La Junta, que no dudó en saltarse el PGOU, el Pleno municipal y hasta el sentido común para utilizar antes de las elecciones la promesa de la Ciudad de la Justicia, vuelve a abrir el melón sobre dónde irá este equipamiento público

EL problema no es de sitio, sino de método. Acaso de la escasez de un mínimo de materia gris. Un activo cotizado pero bastante escaso en ciertos ámbitos políticos. El nuevo viraje que la Junta de Andalucía ha dado hace unos días a uno de sus proyectos estrella para dotar a Sevilla de un evidente y manifiesto símbolo de capitalidad –la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia– representa, mejor que cualquier otro ejemplo traído al caso, la escasísima capacidad de la administración autonómica para cumplir sus propias promesas, planes y compromisos con los ciudadanos.

En una semana en la que, casualmente, la nueva consejera de Obras Públicas, María del Mar Moreno, ha debutado en público anunciándoles a los sevillanos otro nuevo retraso –y van dos– en las obras de construcción de la línea 1 del Metro, la nueva titular de la Consejería de Justicia, Evangelina Naranjo, cuyo pasado político deviene de su anterior experiencia municipal, continúa sorprendiendo a propios y extraños al admitir, aunque a regañadientes, que su departamento se está replanteando por completo el proyecto de campus judicial que su antecesora –María José López– decidió, casi se diría que por decreto, que estaría funcionando en 2010 en terrenos del puerto de Sevilla.

Que dicha promesa de renovar el equipamiento judicial de Sevilla es vieja no es ningún secreto. Casi podría decirse que echar la vista atrás causa rubor. Que en este tiempo se han propuesto diferentes opciones para coger el toro por los cuernos tampoco es una novedad. La diferencia real con respecto a otras coyunturas previas radica en otro factor: antes, la responsabilidad de estos experimentos era únicamente del asesor político de turno; ahora, en cambio, el retraso pone en apuros al mismo presidente de la Junta, Manuel Chaves, que no sólo avaló personalmente los plazos oficiales del proyecto judicial, sino que llegó incluso a sugerir que si hacía falta una línea específica de Metro para ir a la Ciudad de la Justicia este ramal ferroviario también se acometería. Idos los comicios autonómicos, el mantenimiento de la palabra dada parece dejar de importar.

Siendo esta situación muy poco edificante –al menos, a nivel estético–, tampoco mejora en demasía las circunstancias que la decisión de dejar en dique seco el Campus Tecnológico Judicial –tras estos nombres tan ostentosos generalmente se oculta el vacío de ideas de ciertos dirigentes políticos; un buen nombre no hace un proyecto mejor– se produzca después de que el Gobierno autonómico se saltara sin empacho alguno la normativa urbanística –el PGOU– que apenas unos meses antes él mismo había ratificado de forma definitiva. Y del que además hizo bandera. Era natural: es uno de los pocos planes generales adaptados a la ley de ordenación urbanística de Andalucía. Pero ni por esas tuvo la suerte de ser respetado. Lo que unas semanas antes era magnífico, dejó de tener, al menos en este punto, valor. Entraba pues dentro de lo lógico que el Pleno municipal aprobase entonces, siquiera para salvar en público los muebles, un acuerdo de protesta reiterando lo obvio: la ciudad había decidido, tras consultar a la propia Junta, que la mejor ubicación para el campus de la Justicia era el cordel de Los Gordales, donde todavía se instala la Feria de Abril.

Igual que en ese momento a la administración regional no le importó autoenmendarse y, de paso, pasar por alto la normativa urbanística de Sevilla, tampoco ahora hay complejo alguno en parar. Si entonces todo valía con tal de sacar adelante dicho proyecto-virtual, cualquier justificación resulta útil estos días para argumentar lo contrario. Depende de lo que se necesite en cada momento. Anteriormente, ante la sucesión de evidentes incoherencias, se dijo que el objetivo último era loable: desbloquear de una vez el campus para no tirar el dinero público en alquileres que nacían con vocación temporal pero terminaban siendo perpetuos.

Falta de sinceridad

En estos momentos no hay disculpa posible. La Junta no puede alegar una solución alternativa mejor que el puerto porque, si existe, ésta ya debió plantearse en su día. Tampoco puede argumentar con solidez la necesidad de hacer una nueva excepción a la normativa urbanística. Ya era una tremenda paradoja que la Ciudad de la Justicia fuera a hacerse en contra de la propia ley, que en este caso sería el PGOU. Parece pues claro que no se sabe qué hacer. Acaso porque nunca se supo más que entretener a los colectivos profesionales relacionados con la justicia que, en su mayoría, se oponían a la ubicación portuaria por sus intereses corporativos y su concepción, aún decimonónica, de la ciudad.

Pero lo realmente sorprendente es que la Junta, ni antes ni ahora, en ningún momento, ha tenido el coraje de ser sincera con los ciudadanos, que son los que padecen los problemas judiciales. Jamás en este tiempo ha admitido que no ha hecho otra cosa más que encadenar sus propios errores. La sinceridad, al menos, hubiera sido un detalle. Porque, al cabo, nunca hubo más que un proyecto improvisado que se armó a la carrera. Para las elecciones. Ahora no se sabe por dónde tirar. La consejera lleva días hablando con jueces, abogados y procuradores. Sólo ella sabe qué hará. Sería de agradecer que, sin que sirviera de precedente, se atreva por una vez a llamar las cosas por su nombre. Decida lo que decida.

