El Ayuntamiento agiliza los proyectos en materia de tráfico para dar la impresión de que la actividad municipal no desciende en agosto, periodo en el que la marcha del edil de Urbanismo ahonda la crisis interna del gobierno local.

DECÍA el filósofo alemán Friedrich Hegel que todo cuanto es lógico debería ser real. No siempre se cumple tal máxima, aunque, a primera vista al menos, a cualquiera se le antoja muy complicado que esto no pueda llegar a ser cierto. Probablemente porque, dada la forma que tenemos de observar nuestro entorno más próximo, casi todos sentimos una suerte de aversión hacia aquello que nos parece ilógico. Hasta el punto de negar determinadas evidencias, por verdaderas que éstas resulten.

En esta zona de sombra entre la verdad cierta y la verdad aparente, sin embargo, se esconden muchas cosas. Entre otras, buena parte de los resortes sobre los que trabaja la publicidad y su más conocida degeneración política: la propaganda. La técnica de hacer aparecer como cierto algo que no lo es –todavía– o que acaso no llegará a serlo jamás. Estos días yermos de agosto algunos andan muy ocupados en el Ayuntamiento hispalense con el ejercicio de la –difícil– disciplina que supone armar un silogismo capaz de transmitir un mensaje positivo, de forma que éste parezca rotundo y total. El objetivo es dar la impresión de que en el seno del gobierno municipal (PSOE e IU) todo discurre con normalidad y devoción. Tanta, que incluso los concejales con más responsabilidades están trabajando en agosto para que esta ciudad prospere. Una heroicidad, al parecer.

El contexto en el que se produce dicha escenificación –amplificada mediante notas de prensa, fotos y una serie de presentaciones públicas tácticas en las que predomina, sobre todas las demás, la figura política del alcalde– no es otro que la grave crisis que hace ahora justo dos semanas convirtió en inevitable –y en plenamente visible– la salida del ejecutivo local de Emilio Carrillo, edil de Urbanismo durante un lustro y vicealcalde de la ciudad durante el anterior mandato municipal. Esta marcha, provocada por la falta de sintonía con Monteseirín, y a consecuencia de la decisión de Carrillo de posicionarse con la mayoría que ganó el último congreso del PSOE de Sevilla, certificó la división plena en dos bandos de los socialistas –vieristas por un lado; y afines (de momento) al alcalde, por otro– y evidenció el elocuente silencio de IU, cuya trascendencia en el Ayuntamiento depende no sólo de la aritmética (los votos), sino también de las convulsiones internas del PSOE.

Todos estos elementos marcan el ambiente que se respira en la Plaza Nueva. Sin embargo, la sensación que pretende transmitirse –en especial por parte de la Alcaldía– al exterior es justo la opuesta: que todo va viento en popa. Incluso aunque Monteseirín haya tenido que asumir –¿temporalmente?– las competencias de Urbanismo, abandonadas por Carrillo, la maquinaria municipal no ha dejado de moverse en estos últimos meses. Las cosas marchan. En definitiva: e la nave va, como en la célebre película de Fellini.

Ser y parecer

A nadie se le escapa que semejante despliegue de actividad –más virtual que cierto– ha venido a apoyarse sobre un área municipal –la encargada de las políticas de Movilidad– cuyo gestor, el edil Francisco Fernández, fue jefe de gabinete del alcalde durante años y, en el último congreso socialista, ha sido uno de los principales perdedores. Fernández, que ha formado en los últimos cinco años parte del núcleo más estricto de confianza de Monteseirín, también ha multiplicado sus apariciones públicas en una especie de mímesis paralela del regidor hispalense. Idéntica estrategia para un problema más o menos similar: un futuro político más que incierto después de una dura batalla orgánica que, desde el principio, se presumía más que difícil, por no decir casi imposible.

Los ejemplos son legión: desde la reordenación viaria de la ronda histórica –hecha a medias y con un programa de medidas todavía débil– a la resurrección de la peatonalización de la calle Asunción, en Los Remedios. Desde la reactivación del programa de aparcamientos para residentes –prometido una y mil veces– a la reciente comisión técnica para opinar sobre las nuevas líneas del Metro de Sevilla. Todo es actividad febril en el área dirigida por Fernández, que, con el aval de Monteseirín, y ante la marcha atrás de Celis –cuyo protagonismo político está siendo en este mandato inferior al del anterior; aparentemente, por propia voluntad–, emerge, tras la salida del ex edil de Urbanismo, como el referente casi único de las políticas municipales. Laus deo.

Claro que casi todos estos proyectos suyos tienen su lado oscuro: la remodelación de la ronda es fruto de un estudio contratado por la Gerencia por encargo de su anterior responsable, que nunca lo vio claro; sólo después fue patrimonializado por Fernández. Y lo de Asunción, a decir de los comerciantes, apenas es una idea más o menos embrionaria sobre la que no se sabe más que cómo se quiere que sea al final el decorado. Todo es, pues, cáscara. Pura forma. Aunque suficiente para tratar de construir el axioma del “aquí no pasa nada”. O aquel famoso de Aznar: “Estamos trabajando en ello”. Que las cosas sean ciertas o no es lo de menos. Todo el mundo sabe que en política, como en la vida, lo importante ya no es lo que uno es, sino lo que uno parece.

La salida de Emilio Carrillo del gobierno municipal, que abandona Urbanismo después de un lustro en la Gerencia y nueve años en el núcleo duro del poder local, deja al alcalde sin apenas alternativas para poder renovar su equipo.

BERTOLT BRECHT ya nos enseñó quiénes son los hombres imprescindibles: aquellos que luchan toda la vida por aquello en lo que creen. Sea por los sobrevenidos o por las convicciones –mejor las segundas que los primeros–, lo cierto es que en la vida no abudan quienes estén comprometidos con algo hasta el punto de defenderlo hasta sus últimas consecuencias. Entiéndase bien: no es cuestión de demencia, sino de algo mucho más simple. De coherencia. Un concepto del que la política actual suele andar bastante huérfana. En especial por aquello que decía Churchill: “Un buen político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después el porqué no ocurrió lo que él predijo”. Hipocresía, se llama la figura.

No deja de resultar sorprendente, en consecuencia, que un gobernante diga adiós a los cargos y a las prebendas del poder, a lo que supone estar en la cúspide –con independencia del tamaño que ésta ocupe–, sencillamente porque estima que no cuenta con la confianza de aquel que le nombró. En política suele darse justo la situación opuesta: la gente trata de permanecer donde está, o donde ha logrado llegar –a veces con prácticas nada edificantes–, con independencia de si su inmediato superior confía en su persona. Se da por descontado que, en lo que se refiere al poder, la desconfianza es casi consustancial a la respiración. Genética.

