La sentencia que tumba la Biblioteca de la Universidad y la renuncia a recuperar la ribera fluvial de la calle Betis coinciden en un punto: son muestras de la dificultad del Consistorio para mantener su discurso político.

QUE Dios nos libre de los cambios de criterio repentinos. A veces suelen esconder verdades inconfesables. Esta semana el Ayuntamiento de Sevilla ha sorprendido a propios y extraños por su actitud en dos cuestiones aparentemente domésticas: la sentencia contra la Biblioteca Central de la Universidad en el Prado y la decisión, sorprendente, por ilógica, de dejar en barbecho una serie de proyectos de inversión hidráulica pactados con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Entre ellos, la operación para salvar la inundabilidad del norte de Sevilla –requisito necesario para poder transformar dichos terrenos en urbanos– y la recuperación de la ribera fluvial situada junto a la calle Betis.

En ambos episodios late el mismo denominador común: la aparente falta de capacidad del gobierno local para ser coherente. Para mantener vivos los mismos principios que pregona ante terceros. Es el peligro que, en política, tiene la literatura: siempre se corre el riesgo de que los ciudadanos crean que lo que se les promete y se les dice es verdad. Entonces es cuando aparecen esas incómodas complicaciones añadidas: las temibles contradicciones. En los dos casos citados hay abundancia manifiesta. Vayamos por partes.

La sentencia contra la Biblioteca del Prado, que ha cogido con el paso cambiado a Urbanismo pese a la cláusula introducida en la licencia otorgada a la Universidad, en virtud de la cual ésta renunció a cualquier tipo de compensación por una hipotética paralización de la obra, tumba este proyecto –emblemático, desde el punto de vista de los cerebros municipales– con un argumento que, con independencia de la solidez que le merezca a cada uno, la sala judicial que ha emitido el fallo se ha preocupado mucho de afinar.

Los jueces anulan la clasificación de suelo del PGOU que permitió meter en el Prado este singular edificio docente con los propios argumentos municipales. Dicho de otra forma: en base a la incoherencia que, a su juicio, implica esgrimir un determinado discurso urbanístico –con independencia de su contenido exacto– y, a la hora de la verdad, hacer lo contrario. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace. También recurre el TSJA a un argumento técnico: una zona verde es un “sistema general” –parte del esqueleto de la urbe– y, como tal, en ella reside la esencia última del planeamiento urbanístico. No puede pues alterarse con una reserva de suelo dotacional. Claro que, en este punto, habría que hacerse otra pregunta: ¿los parques no pueden tener equipamientos? Si la respuesta fuera negativa, no sólo debería anularse la Biblioteca del Prado, sino el proyecto íntegro para transformar Los Gordales en una gran zona verde con un campus universitario.

Sea como fuere, lo cierto es que en este asunto, desde el principio, el Consistorio padece cierto complejo de culpa. En caso contrario no se explican las prevenciones adoptadas ante una posible sentencia contraria y el hecho –algo ridículo– de camuflar la decisión de cambiar de ubicación la Biblioteca con una alegación de la Universidad. Un trámite que cualquiera sabe que está susurrado.

En el caso de los convenios con la CHG, la situación es parecida, aunque sin tantos matices. Aquí Urbanismo directamente ha mudado de criterio –sin explicarlo además de forma convincente– bien por falta de capacidad técnica –en el caso del proyecto de los arroyos Tamarguillo y Ranillas–, bien por falta de coraje. Ninguna de ambas posibilidades sería un drama. No es la primera vez que el gobierno local da un plazo o promete tener listo un proyecto e incumple su propio calendario. Tampoco es nueva su costumbre de dar marcha atrás. El problema –a la hora de cavilar sobre la cuestión– surge cuando se hace esto y, sin embargo, sin reparo alguno se mantiene el discurso original.

Es lo que ocurre en la calle Betis. El Consistorio aprobó en 2006 un Plan General que defiende, como uno de sus puntos básicos, la recuperación efectiva de la ribera de la dársena histórica, ocupada desde hace décadas por concesiones de hostelería y clubes deportivos. Contaba con medios económicos suficientes para compensar a los afectados. Y con el aval del Ayuntamiento en Pleno. PSOE e IU llevan años haciendo bandera, entre otros aspectos, justo de esta directriz del Plan General.

Tanto, que en su día incluso impidieron que el PP pudiera llegar, siquiera en aspectos parciales, a algún grado de consenso sobre el modelo urbanístico de Sevilla. Sus argumentos eran maximalistas: “El PGOU es nuestro modelo de ciudad”. Pasado el tiempo, sin embargo, buena parte del modelo queda orillado. Se impone otra realidad: los contactos, las relaciones. Y se olvida una maqueta que algún ingenuo estudiante de arquitectura hizo para explicar cómo sería Sevilla con Betis recuperada para los ciudadanos.

Lo defendió en su día Fustegueras, el autor del PGOU:

“Dejar las concesiones privadas junto al río es como dejar que se privatice la playa en cualquier ciudad costera”.

La maqueta –cuentan– fue secuestrada por cierto individuo. Desde entonces está escondida en un despacho oficial. Cuántas palabras hermosas. ¿Se las llevó el viento?