El nuevo presupuesto municipal dejará a Sevilla huérfana de inversiones tangibles durante 2012. El gobierno local ‘politiza’ la elaboración de las cuentas públicas al usarlas para culpar a la oposición en lugar de para gobernar.

La política municipal se ha convertido en Sevilla en un déjà vu. Una paramnesia. Una réplica del famoso síndrome de lo ya visto, ya oído. Sólo que en esta ocasión con vocación perpetua. El gobierno local presentó esta semana –en dos tiempos, como si temiera hacerlo de forma íntegra– los nuevos presupuestos de la ciudad para el año 2012. El primer acto de gobierno –al menos formal– de Juan Ignacio Zoido (PP), que durante los seis meses que lleva en la Alcaldía ha tenido que reinar con las cuentas que le dejó en herencia Monteseirín. Sobra decir que el legado del regidor socialista no era precisamente brillante. Sobre todo en términos financieros.

Las nuevas cuentas municipales no podían ser, en consecuencia, holgadas. Ni osadas. Cuestión distinta es la singular actitud con la que el nuevo ejecutivo local ha abordado el ejercicio político (trascendente) que consiste en marcar prioridades, ordenar recortes y reorientar la gestión municipal en una determinada dirección; asunto cuyo impacto sobre la economía local es notable: el Consistorio es la principal empresa de la ciudad, aunque tal circunstancia sea más un síntoma de debilidad –del tejido empresarial sevillano– que un verdadero activo económico.

Nadie esperaba sorpresas. Tampoco alegrías. A lo sumo, actitudes. Del análisis de los presupuestos, sin embargo, no se obtiene más que una conclusión agria: el PP ha decidido politizar también en su provecho la elaboración de las cuentas públicas para seguir alimentando su estrategia –cuyo horizonte final son las autonómicas de marzo– de culpar a la oposición municipal de una ruina a la que ciertamente contribuyeron –y que pagaron en las urnas; aspecto éste importante– pero que, en cualquier caso, no exime ya de gobernar a quien actualmente disfruta de la mayoría en el Pleno .

Los presupuestos de Sevilla no son los de un gobierno en sentido estricto. Más bien parecen las cuentas de una administración condicionada por un extraño afán de confrontación que se destila hasta en las meras cuestiones terminológicas. Un ejemplo: la edil responsable de elaborar la cuentas, Asunción Fley, calificó de “enchufados” a todos los cargos de confianza de la anterior estructura municipal. Una figura que el PP también usa desde que llegó al gobierno, incrementando incluso el gasto global si la cuestión se analiza estrictamente desde el punto de vista de los altos puestos directivos. Parece obvio que bajo un prisma técnico el adjetivo utilizado era innecesario. Políticamente, al parecer, resultaba esencial. La orientación de un presupuesto, como es obvio, es una decisión de naturaleza política. Hasta ahora se hacía siempre hacia el futuro, nunca hacia el préterito. Salvo para el PP de Sevilla, que sigue mirando hacia el pasado.

Con independencia de la tesis elegida para presentar las cuentas –el Ayuntamiento está en la ruina por culpa del anterior gobierno local–, los presupuestos, pendientes aún del análisis del interventor municipal, y que ayer comenzaron a ser cuestionados por la oposición, dibujan un preocupante porvenir para la institución municipal. Hasta el punto de que no es descartable que, pasados los comicios autonómicos, veamos medidas de ajuste que tendrían a las empresas y organismos municipales en el punto de mira. Todos ellos, salvo Tussam, que tiene ya problemas para pagar las nóminas, recibirán menos fondos sin que los ingresos aumenten. Lo que augura cambios profundos desde el punto de vista jurídico si se quieren mantener los servicios.

Entremos en detalles. En primer lugar, los motivos de la ruina: la carga financiera municipal ronda ya los 70 millones de euros. ¿A qué se debe su incremento? Las razones son dos: el pago de la operación financiera suscrita en 2008 para aminorar el impacto de la deuda municipal global y la liquidación del dinero estatal recibido en los dos últimos años. El anterior gobierno local incumplió periódicamente la legislación de estabilidad presupuestaria, lo que provocó la tutela de la Junta de Andalucía. En cifras: en lugar de lograr un incremento de la tesorería del orden de 16 millones de euros (la previsión), las desviaciones fueron de 33 millones. La ley obliga a asumir este desajuste, lo que recorta la capacidad maniobra del PP.