Emilio Carrillo, edil de Urbanismo hasta hace unos días, vicealcalde de la ciudad durante el pasado mandato municipal, lo ha hecho esta semana de forma ejemplar: en relativo silencio –por carta– y dejando claro que sus motivos son personales. El teniente de alcalde, al que los analistas suelen atribuirle la cabeza mejor amueblada del Ayuntamiento –uno, en realidad, no diría que es la mejor, sino probablemente la única–, ha dejado el puesto más envidiado por cualquier gestor público –la dirección del urbanismo de una gran ciudad, un área que permite transformar la realidad y, al tiempo, está llena de peligrosos cantos de sirenas– sencillamente porque la situación interna del gobierno local no le permitía seguir con su trabajo.

En un ejecutivo de coalición, como es el caso de Sevilla, donde PSOE e IU gobiernan juntos desde hace ya un lustro, usualmente los problemas suelen venir del socio de gobierno. De la cohabitación. En esta ocasión, sin embargo, las querellas no eran del otro, sino de miembros de la misma familia –la socialista– que contemplan con pavor cómo el juego de mayorías y minorías existente en el PSOE sitúa ya a Carrillo como alternativa política a Alfredo Sánchez Monteseirín, que llegó a la Alcaldía –tras pactar en 1999 con el PA– después de ganar unas primarias a José Rodríguez de la Borbolla, entonces portavoz municipal del PSOE. La misma historia, acaso, se repita ahora. Aunque con ciertos matices distintos. Monteseirín alcanzó al Consistorio desde fuera, avalado por el aparato socialista –José Caballos nunca estuvo dispuesto a que su antiguo enemigo, Borbolla, tuviera la opción de ser regidor– y sin dimitir de su puesto de presidente de la Diputación Provincial, en el que sucedió a Miguel Ángel Pino.

Aquellas Primarias

Tras aquella victoria –se olvida con frecuencia que, formalmente al menos, fueron los militantes socialistas quienes eligieron a Monteseirín como candidato a alcalde en 1999–, los cambios en el grupo socialista municipal no se hicieron esperar. Borbolla quedó reducido a un simple edil raso y la portavocía fue entregada a alguien –entonces– del aparato: el concejal Carmelo Gómez, después defenestrado por su antiguo mentor. Es cierto que en aquel momento los socialistas no gobernaban –el ejecutivo local estaba formado por PP y PA– y que la fórmula Monteseirín se planteó por exclusión (de Borbolla) más que por convencimiento. Pero, con el tiempo, el actual regidor fue haciéndose tan omnipresente, para lo bueno y para lo malo, que quedó como referente esencial de los socialistas en la ciudad. Una condición que, probablemente desde hace tiempo, pero sobre todo tras los últimos comicios locales, empieza a diluirse con cierta velocidad.

Carrillo, que durante casi una década ha formado parte del núcleo duro de este proyecto político, ha decidido hace días irse a casa –aunque sin renunciar a su condición de concejal electo– acaso porque atisbe que, al igual que le ocurrió a Borbolla, el nuevo aparato ya no vea con buenos ojos a Monteseirín y sea hora de romper amarras –en realidad ya hace mucho que éstas estaban rotas– con quien, con independencia de sus palabras, por la vía de los hechos siempre ha vinculado su posición orgánica –su decisión de apoyar a la lista de Viera en el último congreso– con su papel institucional. E incluso ha consentido con ciertos movimientos tácticos –con los tribunales penales de por medio– para quemarlo antes de una hipotética sucesión que quizás no llegue a producirse nunca. Lo fácil hubiera sido quedarse en el atrio, por si acaso. Pero Carrillo, al igual que ocurre en la novela de Chandler, donde Marlowe decide defender a un hombre por pura convicción, casi por intuición, sin apenas conocerle, ha optado por entonar un largo adiós que pudiera –sólo pudiera– ser un hasta luego. Con ciertas opciones, quizás. Pero sin garantía alguna de éxito. Lleno de incertidumbre.

El conflicto entre el Ayuntamiento y los hosteleros de la Alameda de Hércules, reabierto esta semana después de que el Consistorio cediera en la instalación de los veladores, pone de manifiesto el abuso sobre el espacio público.

LOS espacios públicos, desde los griegos, siempre han sido residencias de la cultura, la filosofía y la convivencia. En el gran teatro que es cualquier ciudad –la vida, en realidad, no es más que una especie de tragedia con tintes circunstanciales de comedia– los escenarios principales casi siempre resultan ser estos enclaves en los que la comunidad, o los individuos, que la suma no siempre hace conjunto, se reconocen como tales y toman conciencia de sí mismos. También de los otros.

El propio concepto de lo urbano, en sentido etimológico, histórico y cultural, deviene de las ágoras. Las viejas plazas. Territorios cuyo propietario es difuso, por ser nadie y todos al tiempo, y que, cuando tienen señor, como se decía en la Edad Media, éste usa para escenificar su poder, consciente de que para que cualquier representación tenga cierto sentido, además de sitio, debe contar con un auditorio. Se mire pues por donde se mire, lo cierto es que no puede entenderse la ciudad –al menos en la cultura mediterránea, de la que deviene todo el mundo occidental– sin estos lugares.

Sevilla, como otras urbes seculares, ha tenido una relación ambigua con estos sitios. En la capital hispalense las plazas rara vez han sido grandes –a lo sumo minúsculas, dada la promiscuidad del caserío popular, que llegaba incluso a abrazar a los grandes palacios nobiliarios– o se han utilizado para algo diferente a la visualización del poder. Muchas de las que todavía existen derivan de contadas operaciones urbanísticas decimonónicas que abrieron, en algunos casos con no poco estropicio, terreno libre a golpes en la trama urbana abigarrada y compleja de Sevilla.

En los últimos tiempos, afortunadamente, parece haber prendido por fin la vieja idea –relacionada con Europa, pero sobre todo con los clásicos– de que las plazas urbanas son joyas a conservar. No siempre ocurre, claro, aunque la cuestión se reproduce con fruición en los discursos de los políticos, conscientes de que en el imaginario colectivo una plaza o un parque son elementos electoralmente rentables, mientras que los estacionamientos irregulares en superficie, que tanto daño hicieron en las plazas durante la década de los años 60 y los 70, no suelen dar votos.

