El Ayuntamiento aplica de forma caprichosa la ley contra el consumo de alcohol en la calle aprobada por el Parlamento y convierte la Alameda de Hércules, rodeada de viviendas y comercios, en un botellódromo.

NO ES QUE se haya declarado en rebeldía. Ni que Monteseirín haya resuelto, de pronto, echarse al monte. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado en los últimos tiempos de reclamar una ley para combatir el consumo de alcohol en la calle a dejar sin efecto precisamente este corpus jurídico que, a instancia suya, aprobara la cámara autonómica para diluir el botellón.

Semejante incoherencia, de la que dan buena muestra las casi dos mil denuncias presentadas ante diferentes instancias, entre ellas el Defensor del Pueblo, arroja un buen ejemplo del extraño sentido del interés general que suelen tener los políticos que afirman primero una cosa, al día siguiente hacen la contraria y, al cabo, niegan todos sus actos previos prometiendo de repente un hermoso amanecer de paz y esperanza. Cinismo se llama, en retórica, la figura.

Tal conducta, adoptada por la coalición que forman PSOE e IU, suele justificarse casi siempre desde Plaza Nueva bajo la premisa de la tolerancia y el sentido de la convivencia. No sabía uno que el cumplimiento del ordenamiento jurídico, esencial y obligado en un Estado de derecho, sobre todo en el caso de una administración pública, era cuestión de la magnanimidad o del sentido del buen rollito del regidor de turno. Aunque, al parecer, en Sevilla así es la cosa: uno cumple la ley si tiene el día generoso; en caso contrario, puede obviarla sin que le pase absolutamente nada.

El resultado de esta dejación salta a la vista en diferentes puntos de Sevilla, donde los jóvenes siguen bebiendo a su antojo, continúan orinando en la puerta de las viviendas y, en general, convirtiendo un trozo de esa ciudad, que tantos dicen amar pero tan pocos quieren, en una suerte de sumidero festivo. Especialmente grave es la situación en la Alameda de Hércules, donde, al problema de la ejecución caprichosa de la ley antibotellona, se suma la decisión del Consistorio de convertir la plaza pública en un escenario cortijero para mostrar su gestión política. No es que uno tenga nada contra la cultura –más bien al contrario– ni contra lo que ellos llaman la “dinamización de los espacios públicos”, sólo que en este caso ni se trata de lo uno –todo concierto no es cultura ni toda pretensión de trascendencia espiritual logra llevarnos al Parnaso– ni de lo otro. Sencillamente es que el Ayuntamiento, al igual que hacen los tapiceros en las ferias de pueblo, ha decidido vocear sus anuncios por las calles, a grito limpio y con altavoces, durante día, tarde y noche.

El conflicto ha llegado a tal punto que, tras sufrir cinco conciertos en seis días, con sus ensayos incluidos, un grupo de vecinos preparan un pleito contra el gobierno municipal –que si ganan tendremos que pagar todos los contribuyentes– por el incumplimiento de la norma sobre ruido. En la Alameda, en teoría, ya existía una asociación vecinal. Pero, al parecer, su margen de movimiento con PSOE e IU en el poder local es bastante limitado. Una verdadera lástima.

Los socios de gobierno, que esta semana han conocido la noticia, han reaccionado culpándose mutuamente de la situación, lo que no deja de ser edificante. Como los niños: “maestro: no fui yo; fue mi compañero”. A los vecinos, junto a cuyas casas el Ayuntamiento tiene a bien descargar cientos de decibelios, no les importa en demasía de quién fue la idea –como si esto no se supiera–, sino la razón por la cual el gobierno local, teniendo el auditorio municipal cerrado, el Estadio de la Cartuja vacío y un sinfín de edificios sin usar que bien podrían ceder regularmente a los grupos de música, prefiere organizar verbenas junto al salón de sus casas bajo el paraguas de tómbolas benéficas; fritanga incluida. Créanme: no hay escapatoria a dicha situación. Hace unos días, al tratar de huir del concierto más horrendo del año (al que el distrito llamó heavyllanos) uno se topaba, a apenas unas pocas calles de distancia, con una banda de cornetas de Semana Santa. Las dos Sevillas reventándole al ciudadano anónimo los oídos. Cofrades por un lado. Heavies, por otro. Todos gritando, en el fondo, más o menos lo mismo: “Esta ciudad es nuestra”.