La situación, siendo grave, no es una completa sorpresa: el plan fue objeto de dos ajustes antes de que llegase Zoido a la Alcaldía y los términos del acuerdo con los bancos –pago de intereses sin amortizar capital hasta 2012– eran conocidos. ¿Entonces? El segundo factor es el trascendente: las liquidaciones a cuenta del dinero que el Estado entrega a los ayuntamientos han sido negativas –la recaudación ha caído– y por tanto hay que devolver todo el dinero entregado en demasía. Hasta 106 millones de euros, que el Estado restará anualmente de las futuras aportaciones durante varios años.

Las tres fuentes que nutren de ingresos al Consistorio (transferencias estatales, tributos, operaciones financieras) van en regresión mientras los gastos se ven reducidos de forma discreta. Lo que dejará al Ayuntamiento durante 2012 sin capacidad real para poder invertir. Cierto es que el gobierno del PP ha decidido –cosa que le honra– hacer aflorar la deuda subterránea del Consistorio: facturas con proveedores por importe de hasta 12 millones de euros asumidos de forma extrapresupuestaria. Es la principal medida positiva –casi la única– de las cuentas locales, que al menos impedirán que las empresas afectadas continúen sin cobrar. Aunque, en términos macroeconómicos, la realidad subyacente en el presupuesto no cambia: no se percibe una decidida apuesta por el empleo, el ahorro es más aparente que sustancial y todos los problemas estructurales de la administración local se dejan sobre la mesa.

Las dos mayores contradicciones de las cuentas proceden del propio discurso oficial del gobierno local. El PP ha dicho que sus cuentas son realistas –a su juicio no contemplan ingresos hipotéticos, sino ciertos– y austeras. Sobre el primer aspecto llama la atención un hecho: probablemente para poder presentar un capítulo de inversiones en las cuentas –apenas 15 millones de euros– se han consignado unos ingresos teóricos por venta de patrimonio –el edificio de La Gavidia, entre otros– que no están garantizados. Ni de lejos. Los socialistas e IU se apoyaron ayer en este punto para decir que las cuentas son “falsas”. Más correcto sería decir que son una ficción. Y, como tal, arbitraria: se presupuestan sin rubor alguno estos ingresos inseguros pero, en cambio, no se consignan todos los fondos de personal para determinados programas de empleo porque se desconoce si se aprobarán por parte de la Junta. Criterios opuestos ante una misma incertidumbre presupuestaria. Curioso.

Sobre la austeridad, la regla utilizada también es discutible. En altos cargos (el gran argumento político del PP) el recorte es de sólo un millón de euros. Un cifra que no casa con la trascendencia de la versión oficial, sin que ello cuestione su necesidad. El capítulo I [Personal] se reduce en apenas un 4%. Los gastos de funcionamiento [capítulo II] descienden un 5%, aunque en realidad crecen, al tener que incluir la ayuda a domicilio y reconocimientos extrajudiciales. Los gastos financieros [capítulo III], en cambio, se disparan un 39% y las inversiones quedan en un mero deseo: el propio presupuesto reconoce que “no se pueden pedir préstamos para invertir”, por lo que recurren a la supuesta venta de patrimonio para al menos incluir una cifra en las cuentas. Que se cumpla ya es otro cantar.

El gran tijeretazo es para las empresas y entidades municipales: un 23% menos de dinero. ¿Afectará a los servicios? Todavía está por ver. La desaparición de Sevilla Global y otros organismos facilita el ajuste. En el caso de Tussam, que se salva de la regla, no se modifica la situación de fondo, al haber aprobado bonificaciones que reducirán sus recursos. Las políticas asistenciales (secundarias en el ámbito político local) se mantienen, aunque en materia de construcción de VPO no se contempla ni una sola obra nueva. Una señal evidente de que la vivienda pública va a pasar a mejor vida en Sevilla.