Sea como fuere, el gobierno PSOE e IU ha hecho de la reforma de las plazas más simbólicas de la ciudad una bandera política. En algunos casos con más fortuna. En otros, con menos. Pero, sea cual sea el caso, es evidente que dicho proceso –el de la recuperación para los ciudadanos (todos; no unos pocos) de las ágoras sevillanas– está provocando, en determinados enclaves una serie de agrios conflictos derivados de la incapacidad municipal para decir no. O, mejor, dicho, para reinventar estos espacios con cierto criterio.

La Alameda de Hércules es quizás el ejemplo más evidente. Estos días vuelve a resurgir, a raíz del posicionamiento público del presidente de la Asociación de Hosteleros, Antonio Palomino, la demanda de los empresarios de la zona de colonizar con veladores ad infinitum la mayor parte de los espacios ganados al coche, o a la desidia, para entregarlos al peatón, a los niños y a las familias. El litigio no es nuevo: de hecho, viene sucediéndose antes de que la obra se termine –la Alameda, en realidad, sigue sin acabar sin que nadie explique muy bien la verdadera razón de tal dilación– a partir de un acuerdo, después incumplido, suscrito por el PSOE, gestor mayoritario en la Gerencia de Urbanismo, y esta patronal de hosteleros, cuyo máximo responsable, por cierto, suele ser el organizador de las barras que se instalan en determinados actos municipales. Sin ir más lejos, la última celebración –en los jardines de Las Delicias– del primer año de gestión del tercer mandato como alcalde de Monteseirín.

¿Persecución?

Aducen los hosteleros que el Consistorio persigue a los bares de la Alameda, que les impone el cierre prematuro y que, en general, pretende limitar su actividad. Se arrogan además el mérito de haber revitalizado la zona y protestan porque apenas si pueden ocupar una mínima parte del bulevar –computan la ocupación por metros cuadrados; no por la calidad de éstos– con sus negocios. La realidad, en cambio, es bien distinta: la normativa que se aplica a los hosteleros es la existente –salvo casos, no conocidos, de exceso de celo–, las obras de remodelación se han costeado íntegramente con fondos municipales –ningún hostelero contribuyó a los trabajos económicamente, lo que hubiera sido un ejemplo de concertación– y la ocupación del espacio público por parte de los veladores, al día de hoy, es completamente ilegal, aunque tolerada por el Consistorio. Incluso IU, que maneja la Alameda como si fuera su particular cortijo, ha cedido a sus presiones al autorizar más veladores de los deseables. Claro es que cada colectivo tiene el derecho a defender sus intereses, aunque con argumentos más sólidos. Aunque, en honor a la verdad, el problema rebrota porque, incluso en el Ayuntamiento hay quien considera que un espacio público es un espacio de negocio. Y, por lo visto, los ciudadanos no tienen derecho a sentarse en un banco sin pagar obligatoriamente diez euros por tomarse un whisky, que es el precio al que algunos bares quiere revitalizar el espacio de todos. La Alameda ya está viva. E inventada hace tiempo.

El secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, emplazó ayer a las asambleas de la capital al mes de septiembre para reflexionar sobre la nueva situación política e introducir cambios en la forma de trabajar del gobierno de la ciudad.

MUCHOS se preguntarán, dentro y fuera del PSOE de Sevilla, cuál es la razón por la que, una vez clara la derrota de los críticos en el congreso de ayer, una notable parte de ellos decidió, contra lo que había venido siendo su norma de conducta hasta ahora, apoyar de manera expresa y decidida a la lista que encabezaba José Antonio Viera. ¿Una obligación fruto de las circunstancias o una incoherencia? Probablemente la única vía para tratar de recomponer la tensa situación creada en los últimos meses, en los que las jóvenes promesas, que se han revelado menores, han jugado a ser una mayoría que, visto lo visto en el Congreso, no supone mucho más de un 10% de la representación oficial.

¿No es contradictorio plantear un pulso desde hace meses a la dirección existente del partido, tratar de montar una candidatura alternativa sin tener los avales suficientes, apurar las opciones de retirada e integración y desoír las advertencias de que la cosa no iba bien para después, en horas veinticuatro, como diría el clásico, darle la vuelta a esta situación y pasar a votar en masa en favor de la mayoría dominante?

Bien es cierto que no todos los críticos actuaron así en esta nada edificante función teatral: hubo quien, en coherencia con lo dicho en este tiempo, al menos se abstuvo a la hora de votar o eligió la fórmula del sufragio en blanco. Una forma indirecta de decir no cuando todo obligaba a decir sí. Al menos, a éstos nadie les podrá acusar de veletas. Otra cosa son aquellos que han decidido diluirse en la nueva mayoría, de cuyo núcleo de poder, lógicamente, han sido desplazados por completo. Probablemente unos lo habrán hecho por instinto de conservación y otros por táctica. Porque, aunque la relación de fuerzas ha quedado esbozada de forma manifiesta, el nuevo giro que Viera promete dar en el PSOE de Sevilla no ha hecho, en realidad, más que empezar. En primer lugar, en lo que se refiere a la integración. Probablemente este concepto, tan subjetivo, en el caso de los críticos del PSOE consista, en el mejor de los supuestos, en poder seguir respirando. Que el statu quo no cambie. En un partido donde es tradición que las alteraciones orgánicas tengan inmediata traducción institucional, que algún señalado opositor siga de portavoz municipal, por ejemplo, sería, por así decirlo, una manera de integrar. O de esperar hasta ver qué hacer.

Lo que parece claro es que Viera, que hace cuatro años llegó a la cúpula de los socialistas como una solución temporal ante un problema llamado Caballos –el líder natural no ha tocado demasiado pelo en la nueva Ejecutiva pese a haber dado sus avales a Viera; cosa que, en cambio, sí ha conseguido Carmelo Gómez con menos peso y mucha menos experiencia– está dispuesto, si no a perpetuarse en la cúpula del PSOE, al menos a permanecer en ella durante algún tiempo y dejar cierta huella. Y para cumplir este objetivo ha hecho una Ejecutiva a su medida (sin las componendas del anterior Congreso, pero recompensado a sectores divergentes del partido) y planea, a partir del mes de septiembre, afrontar la gran operación: rediseñar, junto a las asambleas de la capital, hasta ahora controladas por Gómez de Celis y algunas otras familias más, la coyuntura municipal. Para este objetivo parece tener, además, luz verde de San Vicente, a la vista de la cuota sevillana obtenida en la nueva Ejecutiva regional y la marginación de cualquier referente de la corriente que lideraba Demetrio Pérez. No parece tener además prisa. Cuenta con un grupo empotrado en el Ayuntamiento. Y con Emilio Carrillo, el concejal de Urbanismo de Monteseirín, como nuevo y emergente referente de esta nueva etapa. De ahí que acaso haya que cambiar algo el clásico verso de T.S. Eliot. Abril ya no es el mes más cruel. ¿Será septiembre?

