La polémica por la peligrosidad del edificio municipal de Diego de Riaño, objeto del último choque entre las dos facciones del PSOE de Sevilla, muta de pronto en un litigio con la Junta, que desautoriza al gobierno municipal.

ESTÁ visto y comprobado que no es posible encontrar la paz ni el silencio en el convulso Ayuntamiento de Sevilla. No es de extrañar que algunos prefieran irse con los bártulos a otro lado. Cuando no ocurre una cosa, sucede la contraria. Tras la tempestad, tan shakesperiana, no llega la calma, sino más ruido y furia. Si parecía que esta semana iba por fin a cerrarse, aunque en falso, un año marcado por la inestabilidad política generada por los enfrentamientos internos en el PSOE de Sevilla, de repente se abre otro frente para el partido mayoritario en el Consistorio –en este caso, por la vía judicial– que amenaza peligro y va camino de superar –por intensidad y en consecuencias– el affaire de las facturas falsas del distrito Macarena, que se saldó con dos condenados por sendos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El supuesto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, la cuestión que vuelve a llevar ante los tribunales la gestión del gobierno local, tiene de nuevo al distrito Macarena en el punto de mira de la justicia, ya que de esta agrupación socialista –recientemente resucitada tras el largo periodo de suspensión decretado por el PSOE federal tras detectar afiliaciones poco ortodoxas en esta asamblea del partido, controlada por los afines a Monteseirín– son los dos principales afectados por la denuncia formal que investiga el juzgado después de que el PP (en un ardid legal) forzase a la Fiscalía a derivar la investigación, iniciada a instancias de los empresarios teóricamente extorsionados, los propietarios del grupo de hostelería La Raza.

De momento, la juez encargada del caso no sólo ha decidido empezar a citar a los principales protagonistas del episodio, sino que abre el melón de la investigación por completo, al reclamar información de todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años por la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, incluidas las otorgadas a Mercasevilla.

El alcance de estas diligencias es materia que todavía está por ver, aunque en las filas socialistas municipales –que desde el principio han intentado desviar la atención hacia otros ámbitos– se contemplan con bastante preocupación las hipotéticas consecuencias políticas del caso. Su posición no es ni por asomo la que mantuvieron con las facturas falsas. Entonces se restó importancia a las irregularidades: se decía que era poco dinero el desviado y trataba de diluirse el impacto de lo ocurrido bajo el recurrente genérico de los supuestos “errores administrativos”. Ahora sucede lo contrario: la existencia de una grabación donde se registra la petición formal del dinero lo trastoca todo, aunque esta semana hubiera quien filtrase una supuesta conversación, en teoría exculpatoria, del principal implicado.

Mientras este nudo se deshace, que tardará lo suyo, el gobierno local ha visto estos días cómo se abría en el horizonte otro frente con la Junta de Andalucía. Y, casualmente, también con la Consejería de Empleo, que ha desautorizado al gobierno local al dejar en suspenso la orden que obligaba a los funcionarios del edificio de la calle Diego de Riaño, casi en ruinas, a trabajar en su interior. Este litigio, el último que decidió soportar como edil de Personal Emilio Carrillo, el ex vicealcalde, que ha decidido dejar el Ayuntamiento tras diez años de activa vida política en el ejecutivo de Monteseirín, al que estuvo ligado por lazos de amistad hasta que decidió no acompañarle en la operación contra la actual dirección política del PSOE de Sevilla, parecía predestinado ya a perder interés. Ido el concejal díscolo, al que el entorno del alcalde intentaba liquidar desde hacía un año, la polémica sobre su seguridad iba camino de ser una cuestión menor. Incierto. La realidad ha sido bien distinta. Oficialistas y críticos (en teoría juntos tras la salida de Carrillo de Plaza Nueva) han visto no sólo cómo los sindicatos municipales se niegan a acatar la directriz de acudir a trabajar a dicho inmueble, sino que se han topado con inspecciones de la Junta, e incluso del Estado, que dan la razón al ya ex concejal de Personal. Carrillo ha ganado esta batalla –aunque perdiera la Alcaldía– después de dimitido.

Lo que dijo el clásico: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

De momento, el vetusto edificio de Diego de Riaño sigue clausurado por orden de las administraciones competentes, lo que deja al equipo de gobierno de Monteseirín en una posición delicada. Tanto que, al verse con el paso cambiado, llegó a utilizar al tono amenazante e, incluso, hizo afirmaciones que no respondían a la realidad. Joaquín Díaz, vierista (como decía con ironía cierto periodista) “al cierre de esta edición”, dijo esta semana en público que el ala del edificio en cuestión más afectada por las grietas estaba clausurada desde un año antes. Bastaba darse una vuelta para encontrarla abierta. Ante la negativa sindical a acatar sus órdenes (cuestionadas por la Junta) también amenazó con acometer “un expediente de regulación de empleo” en el Consistorio. No caerá la breva. En Plaza Nueva alguno parece haber leído el célebre poema contra el modernismo de primera hora: Tuércele la cabeza al cisne. El cisne, en este caso, es la verdad.