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La metonimia sevillana

Carlos Mármol | 6 de mayo de 2012 a las 6:06

El gobierno municipal orienta buena parte de su actividad a la promoción de lo que llaman ‘la marca Sevilla’, un concepto que, a juzgar por el funcionamiento de algunos servicios públicos, corre el riesgo de resultar fallido.

En estos tiempos extraños de las redes sociales y la tecnología milagrosa que cabe en la palma de la mano, la política, incluso la municipal, generalmente mucho más pedestre y pegada al suelo que otras de sus derivaciones, padece con sorprendente intensidad el síndrome de la metonimia:usar una parte de las cosas como si fuera el todo. La costumbre está tan extendida, entre otras cosas debido el nefasto vicio del lenguaje políticamente correcto, que para algunos se ha convertido en dogma de fe decir que algo tiene que ser de una cierta manera para que, acto seguido, casi sin solución de continuidad, suceda. No existe demasiado interés real en cambiar las cosas, tarea que es sinónimo de disgustos, sino tan sólo en alterar su nombre. Modificar los términos, sin plantearse otro tipo de mudanzas.

Casi podría decirse que muchos gobernantes se han convertido en magos –en el peor sentido del término– que se sacan de la chistera expresiones y palabras que únicamente buscan disimular ciertas carencias, ocultar el miedo a tomar determinadas decisiones y disfrazar la inactividad. Por ese orden. Puede ser también sinónimo de frivolidad o de incapacidad, depende; pero lo cierto es que en el discurso que proyectan muchos de nuestros próceres cuenta más que los ciudadanos asumamos su singular sentido de la terminología que los éxitos de su gestión. A veces, sencillamente, porque no hay gestión, sino una simple perversión del lenguaje, ese tesoro que fijó en castellano el sevillano Nebrija. El milagro de un alfabeto perfecto que algunos traicionan a diario.

En Sevilla sabemos mucho de esto. Desde antiguo. Ocurre todos los días. Los recortes de derechos y servicios públicos que están marcando la agenda política en España, derivados de la calamitosa situación económica de las arcas públicas y las haciendas privadas, se ocultan tras el término reformas, como si el personal fuera sordo, torpe o ingenuo. La reforma laboral, por ejemplo, es un programa para “crear empleo” en lugar de una herramienta para abaratar cualquier clase de despido. Hay quien cree que esto no es así, aunque en tal supuesto habría que preguntarse cuál es el concepto de empleo que tienen quienes han impulsado esta remodelación legal. Probablemente sea muy distinto al del resto del orbe.

En cuestiones de igualdad sucede otro tanto. Llamar violencia de género a las agresiones contra las mujeres se ha convertido casi en una obligación, como si lo trascendente fuera el segundo término –el género– en vez del primero –la violencia–. Establecer categorías morales sobre ciertas lacras puede servir a algunos para liberar complejos, pero no obvia la evidencia: cualquier violencia (sin adjetivos) debería ser condenable con idéntica intensidad. Sin atender a discriminaciones.

El Ayuntamiento de Sevilla está también preso de esta costumbre. En las últimas semanas, por ejemplo, hemos visto al alcalde, Juan Ignacio Zoido, intentar implicar a la Junta en una nueva entrega de la operación virtual para paralizar la Torre Pelli, cuya construcción sigue adelante, pese a todos los golpes de efecto del regidor, en el Sur de la Isla de la Cartuja. Los asesores del alcalde han concretado la responsabilidad de la Junta en ese tema –inexistente, en términos jurídicos– con el insólito término de “protección paisajística”.

Un concepto, bien lo sabe el geógrafo sevillano Florencio Zoido, cuyo apellido coincide con el del regidor hispalense, sobre el que habría mucho que discutir. Demasiado. En la Junta llevan años dándole vueltas y todavía no han conseguido convencer a todos de que el horizonte es un valor cultural. Algo a conservar.
La Torre Pelli, por cierto, padece idéntica enfermedad: se llama oficialmente Torre Cajasol, aunque no es descartable que dado como están las cosas también sufra un nuevo cambio de denominación siguiendo todo lo antes dicho. Será inútil: entre los sevillanos ya es, desde hace tiempo, sencillamente la Torre Pelli –diga lo que guste la entidad financiera que la construye– al igual que el Parasol de la Encarnación, desde antes incluso de existir, son las setas.