La destrucción del último viejo café de Sevilla, tolerada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ilustra cómo los discursos políticos sobre el patrimonio histórico chocan con los intereses de quienes dicen defenderlo.

ENTRE greguería y greguería, don Ramón Gómez de la Serna, que de la materia en cuestión sabía bastante, dejó dicho del café, de cualquier café urbano, que es “la vida interior de la ciudad como ciudad”. Nada más cierto. Sobre los cafés hay, casi se diría, un exceso de literatura. Y no siempre buena: cantos en favor de la amistad y la fraternidad universal que repentinamente surge entre sus mesas; crónicas sobre las pugnas sociales, escenificadas en la simple distribución del espacio disponible para un salón de té, e historias de amor que empiezan en grandes sillones corridos de terciopelo rojo y terminan en el juzgado. De todo un poco.

George Steiner decía que la historia de Europa puede seguirse, mejor que en cualquier libro, sobre el mapa imaginario que agruparía a ciertos cafés donde pasaron cosas, estuvieron determinadas personas o alguien pensó determinada teoría que, a la larga, terminaría cambiando el mundo. Templos de la vieja ilustración y del hedonismo sutil. Espacios excelentes para la conspiración consuetudinaria. Iglesias casi pequeñoburguesas, en definitiva. Hogares temporales de tantos genios y refugio de un largo sinfín de locos. Todo esto son los viejos cafés. Cuanto más viejos, casi mejor.

Si la aseveración de Steiner fuera cierta, no deja de resultar paradójico que en Sevilla, que siempre fue una urbe europea por la vía de dejar de serlo en determinados momentos (esa forma de ser que consiste en la negación de ciertos principios), ahora que algunas cosas han venido a acercarnos (en unos casos con mayor fortuna; en otros con peor suerte) al Viejo Continente, hayamos hecho dicho tránsito matando al último de los vetustos cafés que todavía quedaba más o menos vivo en el Casco Histórico. El viejo Laredo. Intrahistoria de Sevilla escrita, como tantas veces, por foráneos. En este caso, de estirpe jándala.

Pues sí. Lo han matado en plaza pública (algunas firmas influyentes sólo se han dado cuenta de lo que trataba la vaina, como dicen en Colombia, a última hora, pero el asesinato, del género patrimonial, y en primer grado, estaba anunciado desde hacía bastante tiempo) sin que los lamentos, qué curioso, terminen de brotar más que cuando la cosa ya no tiene remedio.
dejar hacer

Porque difícil arreglo tiene la desaparición del último viejo café sevillano, como dijera el tango. Un atributo (el de viejo) dicho sea en el más noble sentido de la palabra. Porque el Laredo, al que tantas crónicas del añejo costumbrismo hispalense alzaron a los altares de la Sevilla canónica, en realidad, ni estaba protegido ni tenía guardián que lo cuidase. Mejor dicho: parecía contar con cientos de adoradores y vates que elogiaban sus vistas y su fina estampa clásica, pero en realidad estaba muy solo. Sin apenas verdaderos defensores de su estilo, en desuso en estos tiempos del café azucarado en vaso de plástico. No sirve de nada ya lamentarse en demasía de semejante pérdida, sino reflexionar sobre la facilidad con la que esta ciudad tan pronto te coloca en un altar como te dejar caer al abismo sin más miramientos. La muerte del Laredo es una metáfora de la vida entendida a la sevillana manera: falsa e hipócrita en las victorias; cruel y displicente frente a las derrotas.

El finado (alguno nunca lo llamaron café porque no tomaban dicha bebida en su interior, sino otras variantes espirituosas) ha pasado a mejor vida gracias a un hostelero de los que dicen ser toda una institución en la ciudad (Quevedo ya advirtió del peligro y el escaso perdurar de la fama terrena) y de la dejadez, consciente, por otra parte, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento hispalense, que otorga premios a otros negocios de hostelería por su larga tradición siendo, en cambio, incapaz de mantener vivos otros bares ubicados precisamente en edificios de titularidad pública. Tres actores para un sainete del que esta ciudad sale, una vez más, sin una parte de su alma más silenciosa, mientras quienes contemplan la pieza teatral (la vida es puro teatro) simulan lamentarse por un daño del que han sacado partido o con el que han consentido, pero del que ninguno quiere aparecer como colaborador. Ya se sabe: la destrucción de la ciudad siempre tiene nombres y apellidos. Pero todos gustan de darle la vuelta a las cosas para que la historia no perpetue esta imagen.

El Laredo fuese, como en el soneto con estrambote de Cervantes, gloria de la literatura de ocasión, y no hubo nada. O mejor dicho: hay ahora un local donde no queda nada de la vejez y nobleza de antaño. Todo es aparente opulencia, postres con crema y carteles que pregonan el nombre del nuevo propietario al que ni la Junta (en concreto la Comisión Provincial de Patrimonio, cuya función es ignota) ni el Consistorio (que dio la licencia de obras) han querido obligar a hacer las cosas de otra forma para evitar así lo que ha sucedido: el fin de una época en la que podía mirarse la Giralda desde abajo tomando un café. Estrecho, pero también feliz. De nada sirve ahora enviar a los pobres inspectores ni culpar a otros (como hace Cultura) de lo que uno mismo pudo impedir. Podía y debió evitarse. No se hizo. Sus discursos sobre el patrimonio inmaterial de la ciudad son papel mojado. Una burla que ya no hace gracia.

El respaldo de Monteseirín al edil de Tráfico, significado crítico a la dirección del PSOE de Sevilla, en contra del concejal de Urbanismo, escinde el núcleo de confianza en el que el alcalde sustentaba toda la gestión municipal.

NO es que no supiera mediar. Es que ya había tomado partido por uno de los bandos. Monteseirín, al que la crisis surgida entre dos de los tres grandes referentes políticos de su equipo de gobierno –Emilio Carrillo y Francisco Fernández; Celis, de momento, juega a la equidistancia– le ha cogido en puertas del congreso federal del PSOE, parece haber decidido, a raíz de la polémica política y ciudadana desatada por el grave atropello mortal acontecido el 28 de mayo en la avenida de Hytasa, posicionarse a favor de las tesis del concejal de Movilidad, que fue su jefe de gabinete en sus años de presidente de la Diputación y también durante su primer mandato como regidor.