“Daños colaterales”

La portavoz del gobierno local, Maribel Montaño, ha tenido la deferencia de explicar que, aunque comprende las protestas vecinales, estos conciertos deben entenderse como “daños colaterales” por el éxito que ha supuesto la reurbanización de la Alameda, donde, dice ella, se “vive de forma diferente”. Otro concejal, Alfonso Mir, justificaba unos días antes la no aplicación de la ley: “En algún lugar deben estar los jóvenes”. Que se sepa, Monteseirín aún no ha promulgado decreto alguno convirtiendo la Alameda en un botellódromo. En teoría, éste iba a ir en el Charco de la Pava. Pero, la creencia de los munícipes de que la ciudad carece de vida si ellos no la generan artificialmente –a la existencia particular parecen tenerle poco respecto; les aporta escaso rédito electoral–, ha terminado por hacerlo realidad. Es cierto. La Alameda es diferente: ni la ley se aplica, uno puede meterse coca bajo la cámara de seguridad de la comisaría de la Policía Nacional sin que nada ocurra, se puede orinar junto a una ventana sin que la Policía Local salga de su coche patrulla y los vecinos no tienen derecho no ya al descanso, sino al mero silencio. El paraíso en la tierra. Un paraíso, eso sí, diferente.

El sobrecoste de las obras de la línea 1 del Metro, que supera ya el40%del presupuesto oficial anunciado en su día, unido al retraso en los trabajos, es la mejor metáfora de la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía.

No está claro si es por suerte o por desgracia (unos tendrán una opinión; otros, justo la contraria), pero lo cierto es que es una realidad indiscutible: el Metro de Sevilla –la línea1;el resto aún son meras entelequias electorales– se terminará bastante más tarde y a un coste sustancialmente más elevado de lo que en origen de prometió. Nada trágico, obviamente, pero sí relativamente grave si se tiene en cuenta que la administración promotora de este transporte público –la Junta de Andalucía– cada cierto tiempo se encarga de recordarnos a todos que los efectos de su gestión convierten a Andalucía en una comunidad imparable que da el máximo en cuanto proyecto se propone, por difícil que éste sea. Es el peligro que tienen los lemas publicitarios: suelen volverse contra aquel que los lanza, como boomerang, si no son capaces de mantener en el tiempo un mínimo de credibilidad. O si la conducta de su promotor no guarda cierta coherencia con su discurso. Ya lo dijo hace mucho tiempo el clásico: una cosa es predicar; otra, dar trigo.

Tres décadas tarde

El Metro, que en Sevilla llega más de tres décadas tarde –no así en otras ciudades andaluzas–, es, a efectos de historia local, todo un culebrón. Primero, por los agrios episodios que provocó el antiguo proyecto, enterrado por los socialistas hace años; después, en esta segunda etapa, por las dificultades existentes para poner en pie una iniciativa que la ciudad, por su tamaño y sus necesidades, debía de haber tenido en marcha hace décadas. En este último capítulo se enmarca el serial sobre la construcción de la línea 1, en el que ha ocurrido casi de todo: socavones, hundimientos de calzada, tuneladoras sin dientes y un sinfín de anécdotas mayores y menores, entre las que se encuentra la falta de compromiso con el calendario y la falta de rigor en materia presupuestaria, porque, aunque la obra dependa de un consorcio de empresas privadas, no hay que olvidar que se trata de una concesión administrativa cuyo billete se subvenciona con dinero de todos los contribuyentes.

Se dirá que muchas de las razones que explican estos dos talones de Aquiles del proyecto –su coste y su dilatado plazo– son perfectamente justificables. En el primer caso, por las mejoras introducidas en el proyecto original. En el segundo, dados los requisitos de seguridad que necesitaba el proyecto por su complicación. Ambos argumentos, al menos, son los que ha usado en su versión oficial el Gobierno andaluz a la hora de dar explicaciones. Con independencia de las evidencias –siempre será mejor un Metro seguro a uno inseguro y un ferrocarril urbano con un trazado ciudadano en lugar de uno dibujado por los políticos en los despachos–, ambos argumentos pueden volverse del revés como un calcetín. Esto es: si ha sido necesario modificar una y otra vez el proyecto original acaso se deba a que éste se diseñó mal en origen; asimismo, si las medidas de seguridad han dilatado tanto las obras, puede deberse a que, a la hora de su concepción técnica, se fue extremadamente ligero en estas cuestiones. No estamos hablando de los imponderables inherentes a una iniciativa de tanta envergadura –una gran obra civil–, sino a una forma muy singular de plantear un proyecto que, al cabo, aún no ha cumplido ninguna de las expectativas abiertas cuando se prometió a los sevillanos que contarían con un metropolitano moderno, europeo y ejemplar.

