El Ayuntamiento aplica de forma caprichosa la ley contra el consumo de alcohol en la calle aprobada por el Parlamento y convierte la Alameda de Hércules, rodeada de viviendas y comercios, en un botellódromo.

NO ES QUE se haya declarado en rebeldía. Ni que Monteseirín haya resuelto, de pronto, echarse al monte. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado en los últimos tiempos de reclamar una ley para combatir el consumo de alcohol en la calle a dejar sin efecto precisamente este corpus jurídico que, a instancia suya, aprobara la cámara autonómica para diluir el botellón.

Semejante incoherencia, de la que dan buena muestra las casi dos mil denuncias presentadas ante diferentes instancias, entre ellas el Defensor del Pueblo, arroja un buen ejemplo del extraño sentido del interés general que suelen tener los políticos que afirman primero una cosa, al día siguiente hacen la contraria y, al cabo, niegan todos sus actos previos prometiendo de repente un hermoso amanecer de paz y esperanza. Cinismo se llama, en retórica, la figura.

Tal conducta, adoptada por la coalición que forman PSOE e IU, suele justificarse casi siempre desde Plaza Nueva bajo la premisa de la tolerancia y el sentido de la convivencia. No sabía uno que el cumplimiento del ordenamiento jurídico, esencial y obligado en un Estado de derecho, sobre todo en el caso de una administración pública, era cuestión de la magnanimidad o del sentido del buen rollito del regidor de turno. Aunque, al parecer, en Sevilla así es la cosa: uno cumple la ley si tiene el día generoso; en caso contrario, puede obviarla sin que le pase absolutamente nada.

El resultado de esta dejación salta a la vista en diferentes puntos de Sevilla, donde los jóvenes siguen bebiendo a su antojo, continúan orinando en la puerta de las viviendas y, en general, convirtiendo un trozo de esa ciudad, que tantos dicen amar pero tan pocos quieren, en una suerte de sumidero festivo. Especialmente grave es la situación en la Alameda de Hércules, donde, al problema de la ejecución caprichosa de la ley antibotellona, se suma la decisión del Consistorio de convertir la plaza pública en un escenario cortijero para mostrar su gestión política. No es que uno tenga nada contra la cultura –más bien al contrario– ni contra lo que ellos llaman la “dinamización de los espacios públicos”, sólo que en este caso ni se trata de lo uno –todo concierto no es cultura ni toda pretensión de trascendencia espiritual logra llevarnos al Parnaso– ni de lo otro. Sencillamente es que el Ayuntamiento, al igual que hacen los tapiceros en las ferias de pueblo, ha decidido vocear sus anuncios por las calles, a grito limpio y con altavoces, durante día, tarde y noche.

El conflicto ha llegado a tal punto que, tras sufrir cinco conciertos en seis días, con sus ensayos incluidos, un grupo de vecinos preparan un pleito contra el gobierno municipal –que si ganan tendremos que pagar todos los contribuyentes– por el incumplimiento de la norma sobre ruido. En la Alameda, en teoría, ya existía una asociación vecinal. Pero, al parecer, su margen de movimiento con PSOE e IU en el poder local es bastante limitado. Una verdadera lástima.

Los socios de gobierno, que esta semana han conocido la noticia, han reaccionado culpándose mutuamente de la situación, lo que no deja de ser edificante. Como los niños: “maestro: no fui yo; fue mi compañero”. A los vecinos, junto a cuyas casas el Ayuntamiento tiene a bien descargar cientos de decibelios, no les importa en demasía de quién fue la idea –como si esto no se supiera–, sino la razón por la cual el gobierno local, teniendo el auditorio municipal cerrado, el Estadio de la Cartuja vacío y un sinfín de edificios sin usar que bien podrían ceder regularmente a los grupos de música, prefiere organizar verbenas junto al salón de sus casas bajo el paraguas de tómbolas benéficas; fritanga incluida. Créanme: no hay escapatoria a dicha situación. Hace unos días, al tratar de huir del concierto más horrendo del año (al que el distrito llamó heavyllanos) uno se topaba, a apenas unas pocas calles de distancia, con una banda de cornetas de Semana Santa. Las dos Sevillas reventándole al ciudadano anónimo los oídos. Cofrades por un lado. Heavies, por otro. Todos gritando, en el fondo, más o menos lo mismo: “Esta ciudad es nuestra”.