En unas ocasiones lo ha hecho de forma expresa: sus escasas declaraciones sobre esta controversia se han limitado a exculpar a Tráfico de los semáforos desconectados en la zona del accidente, sin señalar pero sin llegar tampoco a exculpar a Urbanismo. En otras, de manera digamos tácita: al dejar pasar conscientemente el tiempo sin que Emilio Carrillo, uno de los políticos con mayor prestigio del Ayuntamiento, pudiera siquiera maniobrar mínimamente para poder protegerse ante una hipotética resolución procesal de la juez que analiza la supuesta responsabilidad penal del Ayuntamiento en este caso.

Carrillo, que decidió el pasado 25 de junio reaccionar y enviar al juzgado, por consejo del secretario municipal, un informe elaborado por los técnicos que participaron en las obras del cruce de Hytasa en el que éstos –no la Gerencia; aspecto éste trascendente– desmienten con profusión de documentos oficiales la versión que previamente el concejal Fernández había enviado a la misma magistrada, vive un auténtico calvario desde hace tres semanas. En un contexto en el que la lucha de poder por la dirección del PSOE de Sevilla –cuyo congreso se celebrará el 19 de este mes– es cruenta, con las correspondientes represalias y sucesivos rebrotes en el ámbito institucional, consecuencias directas del baile de máscaras que es toda lucha por el poder, el concejal de Urbanismo, vicealcalde durante el anterior mandato municipal y portavoz del ejecutivo presidido por Monteseirín en esta tercera etapa de gobierno, ha dejado de repente de formar parte del núcleo de confianza del alcalde. No asiste a las reuniones del gobierno local, evita ir a los actos comunes –esta misma semana faltó a la entrega de las promociones de VPO construidas por Emvisesa, departamento a su cargo– y ve cómo el regidor presenta en solitario iniciativas –el nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia– que dependen de su labor política. Las victorias han dejado de ser suyas. Y las derrotas, ya se sabe, nadie las quiere asumir.

Salvo en el frío acto organizado junto al muelle de Las Delicias para celebrar el primer aniversario del gobierno, a Carrillo ya sólo se le ve en los Plenos. Sentado a un palmo de Monteseirín. Una distancia escasa pero que, por lo que parece, es todo un abismo. Extraña cosa ésta de las afinidades personales: donde hubo cierta amistad y afecto ahora sólo anida el silencioso rencor de uno y el desamparo del otro.

La cuestión orgánica explica, pues, parte de lo que pasa. Pero no es la única causa. El posicionamiento de Carrillo en favor del secretario general del PSOE, José Antonio Viera –al que Monteseirín prácticamente expulsó del Ayuntamiento y cuya retirada de la política pidió en un célebre artículo al iniciarse el proceso precongresual– ha hecho que Monteseirín deje de verlo como lo que es y tanto años representó –un valioso aliado–, pero no explica –al menos para algunos– sus decisiones de las últimas tres semanas. ¿Y qué ha pasado en este tiempo, marcado por el accidente de Hytasa? Pues que Fernández ha tomado el papel de ariete en una campaña de acoso y derribo contra Carrillo que no terminará bien. Un proceso en el que el alcalde, en lugar de mediar para conseguir un acuerdo, ha dejado las cosas empeorar hasta el punto en que cualquier acto de generosidad mutua no será entendido más que como una derrota en una guerra en la que los principios son lo de menos. Monteseirín no ha movido ficha para salvar la situación o respaldar a Carrillo –cuyos intentos por buscar un punto intermedio en la distancia que le separa de Fernández han sido del todo infructuosos– y, al cabo, esta falta de arrojo, como ocurre tantas veces en la vida, acaba siendo, por exclusión, una decisión en sí misma. Mala cosa.

Tapar la situación

Hay quien pretendía tapar esta situación mediante dos fórmulas: anunciando una subvención a la familia de la funcionaria fallecida –que ésta no ha pedido– o admitiendo, a lo sumo, un problema de descoordinación en el seno del gobierno local. Tareas imposibles cuando lo que está en juego es, por un lado, una hipotética imputación en una causa penal. Y, por otro, un episodio trascendente en el juego de apariencias que es el congreso del PSOE de Sevilla. Las espadas siguen en alto: hay quien aconseja a Monteseirín destituir a Carrillo y otros que, por igual, le advierten que hacerlo agravaría el grave conflicto que tiene dentro de su propia casa. De momento, el alcalde sopesa sus opciones. Pero resulta evidente que cuando la lucha orgánica marca lo institucional, el cuerpo político –la ciudad, en este caso– sólo tiene un único diagnóstico. Cáncer con metástasis.

Sevilla, que ha perdido la cuarta posición en el ranking demográfico nacional en favor de Alicante, no consigue atraer inmigrantes suficientes para mantener su estatus poblacional, consecuencia de su fragilidad económica.

DESDE los griegos, la ciencia viene estudiando el singular fenómeno del magnetismo. La propiedad de atraer a otro cuerpo, generalmente contrario, hacia sí. Aunque hasta el siglo XIX no se certificaron con detalle las propiedades reales de los campos magnéticos –ese misterio de la física que, deo gratia, todavía fascina a los niños–, este fenómeno, además de una suerte de magia razonable, funciona como metáfora posible para un sinfín de situaciones. Sobre todo a la hora de analizar el peso de un determinado territorio, o de una urbe, en relación a su entorno.

La evolución de las ciudades, en especial en los países pobres, prima desde antiguo la concentración de personas y mercancías. Para muchos ambos conceptos vienen ya a ser casi lo mismo. Combustible que quemar. Algunas urbes han ido convirtiéndose así en infinitas megápolis, universos paralelos con su propia lógica –a menudo cruel– donde la vida late con ritmo raro. A veces, incluso, con claros síntomas de arritmia. Las razones de tal concentración demográfica suelen ser crematísticas: cuando el entorno es yermo parece lógico que todo el mundo acuda allí donde se supone que el agua corre. A los oasis aparentes, aunque al cabo estén rodeados de un enorme desierto de carestía.

En los países con cierto nivel de renta esta tendencia no se ha invertido, aunque está algo más matizada. No se discute en cualquier caso la mayor: hasta la sociedad más estructurada tiende a funcionar con parámetros centralistas. O con ese neocentralismo que se sustenta en la feroz crítica del centralismo añejo. Sevilla, en relación a Andalucía, sabe bastante de este vicio que consiste en multiplicar las pequeñas patrias sobre la base de negar una previo que, generalmente, nos suele venir dada por la historia.

