Los sevillanos llevan casi diez años quejándose en las encuestas y estudios de opinión de los mismos asuntos sin que la gestión municipal de PSOE e IU haya logrado reducir la percepción ciudadana de ninguno de ellos.

EN POLÍTICA casi siempre rige una extraña paradoja: a la hora de la verdad las cosas probablemente terminan siendo más como parecen ser, como son percibidas por los demás, que como realmente son de entrada. Al principio. Cualquier gobernante, por novato que sea en las tareas de mando, y por reducido que sea su poder, sabe que cuando la ciudadanía tiene una opinión más o menos asentada sobre algo, que sea ésta acertada o errada es lo de menos, lo primero que hay que hacer, antes incluso de cambiar las cosas, es intentar que dicha evaluación se modifique. Algo que acaso sea más trascendente en estos tiempos de política virtual, donde parece contar más el hecho de aparentar que se modifican o se atenúan los problemas que la capacidad real de solucionarlos.

Tal reflexión viene al caso de los datos presentados esta semana por el Centro Andaluz de Prospectiva en su tradicional barómetro sobre la ciudad. En líneas generales, dicho sondeo de opinión, al igual que otros muchos que se hacen de forma más o menos periódica, no arroja grandes sorpresas. Y ésta es, quizás, la gran noticia: pese a todos los intentos hechos desde las administraciones públicas, en especial desde el Ayuntamiento, por cambiar la percepción de la realidad (campañas de propaganda, discursos maniqueos, aparatosas puestas en escena) el juicio subjetivo de los sevillanos sobre la ciudad se mantiene en líneas generales inalterable. No cambia en demasía.

De donde se deducen dos posibilidades: o bien la omnipresente publicidad institucional del gobierno local (PSOE e IU) no sirve de mucho o, quizás, aunque esto obviamente debe ser la opinión de gente mal encarada y con maldad manifiesta, detrás del proyecto oficial de transformación de la ciudad no exista toda la solidez que se cree en la Plaza Nueva.

¿Cómo se explica en caso contrario que durante los últimos diez años los ciudadanos repitan como una letanía la misma lista de problemas sin que este síntoma haga reaccionar a los gobernantes? El barómetro señala de nuevo al tráfico, la seguridad ciudadana, la limpieza, la movida y la vivienda como los grandes pecados capitales de los gobernantes locales. El paro vuelve a ser contemplado como la principal desgracia de Sevilla, algo lógico en el contexto de crisis económica (el derrumbe en el que nos encontramos inmersos no era cuestión opinable, como dijo en su día Zapatero, sino una realidad que se intentó camuflar hasta que emergió la tramoya) en el que todo el mundo Occidental está atrapado.

La reiteración en la lista de los problemas de Sevilla destaca precisamente por ser, en líneas globales, la misma que se repite desde el inicio del siglo. Incluso desde antes. Y resulta más llamativa porque toca algunos de los asuntos en los que el ejecutivo que preside Monteseirín ha hecho más esfuerzos por modificar las cosas. O acaso por intentar cambiarlas. Una de dos: o los resultados ciertos no acompañan demasiado o la práctica totalidad de la ciudadanía es ciega a los grandes avances que, a tenor de la versión oficial de PSOE e IU, se han producido en estos años. Cada uno puede elegir la opción que prefiera a la hora de resolver dicha ecuación.

Asuntos pendientes

Porque el panorama bien podría decirse que es casi estático. Si el tráfico sigue siendo un conflicto a los ojos de los sevillanos será porque no se ha hecho todo lo necesario para solucionarlo o lo hecho (cambio de sentido en la ronda histórica, peatonalizaciones parciales en enclaves singulares de la ciudad) son reformas muy menores, por efectistas que a alguno les parezcan. Ya lo dejó dicho el aserto clásico: una golondrina rara vez hace verano.

Otro tanto pudiera decirse de asuntos como la inseguridad ciudadana (cuya amenaza seguirá a buen seguro creciendo debido a la oleada de atracos en supermercados y otros episodios en los que la crisis se mezcla con la violencia) o la movida juvenil, donde la existencia de una ley autonómica no ha servido de mucho sencillamente porque quien reclamó esta norma (el gobierno local) ha decidido aplicarla de forma caprichosa en función de su propia conveniencia política. Una elección que, además, cuesta a las arcas públicas una cantidad considerable de dinero tras las sentencias que los ciudadanos están obteniendo en los tribunales por, entre otras cuestiones, el ruido.

Más extraña es la aparición de las viviendas protegidas en la lista de problemas de Sevilla. En especial porque, con independencia de la habitual propaganda, en este campo el gobierno local sí ha modificado, al menos, la antigua política de gestión del suelo municipal que predominó a lo largo de los años noventa en el Ayuntamiento, aunque los frutos de tal decisión no podrán evaluarse más que a muy largo plazo, dado lo dilatados que son los procedimientos urbanísticos y el cambio de ciclo inmobiliario.

