El Ayuntamiento aplica de forma caprichosa la ley contra el consumo de alcohol en la calle aprobada por el Parlamento y convierte la Alameda de Hércules, rodeada de viviendas y comercios, en un botellódromo.

NO ES QUE se haya declarado en rebeldía. Ni que Monteseirín haya resuelto, de pronto, echarse al monte. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado en los últimos tiempos de reclamar una ley para combatir el consumo de alcohol en la calle a dejar sin efecto precisamente este corpus jurídico que, a instancia suya, aprobara la cámara autonómica para diluir el botellón.

Semejante incoherencia, de la que dan buena muestra las casi dos mil denuncias presentadas ante diferentes instancias, entre ellas el Defensor del Pueblo, arroja un buen ejemplo del extraño sentido del interés general que suelen tener los políticos que afirman primero una cosa, al día siguiente hacen la contraria y, al cabo, niegan todos sus actos previos prometiendo de repente un hermoso amanecer de paz y esperanza. Cinismo se llama, en retórica, la figura.

Tal conducta, adoptada por la coalición que forman PSOE e IU, suele justificarse casi siempre desde Plaza Nueva bajo la premisa de la tolerancia y el sentido de la convivencia. No sabía uno que el cumplimiento del ordenamiento jurídico, esencial y obligado en un Estado de derecho, sobre todo en el caso de una administración pública, era cuestión de la magnanimidad o del sentido del buen rollito del regidor de turno. Aunque, al parecer, en Sevilla así es la cosa: uno cumple la ley si tiene el día generoso; en caso contrario, puede obviarla sin que le pase absolutamente nada.

El resultado de esta dejación salta a la vista en diferentes puntos de Sevilla, donde los jóvenes siguen bebiendo a su antojo, continúan orinando en la puerta de las viviendas y, en general, convirtiendo un trozo de esa ciudad, que tantos dicen amar pero tan pocos quieren, en una suerte de sumidero festivo. Especialmente grave es la situación en la Alameda de Hércules, donde, al problema de la ejecución caprichosa de la ley antibotellona, se suma la decisión del Consistorio de convertir la plaza pública en un escenario cortijero para mostrar su gestión política. No es que uno tenga nada contra la cultura –más bien al contrario– ni contra lo que ellos llaman la “dinamización de los espacios públicos”, sólo que en este caso ni se trata de lo uno –todo concierto no es cultura ni toda pretensión de trascendencia espiritual logra llevarnos al Parnaso– ni de lo otro. Sencillamente es que el Ayuntamiento, al igual que hacen los tapiceros en las ferias de pueblo, ha decidido vocear sus anuncios por las calles, a grito limpio y con altavoces, durante día, tarde y noche.

El conflicto ha llegado a tal punto que, tras sufrir cinco conciertos en seis días, con sus ensayos incluidos, un grupo de vecinos preparan un pleito contra el gobierno municipal –que si ganan tendremos que pagar todos los contribuyentes– por el incumplimiento de la norma sobre ruido. En la Alameda, en teoría, ya existía una asociación vecinal. Pero, al parecer, su margen de movimiento con PSOE e IU en el poder local es bastante limitado. Una verdadera lástima.

Los socios de gobierno, que esta semana han conocido la noticia, han reaccionado culpándose mutuamente de la situación, lo que no deja de ser edificante. Como los niños: “maestro: no fui yo; fue mi compañero”. A los vecinos, junto a cuyas casas el Ayuntamiento tiene a bien descargar cientos de decibelios, no les importa en demasía de quién fue la idea –como si esto no se supiera–, sino la razón por la cual el gobierno local, teniendo el auditorio municipal cerrado, el Estadio de la Cartuja vacío y un sinfín de edificios sin usar que bien podrían ceder regularmente a los grupos de música, prefiere organizar verbenas junto al salón de sus casas bajo el paraguas de tómbolas benéficas; fritanga incluida. Créanme: no hay escapatoria a dicha situación. Hace unos días, al tratar de huir del concierto más horrendo del año (al que el distrito llamó heavyllanos) uno se topaba, a apenas unas pocas calles de distancia, con una banda de cornetas de Semana Santa. Las dos Sevillas reventándole al ciudadano anónimo los oídos. Cofrades por un lado. Heavies, por otro. Todos gritando, en el fondo, más o menos lo mismo: “Esta ciudad es nuestra”.

“Daños colaterales”

La portavoz del gobierno local, Maribel Montaño, ha tenido la deferencia de explicar que, aunque comprende las protestas vecinales, estos conciertos deben entenderse como “daños colaterales” por el éxito que ha supuesto la reurbanización de la Alameda, donde, dice ella, se “vive de forma diferente”. Otro concejal, Alfonso Mir, justificaba unos días antes la no aplicación de la ley: “En algún lugar deben estar los jóvenes”. Que se sepa, Monteseirín aún no ha promulgado decreto alguno convirtiendo la Alameda en un botellódromo. En teoría, éste iba a ir en el Charco de la Pava. Pero, la creencia de los munícipes de que la ciudad carece de vida si ellos no la generan artificialmente –a la existencia particular parecen tenerle poco respecto; les aporta escaso rédito electoral–, ha terminado por hacerlo realidad. Es cierto. La Alameda es diferente: ni la ley se aplica, uno puede meterse coca bajo la cámara de seguridad de la comisaría de la Policía Nacional sin que nada ocurra, se puede orinar junto a una ventana sin que la Policía Local salga de su coche patrulla y los vecinos no tienen derecho no ya al descanso, sino al mero silencio. El paraíso en la tierra. Un paraíso, eso sí, diferente.