Sea como fuere, en las economías avanzadas también las urbes y los territorios tienden a la concentración. Si este movimiento de atracción entre las ciudades y los lugares está inmerso en estos tiempos en cierto cambio de escala –las urbes antiguas pierden peso demográfico, aunque siempre a favor de su entorno metropolitano, que es el nuevo centro que crece hacia el infinito– se debe, entre otros factores, a los avatares urbanísticos y a los condicionantes inmobiliarios, que extienden el tablero de ajedrez, pero sin cuestionar nunca el principio general: donde existen transmisiones económicas, y por tanto empleo y posibilidades de negocio, es justo donde inevitablemente va la gente. Salvo aquella minoría que, habiendo logrado la libertad económica, es dueña de elegir su lugar de residencia y su destino. También sus compañeros de viaje.

En los últimos tiempos, con la irrupción de la inmigración en nuestro entorno, los flujos de población han dibujado en España un mapa de diferentes centros a distinta escala con algunos vértices claros: Madrid, como capital, es el máximo punto de referencia; junto a otras ciudades y territorios suburbanos –el concepto de lo municipal hace tiempo que quedó diluido– como Barcelona, Valencia y alguna que otra área del Levante español.

Sevilla, tradicionalmente, ha sido parte de las estaciones menores de este mapa de carreteras por donde circula el dinero, la gente y las oportunidades. Sin embargo, en los últimos tiempos parece haberse quedado descolocada en relación a las demás áreas metropolitanas, que han ido creciendo más en población en relación directamente proporcional a sus posibilidades económicas.

Hace meses se encendió la luz de alarma. Esta semana los datos del INE lo han ratificado: la provincia de Sevilla ha perdido el cuarto puesto en el ranking demográfico español en favor de Alicante, que se ha colocado por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia como cuarto territorio más poblado del Reino. La noticia, que de momento no ha tenido más consecuencias que las anímicas –es sabido que esta ciudad relativiza aquello que aparentemente le disgusta; el siguiente paso consiste en engullir lo extraño–, se explica en base al único factor posible que, dado el evidente contexto de baja natalidad, viene a marcar los movimientos demográficos: la población extranjera.

Escasa atracción

Mientras en otros puntos de España la concentración de inmigrantes –buscando trabajo y abriendo negocios– es notable, en Sevilla este parámetro está estancado. Acaso algunos piensen que este dato es positivo: la provincia no tiene aún que enfrentarse a hipotéticos problemas de integración de población foránea. Pero también tiene su reverso: si no atraemos población extranjera significa que perdemos plazas en relación a otros territorios españoles, pesaremos políticamente menos y, además, nuestra economía no es capaz de tirar al tiempo de nosotros y de los demás. Los extranjeros no pasan en Sevilla del 3%. El 80% de los empadronados en la provincia nacieron en su interior. Si un imán es justo lo que atrae a su contrario, Sevilla hace tiempo que se quedó sin carga.

La excepción tácita que el Ayuntamiento aplica en la Alameda de Hércules a la hora de hacer cumplir la ley autonómica que prohíbe beber en la calle demuestra la falta de coherencia de los responsables municipales

DECÍA Ortega y Gasset en su Meditación del Escorial, una de las magníficas conferencias recogidas en El Espectador, que el esfuerzo estéril suele conducir a la melancolía. Y debe de ser verdad: no hay nada más triste, aunque la depresión también cuente con sus líricos de esquina, que intentar lograr algo y, una vez tras otra, no hallar como respuesta más que el duro suelo de la derrota. Frío e inmisericorde. Sin embargo, y en esto radica la paradoja de la existencia, que es al mismo tiempo una determinada cosa y su contraria, en cierto sentido tampoco hay nada más noble que tratar de alcanzar un meta siendo realmente conscientes de la dificultad de conseguirla. Gestos heroicos, les llaman. Porque la nobleza no viene de cuna ni de estirpe, sino, como nos enseñaron los tratadistas del XVI, bebiendo de los clásicos, de los méritos propios.

El hecho de elegir cualquiera de estos dos puntos de vista sobre un mismo hecho –la lucha del hombre contra su destino, si nos ponemos estupendos; o sencillamente la dificultad de mantener cierta coherencia entre lo que deseamos y el sacrificio necesario para lograrlo– es uno de los elementos que marcan el carácter de una persona. Y de un grupo social. En este caso que nos ocupa –la no aplicación de la ley antibotellón en Sevilla– este colectivo es el gobierno local formado por el PSOE e IU.

El punto de partida es conocido. El Consistorio hace una excepción al aplicar esta norma del Parlamento andaluz en el barrio de la Alameda, donde las patrullas policiales encargadas de disolver las concentraciones juveniles no actúan hasta las cuatro de la madrugada, mientras que en otras áreas de Sevilla los dispositivos disuasorios comienza a trabajar a las diez de la noche. A tal situación se une la obsesión de PSOE e IU de utilizar la simbólica Alameda de Hércules como escenario para celebrar actividades políticas y actos de propaganda, en lugar de dejar que –como ocurre en casi todas las ciudades del mundo– sean los propios ciudadanos los que llenen de vida estas ágoras colectivas. Una práctica que se traduce en la celebración de todo tipo de ceremonias –unas excelentes; otras ridículas– en la cabecera Norte del bulevar, que ha dejado der ser una plaza pública para convertirse en una especie de atrio partidario.

Todos estos elementos, sumados al actual debate sobre la utilización de la Alameda como una gran terraza al aire libre –donde los negocios de hostelería patrimonializan buena parte del espacio de todos–, han terminado cansando a un grupo de vecinos que, reunidos esta semana en un cónclave improvisado, han anunciado que piensan acudir a los tribunales para exigir su derecho al descanso.

El Ayuntamiento, que hace apenas unas semanas ya perdió un litigio por la botellona anterior a la promulgación misma de la ley andaluza, no ha acertado aún a dar una respuesta seria a este conflicto, desatado además por él mismo dada su auténtica fijación por controlar un espacio urbano que tradicionalmente se ha asociado en el imaginario urbano a lo contestatario, a lo maldito. A cierta idea asilvestrada de la vida.