¿Por qué los sevillanos opinan lo que opinan si tanto hace y ha hecho el gobierno local, como dicen sus voceros, por cambiar las cosas? Probablemente porque no se ha hecho en realidad todo lo que se pregona o lo acometido, pese a la satisfacción oficial, se ha abordado de forma fragmentaria y desordenada, exigiendo alabanzas inmediatas en lugar de tratar de mejorar lo iniciado con buen tino. Acaso la mejor fórmula para que, al cabo, nadie termine de percibir cambio alguno.

El gobierno municipal convierte la inauguración oficial de la gran plaza pública del centro de Sevilla en un acto de reivindicación propia frente a las críticas de los vecinos por el retraso en las obras y sus múltiples desperfectos.

FALTOS de cariño. Huérfanos de afecto. Acaso con cierto complejo de artistas incomprendidos. Así parecen sentirse los miembros del gobierno local, formado por PSOE e IU, que ayer se vieron en la necesidad –unos más que otros, claro está– de convertir la inauguración oficial de la Alameda de Hércules en una ceremonia de reivindicación propia frente a aquellos, a los que siempre citan sin concretar en demasía, que insisten en no aplaudir a manos llenas su gestión al frente de la ciudad. La situación recordaba vagamente a aquel verso del canto primero del Poema del Cid: “Esto (la desgracia) me han urdido míos enemigos malos”. O al Quijote, cuando el ilustre hidalgo insistía en ver malandrines y magos malignos por doquier. Obviamente, dicha comparación resulta algo injusta: ninguno de los concejales de PSOE e IU tienen el encanto de ambos personajes literarios.

Pero lo cierto es que el acto celebrado ayer en la principal plaza del centro de Sevilla fue una muestra de orfandad más que de fortaleza. Fruto más de la necesidad que del mínimo sentido de la oportunidad. Se notaba que, tras el socavón del Metro, algo había que inventar. O mejor dicho: reinventar lo ya inventado en busca del aplauso general y de una encuesta de autodefensa.

Uno siempre ha pensado que si una persona, incluso un gobernante, decide hacer determinadas cosas por convicción en lugar de por interés puntual raramente necesita los aplausos. Sobra y basta sencillamente con saber las razones por las que se actúa. Si se reciben felicitaciones, aunque a veces reconforten, en realidad éstas deben tenerse por irrelevantes cuando se tienen las cosas claras. Uno no deja de tener razón –o sigue sin tenerla– con independencia de los aplausos que reciba. Ya se sabe: esta tierra nuestra, y en especial Sevilla, está llena de palmeros.

Porque, en realidad, ¿qué es lo que ayer se inauguró oficialmente? ¿La Alameda? ¿Las fuentes? Nadie sabría decirlo, dada la continua puesta en abismo a la que ha jugado el gobierno local durante los últimos dos años, al simular inaugurar, pero sin llegar a inaugurar del todo, las distintas plazas del centro. Una táctica que peca de simpleza: la gente, al valorar una obra pública, suele reclamar presupuestos, plazos y calidad. Y en la mayor parte de los casos, a pesar de las buenas intenciones, que nadie les niega, no ha habido ninguna de las tres cosas.

En el caso de la Alameda de Hércules no existen demasiadas dudas. Mientras el alcalde y Torrijos resaltaban ayer en el escenario habilitado para la ocasión la importancia histórica del acto de inauguración de la plaza, una multitud de vecinos discutía sobre los resultados de la reforma. Y había de todo, como es lógico, aunque predominaba cierto sentimiento agridulce: “está mejor que antes, pero no está como debiera”. El lema oficial del proyecto diseñado por el arquitecto Elías Torres –La Alameda que te gusta– sencillamente no se cumplía a juicio de muchos de los presentes, en buena parte por cuestiones aparentemente menores, según el criterio del arquitecto, que el Ayuntamiento no ha querido solucionar a tiempo. Acaso lo haga dentro de meses.

Lo que más se echaba en falta fue una zona de juegos infantiles, dotación que el diseñador de la Alameda, aquel que prometió que el suelo del bulevar sería un tapiz verde, tildó de equipamiento reprobable. Habrá, como es lógico, opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que hasta ayer el Consistorio no se ha preocupado más que de llenar de veladores y estruendosos conciertos la plaza en vez de instalar los bancos públicos –ayer mismo sacaron algunos del almacén; colisionaban con las mesas de los bares– o habilitar zonas para niños.

