del TSJA se produce después de que el alcalde abriera la puerta a la negociación con los promotores.

AL final, la batalla legal de Tablada, la trascendente, parece haberla ganado con solvencia y holgura, salvo que el Tribunal Supremo dé una sorpresa de última hora, una persona que hace tiempo que, entre la sumisión y la libertad, eligió la segunda y se marchó, en silencio y con el deber más que cumplido, con los bártulos a otra parte. No es el Cid Campeador, que ajusticiaba a los moros después de muerto, ya que de natural es bastante pacífico, pero en cierto sentido lo parece. Pudiera serlo. Se trata del padre intelectual del Plan General de Sevilla, el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, que hace apenas unas semanas publicó un artículo en este mismo diario en el que advertía que las recientes tentaciones del gobierno municipal de cambiar de posición en el litigio de Tablada no sólo eran un error, sino que supondrían, en caso de llegar a consolidarse, una catástrofe para Sevilla.

Suya es la estrategia legal que, en su sentencia, viene a respaldar con significada vehemencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Suyos, y de su gente, fueron todos los argumentos en virtud de los cuales el Ayuntamiento ha sido capaz de plantear durante cierto tiempo un pulso a las inmobiliarias, que adquirieron Tablada con pretensiones similares a las que en su día tuvieron, en su fuero interno, las antiguas direcciones de las pretéritas cajas de ahorros de Sevilla: someter al poder político de Sevilla a sus aspiraciones personales. Y suyo es el nunca bien ponderado modelo territorial del que tanto presumen PSOE e IU dentro y fuera del término municipal. A este respecto, se da la circunstancia de que en algún caso concreto, con nombre y apellidos, este orgullo en relación al Plan General, por llamarlo de alguna manera, ha sido objeto de presunción por parte de quien, curiosamente, nunca llegó siquiera a leerlo, mucho menos a comprender la envergadura del documento original del libro urbano de Sevilla. Entre otras cuestiones porque, justo en la misma época en la que éste se elaboraba, algunos estaban ocupados intentando copiarlo y fagocitarlo. Estas viejas historias antiguas, de cualquier manera, son materia de otro artículo.

La sentencia del Alto Tribunal andaluz emitida esta semana, sustentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, marca un antes y un después en el largo serial sobre Tablada. Y lo hace porque aclara por primera vez una de las incógnitas del caso. ¿Quién tenía la razón? A juicio del Tribunal Superior de Justicia, que no siempre ha dado su bendición a la Oficina del PGOU –véase por ejemplo la normativa relativa a los planes especiales del casco histórico, anulados en principio y después restaurados sólo en parte–, en esta cuestión la luz parece estar del lado de Fustegueras.

Durante un tiempo, hace ya algunos años, quizás hubiera podido añadirse que también del lado municipal. Ahora esta afirmación no está tan clara. Desde el pasado mes de julio, sin motivo aparente, la posición oficial de parte del gobierno local –la rama socialista– ha cambiado sustancialmente en relación a Tablada. Y lo cierto es que nadie ha explicado de verdad los motivos –por otra parte respetables; no hay nada más natural en la vida que cambiar de criterio– de esta extraña transición, cuyo primer episodio fue una sorprendente declaración pública del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, anunciando que estaba abierto a explorar la vía del diálogo directo con las empresas inmobiliarias.

Las palabras del regidor no hubieran tenido una lectura tan singular si no hubiera sido por dos factores previos. Primero: Monteseirín, en los diez años largos que lleva como regidor, jamás se planteó –siquiera para oír– la posibilidad de sentarse a dialogar con los propietarios del suelo. Segundo: la firme opción del gobierno municipal de politizar y rentabilizar electoralmente esta cuestión –considerándola poco menos que materia sacramental– implica que, cuando se suavizan posturas, la impresión general es que se está cediendo.

El alcalde siempre ha dicho que su apuesta sigue siendo la misma. Pero que, dadas las derrotas legales cosechadas en los dos intentos por hacerse con la titularidad de los suelos de la dehesa, era necesario adoptar otra estrategia. Tanto mudó su táctica que apenas unas semanas después de estas palabras el grupo socialista en el Parlamento andaluz se negaba a aprobar una resolución que instaba a la Junta a cumplir lo que lleva más de un lustro prometiendo: iniciar el proceso para cautelar los suelos de Tablada. Y un tercer hito más: sorprendentemente, el Ayuntamiento acogió con mucho interés la idea de la plataforma civil que defiende la conversión de Tablada en una marisma. Eso sí: lo hizo después de recomendar a los más destacados representantes de esta entidad ciudadana que en la presentación de su iniciativa obviaran el punto más controvertido: la idea de construir en la dehesa.

Y en éstas llega el fallo del TSJA. Si el PSOE no hubiera cambiado de posición –IU se desmarcó de la operación hace unas semanas, lo que imposibilita cualquier tipo de iniciativa de gobierno, salvo que el PSOE se aliara con el PP (como hizo en el Parlamento) durante lo que resta del actual mandato municipal– la sentencia del Alto Tribunal hubiera sido una valiosa victoria política para Monteseirín. Un activo electoral evidente: el hipotético recurso de casación ante el Supremo, si llega a producirse, probablemente se demorará hasta después de los próximos comicios. Pero las cosas no han sucedido así. Y la decisión de mudar la posición de antaño, en combinación con la importancia de la sentencia del TSJA sobre el fondo de litigio de Tablada, en realidad, deja a Monteseirín fuera de juego. Y, lo que son las cosas, da la razón a Torrijos.

Como dice El Quijote: “Cosas veredes, Sancho, que harán temblar las paredes”.