El poder disfruta utilizando su propio diccionario. Cree que es uno de los atributos que le equiparan a Dios: denominar las cosas a su antojo. La gente, sin embargo, sigue usando el diccionario de siempre. Un signo evidente de lo que antes de llamaba gramática parda: la inteligencia natural o aprendida, que desde antiguo explica que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sin más aderezos.

La pandemia de rebautizar las cosas a capricho de los políticos es tal que buena parte de la gestión del equipo de gobierno del PP en su primer año de vida se está dirigiendo, según confesión propia, a lo que ellos llaman “recuperar la marca Sevilla”. Al parecer, había una marca que había sido mancillada durante los años de gobierno de la izquierda –la célebre coalición política de PSOE e IU– y era necesario volver a resucitarla.

La concepción de las ciudades como posibles marcas globales –una cuestión con tantos aspectos positivos como negativos– es uno de los asuntos clásicos de la política estratégica con la que los municipios han orientado su gestión durante las dos últimas décadas, cuando había dinero para viajar, promocionarse e invertir en marketing urbano. Según esta concepción de las cosas, una ciudad debe venderse al exterior, proyectar una determinada imagen ante los demás y dar una visión de sí misma que logre generar inversiones, atraer empleo e incrementar el bienestar de sus ciudadanos.

Nada que objetar: quién no sale a mostrarse en el mercado del mundo tiene difícil que alguien le haga caso. Y estamos en venta, al parecer. Aunque convendría reflexionar si Sevilla no es una ciudad antes que una mera marca. Esto es:un territorio donde viven personas con necesidades, aspiraciones y capacidades. Lo ideal es utilizar todos estos elementos en un proyecto común, acordado, discutido y testado para conseguir mejorar la vida de la gente. Quedarse en la simple propaganda no parece inteligente. Es lo que hizo el anterior gobierno, que elaboró dos planes estratégicos cuya relectura produce entre hilaridad y tristeza:conseguir el pleno empleo en la Sevilla del 2012.

Los expertos suelen resumir la estrategia para posicionar una ciudad en tres cuestiones: contar con un proyecto territorial (urbanístico), perseguir un determinado modelo económico (en función del cuál se orientan los esfuerzos) y ser capaz de articular un movimiento social y cultural propio. Tres cuestiones que deberían ir de la mano. Se da por descontado lo básico: los servicios públicos deben funcionar correctamente, ser eficaces y resultar suficientemente atractivos no sólo a los inversores, sino a los ciudadanos.

¿Sevilla puede vender todas estas cosas? Parece difícil. Mucho más en los tiempos en los que estamos: los recortes de gasto en las empresas municipales, pese a que el alcalde ha terminado incumpliendo sus propias previsiones y dilatando los ajustes hasta un año más en algunas sociedades públicas, repercutirán en los servicios públicos a corto plazo. Ya se verá exactamente en qué medida.

Con esta cuestión en el horizonte basta analizar el resto de requisitos antes citados para tener elementos para valorar con algo de criterio la estrategia de marketing urbano del Ayuntamiento. Contamos con un modelo urbanístico de vanguardia, pero la mayoría del PP en el Pleno no termina de asumirlo. Nuestro proyecto económico se limita a la vaga defensa del turismo patrio. ¿Existe un modelo social y cultural capaz de sobrevivir a esta crisis? No lo parece. De donde se deduce que la marca Sevilla del PP es como un soufflé. Muy bueno, pero no sabe a nada.

El signo de los tiempos

Carlos Mármol | 18 de diciembre de 2011 a las 6:05

Los nuevos presupuestos municipales de Juan Ignacio Zoido no solucionan los problemas estructurales de las empresas del Ayuntamiento de Sevilla y son el preámbulo del duro ajuste que comenzará en primavera.

No va a ser algo inmediato, cosa de un día para otro, pero el inevitable proceso de ajuste de la estructura administrativa global del Ayuntamiento de Sevilla ya está en marcha. Los presupuestos que esta semana ha presentado el gobierno del PP, que destacan por vender una discreta reducción de los gastos corrientes y prácticamente convertir en una utopía el capítulo de las inversiones municipales, tienen un reverso (para algunos tenebroso, para otros lógico) que consiste en recortar significativamente (20%) la partida de transferencias de capital público que reciben la mayoría de las empresas y organismos autónomos del cabildo sevillano.