Vista selectiva

La lectura municipal es demasiado unívoca. Discurre en dirección única:“la Alameda era antes un nido de prostitución y drogas. Un territorio lumpen donde la especulación expulsaba a los vecinos y nadie estaba seguro. Ahora está mejor”. Ante tal obviedad, que nadie niega, pero que tiene sus matices, al parecer hay que sacrificar la inteligencia y la vista. No deben mirarse las calles mal trazadas –algunas encharcadas con sólo cuatro gotas de lluvia–, los bolardos destrozados, las alcantarillas rotas o el pavimento grisáceo que no fue de color albero más que un par de días, y que el distrito ha tratado de limpiar durante meses con la misma arena que siempre hubo en el bulevar. Tampoco, al parecer, deben verse los problemas colaterales: el desvío del tráfico privado por las calles del entorno –más pequeñas, y con proyectos de reurbanización pendientes desde hace décadas– o la aplicación a capricho de la ley contra la botellona, un factor que explica muchos de los desperfectos de las obras después del año y medio de retraso que ayer se celebró por todo lo alto. Los vecinos son muy claros: “Faltan muchas cosas para que la Alameda esté bien”.

Admitir los fallos y recomponer lo quebrado fortalecería al gobierno local y dejaría a la oposición sin opción de crítica. Pero no hay manera: en Plaza Nueva creen que es imposible conseguir el éxito pleno y que, por tanto, debemos enjuiciar –y alabar– sus buenas intenciones más que sus actos. Creen que un fin noble justifica casi todos los métodos. Y no es eso. Pero claro, siempre es más fácil festejar el solsticio de invierno en la Alameda sin hacerse preguntas que admitir un error. No vaya a resultar ser cierto.

Los fondos anticrisis del Estado y la Junta de Andalucía permitirán al gobierno local reactivar su programa de inversiones parala ciudad, cuya viabilidad era bastante cuestionable hace apenas unas pocas semanas.

NO ES que la situación sea exactamente como se cuenta en la fábula bíblica del maná milagroso, cuando Dios alimentó a los hebreos con una melaza de plantas en forma de escarcha, pero casi. Los 142 millones de euros que, en su conjunto, recibirá Sevilla en los próximos meses gracias a los programas extraordinarios anticrisis impulsados por el Gobierno central y la Junta de Andalucía supondrán un auténtico balón de oxígeno para un gobierno local (PSOE e IU) cuya capacidad de iniciativa estaba bastante mermada. Por no decir reducida al mínimo. En un caso, por los excesos –presupuestarios– hechos justo en los dos años previos a las últimas elecciones locales. En otros, en cambio, por el agotamiento derivado de llevar más de un lustro de gobierno conjunto. Una década, si se cuenta a partir de la llegada oficial de Monteseirín a la Alcaldía, aunque –entonces– gracias a los votos del PA.

En el año largo que dura la segunda fase de cohabitación entre socialistas e IU en Plaza Nueva, y pese a las promesas iniciales, plasmadas incluso en un documento conjunto de gobierno, su capacidad de gestión no ha sido precisamente notable. El ejecutivo que preside Monteseirín, bien avenido en lo aparente, ha centrado su agenda de prioridades en temas bastante tangenciales, se ha ocupado de conflictos de estricto consumo interno (orgánicos) o se ha dedicado únicamente a cuestiones aparentes, olvidando las sustanciales. Frente a las vísperas de los últimos comicios, cuando era evidente el alud de proyectos en marcha –otra cosa es su calidad de ejecución y su correcto remate técnico–, en esta nueva etapa los ediles que dirige el alcalde han perdido cierto sentido de la oportunidad y bastante empuje político. Algo que se aprecia no sólo en lo que se refiere a la gestión diaria del Consistorio, sino también a la hora de elucubrar sobre las grandes líneas de la política municipal venidera.

¿Fin de ciclo?

Todo apunta a una suerte de final de ciclo. O, en su defecto, a una especie de reproducción continua. Un repetirse no sólo retórico, sino político. Ontológico. El pregonado modelo de ciudad –concebido por el padre del Plan General, Manuel Ángel González Fustegueras, cuya zafia apropiación partidaria acordaron PSOE e IU como uno de sus principales ejes de acción– va convirtiéndose en un asunto amortizado. No porque sea una realidad –ojalá–, sino porque el propio gobierno local lo ha pervertido en numerosos aspectos, lo ha ido adaptado a su conveniencia y, en general, lo ha sobreexplotado tanto que ha terminado condenándolo a un tremendo desgaste como activo político. Una situación que no va a solucionar el nuevo Plan Estratégico, del que en la calle se sabe tanto como de los misterios de Fátima. Probablemente incluso menos. Monteseirín soñó en su día con mantener la llama de ideas de la factoría Fustegueras mediante la creación de una oficina de grandes proyectos, pero las cosas han cambiado demasiado en los últimos tiempos. Tanto que ya parece imposible.

De entrada, ya no manda Emilio Carrillo, quien logró formar un excelente tándem con el autor del PGOU –este área se le ha entregado ahora al edil Gómez de Celis, cuyo encaje con el urbanista radicado en Jerez hubiera sido curioso de contemplar– y, en realidad, a Fustegueras, pese a los anuncios hechos públicos en su día, en las caracolas de la Cartuja –sede de la Gerencia– ni se le espera ni en realidad se le quiere en demasía. Tener criterio propio tiene ciertos costes. Hay que pagar un precio. La mejor muestra: su ausencia en los actos de celebración del reciente 25 aniversario de Urbanismo, donde sí estuvieron algunos de los antiguos delegados municipales y gerentes, pero no se vio al verdadero hacedor de la nueva Sevilla de la que tanto presumen PSOE e IU.