“Daños colaterales”

La portavoz del gobierno local, Maribel Montaño, ha tenido la deferencia de explicar que, aunque comprende las protestas vecinales, estos conciertos deben entenderse como “daños colaterales” por el éxito que ha supuesto la reurbanización de la Alameda, donde, dice ella, se “vive de forma diferente”. Otro concejal, Alfonso Mir, justificaba unos días antes la no aplicación de la ley: “En algún lugar deben estar los jóvenes”. Que se sepa, Monteseirín aún no ha promulgado decreto alguno convirtiendo la Alameda en un botellódromo. En teoría, éste iba a ir en el Charco de la Pava. Pero, la creencia de los munícipes de que la ciudad carece de vida si ellos no la generan artificialmente –a la existencia particular parecen tenerle poco respecto; les aporta escaso rédito electoral–, ha terminado por hacerlo realidad. Es cierto. La Alameda es diferente: ni la ley se aplica, uno puede meterse coca bajo la cámara de seguridad de la comisaría de la Policía Nacional sin que nada ocurra, se puede orinar junto a una ventana sin que la Policía Local salga de su coche patrulla y los vecinos no tienen derecho no ya al descanso, sino al mero silencio. El paraíso en la tierra. Un paraíso, eso sí, diferente.

La excepción tácita que el Ayuntamiento aplica en la Alameda de Hércules a la hora de hacer cumplir la ley autonómica que prohíbe beber en la calle demuestra la falta de coherencia de los responsables municipales

DECÍA Ortega y Gasset en su Meditación del Escorial, una de las magníficas conferencias recogidas en El Espectador, que el esfuerzo estéril suele conducir a la melancolía. Y debe de ser verdad: no hay nada más triste, aunque la depresión también cuente con sus líricos de esquina, que intentar lograr algo y, una vez tras otra, no hallar como respuesta más que el duro suelo de la derrota. Frío e inmisericorde. Sin embargo, y en esto radica la paradoja de la existencia, que es al mismo tiempo una determinada cosa y su contraria, en cierto sentido tampoco hay nada más noble que tratar de alcanzar un meta siendo realmente conscientes de la dificultad de conseguirla. Gestos heroicos, les llaman. Porque la nobleza no viene de cuna ni de estirpe, sino, como nos enseñaron los tratadistas del XVI, bebiendo de los clásicos, de los méritos propios.

El hecho de elegir cualquiera de estos dos puntos de vista sobre un mismo hecho –la lucha del hombre contra su destino, si nos ponemos estupendos; o sencillamente la dificultad de mantener cierta coherencia entre lo que deseamos y el sacrificio necesario para lograrlo– es uno de los elementos que marcan el carácter de una persona. Y de un grupo social. En este caso que nos ocupa –la no aplicación de la ley antibotellón en Sevilla– este colectivo es el gobierno local formado por el PSOE e IU.

El punto de partida es conocido. El Consistorio hace una excepción al aplicar esta norma del Parlamento andaluz en el barrio de la Alameda, donde las patrullas policiales encargadas de disolver las concentraciones juveniles no actúan hasta las cuatro de la madrugada, mientras que en otras áreas de Sevilla los dispositivos disuasorios comienza a trabajar a las diez de la noche. Atal situación se une la obsesión de PSOE e IU de utilizar la simbólica Alameda de Hércules como escenario para celebrar actividades políticas y actos de propaganda, en lugar de dejar que –como ocurre en casi todas las ciudades del mundo– sean los propios ciudadanos los que llenen de vida estas ágoras colectivas. Una práctica que se traduce en la celebración de todo tipo de ceremonias –unas excelentes; otras ridículas– en la cabecera Norte del bulevar, que ha dejado der ser una plaza pública para convertirse en una especie de atrio partidario.