Del tijeretazo sólo se ha librado Tussam. Consecuencia de la crítica situación por la que desde hace años pasa la empresa municipal de autobuses, quebrada de facto tras doce años de gestión socialista (la firma siempre fue deficitaria, aunque nunca en las magnitudes actuales) y ahora nuevamente herramienta para los guiños electorales del PP, que ha decidido mantener un generoso cuadro de bonificaciones a pesar de que durante su etapa en la oposición solía alertar de que las iniciativas sociales van en perjuicio de la salud financiera de las compañías municipales.

El descenso de los fondos de las sociedades publicas del consistorio pudiera contemplarse en apariencia como una señal de austeridad política. Es una verdad a medias. Quizás podría también considerarse una medida adecuada en un contexto económico diferente (ahorrar tiene sentido cuando hay ingresos; cuando se vive en la ruina es sencillamente imposible) pero en la coyuntura vigente más bien parece anunciar la llegada a la gran encrucijada por la que antes o después pasarán las empresas públicas de Sevilla: los cambios en su actual sistema jurídico de gestión. Lo que algunos llaman privatización.

De momento no se ha producido ningún anuncio oficial que avale esta tesis. Es cierto. Aunque las noticias realmente importantes, y con costes sociales y políticos, nunca se desvelan con demasiada antelación. Al contrario: suelen adoptarse nada más llegar al poder (para que se olviden más fácilmente), de improviso y, últimamente, justo después de haber pasado por el trance electoral. Algo que convierte el hecho de votar en una estafa: los ciudadanos, como ha ocurrido en el caso de las elecciones generales, y en cierto sentido también en las municipales, sólo votan para expulsar a quien gobernaba, pero sin conocer el programa político que se les va a aplicar. Circunstancia que, por lógica, tiende a hacer pensar que será impopular, duro e inaceptable. Mejor no contarlo y aplicarlo una vez pasado el ritual de las urnas. Basta, sin embargo, mirar un poco alrededor para darse cuenta de que los tiempos duros que vienen (como anuncia hasta el Rey) lo serán para unos más que para otros y, de cualquier forma, supondrán que muchas de las situaciones que se antojaban eternas, permanentes, no volverán a ser como antes. Ni seguirán tampoco como ahora.

Esta semana el presidente de la patronal española, Rosell, ha propuesto que se despida a los empleados públicos (los funcionarios son una estirpe distinta) que no tengan funciones encomendadas. Intenta así abrir un debate para que la agenda del nuevo Gobierno que será nombrado la próxima semana comience por cuestionar el gran principio de la función pública: que es vitalicia. La historia no es nueva, pero a muchos todavía les parece inverosímil, increíble. Ocurrió en su día en la Argentina (los tiempos del corralito y el colapso moral y económico de la nación austral) y está pasando en Grecia. Incluso en Granada, que no está tan lejos, el Ayuntamiento del PP, como casi todos, anunció hace días la desaparición de una serie de organismos municipales creados en etapas de prosperidad relativa. Entre los organismos eliminados está incluso la Gerencia de Urbanismo, el gran foco de poder, junto a la Alcaldía, de cualquier consistorio.

La crisis ha instaurado un nuevo dogma político. Es el propio de los momentos de derrumbe: “Todo está sujeto revisión”. Dentro del concepto revisión se incluye la palabra ajuste, que en realidad es recorte. Reprogramación, según la vieja terminología del PSOE. Tras cuatro años de debacle económica, con un paro galopando como un caballo demente y las empresas en el esqueleto (muchas pregonan ahora el discurso de rebajar los sueldos porque algunas ya no tienen fondos ni para despedir, y si despiden más saben que su estructura no podrá seguir funcionando), las miradas se dirigen hacia el sector público. La disyuntiva es trágica: o los servicios básicos o los empleados públicos. Ambas cosas, en algunos casos, no son compatibles.

