La profunda crisis que el caso Mari Luz ha abierto en la Justicia nacional, y en especial entre los jueces sevillanos, denota cómo la burocracia, con una lógica ajena al sentido común, termina por no dar servicio a los ciudadanos

Es sabido que el ejercicio de la Justicia, casi desde su nacimiento, no tiene demasiada buena prensa. “Tengas pleitos y los ganes”, decía el clásico refrán castellano. Antecedentes al respecto existen miles: desde la célebre causa contra Sócrates celebrada en la colina del Aerópago de Atenas –donde la coherencia del acusado chocaba con las expectativas del tribunal– a los famosos escritos de Montaigne y Quevedo sobre este particular. Todos ellos vienen a coincidir en un mismo punto:no es la profusión de leyes, ni toda la escenografía y teatralidad que resulta casi inherente a la propia función judicial, la que garantizará a las víctimas de afrenta que se les haga justicia. Más bien al contrario. Llegan a estorbar.

Errores judiciales

Tal reflexión cobra especial interés al calor de la crisis abierta en el corazón de la judicatura sevillana –y por extensión en el ámbito judicial nacional– a raíz del llamado caso Mari Luz, la niña de Huelva presuntamente asesinada por Santiago del Valle, un reo –ya está preso– que, supuestamente, cometió tal delito en un momento en el que, si el sistema judicial hubiera funcionado de forma correcta, habría tenido que estar en prisión por los abusos previos que cometió contra su propia hija. Un dato desgraciado que da alas a los que creen que la Justicia es más un ceremonial huero que un instrumento efectivo para dirimir los litigios ciudadanos.

Habría, en primer lugar, que evidenciar lo obvio: el responsable esencial del caso Mari Luz, si así lo ratifican los jueces, que todavía tienen que ver la cuestión en profundidad, es aquel que la mató. Dicho esto, resulta, en todo caso, harto ilustrativo de cómo están las cosas en la Justicia patria el largo rosario de errores judiciales –por ser suaves– que, uno tras de otro, sumados entre sí, han ido creando las condiciones necesarias para que el teórico responsable de la muerte de la niña cometiera su vil acto. Y es justo esta sucesión de dejaciones, en la que están implicados todos los estamentos de la Justicia –Juzgado, Fiscalía, Audiencia y Junta de Andalucía–, la que resulta reveladora de las carencias, conductas y vicios existentes a la hora de ofrecer un servicio básico no sólo para los ciudadanos, sino para la propia democracia. Que la Justicia llegue tarde, como suele decirse, termina quebrando su propia función de apaciguadora social. Pero que, como parece haber ocurrido en este caso, ni llegue a tiempo y, al ser descubierta, tampoco ofrezca más que formalismos a modo de excusa para tratar de justificar su falta de efectividad no deja de causar entre la gente del común el mayor de los pavores, al quedarse sin instancia alguna donde recurrir ante un problema jurídico de gravedad. De la orfandad judicial a la reinstauración de la ley del talión apenas hay un paso. Y algunos están deseando darlo.

El debate necesario, de todas formas, no consiste en si hay que restaurar la cadena perpetua, como en algunos sectores se empieza a sugerir. No es la ausencia de leyes ni de instancias jurídicas lo que ha dado lugar a la crisis actual, sino más bien lo opuesto: la proliferación de órganos que no funcionan bien, que se contradicen entre sí o que –sencillamente– se limitan a atender sólo aquellos asuntos de su agenda de trabajo que entran por escrito o, como ocurre en el caso del Ministerio Público, que llegan recomendados por directriz superior. Aparece así una Justicia ensimismada, no ciega sino con orejeras, que frente a las evidencias y al sentido común –los hechos reales que ocurren, entre ellos los que aparecen en la prensa seria– se limita a mirar a otro lado para seguir tramitando los expedientes previstos sin más iniciativa que la derivada de los ritos del orden burocrático por el que se rigen todas las administraciones desde las que nos gobiernan. Organismos que no dejan de crecer en función de las componendas políticas.

Sentencias sin ejecutar

Esta inmensa maquinaria judicial y de papel –sólo en Sevilla los juzgados penales tienen 7.000 condenas firmes sin ejecutar– vive de esta forma su propia existencia, ignorando lo que ocurre en la calle y, a veces, lo que le pasa a la gente. De ahí que se sucedan a diario situaciones asombrosas, calificadas de ordinarias por cualquier conocedor del orbe judicial, como que los magistrados dejen sin aplicar durante años los fallos que ellos mismos imponen –el caso del juez Tirado es uno más de los miles que existen; no existe pues razón alguna para convertirlo sólo a él en cabeza de turco cuando el problema es del sistema judicial al completo–, que a los condenados se les entregue la orden de ingreso en prisión como si se tratara de un billete del AVE –no todo el mundo va a la cárcel por su propio pie– o que los sistemas informáticos de policía y juzgados sean completamente incompatibles. Ante este cúmulo de paradojas, oír a los políticos hablar de estatutos de autonomía, de urgentes reivindicaciones nacionalistas o de la necesidad de impulsar iniciativas legislativas para resolver asuntos que sólo son fruto de su nefasta gestión causa cierta vergüenza ajena. Se constata así aquello que dejara escrito Francisco de Quevedo en sus célebres Sueños: “En los tiempos pasados, la Justicia estaba más sana y tenía muchos menos doctores”.