En los tiempos que corren, las buenas intenciones no sirven para hacer política. Es más: resultan bastante cuestionables. La demanda ciudadana a este respecto es absolutamente pragmática: después de tres decenios oyendo promesas y buenas palabras por parte de los políticos, es lógico que la gente reclame hechos. Y los hechos consistían en hacer la mejor obra posible, en el menor plazo y a un coste económico razonable. Sencillamente: ser capaz de cumplir las propias previsiones. Un ejercicio de rigurosidad que, dadas las evidencias puestas sobre la mesa, la Junta no parece en condiciones de cumplir.

Sobre la politización

Porque, si el Metro que todavía está en obras se ha encarecido un 40 por ciento más (hasta los 600 millones de euros) sólo puede responsabilizarse de tal situación a la Junta, que es la que ha terminado fagocitando al Ayuntamiento tras la difícil génesis de la obra, cuya realización fue la contraprestación exigida en 1999 por el PA para darle la Alcaldía a Monteseirín. Si entonces el Metro era cosa de dos instituciones –Consistorio y Gobierno andaluz– y de dos partidos –andalucistas y socialistas– pronto quedó claro que el PSOE terminaría devorando todo el escenario político. Así, el gobierno local pasó a un segundo plano –el alcalde se centró en el tranvía ante la situación de la línea1–ylos andalucistas terminaron siendo incapaces de rentabilizar electoralmente su impulso. Todo quedó en manos de la Administración autonómica. Si entonces los socialistas parecían haber conseguido la jugada maestra de rentabilizar públicamente un Metro en el que jamás creyeron –así lo demuestra la historia– parece justo que ahora que las cosas van regular no oculten la verdad bajo los habituales paños calientes. El Metro estará, pero ni en tiempo ni en forma. Ésta es la única verdad. Todo lo demás no son más que gaitas.

Los comerciantes sufren un descenso de ventas en la campaña de Navidad del 20%y confían en las rebajas para levantar cabeza mientras el paro se coloca, según un estudio, a la cabeza de las preocupaciones de los sevillanos.

Hay quien dice que la economía, entre otros factores, funciona esencialmente debido a una larga cadena de confianzas individuales. Una suerte de certeza relativa y extendida que, como casi todo en la vida, parte en origen de personas concretas para terminar siendo lugar común –durante un cierto tiempo y en determinadas circunstancias– para toda una colectividad. En términos literarios, acaso el símil que mejor permitiría explicar tal fenómeno sea el mismo que hace que una narración funcione: la verosimilitud. Al igual que una pieza literaria no se sostiene si ésta no resulta creíble –incluso la mayor fantasía, en su contexto interno, debe ser razonablemente cierta– la maquinaria económica que impulsa el mundo contemporáneo, en especial en estos tiempos de globalización integral, no tira igual si falta lo que los analistas denominan “confianza en el futuro”.O en el presente, en su defecto. ¿En qué reside esta sensación? Esencialmente en la creencia, basada en elementos razonables, de que el día de mañana será algo mejor que el de hoy. Una especie de máxima ilustrada consistente en profesar que casi todo es susceptible de progresar. Que el mundo, en términos macroeconómicos al menos, va a avanzar.

La cadena rota

A veces, sin embargo, esta cadena se rompe. Entonces, según los expertos, es cuando el castillo de naipes que muchas veces parece ser la economía, una ficción con múltiples exégesis, empieza a quebrarse. Que se derrumbe del todo o no –que se produzca una verdadera crisis– es ya otra cuestión, pero lo cierto es que la mera creencia en aquello que dejara escrito Ferlosio en un ensayo –Vendrán años peores y nos harán más ciegos– basta para estropear las cosas y empezar a extender el mal aire de que más pronto que tarde se van a pasar apuros.