Probablemente algunos crean que esta reflexión es excesiva. Incluso que se adelanta a los acontecimientos. Veremos. Lo que sí habría que empezar a preguntarse, a menos que gusten las mentiras piadosas, es por qué si esta cuestión está empezando a estar en todas las agendas políticas (europeas, nacionales, incluso regionales; véase el caso de Cataluña) en Sevilla todavía se mantiene en un segundo plano. ¿Una singularidad de corte meridional? Puede que sí. Aunque en realidad es un mero simulacro: se llaman elecciones autonómicas.

El PP municipal ha condicionado toda su agenda de gobierno en Sevilla a los comicios regionales (en los que Javier Arenas se juega todo a César o nada, como César Borgia) y es lógico que desde la Alcaldía no se den pasos para sembrar la semilla de la inquietud entre los empleados municipales, especialmente cuando una de las tácticas del PP andaluz ha sido posicionarse a favor de los funcionarios en el duro conflicto que mantienen con el Gobierno andaluz. Y, sin embargo, la rueda no está quieta. Se mueve.

Esta semana el ejecutivo de Zoido, además del recorte en las transferencias, ha resucitado el proyecto de Monteseirín (esta herencia al parecer no les parece contaminada) de crear la Corporación Municipal DeSevilla. El holding empresarial que en su momento llegó a ambicionar dirigir, con quebranto económico notable para las arcas públicas, el hombre de confianza del ex alcalde, Manuel Jesús Marchena.

La medida, con algunos cambios cosméticos, reaparece ahora con el argumento del ahorro. En positivo. Ya. Hay quien no lo ve igual: la nueva corporación municipal puede ser el principio del plan de reconversión del Ayuntamiento, una nueva superestructura libre de compromisos que impondrá un único convenio colectivo a todos los empleados municipales (con cláusulas adecuadas a los nuevos tiempos) e impulsará un modelo de gestión privada para empresas que, de momento, son públicas. Y ruinosas.

La cosa tiene poco misterio. Puro sentido común: si en los tiempos actuales las entidades y organismos municipales reciben menos transferencias públicas, no pueden endeudarse ni para gastar ni para invertir, sus ingresos estructurales siguen mermando (Urbanismo depende de un mercado inmobiliario desaparecido; Lipasam y Tussam de precios inferiores a los costes) y el Consistorio no sube los impuestos, el Ayuntamiento está abocado al colapso. Emvisesa, la empresa de la vivienda, parece ser el campo de pruebas para el experimento: en 2012 no iniciará ningún proyecto nuevo. Un derribo mudo. Con silenciador. ¿Los argumentos? Siempre queda la justificación habitual: la herencia recibida. Y el signo de los tiempos. La nueva era comienza en marzo. Está escrito.

La burbuja que nunca existió

Carlos Mármol | 13 de noviembre de 2011 a las 6:05

El PP pretende resucitar su proyecto de reformar la ley estatal del suelo para sostener artificialmente el precio de los ‘activos tóxicos’ inmobiliarios · Su fórmula consiste en crear un ‘bad bank’ para enjugar las pérdidas.

No resulta nada extraño que el PP, al que todas las encuestas serias sitúan desde hace meses como ganador en las próximas elecciones generales del 20-N, intente llegar a la inminente cita electoral sin desvelar el contenido de su programa de gobierno. Si explicitara su verdadera agenda política quizás el entusiasmo (relativo) de sus electores potenciales se enfriaría hasta alcanzar el punto mismo de la congelación. El umbral en el que lo líquido muta en sólido.

Lo que nos espera en la nueva etapa política que se abrirá dentro de algo más de una semana no es sólo un proceso de ajuste sobre las clases medias –cada vez más difusas, a tenor de los últimos estudios sobre desigualdad social– o el recorte del escuálido estado del bienestar, que en España nunca fue gran cosa (en comparación con Europa), sino algo bastante más trascendente: la reformulación integral de nuestro marco económico. Y, al cabo, de la propia soberanía. Lo que el PP llama las reformas.

¿Es malo cambiar las cosas? En absoluto. No queda otro remedio. Otra cuestión es cómo se aborde este delicado tránsito, que será doloroso. Cruento. Es un hecho admitido por todos que el enfermo está tumbado desde hace demasiado tiempo en la sala de operaciones y que tiene las constantes vitales inestables. Hay que operar de urgencia. Sólo podemos elegir entre uno de los dos cirujanos de guardia disponibles. ¿Quién es el mejor?

