La incapacidad del Ayuntamiento y la Junta para hacer cumplir la legislación medioambiental que ‘blinda’ las vías pecuarias de Sevilla va camino de quebrar el desarrollo de un Plan General que el PP considera ajeno.

Parece una cuestión secundaria. Hay quien no es capaz de comprenderla ni con subtítulos. Y, sin embargo, va a condicionar la política urbanística de los próximos años. Si les digo vías pecuarias, probablemente les suene a un árido tema medioambiental. Es lógico. Pero si les cuento que debido a un incumplimiento legal, responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, buena parte del marco jurídico básico que sustenta el urbanismo en la ciudad está en cuestión, quizás su percepción sobre el particular cambie de golpe. Está por ver incluso si en algún caso concreto no se ha podido cometer hasta un posible delito.

Si aportamos por último el nombre de algunas de las empresas que podrían estar potencialmente afectadas por la negligencia municipal –Gabriel Rojas, Bogaris, Iniciativas Concertadas, Iniciativas de Bienes Inmuebles, Urbanismo Concertado– el asunto seguro que salta de escala. Quien no entendía, empezará a querer comprenderlo. Lo técnico se transformará en político. Es la magia que tiene el urbanismo: interesa bastante más cuando afecta al mundo del dinero. Y esto ocurre casi siempre. Sin excepción.

Durante los dos últimos lustros padecimos en Sevilla el síndrome de la falsa grandeur: proyectos ambiciosos, arquitectura de vanguardia, concursos de ideas, rascacielos y otros hitos de la vaporosa política del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Sus arriesgadas apuestas urbanísticas provocaron en unos casos problemas patrimoniales –véase la Torre Pelli– y en otros supusieron un quebranto para las arcas públicas –el Parasol–. Pero lo que en ningún momento logró es algo mucho más básico: conseguir que la gestión diaria de la política urbanística mejorase.

La etapa de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) no ha cambiado este panorama. Hasta ahora se limita a los golpes de efecto. Poco más. Ha eliminado de la agenda política los proyectos emblemáticos, algo sin mayor mérito. Desde antes de las elecciones ya se sabía que no había dinero. Ha tratado de vender una austeridad voluntaria que más bien es obligada. Se ha quejado de la herencia recibida pero sin dejar de aprovecharla en su beneficio (Regiones Devastadas). Y ha diseñado un duro programa de ajuste para la Gerencia de Urbanismo –la famosa hoja de ruta– pendiente de lo que suceda tras las elecciones.

Todas sus demás apuestas han patinado. La recalificación de Ikea está varada desde hace medio año. La venta de la comisaría de La Gavidia también. No hay noticias oficiales de las negociaciones con Altadis y otras entidades (Betis y Sevilla) partidarias de volver a la costumbre, practicada por todos los partidos políticos, del urbanismo a la carta. Sólo hay un discurso simplista:“El PGOU es un obstáculo para el desarrollo de Sevilla”. Y una actitud arrogante: “Vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar”.

Un problema de gestión

Bien. Sin embargo, el PGOU no tiene un problema de diseño, sino de gestión. Una responsabilidad que es exclusivamente municipal. Y que, a tenor de los últimos acontecimientos, va a convertirse en un cáncer potencial cuyas consecuencias no son únicamente legales –un juzgado de Sevilla ha encargado al grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil que investigue la ocupación ilegal en distintos terrenos de parte de la red pública de vías pecuarias, cuya naturaleza jurídica es la de un bien colectivo–, sino económicas.

Hace unos días, los ecologistas presentaron en los tribunales una denuncia. En ella reclaman al juez que anule seis planes urbanísticos que afectan a idéntico número de grandes bolsas de suelo. Su argumento: no se han cumplido las exigencias establecidas por la legislación ambiental. Las vías pecuarias.

San Nicolás Oeste, donde la multinacional Ikea quiere desarrollar su operación inmobiliaria contra las directrices del PGOU, es uno de los espacios afectados. El PP prometió al llegar al poder sacar adelante esta iniciativa “en semanas”. Siete meses después, la cuestión todavía sigue varada. Sin fecha. No existía ningún bloqueo, sino presiones por parte de la multinacional para adaptar el planeamiento urbanístico a sus deseos, que consistían en liderar una operación inmobiliaria más global –con el pretexto de abrir una segunda tienda propia– muy por encima de los límites estrictos del Plan General. Un bucle del que el PP todavía no ha salido.

Ikea es el caso más llamativo. Pero ni de lejos es el factor trascendente. El planeamiento de San Nicolás Oeste todavía no ha sido aprobado definitivamente –entre otras cosas porque el PP no sabe cómo hacerlo sin violar la ley– y la cuestión podría reconducirse. La nuez del problema son los demás terrenos. Según fuentes técnicas de Urbanismo, en su caso se ha incumplido la legislación ambiental, lo que supone que sus previsiones pueden ser nulas de pleno derecho. Y esto significa poner patas arriba el urbanismo sevillano. Primero, porque impide la mínima seguridad jurídica que demandan los empresarios. Y segundo porque, de facto, viene a suponer la paralización del PGOU. Una situación que incide directamente sobre los propietarios que invirtieron en estos suelos. Y que, además, deja al equipo de Zoido sin ningún balance de gestión en materia de política urbanística.

Sevilla siempre ha crecido sobre los suelos de su entorno. Terrenos que antaño eran el campo y donde existían antiguos caminos rurales comunales que servían para el ganado: las vías pecuarias. La legislación medioambiental otorga a estos caminos de la discordia un grado mayúsculo de protección: son bienes de dominio público. La ley impide ejecutar cualquier planeamiento urbanístico que les afecte si antes no se deslindan, se desafectan y cualquier posible pérdida sobre sus itinerarios originales no se compensa con un trazado alternativo.

El PGOU diseñó un plan para cumplir este requisito en su informe de impacto ambiental. Pero desde su aprobación –2006– ni el Ayuntamiento ni la Junta lo han ejecutado. Fuentes técnicas de Urbanismo han confirmado a este diario que algunas de las bolsas de suelo afectadas son Torreblanca (Este y Oeste), Palmete, el Pítamo Sur y la Hacienda El Rosario. En ellas iban a construirse 5.277 viviendas y zonas terciarias (comercial y oficinas) cuyo tamaño es cuatro veces superior a Puerto Triana.

Basta ver el mapa de las vías pecuarias sin desafectar para darse cuenta de que estas áreas no son las únicas. Hay otros casos. Se ubican en los nuevos crecimientos urbanos situados al Norte, Este y Sur de Sevilla. En espacios tan estratégicos como Higuerón Sur (Ciudad de la Imagen) o en grandes bolsas de terrenos como la Hacienda del Buen Aire, San Nicolás y Villanueva del Pítamo. Un cáncer con metástasis.