Todos los frentes que tiene abierto el gobierno local son flecos del pasado reciente –si se pueden considerar así los prolongadísimos retrasos que se han producido en casi todas las grandes obras emprendidas en los últimos tiempos– o diatribas internas, en especial la derivada de la pugna entre críticos y oficialistas en el seno del PSOE. IU ensayó una especie de renovación con la salida del ejecutivo local del concejal Silva. Operación que le ha permitido atenuar las críticas de la oposición pero no ganar impulso político. En el caso de los socialistas, la batalla no cesa. La mitad del gobierno –afín a Viera– será castigada en la distribución de los nuevos presupuestos municipales, al igual que ocurrió tras la última remodelación interna. La otra mitad, mientras tanto, se ocupa más de usar la institución para no perder peso orgánico que de hacer trabajar a sus departamentos.

No es de extrañar que no se perciba dirección política clara: unos están esperando que se haga realidad la supuesta operación para defenestrar al regidor –si es que ésta sale adelante– y otros tratan de no perder posiciones para perpetuarse en Plaza Nueva. Todo se mueve en política. Nada se está quieto. Ni las alianzas ni las afinidades perduran. Lástima que, en el fondo, no ocurra lo mismo con la urbe, cuya verdadera transformación, en el fondo, ha dejado de interesar salvo como habitual argumento recurrente. Mera fórmula retórica.

El Ayuntamiento aplica de forma caprichosa la ley contra el consumo de alcohol en la calle aprobada por el Parlamento y convierte la Alameda de Hércules, rodeada de viviendas y comercios, en un botellódromo.

NO ES QUE se haya declarado en rebeldía. Ni que Monteseirín haya resuelto, de pronto, echarse al monte. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado en los últimos tiempos de reclamar una ley para combatir el consumo de alcohol en la calle a dejar sin efecto precisamente este corpus jurídico que, a instancia suya, aprobara la cámara autonómica para diluir el botellón.

Semejante incoherencia, de la que dan buena muestra las casi dos mil denuncias presentadas ante diferentes instancias, entre ellas el Defensor del Pueblo, arroja un buen ejemplo del extraño sentido del interés general que suelen tener los políticos que afirman primero una cosa, al día siguiente hacen la contraria y, al cabo, niegan todos sus actos previos prometiendo de repente un hermoso amanecer de paz y esperanza. Cinismo se llama, en retórica, la figura.

Tal conducta, adoptada por la coalición que forman PSOE e IU, suele justificarse casi siempre desde Plaza Nueva bajo la premisa de la tolerancia y el sentido de la convivencia. No sabía uno que el cumplimiento del ordenamiento jurídico, esencial y obligado en un Estado de derecho, sobre todo en el caso de una administración pública, era cuestión de la magnanimidad o del sentido del buen rollito del regidor de turno. Aunque, al parecer, en Sevilla así es la cosa: uno cumple la ley si tiene el día generoso; en caso contrario, puede obviarla sin que le pase absolutamente nada.

El resultado de esta dejación salta a la vista en diferentes puntos de Sevilla, donde los jóvenes siguen bebiendo a su antojo, continúan orinando en la puerta de las viviendas y, en general, convirtiendo un trozo de esa ciudad, que tantos dicen amar pero tan pocos quieren, en una suerte de sumidero festivo. Especialmente grave es la situación en la Alameda de Hércules, donde, al problema de la ejecución caprichosa de la ley antibotellona, se suma la decisión del Consistorio de convertir la plaza pública en un escenario cortijero para mostrar su gestión política. No es que uno tenga nada contra la cultura –más bien al contrario– ni contra lo que ellos llaman la “dinamización de los espacios públicos”, sólo que en este caso ni se trata de lo uno –todo concierto no es cultura ni toda pretensión de trascendencia espiritual logra llevarnos al Parnaso– ni de lo otro. Sencillamente es que el Ayuntamiento, al igual que hacen los tapiceros en las ferias de pueblo, ha decidido vocear sus anuncios por las calles, a grito limpio y con altavoces, durante día, tarde y noche.

El conflicto ha llegado a tal punto que, tras sufrir cinco conciertos en seis días, con sus ensayos incluidos, un grupo de vecinos preparan un pleito contra el gobierno municipal –que si ganan tendremos que pagar todos los contribuyentes– por el incumplimiento de la norma sobre ruido. En la Alameda, en teoría, ya existía una asociación vecinal. Pero, al parecer, su margen de movimiento con PSOE e IU en el poder local es bastante limitado. Una verdadera lástima.