Cada uno deberá resolver esta incógnita por sí mismo. Con independencia de lo que se piense, lo que sí es evidente es que el programa de adelgazamiento económico exigirá cirugía invasiva. Y aquí es donde los silencios programáticos del PP hablan con una elocuencia manifiesta. Si es que se sabe –o se quiere– escuchar. Por otra parte, el discurso del PSOE de que con ellos el ajuste será más suave resulta inverosímil: ha sido el Gobierno de Zapatero el que, como les ocurre a todos los conversos de última hora, inició la senda de los recortes que ahora le tocará acelerar al PP.

El tapón del crédito

En la raíz misma de todo problema está el ladrillo. El boom inmobiliario. Las consecuencias de su singular alianza con la banca –privada y pública– durante los dos últimos lustros, la época dorada de la especulación. La afección del ladrillo en los balances bancarios, unida al cierre del mercado crediticio exterior, han taponado las arterias del sistema: la actividad bancaria. La economía real no recibe sangre. Y la máquina se detiene. A algunas empresas (y familias) el largo parón ya les ha matado. Otras están en tiempo de descuento.

De ahí la coincidencia de los dos grandes partidos políticos en la necesidad de eliminar la trombosis bancaria. La sequía de crédito continúa siendo pertinaz a pesar de los fondos públicos que el Estado ha inyectado en los últimos años a las entidades bancarias. La reconversión, insuficiente, parece no haber servido de mucho. Acaso porque ha obviado el fondo del problema: los activos del ladrillo, en su mayoría procedentes de los promotores inmobiliarios, son una ficción en los balances oficiales. Hasta que no se digieran no hay nada que hacer.

¿Cuál es el plan del PP para salir del atolladero? Misterio. El partido de Rajoy esconde sus cartas. Lo que significa que probablemente sean malas (para muchos). Alguna pista difusa, sin embargo, mostró esta semana en Sevilla Cristóbal Montoro, supuesto futuro ministro de Economía y Hacienda en caso de una victoria popular.

Montoro habló ante un foro sectorial –los constructores sevillanos– a una hora tardía –nueve de la noche– junto a un séquito plagado de dirigentes populares. De Sevilla no dijo más que obviedades –señal de que su conocimiento sobre los problemas de la provincia por la que se presenta es más bien discreto– y su discurso se centró en negar la mayor: jamás existió una burbuja inmobiliaria, mucho menos auspiciada por el PP, como denuncian los socialistas. Es una teoría bastante llamativa. Para tratarse de algo inexistente tiene un tamaño notable: la exposición de las entidades financieras españolas al ladrillo la fijó hace apenas unas semanas el propio Banco de España en 176.000 millones de euros. Una cifra que supone cerca del 12% de la inversión crediticia global.

El candidato del PP por Sevilla nos contó un cuento –el término es suyo– cuyo argumento asigna el mérito del milagro español de mediados de los noventa –ahora tornado pesadilla– a la liberalización, la privatización de las grandes empresas públicas y la doctrina del equilibrio presupuestario. Un fórmula exitosa a la que la construcción, en su opinión, sólo se incorporó en la última fase.

Montoro también rechazó la tesis del PSOE que fija el inicio de la burbuja en la ley del suelo del Gobierno Aznar. “Una sentencia del Supremo nos impidió liberalizar el suelo porque esa competencia es exclusiva de las autonomías”, vino a decir. Lo que no explicó es por qué durante ese mismo periodo la abundancia de terrenos, en contra de lo que defiende su partido, degeneró en un encarecimiento de los terrenos (rústicos y urbanos) que, unido al bucle tejido por las inmobiliarias y los bancos, terminó incrementando el precio de la vivienda y creando un mercado basado no en la verdadera riqueza, sino en las deudas familiares y empresariales. Sobre esto, silencio.