Esta semana en Sevilla, que lógicamente no es ajena a los conflictos del orbe por mucho que algunos todavía sueñen con el paraíso provincial de la infancia al sevillano modo, se han producido dos episodios que ponen de manifiesto, sin llegar al drama, que el optimismo ciudadano sobre el futuro empieza a virar con fuerza en relación a los tiempos previos, caracterizados por cierta seguridad de que la vida iría a mejor.

Uno es el cierre de la campaña comercial de Navidad. Al decir de los comerciantes –cuyo peso económico es considerable en la ciudad pero no siempre se corresponde con las condiciones laborales mínimas; de hecho, tienen un conflicto planteado a este respecto– el descenso en las ventas ha sido notable. De orden del20porciento.Una cifra elevada, en especial en un periodo –el final de año– en el que debían generarse ingresos con relativa facilidad debido al consumismo que inunda la vida, las calles, la existencia. El parón en las ventas, según la impresión de los propios afectados, no se debe ni a la peatonalización –más bien al contrario; ésta ayudó a que la caída fuera relativa– ni a ninguno de los conflictos que el gremio mantuvo en los últimos tiempos con el Consistorio. Más bien parece obedecer al encarecimiento de las hipotecas –el euríbor galopante– y a la inflación –un 4,3 en un año– registrada por el petróleo y el alza de los alimentos básicos. Tiene lógica: uno primero paga el techo y llena el estómago. Después, si tiene margen de endeudamiento –contar con liquidez es ya un milagro– acaso pueda plantearse otras alegrías, aunque a muchos éstas les parezcan disgustos más que placeres.

El segundo elemento que viene a confirmar esta tendencia es el estudio socieconómico presentado por la Fundación Antares. Pese a su limitado limitado ámbito –440 encuestas hechas a las puertas de la Navidad– el dibujo que ofrece apunta a una alteración en la escala de preocupaciones ciudadanas. Un cambio de perspectiva que tiene bastante que ver con la confianza en el futuro, aunque –según los autores del informe– la visión de los sevillanos todavía se refiera más a su entorno que a ellos mismos, algo que, por otro lado, es normal. Uno ve que las cosas malas –ruinas, muertes, desgracias– le suceden primero a los demás. Cuando a uno le llega la hora de enfrentarse a todas estas cuestiones siempre resultan ser como cosas inesperadas, aunque en ocasiones sean más que previsibles.

El paro, a la cabeza

Pues bien, la lista de los miedos ciudadanos está encabezada de nuevo por el desempleo. Hasta el punto de que la inseguridad, que durante la última década ha sido la principal queja de los sevillanos, ha pasado ya a un segundo plano. Siendo cínico bien podría decirse que el augurio del alcalde de llegar al pleno empleo en 2012– hecho cuando el Plan Estratégico de Sevilla recién amanecía– va a cumplirse pero a la inversa. Aunque la situación tiene otras ventajas para Monteseirín: las obras han dejado de ser un problema dramático. Será porque se ha bajado el ritmo y, como muestra el retraso de dos años que sufre la Encarnación, y la dilación que también se produce en la Alameda, todavía queda pendiente mucho de lo iniciado. Las cosas, resulta obvio, están cambiando. La rueda del progreso gira en sentido inverso al que traía. La Junta –por boca del consejero de Empleo– dice que lo del paro en Sevilla es más una sensación que una realidad. Pero en economía las sensaciones cuentan. Y mucho. ¿O acaso no es precisamente una agria sensación esta desconfianza?

Las propias administraciones públicas y lamayor parte de la sociedad civil de Sevilla no creen en el modelo de ciudad policéntrica que postula el PGOU y que ellasmismas defienden (sin pasar de la retórica) en público.

No existe nada más nefasto, para la coherencia y la propia imagen, que predicar una cosa y hacer otra. Algunos, sobre todo quienes se dedican a la política desde un punto de vista intelectual (la minoría; la mayoría tienen otras motivaciones bastante más pedestres), piensan que este ejercicio de hipocresía social resulta necesario y utilísimo para triunfar en el oficio. Lo ven como una especie de pragmatismo inherente a la propia actividad pública. En ocasiones, sin embargo, cuando alguien se atreve a decir aquello de que el rey está desnudo, termina poniéndoles en serios aprietos. El poder, cualquiera que sea su naturaleza, pretende ser coherente y sólido aunque a diario incurra en determinadas excepciones a la norma que van dibujando el verdadero sendero por donde camina.