Los socios de gobierno, que esta semana han conocido la noticia, han reaccionado culpándose mutuamente de la situación, lo que no deja de ser edificante. Como los niños: “maestro: no fui yo; fue mi compañero”. A los vecinos, junto a cuyas casas el Ayuntamiento tiene a bien descargar cientos de decibelios, no les importa en demasía de quién fue la idea –como si esto no se supiera–, sino la razón por la cual el gobierno local, teniendo el auditorio municipal cerrado, el Estadio de la Cartuja vacío y un sinfín de edificios sin usar que bien podrían ceder regularmente a los grupos de música, prefiere organizar verbenas junto al salón de sus casas bajo el paraguas de tómbolas benéficas; fritanga incluida. Créanme: no hay escapatoria a dicha situación. Hace unos días, al tratar de huir del concierto más horrendo del año (al que el distrito llamó heavyllanos) uno se topaba, a apenas unas pocas calles de distancia, con una banda de cornetas de Semana Santa. Las dos Sevillas reventándole al ciudadano anónimo los oídos. Cofrades por un lado. Heavies, por otro. Todos gritando, en el fondo, más o menos lo mismo: “Esta ciudad es nuestra”.

“Daños colaterales”

La portavoz del gobierno local, Maribel Montaño, ha tenido la deferencia de explicar que, aunque comprende las protestas vecinales, estos conciertos deben entenderse como “daños colaterales” por el éxito que ha supuesto la reurbanización de la Alameda, donde, dice ella, se “vive de forma diferente”. Otro concejal, Alfonso Mir, justificaba unos días antes la no aplicación de la ley: “En algún lugar deben estar los jóvenes”. Que se sepa, Monteseirín aún no ha promulgado decreto alguno convirtiendo la Alameda en un botellódromo. En teoría, éste iba a ir en el Charco de la Pava. Pero, la creencia de los munícipes de que la ciudad carece de vida si ellos no la generan artificialmente –a la existencia particular parecen tenerle poco respecto; les aporta escaso rédito electoral–, ha terminado por hacerlo realidad. Es cierto. La Alameda es diferente: ni la ley se aplica, uno puede meterse coca bajo la cámara de seguridad de la comisaría de la Policía Nacional sin que nada ocurra, se puede orinar junto a una ventana sin que la Policía Local salga de su coche patrulla y los vecinos no tienen derecho no ya al descanso, sino al mero silencio. El paraíso en la tierra. Un paraíso, eso sí, diferente.

La falta de respuesta institucional al grave colapso de tráfico que esta semana sufrió el Aljarafe central es otra muestra más de la necesidad de articular una Autoridad Única Metropolitana que responda ante los ciudadanos.

EN los años setenta, década en la que nacieron los treintañeros de la generación del escepticismo, un director de cine italiano, Luigi Comencini, dirigió una coproducción cinematográfica célebre por su elenco –los mejores actores europeos de aquel momento, junto algunas estrellas ya algo vetustas– y por su motivo: los singulares avatares de un rosario de conductores atrapados durante varias e interminables horas en un increíble atasco de tráfico. Una especie de comedia coral que pretendía –pero lograría sólo a medias– simbolizar el absurdo de una civilización –la nuestra– que promete a cada momento el paraíso y la comodidad y, por contra, sólo ofrece frustración y problemas.

El film, algo así como una suerte de precedente bastante menor de las películas de contrapunto constante que, sobre la base de los gélidos y certeros relatos de Raymond Carver (Short Cuts), tan bien rodara Robert Altman –con todas las lógicas salvedades existentes en esta comparación–, tiene cierta similitud con el episodio que se ha vivido en Sevilla al inicio de la semana: el colapso circulatorio del área central del Aljarafe y de buena parte de la capital hispalense. Más de diez horas de un monumental atasco que, aparentemente, estuvo provocado por la masiva afluencia de personas a los centros comerciales de Castilleja de la Cuesta (Aire Sur e Ikea) en un mismo momento.

El episodio pudiera parecer un suceso aislado. Y lo cierto es que su envergadura fue bastante singular, aunque, desgraciadamente, hace tiempo que ha empezado a convertirse –aunque con una intensidad algo menor; en todo caso, muy relevante– en la moneda diaria de la Sevilla metropolitana de la que tanto hablan los mismos políticos que tan poco hacen por convertir en cierto el viejo y noble sueño de la Gran Sevilla. Un mismo territorio metropolitano proyectado hacia el futuro sobre los cimientos de un pasado irremediable, con sus luces y sus sombras, y algo superlativo.

Por lo que parece, esta aspiración –el proyecto que podría hacer que Sevilla cambiara de escala económica y urbana– está condenada a no salir nunca del papel porque la voluntad política de convertirla en cierta es puramente retórica. Los ensimismamientos de aldea pesan mucho más que el sentido común. Y los reinos de taifas –cada uno de los ayuntamientos que han hecho durante las últimas dos décadas la guerra por su cuenta sin importarles demasiado el resultado final ni caer jamás en la cuenta de que, en realidad, la batalla es otra muy distinta a la que mantienen con su vecino– perduran sobre la colaboración mutua.

