El Ayuntamiento, que en los últimos tiempos ha financiado centros de salud y el plan de comisarías, no obtiene del Estado y la Junta contraprestaciones en cuestiones como el mantenimiento de los colegios o la Ciudad de la Justicia

AL IGUAL que a veces, en las mejores casas, es preciso mirar debajo de alguna alfombra para averiguar cuál es la distancia real entre lo dicho y lo hecho, entre lo verdadero y lo aparente, a la hora de analizar cualquier acuerdo, sea éste político, económico o sentimental, resulta obligado tratar de calcular beneficios y sacrificios. Partes del pacto. En estas lides es aconsejable hacer números. No dejarse llevar por las sensaciones y por aquello que algunos llaman el pálpito. No hay acuerdo aparente que sobreviva a la aritmética, bien sea numérica o de otra condición.

En el Ayuntamiento de Sevilla rara vez se practica este ejercicio. Acaso se haga, pero probablemente se mantendrá en secreto, igual que esos vicios absurdos que cualquiera de nosotros tiene –una forma de rascarse, un estilo de caminar, cualquier guiño banal y absurdo; propio, auténtico– sin terminarse del todo de explicar. La cosa viene al caso del anuncio del plan extraordinario de inversiones para los centros escolares de Sevilla del gobierno municipal. Estos colegios, cuyo mantenimiento tiene encomendado el Consistorio, pero cuya construcción y gestión son competencia autonómica, requieren como mínimo de 7,4 millones de euros en inversiones, según las primeras cuentas oficiales. Pocos no son: casi un centenar de ellos necesitan algún tipo de renovación urgente.

El edil del ramo, Joaquín Díaz (PSOE), insinuó esta semana durante la presentación de dicho programa que espera que la Junta asuma al menos la mitad del dinero necesario para su ejecución. Su argumento: buena parte de las obras necesarias para tenerlos abiertos proceden de defectos de construcción. Cosas que en su día se hicieron mal y que hasta ahora no han hecho más que arrastrarse sin que nadie les ponga el mínimo remedio. El concejal socialista era realista a la hora de explicar sus expectativas en relación a las conversaciones con el Gobierno autonómico. “Me conformaría con lograr de la Junta un compromiso de al menos tres millones de euros”.

Alguno se preguntará si esta cifra no implica demasiado dinero. O si no es una frivolidad que una administración pública reclame a otra unos fondos que, en teoría, deberían salir de sus bolsillos. Parte de sustento para pensar todo esto hay: el dinero de los impuestos se reparte de forma desigual entre los diferentes ámbitos de gobierno –local, provincial, regional y estatal; a veces incluso más– porque en teoría cada una de las instituciones públicas tienen que afrontar competencias complementarias. De ahí que el hecho de que un gobierno aparezca, con frecuencia, ante los ciudadanos como corto de fondos –para ciertas cosas nunca falta el dinero; para otras nunca aparece– viene a ser algo así como una especie de certificación indirecta de que sus gestores no terminan de dar la talla. Quien pide dinero, suele pensarse, es porque es una especie de manirroto. No siempre es el caso. En realidad, en Sevilla, en determinadas áreas ocurre lo opuesto: quien menos tiene suele ser quien más esfuerzos hace por intentar solucionar los problemas.

En general, cualquier consistorio, y el sevillano no es una excepción, soporta una cantidad ingente de gastos superfluos: altos cargos, protocolos, consumos e insumos variados y unos sueldos que, en demasiados casos, están por encima del talento de quienes los perciben. Todo eso es cierto. Pero también lo es que cualquier consistorio es la administración que menos aportaciones recibe de las arcas públicas, que suelen ser generosas con las comunidades autónomas y muy rácanas cuando se trata del poder local. Incluso con este contexto, con menos medios, y dejando de lado los citados dispendios, lo cierto es que el Ayuntamiento intenta responder a un sinfín de necesidades que no le competen. Entre ellas se encuentra ésta de los colegios, que extrañamente requiere operadores institucionales distintos para poder andar cada día, al igual que en el caso de la Justicia, donde cada parte del proceso judicial depende de un político distinto. Sin contar el Campus Judicial. Paradojas del Estado autonómico que tanto se alaba. Y que tanto cuesta.

En una sola dirección

Vista la cosa con algo de perspectiva, la demanda del edil de colegios de Sevilla resulta de todo punto ridícula. Por lo ínfima. Aspirar pues a que la Junta aporte tres millones de euros para mejorar los colegios sevillanos es vana utopía. Si se tiene en cuenta que la ciudad financió al Gobierno andaluz hasta cinco de los diez nuevos ambulatorios que se planificaron hace tres años o el acuerdo con el Estado para la nueva red de comisarías, los números cantan: Sevilla ha ahorrado a la Junta 11 millones de euros que, sumados al acuerdo del Hospital Militar (28 millones), superan con creces el dinero que, por ejemplo, recibirá el Ayuntamiento para la ampliación del tranvía (30 millones). Dinero que ni uno ni otro se gastan en la ciudad. Al Gobierno central, de igual forma, le pagamos el edificio de la Gavidia más alto de lo que vale y le regalamos el suelo de las nuevas comisarías. Hasta 12,2 millones de euros salidos de una u otra forma de las arcas de los sevillanos. Ni siquiera esto ha servido para que todos estos equipamientos estén funcionando. El alcalde suele presumir de generoso. Pero la verdad es que las cuentas no salen. Los sacrificios sólo se hacen en una única dirección.