La reflexión viene a cuento de la polémica surgida en la ciudad (entre sus sectores jurídicos y políticos, especialmente) a cuenta del traslado a la dársena del Batán de los juzgados sevillanos. Un proyecto de la Junta que va contra el propio Plan General y que se ha sacado a la luz pública más por una necesidad particular (la carrera política de la consejera del ramo, que no se sabe si continuará en el cargo) que como resultado de una reflexión seria del Gobierno regional, que prometió una Ciudad de la Justicia para Sevilla hace mucho tiempo.

Un sainete judicial

El proyecto oficial, como se ha dicho, colisiona de plano con el Plan General, convertido por la propia administración autonómica en referente del nuevo modelo urbanístico que ahora, veinte años tarde, abraza el PSOE. El libro urbano de Sevilla contemplaba construir este equipamiento en los suelos de Los Gordales, entre el campo de la Feria y Los Remedios. Una zona donde la línea 1 de Metro llegará y que tiene las mínimas conexiones viarias metropolitanas. La Junta, sin embargo, decidió alterar tal ubicación por dos motivos. Primero, para tapar una inexplicable equivocación a la hora de solicitar al Ayuntamiento la edificabilidad necesaria para hacer el proyecto. Los límites del PGOU, ajustados a lo que en su momento pidió la Consejería, ya no casan con los nuevos deseos de este departamento autonómico. Alguien hizo mal las cuentas. La Ciudad de la Justicia ya no cabe en la parcela. La segunda razón, oculta hasta que este diario la desveló, es bastante más grave: el Estado, titular del suelo donde iba el proyecto, ha impugnado judicialmente el PGOU al no estar conforme con las directrices urbanísticas municipales. Ambos factores son los que explican este sainete judicial.

Pero lo más llamativo es el trasfondo de este conflicto, en el que han intervenido todos los sectores de la judicatura y la política municipal y regional. Y lo que denota: una resistencia numantina a abandonar la costumbre, tan sevillana de situar casi todos los grandes equipamientos públicos dentro o junto al casco de la ciudad antigua. Una tendencia histórica que quizás tuvo sentido en el pasado, cuando la urbe era diferente, pero que ahora no supone más que un problema añadido a los ya existentes, al ser el centro de Sevilla una de las zonas del área metropolitana más saturadas de actividad y con peores infraestructuras y accesos.

No es además el único caso. En los últimos tiempos se han producido otros episodios con la misma lógica subyacente: la negativa de determinados colectivos sociales a dejarla ubicación de la que han disfrutado en el tiempo. El traslado de la Facultad de Derecho a Nervión es otro ejemplo de libro. Hay una revuelta de docentes contra dicha mudanza, aprobada en su momento sin problemas. Otro caso: la ubicación en la calle Torneo de la sede del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta. Este organismo reclamó al Consistorio una parcela céntrica para su edificio central. Dicho requerimiento implicó dejar sin un equipamiento –el solar en cuestión estaba ya calificado para hacer un centro de salud– a todo el casco histórico.

La única excepción

Tan sólo la Cámara de Comercio, reubicada en el edificio Galia Puerto, ha roto esta tendencia de querer permanecer y concentrarse en el centro de la ciudad, que puede ser legítima, pero que, en todo caso, no casa con el discurso de urbe policéntrica –con distintos centros de actividad– que defiende tanto el PGOU como las administraciones públicas (Junta, Estado y Ayuntamiento) y, en público, incluso muchos de estos colectivos civiles que cada día hacen todo lo posible con su conducta para desmentir sus propios discursos. Ya se sabe: hay tesis que se defienden con entusiasmo siempre y cuando no se las apliquen a uno. Las causas al respecto de tal situación pueden ser múltiples. Entre ellas parece sobresalir, casi asomarse, la pervivencia de la vieja costumbre barroca, tan hispalense, de seguir creyendo que las ciudades, sobre todo, un decorado de poder (humano, más que divino) que requiere necesariamente de buena ubicación, vistas y de eso que antiguamente se denominaba la presencia. Para esta mentalidad lo que no está en el centro sencillamente no existe. Es como si no hubiera vida inteligente, con escasas excepciones, más allá de la Sevilla intramuros. Curiosa forma ésta de hacer y construir una ciudad distinta: perpetuando los viejos vicios de la aldea. Es lo que hay.