Los socialistas, cuyo poder en la provincia es casi absoluto, tienen a su cargo el gobierno de la mayor parte de los consistorios metropolitanos. Pero es justo esta omnipresencia, paradójicamente, el principal obstáculo para aplicar una estrategia común que atenúe los problemas que sufren a diario los ciudadanos (votantes, en la terminología de los políticos). Probablemente porque el PSOE sevillano es una organización con tantos conflictos intestinos y abundancia de contradicciones como, mutatis mutandi, el peronismo argentino, donde la derecha y la izquierda –si es que estos términos todavía guardan algún sentido– se mudan en su contrario sin problema alguno.

En dirección contraria

Quizás la única reflexión posible tras el gran atasco no sea tanto cómo se ha llegado a la situación de colapso que vive la Sevilla metropolitana –parecen muy claras las razones: simple y pura dejadez institucional–, sino qué puede hacerse ahora para salir de él. Y, sobre todo, quién va a hacerlo. Porque lo más llamativo del asunto no son las fotos de los sevillanos presos en sus propios coches, ni los relatos de su experiencia –más de uno debería aprender que la gente tiene voz y puede hacerla oír con independencia de las regladas consultas electorales–, sino justo aquello que no se ha visto. Una imagen no contemplada: algún responsable político dando la cara ante la situación, explicando qué piensa hacer y tomando alguna decisión. Aportando liderazgo.

Ninguno de los numerosos cargos institucionales ha querido cargar con este muerto: ni Monteseirín, ni Viera, ni Zoido. Ni el alcalde de Castilleja, ni ninguno de los altos cargos de la Junta, empezando por Carmen Tovar, ex alcaldesa del municipio que autorizó la ubicación de los centros comerciales que, en teoría, provocaron el atasco –que no el colapso, que es pretérito y tiene legión de autores–, y ahora delegada del gobierno autonómico. Tampoco en la consejería de Obras Públicas o en la Diputación estaban por oír las quejas ciudadanas. Y no hablemos del Gobierno central, cuyos delegados de zona tendrían una agenda de trabajo apretadísima como para tener que preocuparse –y ocuparse– de que esto no vuelva a suceder.

Acaso el problema no consista ya en la discusión de si es necesario crear una Autoridad Única. Parece claro que sí. Al menos, para tener a alguien a quien exigir responsabilidades. Magro consuelo, de cualquier forma. La verdadera incógnita del asunto es quién va a ponerle el cascabel al gato. ¿Quién será capaz de caminar en la dirección correcta sin incrementar la abultada nómina institucional de ausentes y, al tiempo, podrá doblegar el inmenso océano de intereses creados que impiden que el proyecto de la Gran Sevilla salga adelante?

El respaldo de Monteseirín al edil de Tráfico, significado crítico a la dirección del PSOE de Sevilla, en contra del concejal de Urbanismo, escinde el núcleo de confianza en el que el alcalde sustentaba toda la gestión municipal.

NO es que no supiera mediar. Es que ya había tomado partido por uno de los bandos. Monteseirín, al que la crisis surgida entre dos de los tres grandes referentes políticos de su equipo de gobierno –Emilio Carrillo y Francisco Fernández;Celis, de momento, juega a la equidistancia– le ha cogido en puertas del congreso federal del PSOE, parece haber decidido, a raíz de la polémica política y ciudadana desatada por el grave atropello mortal acontecido el 28 de mayo en la avenida de Hytasa, posicionarse a favor de las tesis del concejal de Movilidad, que fue su jefe de gabinete en sus años de presidente de la Diputación y también durante su primer mandato como regidor.

En unas ocasiones lo ha hecho de forma expresa: sus escasas declaraciones sobre esta controversia se han limitado a exculpar a Tráfico de los semáforos desconectados en la zona del accidente, sin señalar pero sin llegar tampoco a exculpar a Urbanismo. En otras, de manera digamos tácita: al dejar pasar conscientemente el tiempo sin que Emilio Carrillo, uno de los políticos con mayor prestigio del Ayuntamiento, pudiera siquiera maniobrar mínimamente para poder protegerse ante una hipotética resolución procesal de la juez que analiza la supuesta responsabilidad penal del Ayuntamiento en este caso.