Las propias administraciones públicas y lamayor parte de la sociedad civil de Sevilla no creen en el modelo de ciudad policéntrica que postula el PGOU y que ellasmismas defienden (sin pasar de la retórica) en público.

No existe nada más nefasto, para la coherencia y la propia imagen, que predicar una cosa y hacer otra. Algunos, sobre todo quienes se dedican a la política desde un punto de vista intelectual (la minoría; la mayoría tienen otras motivaciones bastante más pedestres), piensan que este ejercicio de hipocresía social resulta necesario y utilísimo para triunfar en el oficio. Lo ven como una especie de pragmatismo inherente a la propia actividad pública. En ocasiones, sin embargo, cuando alguien se atreve a decir aquello de que el rey está desnudo, termina poniéndoles en serios aprietos. El poder, cualquiera que sea su naturaleza, pretende ser coherente y sólido aunque a diario incurra en determinadas excepciones a la norma que van dibujando el verdadero sendero por donde camina.

La reflexión viene a cuento de la polémica surgida en la ciudad (entre sus sectores jurídicos y políticos, especialmente) a cuenta del traslado a la dársena del Batán de los juzgados sevillanos. Un proyecto de la Junta que va contra el propio Plan General y que se ha sacado a la luz pública más por una necesidad particular (la carrera política de la consejera del ramo, que no se sabe si continuará en el cargo) que como resultado de una reflexión seria del Gobierno regional, que prometió una Ciudad de la Justicia para Sevilla hace mucho tiempo.

Un sainete judicial

El proyecto oficial, como se ha dicho, colisiona de plano con el Plan General, convertido por la propia administración autonómica en referente del nuevo modelo urbanístico que ahora, veinte años tarde, abraza el PSOE. El libro urbano de Sevilla contemplaba construir este equipamiento en los suelos de Los Gordales, entre el campo de la Feria y Los Remedios. Una zona donde la línea 1 de Metro llegará y que tiene las mínimas conexiones viarias metropolitanas. La Junta, sin embargo, decidió alterar tal ubicación por dos motivos. Primero, para tapar una inexplicable equivocación a la hora de solicitar al Ayuntamiento la edificabilidad necesaria para hacer el proyecto. Los límites del PGOU, ajustados a lo que en su momento pidió la Consejería, ya no casan con los nuevos deseos de este departamento autonómico. Alguien hizo mal las cuentas. La Ciudad de la Justicia ya no cabe en la parcela. La segunda razón, oculta hasta que este diario la desveló, es bastante más grave: el Estado, titular del suelo donde iba el proyecto, ha impugnado judicialmente el PGOU al no estar conforme con las directrices urbanísticas municipales. Ambos factores son los que explican este sainete judicial.

Pero lo más llamativo es el trasfondo de este conflicto, en el que han intervenido todos los sectores de la judicatura y la política municipal y regional. Y lo que denota: una resistencia numantina a abandonar la costumbre, tan sevillana de situar casi todos los grandes equipamientos públicos dentro o junto al casco de la ciudad antigua. Una tendencia histórica que quizás tuvo sentido en el pasado, cuando la urbe era diferente, pero que ahora no supone más que un problema añadido a los ya existentes, al ser el centro de Sevilla una de las zonas del área metropolitana más saturadas de actividad y con peores infraestructuras y accesos.

No es además el único caso. En los últimos tiempos se han producido otros episodios con la misma lógica subyacente: la negativa de determinados colectivos sociales a dejarla ubicación de la que han disfrutado en el tiempo. El traslado de la Facultad de Derecho a Nervión es otro ejemplo de libro. Hay una revuelta de docentes contra dicha mudanza, aprobada en su momento sin problemas. Otro caso: la ubicación en la calle Torneo de la sede del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta. Este organismo reclamó al Consistorio una parcela céntrica para su edificio central. Dicho requerimiento implicó dejar sin un equipamiento –el solar en cuestión estaba ya calificado para hacer un centro de salud– a todo el casco histórico.

La única excepción

Tan sólo la Cámara de Comercio, reubicada en el edificio Galia Puerto, ha roto esta tendencia de querer permanecer y concentrarse en el centro de la ciudad, que puede ser legítima, pero que, en todo caso, no casa con el discurso de urbe policéntrica –con distintos centros de actividad– que defiende tanto el PGOU como las administraciones públicas (Junta, Estado y Ayuntamiento) y, en público, incluso muchos de estos colectivos civiles que cada día hacen todo lo posible con su conducta para desmentir sus propios discursos. Ya se sabe: hay tesis que se defienden con entusiasmo siempre y cuando no se las apliquen a uno. Las causas al respecto de tal situación pueden ser múltiples. Entre ellas parece sobresalir, casi asomarse, la pervivencia de la vieja costumbre barroca, tan hispalense, de seguir creyendo que las ciudades, sobre todo, un decorado de poder (humano, más que divino) que requiere necesariamente de buena ubicación, vistas y de eso que antiguamente se denominaba la presencia. Para esta mentalidad lo que no está en el centro sencillamente no existe. Es como si no hubiera vida inteligente, con escasas excepciones, más allá de la Sevilla intramuros. Curiosa forma ésta de hacer y construir una ciudad distinta: perpetuando los viejos vicios de la aldea. Es lo que hay.