Todos estos elementos, sumados al actual debate sobre la utilización de la Alameda como una gran terraza al aire libre –donde los negocios de hostelería patrimonializan buena parte del espacio de todos–, han terminado cansando a un grupo de vecinos que, reunidos esta semana en un cónclave improvisado, han anunciado que piensan acudir a los tribunales para exigir su derecho al descanso.

El Ayuntamiento, que hace apenas unas semanas ya perdió un litigio por la botellona anterior a la promulgación misma de la ley andaluza, no ha acertado aún a dar una respuesta seria a este conflicto, desatado además por él mismo dada su auténtica fijación por controlar un espacio urbano que tradicionalmente se ha asociado en el imaginario urbano a lo contestatario, a lo maldito. A cierta idea asilvestrada de la vida.

Primero negó la mayor –que las patrullas policiales fueran con retraso– sin aportar prueba alguna. Puesto que existe la contraria –este diario reprodujo en sus páginas la orden oficial de organización de la Policía Local– parece evidente que la edil del ramo, Nieves Hernández, debe tomar por estúpidos a los ciudadanos que leyeron dicho escrito. Y, de paso, dejó por mentirosos, además de a los periodistas, que es lo de menos, a sus propios agentes, que han ratificado tal instrucción. Casualmente, el efecto que buscaba –aparentar credibilidad– ha sido el contrario. La imagen de incapacidad ofrecida es evidente si se tiene en cuenta que, puesto que las pruebas existen, sólo hay dos conclusiones posibles: o la Policía Local no hace caso a las instrucciones municipales –lo que convierte en inútil la figura de esta concejala– o ella misma da directrices contradictorias con sus declaraciones. En cualquiera de ambos casos, un éxito.

El Consistorio –esta vez por boca del edil del distrito, Lolo Silva– sigue dando la impresión de que no considera la botellona un problema, cuando no incentiva directamente su celebración a diario en la misma puerta del centro cívico de las Sirenas o en el bulevar central, al organizar un sinfín de conciertos semanales –hay hasta 15 solicitades cada fin de semana para actos en distintos horarios– pagados con dinero público.

Hasta aquí los hechos desnudos. En este punto habría que recordar, empero, que PSOE e IU prometieron en su día no transformar la Alameda en un botellódromo al aire libre. Sencillamente tenía que recuperar una plaza. La ley antibotellón la reclamó –junto a otros regidores andaluces– Monteseirín. Dato que arroja una pregunta: ¿Por qué este ayuntamiento tiene esta extraña forma de ser incoherente? Acaso en el Consistorio exista quien crea que cumplir esta ley es, en el fondo, un esfuerzo estéril y, por tanto, inevitablemente melancólico. En tal caso, ¿por qué la reclamó en su día? Sería conveniente ensayar otra vía: afrontar el problema con los medios disponibles, que son los legales. Lo que no vale es decir una cosa y hacer la contraria. Disfrazar de tolerancia la incapacidad. Ninguna ley puede permitirse tener agujeros negros. Otra cosa es que haya gobernantes que no sepan aplicarla.

Casi un año de retraso en la terminación de las obras, una ejecución discutible y el debate sobre el futuro uso de este espacio ciudadano marcan la transformación de la única gran ágora del norte de la Sevilla histórica

PARECE que la autogestión no ha sentado demasiado bien. Hace unos días, un grupo de vecinos de la Alameda, hartos de esperar el final de una remodelación que simula no terminar nunca –casi un año de retraso acusan las obras impulsadas por el Consistorio, decidieron colocar bajo la sombra de las columnas romanas –exentas y minimalistas ahora; asilvestradas antes– uno de los bancos de color albero que está previsto instalar en el bulevar. Se hicieron una foto y la mandaron a la prensa –por aquello de que lo que no sale en los medios no existe– como forma de reivindicar su firme voluntad de dar vida a este importante espacio público.

La imagen cogió con el paso cambiado a los responsables municipales; en especial a IU, que se arroga una especie de extraña paternidad sobre la Alameda. Hasta el punto de que, apenas unas horas después, el edil de distrito, Francisco Manuel Silva, salía a la palestra para reiterar que todo va bien y augurar que los trabajos estarían concluidos en unos tres meses. Justo a las puertas del verano. El banco duró bajo las columnas un par de días más. Después desapareció.