Carrillo, que decidió el pasado 25 de junio reaccionar y enviar al juzgado, por consejo del secretario municipal, un informe elaborado por los técnicos que participaron en las obras del cruce de Hytasa en el que éstos –no la Gerencia; aspecto éste trascendente– desmienten con profusión de documentos oficiales la versión que previamente el concejal Fernández había enviado a la misma magistrada, vive un auténtico calvario desde hace tres semanas. En un contexto en el que la lucha de poder por la dirección del PSOE de Sevilla –cuyo congreso se celebrará el 19 de este mes– es cruenta, con las correspondientes represalias y sucesivos rebrotes en el ámbito institucional, consecuencias directas del baile de máscaras que es toda lucha por el poder, el concejal de Urbanismo, vicealcalde durante el anterior mandato municipal y portavoz del ejecutivo presidido por Monteseirín en esta tercera etapa de gobierno, ha dejado de repente de formar parte del núcleo de confianza del alcalde. No asiste a las reuniones del gobierno local, evita ir a los actos comunes –esta misma semana faltó a la entrega de las promociones de VPO construidas por Emvisesa, departamento a su cargo– y ve cómo el regidor presenta en solitario iniciativas –el nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia– que dependen de su labor política. Las victorias han dejado de ser suyas. Y las derrotas, ya se sabe, nadie las quiere asumir.

Salvo en el frío acto organizado junto al muelle de Las Delicias para celebrar el primer aniversario del gobierno, a Carrillo ya sólo se le ve en los Plenos. Sentado a un palmo de Monteseirín. Una distancia escasa pero que, por lo que parece, es todo un abismo. Extraña cosa ésta de las afinidades personales: donde hubo cierta amistad y afecto ahora sólo anida el silencioso rencor de uno y el desamparo del otro.

La cuestión orgánica explica, pues, parte de lo que pasa. Pero no es la única causa. El posicionamiento de Carrillo en favor del secretario general del PSOE, José Antonio Viera –al que Monteseirín prácticamente expulsó del Ayuntamiento y cuya retirada de la política pidió en un célebre artículo al iniciarse el proceso precongresual– ha hecho que Monteseirín deje de verlo como lo que es y tanto años representó –un valioso aliado–, pero no explica –al menos para algunos– sus decisiones de las últimas tres semanas. ¿Y qué ha pasado en este tiempo, marcado por el accidente de Hytasa? Pues que Fernández ha tomado el papel de ariete en una campaña de acoso y derribo contra Carrillo que no terminará bien. Un proceso en el que el alcalde, en lugar de mediar para conseguir un acuerdo, ha dejado las cosas empeorar hasta el punto en que cualquier acto de generosidad mutua no será entendido más que como una derrota en una guerra en la que los principios son lo de menos. Monteseirín no ha movido ficha para salvar la situación o respaldar a Carrillo –cuyos intentos por buscar un punto intermedio en la distancia que le separa de Fernández han sido del todo infructuosos– y, al cabo, esta falta de arrojo, como ocurre tantas veces en la vida, acaba siendo, por exclusión, una decisión en sí misma. Mala cosa.

Tapar la situación

Hay quien pretendía tapar esta situación mediante dos fórmulas: anunciando una subvención a la familia de la funcionaria fallecida –que ésta no ha pedido– o admitiendo, a lo sumo, un problema de descoordinación en el seno del gobierno local. Tareas imposibles cuando lo que está en juego es, por un lado, una hipotética imputación en una causa penal. Y, por otro, un episodio trascendente en el juego de apariencias que es el congreso del PSOE de Sevilla. Las espadas siguen en alto: hay quien aconseja a Monteseirín destituir a Carrillo y otros que, por igual, le advierten que hacerlo agravaría el grave conflicto que tiene dentro de su propia casa. De momento, el alcalde sopesa sus opciones. Pero resulta evidente que cuando la lucha orgánica marca lo institucional, el cuerpo político –la ciudad, en este caso– sólo tiene un único diagnóstico. Cáncer con metástasis.

El tercer mandato de Monteseirín, del que se han cumplido ya nueve meses, arroja un saldo muy distinto en intensidad al periodo previo a las últimas municipales, cuando la Alcaldía era lo que estaba en juego.

DEJÓ escrito Aristóteles: los aduladores suelen ser mercenarios, y todos los hombres de bajo espíritu tienden a ser aduladores”. Una verdad como un templo. Sobre todo en tiempos en los que hay que saber administrar la victoria. En política rara vez deja de cumplirse tal aserto: el poder, en cualquiera de sus múltiples formas, generalmente necesita de la adulación para consolidarse, no dudar de sí mismo –el principal signo de la inteligencia, paradójicamente, consiste en la duda metódica, como preconizó Descartes– y proyectarse con éxito hacia afuera. Pero este mecanismo de reafirmación, esencialmente psicológico, se quiebra en cuanto se produce la más mínima crítica. De ahí que determinados poderes prefieran no oír más que cantos de sirena.