Primero negó la mayor –que las patrullas policiales fueran con retraso– sin aportar prueba alguna. Puesto que existe la contraria –este diario reprodujo en sus páginas la orden oficial de organización de la Policía Local– parece evidente que la edil del ramo, Nieves Hernández, debe tomar por estúpidos a los ciudadanos que leyeron dicho escrito. Y, de paso, dejó por mentirosos, además de a los periodistas, que es lo de menos, a sus propios agentes, que han ratificado tal instrucción. Casualmente, el efecto que buscaba –aparentar credibilidad– ha sido el contrario. La imagen de incapacidad ofrecida es evidente si se tiene en cuenta que, puesto que las pruebas existen, sólo hay dos conclusiones posibles: o la Policía Local no hace caso a las instrucciones municipales –lo que convierte en inútil la figura de esta concejala– o ella misma da directrices contradictorias con sus declaraciones. En cualquiera de ambos casos, un éxito.

El Consistorio –esta vez por boca del edil del distrito, Lolo Silva– sigue dando la impresión de que no considera la botellona un problema, cuando no incentiva directamente su celebración a diario en la misma puerta del centro cívico de las Sirenas o en el bulevar central, al organizar un sinfín de conciertos semanales –hay hasta 15 solicitades cada fin de semana para actos en distintos horarios– pagados con dinero público.

Hasta aquí los hechos desnudos. En este punto habría que recordar, empero, que PSOE e IU prometieron en su día no transformar la Alameda en un botellódromo al aire libre. Sencillamente tenía que recuperar una plaza. La ley antibotellón la reclamó –junto a otros regidores andaluces– Monteseirín. Dato que arroja una pregunta: ¿Por qué este ayuntamiento tiene esta extraña forma de ser incoherente? Acaso en el Consistorio exista quien crea que cumplir esta ley es, en el fondo, un esfuerzo estéril y, por tanto, inevitablemente melancólico. En tal caso, ¿por qué la reclamó en su día? Sería conveniente ensayar otra vía: afrontar el problema con los medios disponibles, que son los legales. Lo que no vale es decir una cosa y hacer la contraria. Disfrazar de tolerancia la incapacidad. Ninguna ley puede permitirse tener agujeros negros. Otra cosa es que haya gobernantes que no sepan aplicarla.

La guerra por el poder en el PSOE de Sevilla, cuyo acto central ha sido la proclamación de Demetrio Pérez como líder del sector crítico, opuesto a la actual dirección, está marcada por el miedo a alinearse con el bando perdedor

ACONSEJAN los manuales con los que, a lo largo de la historia antigua, se han educado a los reyes, que el primer requisito para poder lograr el poder, y después ser capaz de conservarlo durante cierto tiempo, es justamente querer hacerlo. Desear el hecho salvaje de conseguirlo. Tener fe en uno mismo, que es, como es sabido, la principal condición para que esta misma percepción se contagie después a los demás y termine convirtiéndose en una aparente verdad de condición irrefutable.

Debe ser verdad el axioma, pues buena parte de la guerra civil en la que vive inmerso el PSOE de Sevilla en los últimos tiempos puede entenderse bajo este prisma de que para resultar vencedor en cualquier pugna lo primero que debe hacerse es creer en las propias posibilidades de victoria, sean ciertas o no. Si hay un problema de convicción personal, rara vez se obtendrá un triunfo.

Todo lo que viene sucediendo en el socialismo sevillano durante la larga víspera que conduce a su congreso provincial, cuyo hito más significativo ha sido la proclamación formal de Demetrio Pérez como líder de un sector crítico que hasta hace días era más o menos difuso y anónimo, cobra curiosamente lógica si se tiene en cuenta la psicología subyacente de buena parte de la militancia de este partido político –todopoderoso en Andalucía, omnipresente en Sevilla– y el grado de incertidumbre que guía los pronunciamientos de muchos sus principales referentes, todavía equidistantes entre las dos facciones en liza –oficialistas de Viera y críticos de Pérez– hasta que sea más o menos posible leer cuál de los dos grupos se llevará el gato al agua.

La táctica seguida estos meses tanto por unos como por otros en los escarceos previos –elección de los delegados al congreso, actos públicos, declaraciones, proclamas escritas en lugares afines– responde a un mismo denominador: ambas partes intentar construir con los argumentos y recursos a su alcance una ficción en la que, obviamente, ellos aparezcan como héroes cristalinos mientras sus oponentes se tornan sombras negras y peligrosas. Los oficialistas eligieron en primer témino la aséptica fórmula de los datos: se arrogan un 75% de los compromisarios al congreso con el voto cerrado. Una forma de resaltar ante terceros el mensaje de que no hay nada que hacer lejos de su órbita. Que en realidad no hacía falta ni siquiera jugar el partido.

Pero al final habrá enfrentamiento. Y directo. No se augura cordial. Los críticos, hasta que esta misma semana Pérez ha lanzado su mensaje de renovación –aunque muchos de los que le acompañen en el barco no sean precisamente amantes de los cambios y de las caras nuevas; sobre todo cuando éstas no son las suyas–, habían venido compensando las andanadas numéricas de los oficialistas con apelaciones a la lírica y a la poesía –los socialistas no son números, sino personas, decían–, negando la mayor, que es el cómputo de compromisarios de la dirección política, argumento que pudiera tener parte de verdad –se verá el día 19 de julio– pero que, en todo caso, también sería aplicable a sus valedores.

Lo trascendente al comparar ambas estrategias, y al analizar la tendencia en los episodios posteriores de afirmación y negación mutua, es, en todo caso, que ambas facciones están obsesionadas en aparecer como ganadoras potenciales, sea verdad o no. Probablemente porque en caso de lograr tal objetivo la ficción terminará por hacerse cierta. Habría que preguntarse la razón por la que fingir que uno va a ganar es tan efectiva y permite lograr el triunfo. Parece lógico concluir que acaso se deba al contexto en el que se desarrolla, que no es otro que la tradición, existente en el PSOE sevillano, pero aplicable a otras organizaciones, de que nadie quiera aparecer junto al bando perdedor. Cosa nada rara cuando se vive de la política. Lo que está en riesgo no es tanto una opinión, sino un status. Por eso estos días todos los socialistas se susurran cosas. Miran hacia ambos lados al cruzar una calle y lo mismo dicen una cosa y justo su contraria. Amagan. Simulan. Tratan de ganar tiempo esperando ver –ejercicio absolutamente sevillano, tanto como el Giraldillo– hacia dónde va a girar el viento del éxito. Sin decantarse hasta que sea inevitable.