El drama de Carmen Fernández, la madre de Iván y Sara, por cuya custodia luchó ante la Junta durante más de una década, demuestra la indefensión de los ciudadanos ante una administración de justicia lenta, endogámica e ineficaz

Suele decirse que la justicia que se aplica demasiado tarde deja de ser justicia. Platón, bastante más descreído, no daba siquiera opción a la duda: “Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”. Basta con retrotraerse al juicio que le hicieron a Sócrates en el aerópago de Atenas -escenificado con todo detalle en el diálogo Apología, un tratado sobre la dignidad y la coherencia que es necesario mantener precisamente en esos momentos de zozobra- para darse cuenta de cómo demasiadas veces detrás de lo que aparenta ser un proceso justo se encuentra, furtiva y agazapada, la fría trampa de la venganza personal.

Algo así parece haber pasado en la historia de Carmen Fernández, la madre de Iván y Sara, los dos menores sevillanos cuya custodia le retiró la Junta de Andalucía en 1996 por sus problemas de alcoholismo. Su progenitora, tras su rehabilitación, emprendió una lucha judicial sin descanso por recuperar a sus vástagos -dados ya entonces en preadopción a otra familia de Dos Hermanas- que jamás ganó, aunque un sinfín de sentencias -hasta once distintas- le dieran impuntualmente la razón. La última, del Tribunal Constitucional, esta misma semana.

“flores en un ataúd”

La victoria que buscaba esta mujer consistía en recuperar a Iván y Sara a tiempo para poder verlos crecer. Pero la justicia no le ofreció lo que su mismo nombre designa -dar a cada uno lo que le corresponde-, sino que intentó tapar sus errores -la dilación imperdonable del proceso durante once años, el irresponsable enfrentamiento entre sus ministros (los jueces) y su irritante tranquilidad ante una tragedia humana que clamaba al cielo- mediante una indemnización económica para “compensar” precisamente su confeso y negligente proceder. ¿De qué le sirve a nadie pedir justicia si ésta no es capaz de funcionar?

Algunos, incluidos los jueces, todavía creen que todo puede compensarse con dinero. Incluso la maternidad robada. Carmen Fernández murió hace apenas dos meses víctima de cáncer. Su abogado, , ha estado líricamente certero al explicar lo que significa el último fallo del Constitucional: “apenas un ramo de flores en su ataúd”. Porque incluso la indemnización a la que tenía derecho como única compensación, cifrada por la Audiencia de Sevilla en 1,7 millones de euros, se le retuvo gracias a unos y otros -el juez de familia que alargó el proceso hasta en seis ocasiones; la Consejería que le retiró a sus hijos y alegó contra dicho pago justo un día después de decir lo contrario- hasta que el tiempo, que no se detiene ni tropieza, como dijera Quevedo, ha terminado dejando casi sin sentido a la propia indemnización. Se inicia ahora otro culebrón sobre cuál será el destino de este dinero, que teóricamente debería ser para sus hijos (los legítimos herederos) pero que -tremenda y asombrosa paradoja- puede terminar siendo administrado en parte por la familia a la que la Junta de Andalucía entregó los menores en 1996 debido a su aspiración de ser reconocida como tutora de -por lo menos- uno de ellos. Ni la mente más cruel podría haber diseñado con esta precisión semejante trama. Pero no es una artificiosa ficción. Es la realidad desnuda.

La ardua batalla de Carmen contra el sistema que, en teoría, debía de haber velado por sus derechos -las distintas administraciones y los intereses, no siempre del todo confesables, que las mueven- tiene, desgraciadamente, cierto halo heroico. Quizás lo que mejor la defina sea su pathos: esa voluntad por seguir adelante a pesar del constante intento de los adversarios de sembrar la duda sobre su figura. Si según los tratadistas clásicos los atributos de cualquier héroe trágico -frente al modelo instaurado en la épica- son la soledad, la constancia, el dolor y la fe, lo cierto es que todos ellos encajarían a la perfección con su figura. Estuvo sola, salvo por su abogado, en su sostenido intento por que se le hiciera justicia. Persistió en su lucha a sabiendas de que se trataba de una liza desigual y padeció además heridas por partida doble -al mantener el pulso contra un poder judicial e institucional que no quería escucharla- con el cáncer sobre su cabeza y la amputación anímica que suponía no volver a ver a sus hijos, algo que jamás comprenderán quienes no son padres. Acaso sólo le faltara la fe. No es de extrañar.

sobre las disculpas

Con todos estos antecedentes, resulta obsceno contemplar cómo el juez y la Junta todavía siguen -a estas alturas- culpándose mutuamente de la singular dilación del proceso -cada parte trata así de salvar los muebles sin hacer el menor atisbo de autocrítica- mientras a todos los demás, espectadores involuntarios, se nos hiela la sonrisa. Hasta el presidente de la Junta ha salido esta semana a perdir perdón “por si la Junta hubiera cometido algún error” en este caso. La misma forma verbal, el pluscuamperfecto de subjuntivo, resulta llamativa. ¿Todavía no está claro quién se equivocó? ¿Aún hay que discutir quién reincidió en el error de manera cerril después de que quedase claro hasta en once ocasiones la verdad última de los hechos? Oscar Wilde lo dijo con exactitud meridiana: “Una justicia llevada demasiado lejos termina transformándose en la peor injusticia”.