La directriz de Génova prohíbe a sus candidatos ser más explícitos a la hora de lanzar sus mensajes. Debemos pues leer entre líneas. Montoro dijo a los constructores que la estrategia de su partido va a consistir en sacar al mercado las viviendas sin vender –más de un millón, según algunos estudios–, limpiar los balances de los bancos “con fórmulas financieras” y asumir las evidencias, aunque sin culpar a nadie por los excesos del pasado. El perdón, es sabido, es una virtud cristiana.

El proceso de reactivación marcará la política fiscal: recuperarán la desgravación por compra y alquiler de vivienda (topada) y bajarán el IVA y el impuesto de transmisiones. “Vamos a hacer lo que hay que hacer sin complejos”. Ahí se quedó. Sólo al final del acto, forzado por alguno de los asistentes (que en vez de palmear quería respuestas) admitió que en la agenda está reformar la ley estatal del suelo del PSOE, cuyo último reglamento –relativo a las valoraciones– se publicó en el BOE esta misma semana. “Hay que replantearse la regulación del suelo, su calificación y su programación”.

De sus palabras se deduce que una de las primeras medidas que el PP tiene en mente para reanimar al sector inmobiliario es volver a cambiar la normativa marco –las leyes urbanísticas son autonómicas– para lograr su vieja aspiración de que todo terreno susceptible de poder ser urbanizado pueda serlo. Justo el principio que, junto a la barra libre del crédito, nos ha puesto en el borde del abismo. A un paso del final. Paradójico.

Socializar las pérdidas

La reforma del PP busca impedir que la legislación socialista sobre la materia –que atenuó de forma tardía la espiral de la especulación urbanística– tenga repercusión directa en los balances bancarios, quebrados, más que por las viviendas impagadas por los particulares, por un enorme patrimonio –terrenos sin calificar, promociones a medias– que ya no vale lo que se pagó. De valorarse a precio real –rústico, en muchos casos– obligaría a las entidades de crédito a calificar como estéril su cartera de inversiones.

Es sólo el primer paso. La siguiente ficha que se moverá en el tablero, en el que jugarán la banca y los políticos, rara vez los ciudadanos, consiste en la creación de un banco estatal que asuma todos los activos tóxicos de la especulación inmobiliaria. Una opción que supone socializar las pérdidas de un negocio –el especulativo– cuyos beneficios nunca dejaron de ser privados. La fórmula del bad bank –inspirada en lo que Alemania hizo con el Hypo Real Estate, promoviendo incluso una modificación legal para desarrollar el modelo– ya ha sido reclamada por ilustres ejecutivos bancarios. Y con condiciones:“El precio de los activos debe ser el correcto”.

¿Qué significa esto? Adquirir todo el excedente inmobiliario a un precio irreal (dado el mercado actual) para dejar sin riesgo a los bancos y que vuelvan a dar créditos. La cuadratura del círculo. El ciudadano que compró su vivienda a un precio inflado asumió un riesgo que está blindado por las cláusulas hipotecarias. La banca, en cambio, lo derivará al Estado.

Y el Estado, ya se sabe, somos todos.

‘Horla City’

Carlos Mármol | 30 de mayo de 2010 a las 13:38

La aplicación en Sevilla del plan de austeridad del Gobierno será traumática: obras públicas sin plazo fiable, funcionarios con menos dinero, subida de tarifas en el horizonte y los dos grandes partidos en pugna electoral.

Fabián Casas, uno de los poetas argentinos más interesantes, tiene un libro inspirado en un relato de Guy de Maupassant que se titula Horla City. Una metáfora de las ciudades actuales, donde impera el miedo. No se trata de un temor genérico, sino íntimo y personal. Profundo. Un terror que, como en el relato de vampiros del escritor francés, parece estar causado por la presencia de extraños espectros. Fiel a su estirpe brumosa y decimonónica, Maupassant simboliza su desazón en la llegada de seres invisibles que van fagocitando la vida de su personaje principal.

Sevilla cuenta con sus propios miedos. Caminan con cada uno de nosotros. En los tiempos de crisis que vivimos raro es el día en que un nuevo mazazo no llena de incertidumbre la vida ordinaria. Esta semana nos hemos desayunado el plan de ajuste del Ayuntamiento -la primera empresa de Sevilla, no se olvide-, que pondrá en pie de guerra a los sindicatos al implicar recortes de sueldo para los funcionarios. Una medida que se promete que se extenderá a las empresas municipales -de momento no deja de ser una mera declaración de intenciones- y que vendrá a generar un mayor grado de conflictividad social en una urbe que tan sólo sale de su eterna siesta por las procesiones, las fiestas y algunas selectas romerías.