Conspiraciones

Existe una ópera de Verdi, con libreto firmado por Antonio Somma, que cuenta, con la habitual artificiosidad del género lírico, todo esto. O su trasunto: la conspiración que devino en el asesinato de Gustavo III de Suecia el 16 de marzo del año 1792 en un baile de máscaras, donde la ceremonia lúdica derivó de pronto en conspiración política. Acaso no haya mejor metáfora para la vida, y la disputa del PSOE, donde casi todos quieren saber los partes de guerra antes de apostar. Hay excepciones, claro. Gente, como el edil Emilio Carrillo, que ha tenido el coraje de decir lo que piensa –justo lo contrario a lo que ha defendido el alcalde– y continuar a su lado con lealtad.

La discrepancia no es una traición sino para aquellos que no creen en la libertad de juicio o no son capaces de mirar de verdad más que desde el maniqueísmo. Otros, en cambio, como Limones, el alcalde de Alcalá de Guadaíra, hacen lo contrario. Aguantar todo lo posible hasta cambiar de bando. Es el signo de los tiempos convulsos. Donde bajo cualquier sonrisa inocente late una enorme decepción. Y los viejos amigos dejan de hablarse.

El saqueo de las pérgolas de la Expo 92, uno de los patrimonios más tangibles de la Muestra Universal, ilustra, por desgracia, la escasa capacidad de esta ciudad para reutilizar la herencia recibida de sus grandes proyectos

HABRÁ quien piense que se trata de un tema de índole menor. Más o menos de segunda división. No es el caso: a cualquier sevillano que se le pregunte por el largo caudal de herencias que la Expo 92 dejó en la ciudad –y en buena parte de Andalucía, aunque éste último es un factor que muchos se empeñan todavía en negar–, citará, entre otros ejemplos, el techo artificial que permitió que pasear por la Muestra no fuera, en una urbe tan inmisericorde en verano como es Sevilla, todo un ejercicio de alto riesgo. Las pérgolas de la Expo 92. Aparentemente, simple mobiliario urbano. En realidad, un notable ejemplo de minimalismo: conseguir lo máximo con lo mínimo. Una excelente idea con resultados magníficos.

Las pérgolas, que poblaron el recinto de la Cartuja durante toda la Muestra Universal, no tuvieron sin embargo mucha suerte en su corta existencia. Quedaron primero pudriéndose sobre la Isla durante los largos años en los que la ciudad deshojaba la margarita de cómo rentabilizar las inversiones recibidas en el 92. Después fueron retiradas.

Una parte de ellas fue trasladada a la entrada de la estación de Santa Justa –un edificio muy elogiado pero que no tuvo en cuenta el impacto del calor en su área exterior; caminar por el erial del gran intercambiador de transporte hispalense continúa siendo hoy día una odisea bastante poco amable– y el resto, al parecer, quedaron varadas en la Bancada de la Expo hasta que esta semana un grupo de chatarreros de origen rumano las empezaron a trocear, desmantelar y procesar para su posterior venta. Patrimonio público cuya reutilización debían de haber garantizado la Junta y el Ayuntamiento y que, igual que ha ocurrido con frecuencia pasmosa, al final es aprovechado justo por quien nada tiene dado el escaso interés demostrado por quienes son sus dueños.

Este episodio del saqueo de las pérgolas recuerda vagamente al affaire político de la cubierta de la Copa Davis, otro ejemplo más de cómo esta ciudad –sus gobernantes, pero también todos los ciudadanos– desprecia la inmensa potencialidad del patrimonio que hereda de los grandes proyectos. Esas mismas iniciativas estratégicas de las que tanto presumen después los políticos –el alcalde a la cabeza– en los discursos y en las presentaciones de los programas de gobierno. Sueños que se tornan pesadillas. O que se desvanecen.

Paradojas en clave sevillana: una ciudad que es capaz de vivir buena parte del pasado siglo discutiendo con obsesión el efecto de los grandes acontecimientos a los que sirve de marco físico –las dos exposiciones de la centuria recién ida; el sueño olímpico de los años noventa– pero que, al final, tiende a dejar sin barrer –en este caso sin reutilizar– el escenario de sus fiestas, mitificado acaso en el subconsciente colectivo. Pero totalmente olvidado.

No faltará quien considere que, por aquello de la constante renovación que marcan los tiempos, en realidad resultaba de todo punto absurdo conservar semejantes artefactos, cuyo valor económico se estimará limitado por su condición de simples estructuras con vegetación. Una opinión que suele dar por supuesto que el dinero de los contribuyentes puede gastarse cuantas veces haga falta para el mismo objetivo. A fin de cuentas, se tira con pólvora de rey. ¿Qué más da?

Pero lo cierto es que las pérgolas, parte esencial del programa de reforestación de la Expo 92, costaron a las arcas públicas 27 millones de euros de los de hace quince años. Una cifra nada despreciable y que, probablemente, no habría que volver a gastar si se hubieran cuidado, mantenido y repuesto en otra parte de Sevilla. O en la misma Cartuja, donde pasear continúa siendo aún todo un atrevimiento. Algo así como hacer una carrera agónica contra las vallas y los pasos vedados que han ido consolidando la privatización de la Isla. Un desierto para el paseante común; casi un oasis para sus actuales inquilinos.

¿Sostenibilidad?

En la Cartuja este vicio de dejar morir el patrimonio del 92 es tristemente cotidiano. Los ejemplos son tantos que constituyen un subgénero periodístico. Desde la muerte clínica de algunos de los grandes pabellones temáticos –el del Futuro o el de la Navegación, cerrados durante la mayor parte de la última década y media salvo en ocasiones especiales– al abandono de los canales, los jardines y los propios espacios públicos del recinto oficial, donde muchos ciudadanos fueron un día felices creyendo que su ciudad, aldeana en tantas cosas, universal en otras, por fin parecía capaz de moverse hacia adelante. Sin olvidar el telecabina, el monorraíl o el Omnimax, desmantelado con el silencio pactado de las administraciones públicas. La rentabilidad siempre manda sobre lo social.

No hay pues de qué extrañarse. La destrucción de las viejas pérgolas es un hito más en este camino hacia atrás de una urbe que llora los cielos que pierde –parafraseando el título de Romero Murube– pero que continúa muda y sin hacer nada por impedirlo. Una pequeña república en la que a los políticos se les llena la boca al hablar de sostenibilidad (obtener, con el mayor respeto por el entorno común, el máximo provecho de aquello que se ha recibido) pero que es incapaz de salvar simples estructuras de acero hilvanado. Pura arquitectura efímera. Así es Sevilla. Fugaz y estéril.