Las propias administraciones públicas y lamayor parte de la sociedad civil de Sevilla no creen en el modelo de ciudad policéntrica que postula el PGOU y que ellasmismas defienden (sin pasar de la retórica) en público.

No existe nada más nefasto, para la coherencia y la propia imagen, que predicar una cosa y hacer otra. Algunos, sobre todo quienes se dedican a la política desde un punto de vista intelectual (la minoría; la mayoría tienen otras motivaciones bastante más pedestres), piensan que este ejercicio de hipocresía social resulta necesario y utilísimo para triunfar en el oficio. Lo ven como una especie de pragmatismo inherente a la propia actividad pública. En ocasiones, sin embargo, cuando alguien se atreve a decir aquello de que el rey está desnudo, termina poniéndoles en serios aprietos. El poder, cualquiera que sea su naturaleza, pretende ser coherente y sólido aunque a diario incurra en determinadas excepciones a la norma que van dibujando el verdadero sendero por donde camina.

La reflexión viene a cuento de la polémica surgida en la ciudad (entre sus sectores jurídicos y políticos, especialmente) a cuenta del traslado a la dársena del Batán de los juzgados sevillanos. Un proyecto de la Junta que va contra el propio Plan General y que se ha sacado a la luz pública más por una necesidad particular (la carrera política de la consejera del ramo, que no se sabe si continuará en el cargo) que como resultado de una reflexión seria del Gobierno regional, que prometió una Ciudad de la Justicia para Sevilla hace mucho tiempo.

Un sainete judicial

El proyecto oficial, como se ha dicho, colisiona de plano con el Plan General, convertido por la propia administración autonómica en referente del nuevo modelo urbanístico que ahora, veinte años tarde, abraza el PSOE. El libro urbano de Sevilla contemplaba construir este equipamiento en los suelos de Los Gordales, entre el campo de la Feria y Los Remedios. Una zona donde la línea 1 de Metro llegará y que tiene las mínimas conexiones viarias metropolitanas. La Junta, sin embargo, decidió alterar tal ubicación por dos motivos. Primero, para tapar una inexplicable equivocación a la hora de solicitar al Ayuntamiento la edificabilidad necesaria para hacer el proyecto. Los límites del PGOU, ajustados a lo que en su momento pidió la Consejería, ya no casan con los nuevos deseos de este departamento autonómico. Alguien hizo mal las cuentas. La Ciudad de la Justicia ya no cabe en la parcela. La segunda razón, oculta hasta que este diario la desveló, es bastante más grave: el Estado, titular del suelo donde iba el proyecto, ha impugnado judicialmente el PGOU al no estar conforme con las directrices urbanísticas municipales. Ambos factores son los que explican este sainete judicial.

Pero lo más llamativo es el trasfondo de este conflicto, en el que han intervenido todos los sectores de la judicatura y la política municipal y regional. Y lo que denota: una resistencia numantina a abandonar la costumbre, tan sevillana de situar casi todos los grandes equipamientos públicos dentro o junto al casco de la ciudad antigua. Una tendencia histórica que quizás tuvo sentido en el pasado, cuando la urbe era diferente, pero que ahora no supone más que un problema añadido a los ya existentes, al ser el centro de Sevilla una de las zonas del área metropolitana más saturadas de actividad y con peores infraestructuras y accesos.

No es además el único caso. En los últimos tiempos se han producido otros episodios con la misma lógica subyacente: la negativa de determinados colectivos sociales a dejarla ubicación de la que han disfrutado en el tiempo. El traslado de la Facultad de Derecho a Nervión es otro ejemplo de libro. Hay una revuelta de docentes contra dicha mudanza, aprobada en su momento sin problemas. Otro caso: la ubicación en la calle Torneo de la sede del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta. Este organismo reclamó al Consistorio una parcela céntrica para su edificio central. Dicho requerimiento implicó dejar sin un equipamiento –el solar en cuestión estaba ya calificado para hacer un centro de salud– a todo el casco histórico.

La única excepción

Tan sólo la Cámara de Comercio, reubicada en el edificio Galia Puerto, ha roto esta tendencia de querer permanecer y concentrarse en el centro de la ciudad, que puede ser legítima, pero que, en todo caso, no casa con el discurso de urbe policéntrica –con distintos centros de actividad– que defiende tanto el PGOU como las administraciones públicas (Junta, Estado y Ayuntamiento) y, en público, incluso muchos de estos colectivos civiles que cada día hacen todo lo posible con su conducta para desmentir sus propios discursos. Ya se sabe: hay tesis que se defienden con entusiasmo siempre y cuando no se las apliquen a uno. Las causas al respecto de tal situación pueden ser múltiples. Entre ellas parece sobresalir, casi asomarse, la pervivencia de la vieja costumbre barroca, tan hispalense, de seguir creyendo que las ciudades, sobre todo, un decorado de poder (humano, más que divino) que requiere necesariamente de buena ubicación, vistas y de eso que antiguamente se denominaba la presencia. Para esta mentalidad lo que no está en el centro sencillamente no existe. Es como si no hubiera vida inteligente, con escasas excepciones, más allá de la Sevilla intramuros. Curiosa forma ésta de hacer y construir una ciudad distinta: perpetuando los viejos vicios de la aldea. Es lo que hay.