La propuesta de reducción de salarios -en unos casos, lógica; en otros, tremendamente injusta- se acompañará con el discurrir de los meses con un incremento fiscal por tierra, mar y aire. El próximo mes se encarece casi todo: el IVA. A tenor del anuncio de la edil de Hacienda, también subirán todos los precios municipales. Empezará Tussam, pero se aplicará al resto de organismos públicos como si fuera una plaga egipcia. Es llamativo: los economistas aconsejan a los gobernantes que ahorren en los tiempos de bonanza porque cuando llega el duro invierno conviene tener reservas para pasar la tempestad. Durante la última década no se les escuchó.

horla city baja

En Sevilla se ha hecho justo lo contrario. No es un fenómeno exclusivo de la capital de Andalucía. Casi todos los ayuntamientos se encuentran, en mayor o menor medida, en una situación similar, aunque con distintos grados críticos. Los ingresos caen; los gastos se multiplican. Se dirá, como se dice, que los tiempos exigen ahora sacrificios. Es curioso. Los sacrificados siempre son los mismos: aquellos que sólo dependen de su salario. Quienes cuentan con dietas, una estructura de ingresos propia y nutrida y, sobre todo, contactos, suelen ver el panorama con preocupación pero con bastante menos angustia.

En Sevilla, al igual que en casi todos los municipios metropolitanos, enriquecidos en los últimos años gracias a la actividad inmobiliaria, la multiplicación de organismos, empresas, sociedades, fundaciones y demás entes públicos se convirtió en la norma. Una forma de aparentar capacidad y sentido del poder. Una estrategia para ganar ciertas batallas internas -el poder político es orgánico; pero se afianza, y mucho, desde lo institucional- cuya factura vamos a tener que sufragar ahora todos. Como casi siempre.

Lo llamativo del trance es que la reducción de salarios en las administraciones públicas no arreglará demasiado. A corto plazo servirá quizás para que el derrumbe no sea completo. Pero la raíz del problema -el excesivo peso del sector público en la economía local- no la resolverá. ¿De qué sirve bajar el salario a los funcionarios si todos no hacen lo mismo? ¿Si unos -pocos- son necesarios y la mayoría resultan a todas luces prescindibles? ¿No sería más lógico racionalizar ya las estructuras, evitar duplicidades entre instituciones y aceptar sencillamente que el Estado en su conjunto padece la desmesura de los elefantes?

Frente a esta posición se ha optado por un ajuste brutal pero, en el fondo, coyuntural. Un tijeretazo que, en contraste con las alegrías de hace tres años, deja en mal lugar a quienes lo aplican. Zapatero no es el único pecador. Al presidente le piden la cabeza en el Congreso pero lo cierto es que en cada ayuntamiento, en cada comunidad autónoma, casi todos los responsables políticos han hecho lo mismo. Derrochar. No es extraño que la gente tenga miedo. Que su vida se llene de espectros. Para unos se trata de perder el trabajo. Para otros, los ahorros de toda una vida. Para los funcionarios, un determinado porcentaje de su sueldo. Para los inversores, las plusvalías. Todos pierden. Pero distinto.

Las empresas sufrirán los recortes de Fomento. Menos licitaciones. Más problemas para cobrar: las instituciones, como sucede ya, no pagan a tiempo y dejan en la estacada a muchas familias. Hasta en Mairena del Aljarafe, símbolo de la pujante Sevilla metropolitana, se ha suspendido este año la Feria. No hay patrocinadores. El mundo pequeño, casi diminuto, de cada día se quiebra de golpe. Sobre los pies se intuye un abismo negro. En este contexto social, los dos grandes partidos políticos, responsables en buena medida de parte de lo que sucede, empiezan de nuevo la eterna carrera para disputarse el poder. Lo que menos importa es lo que sufra el ejército. Lo importante es quién venza en el Circo Máximo. Quien herede el imperio podrá gestionar la ruina. Hermosa victoria.

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