Las declaraciones del concejal de la federación de izquierdas, que se ha hecho célebre por sus viajes y alguna que otra epopeya de arte menor, demasiado gráfica de su personalidad, no tranquilizaron a casi nadie. Probablemente ni a él mismo. Llegaban meses después de que su jefe de filas, Torrijos, el primer teniente de alcalde, pronunciara una sentencia casi bíblica: “La Alameda se acabará cuando se acabe”. Los numerosos frentes que esta obra está abriendo al ejecutivo de Monteseirín resultan ilustrativos de la escasa capacidad de sus munícipes para mantener en curso más o menos razonable sus propios proyectos. Curiosamente, los mismos en los que sustentan su modelo de ciudad. Los mismos que, cuando las calendas son electorales, no paran de promocionar a los cuatro vientos. La facilidad para comunicar las bondades de su gestión se diluye en cuanto se presenta un conflicto. Y la Alameda, al igual que la reforma de la Encarnación, está dando bastantes dolores de cabeza al gobierno local. El plazo de ejecución de las obras, iniciadas en 2005, es, en realidad, lo de menos. Siendo importante –los políticos deben ser capaces de cumplir los propios tiempos que ellos mismos se marcan ante los ciudadanos– los interrogantes que ahora se abren sobre este enclave son de naturaleza patrimonial. ¿A quién pertenece? ¿Cómo se usa?

Parece obvio que la Alameda no es de nadie. Mejor dicho: es de todos. Sin embargo, algunos indicios de los planes municipales para este espacio público hacen desconfiar de que este axioma –obligado en toda ágora, al radicar en ella, desde el mundo clásico, la propia esencia del mismo concepto de lo urbano– se cumpla. Los dos frentes esenciales a este respecto son la gestión de la movida y los planes de ocupación del bulevar con veladores.

En el primer asunto, la situación es ambivalente. Por un lado se toleran las concentraciones juveniles durante las noches de los fines de semana –a veces se convierten en diarias– y, por otro, cuando conviene, se hace una aplicación singular de la ley antibotellona aprobada por el Parlamento de Andalucía. Extraña situación si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento no puede ser discrecional a la hora de aplicar una norma con rango parlamentario, sino eficaz. Disfrazar de tolerancia esta relajación –muy gráfica durante las semanas previas a las últimas elecciones generales y autonómicas– no busca más que disimular una contradicción: Monteseirín parece reacio a aplicar la norma que él mismo, junto a otros alcaldes andaluces, reclamó en su día a la Junta de Andalucía.

‘laissez faire’…

En lo que respecta a los bares –y a sus veladores– la situación es otra. Los locales, regulados por la normativa correspondiente, funcionan, en líneas generales, sin causar demasiados problemas. Su presencia dinamiza el espacio público a determinadas horas. Otra cuestión es su voracidad por ocupar con mesas –espacios lucrativos, al cobrarse a los ciudadanos por su utilización– la mayoría del suelo ganado para el peatón. Esta práctica ya sucede, con honrosas excepciones, desde hace tiempo. De nuevo el Consistorio alega falsa tolerancia: “no queremos perjudicar a los empresarios por las molestias de las obras”. El resultado de este laissez faire, laissez passez es notorio: la colonización del espacio público cada vez es mayor sin que –todavía– hayan vuelto a abrir los quioscos construidos en el centro del bulevar. El acuerdo previo para transformar toda la plaza en una gran terraza –privada– se quebró en cuanto se conoció. Pero aún no está muerto: determinados hosteleros insisten en reavivarlo ante la falta de iniciativa municipal. En esto, como en tantas cosas, sucede lo de siempre: los espacios vacíos terminan ocupándose por aquellos que están al acecho, tenga fuero o carezcan de tal derecho. Igual da. ¿Está la Alameda vacía? Es claro que no. Otra cosa es que el Consistorio pretenda diseñar a su capricho un ágora que debería albergar, esencialmente, actividades ciudadanas. Organizadas por los propios vecinos. A su manera, en este barrio existe una activa sociedad civil, aunque no gaste corbata. De ella depende que la Alameda sea de verdad una plaza y no un mero escenario.