Los ciudadanos que quieran coger untaxi de noche durante los fines de semana tendrán que pagar casi seis euros.
El resultado de una política municipal que no defiende a los consumidoresni tampoco garantiza el servicio público.

Acostumbra a decirse que el liberalismo, como categoría mental, suele terminar justo en ese mismo punto donde a uno empiezan a tocarle el bolsillo. A partir de ese momento la cordialidad se altera, las buenas formas se pierden y la mirada se endurece. A veces se hiela hasta el mismo semblante. Si fuera cierto tal axioma, bien podría decirse que los sevillanos perfectamente pueden dejar de ser liberales con el servicio municipal de taxis a partir de esta misma semana. El Ayuntamiento, haciendo una nueva cuadratura del círculo, ha dado luz verde a un singular incremento de tarifas cuya principal virtud es, al tiempo, toda una paradoja: incrementar los precios nocturnos de forma lineal como vía para “compensar” a los conductores que trabajen de noche pero sin garantizar justo que en este horario nocturno circulen el mínimo de vehículos necesarios para cubrir las necesidades ciudadanas.

El coste de la vida

Que el taxi incremente de esta forma sus precios públicos a muchos –evidentemente, empezando por los taxistas– debe parecerles algo de lo más natural. Ahora que todo sube por motivos más o menos relativos ¿por qué iba a ser una excepción el caso de este gremio? Respetando dicha opinión, que resulta lógica sobre todo para quien vive de este negocio, lo cierto es que este nuevo incremento, que se suma al del autobús y al de otros servicios y suministros colectivos como el gas y la energía, supone un ejemplo más de la extraña connivencia que mantienen los dirigentes municipales –empezando por el gobierno local, pero incluyendo también en el saco a la oposición– con determinados grupos de presión de la ciudad que, en defensa de sus intereses particulares, que pudieran ser muy honorables–nadie lo duda–, no tienen sin embargo empacho en horadar eso que todavía se llama el interés común. Esto es: lo que nos afecta a todos. Una dialéctica que suele dar como síntesis frecuentes atentados contra el bolsillo del común. Las organizaciones que representan a los consumidores sevillanos, usualmente muy bondadosas con ciertas decisiones municipales, han decidido en esta ocasión negarse a comulgar con esta enorme rueda de molino. Han reclamado públicamente al edil responsable de este asunto, el socialista Francisco Fernández, que negocie y apruebe con urgencia un calendario de servicios obligatorios para que, ya que hay que pagar mucho más por coger un taxi de noche, al menos exista un mínimo de vehículos en activo. Según la Facua, “la normativa actual (del taxi) no responde a las necesidades de la ciudad”. Al parecer, esta organización social lleva meses solicitando un encuentro formal para tratar este tema con el concejal del ramo, pero no hay manera. Fernández ni está ni –parece– se le espera, lo que no deja de resultar previsible. Es el concejal del equipo de gobierno con más frentes abiertos de forma absurda. Polémicas que, lejos de amainar, tienen la recurrente costumbre de seguir vivas en el tiempo. Desde el célebre episodio del cocheponemultas –aquella herramienta que nunca funcionó– a los aparcamientos, pasando por la regulación del tráfico ordinario. En el anterior mandato municipal era uno de los hombres fuertes del autodenominado tridente alfredino (por el alcalde) junto a Emilio Carrillo (edil de Urbanismo) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (portavoz). Tras el nuevo acuerdo de gobierno con IU ha perdido algo de peso político –ya no lleva la Policía Local– pero aún retiene todas las políticas de movilidad, un área sensible en la que –todo hay que decirlo– a veces tampoco es fácil acertar, pero a cuya imagen no contribuye nada su estilo de gestión. Si a los abundantes errores, digamos involuntarios, se suma su nula cintura, el resultado no puede ser bueno.

Un servicio de todos

No hay que olvidar que el taxi es, al igual que el autobús y el futuro Metro –si es que llegamos a verlo–, un servicio público. Como tal, está supeditado a las decisiones del órgano representativo de la ciudad, que no es otro que el Pleno. Esta evidencia no es un mero formalismo –las nuevas tarifas han tenido que pasar por este foro para poder aplicarse– sino una condición sustantiva: es el gobierno local, PSOE e IU en este caso, quien debe garantizar el correcto funcionamiento de este servicio básico. Una fórmula (la más cómoda) era la subida de tarifas; otra (la lógica), una orden, previa modificación de la normativa vigente, para obligar a trabajar por la noche a un número fijo de conductores. Ambas vías estaban abiertas para el Consistorio. Sin embargo, ha hecho una extraña mezcolanza entre ambas bendiciendo el incremento de precios sin garantizar –salvo elección de los propios conductores– el servicio nocturno. En lugar de buscar la virtud, que suele encontrarse en ponderar, ha dejado sin explorar justo el sendero que reclaman los sevillanos, que no es otro que el hecho de coger un taxi por la noche no obligue a tener que tentarse el bolsillo. Que a esta situación se llegue después de haber gastado dinero público en retirar licencias para evitar la libre competencia y hacer más rentable el negocio de ciertos taxistas no deja de resultar curioso. La carrera nocturna mínima ronda ya los seis euros. Bienvenidos a la ciudad de la alegría.