el camino: perseverar

De cualquier forma, la historia nos enseña que nada viene a durar para siempre. Ni siquiera aquellas cosas que se han logrado con esfuerzo y sufrimiento. “Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”. De nuevo el filósofo griego enseña el camino del éxito: perseverar. No hay otro. El gobierno local de Sevilla, nueve meses después de haberse constituido formalmente, parece, sin embargo, empeñado en ignorar ambos consejos, ya que el saldo de su gestión es bastante discreto en comparación con la efervescencia que marcó el periodo previo a los últimos comicios electorales, cuando Monteseirín se jugaba la permanencia en la Alcaldía. En una coyuntura difícil –con una credibilidad más que relativa y movimientos internos en su contra en su propio partido– el alcalde logró forzar la maquinaria municipal al máximo para llegar a las elecciones con un balance político que, aunque fuera bastante discutible, no podía ignorarse. Tal efervescencia, que en realidad se inició dos años antes del 25-M, y que tuvo en los doce meses previos a las elecciones su punto más alto, parece haberse diluido después de que la aritmética electoral garantizase a PSOE e IU tranquilidad y buenos alimentos para cuatro años más.

Desde su constitución hasta ahora, el ejecutivo político que preside Monteseirín anda a medio gas. Ha intentado proseguir por la senda de los grandes proyectos –que fue la que marcó el anterior mandato– pero los resultados son bastantes más discretos que antaño. Está, por decirlo, de forma expresa, viviendo de las rentas (algunas virtuales; otras algo más ciertas) y como a la expectativa. Su gran ventaja es, sin embargo, que enfrente –ido el PA, que hacía las funciones de minoría combativa; al igual que en los años noventa este papel le tocó a IU– no tiene una alternativa sólida que haga pensar que corre ni el más mínimo peligro. La línea populista por la que ha decidido transitar Juan Ignacio Zoido (PP) –en perpetua campaña electoral de sonrisas y visitas– no arroja aún resultados ciertos como para hacer peligrar la mayoría política que han armado PSOE e IU, cuyos visos de perdurar son grandes. Mayúsculos.

los frente abiertos

Y no es precisamente por exceso de aciertos. PSOE e IU, que en la última fase de la anterior etapa municipal prácticamente sorprendían cada semana con nuevos proyectos y determinadas propuestas bastante singulares –algunas mucho más afortunadas que otras, la verdad–, lleva casi nueve meses dando volantazos y con rumbo bastante irregular. Como si no tuviera impulso para seguir la labor iniciada en 2003 o, quizás, los cerebros municipales estuvieran en otras cuitas. Acaso emulando aquella célebre frase de Cervantes: “Tuve otras cosas de las que ocuparme”.

Algunas muestras de esta languidez son las obras en los principales espacios públicos de la ciudad –los escaparates de la gestión municipal en los últimos tiempos– o la repetición con marcha atrás de iniciativas ya amortizadas. En el primer capítulo, los hechos son evidentes: la reforma de la Encarnación sufre un retraso de dos años por la impericia a la hora de llevarla adelante. El Parasol ha pasado de ser un activo a convertirse en un pasivo al no saber cómo construirlo. En la Alameda también se eternizan las reformas: debieron haberse culminado el pasado verano y todavía tienen un sinfín de flecos pendientes. El gobierno local ya ni se atreve a dar plazos. La Plaza de las Libertades, otro proyecto emblemático, está bloqueada sine díe. En lo que se refiere al resto de asuntos, el balance no es mejor: el tranvía, cuyo resultado de explotación no está siendo bueno, tiene aparentemente en marcha su ampliación, pero únicamente sobre el papel. Igual que la ronda SE-35: no ha salido todavía de la fase de estudio técnico. La peatonalización del centro se ha convertido en otro proyecto interruptus por las presiones de los comerciantes y la falta de valentía política. Fibes, cuya primera piedra se ha puesto siete años después de lo prometido, avanza piano, piano. Hasta el segundo Plan de Barrios despierta entre risa y miedo en ciertos distritos teniendo en cuenta el mediocre balance de la primera edición. ¿Qué queda pues de estos nueve meses? Poca cosa. Buenas palabras y la sensación de que, igual que con la economía, vivimos un cambio de ciclo en la vida municipal. Que se le llame crisis o recesión es lo de menos. Lo trascendente es que ocurre. Y esto no es bueno para (casi) nadie.

El sobrecoste de las obras de la línea 1 del Metro, que supera ya el40%del presupuesto oficial anunciado en su día, unido al retraso en los trabajos, es la mejor metáfora de la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía.

No está claro si es por suerte o por desgracia (unos tendrán una opinión; otros, justo la contraria), pero lo cierto es que es una realidad indiscutible: el Metro de Sevilla –la línea1;el resto aún son meras entelequias electorales– se terminará bastante más tarde y a un coste sustancialmente más elevado de lo que en origen de prometió. Nada trágico, obviamente, pero sí relativamente grave si se tiene en cuenta que la administración promotora de este transporte público –la Junta de Andalucía– cada cierto tiempo se encarga de recordarnos a todos que los efectos de su gestión convierten a Andalucía en una comunidad imparable que da el máximo en cuanto proyecto se propone, por difícil que éste sea. Es el peligro que tienen los lemas publicitarios: suelen volverse contra aquel que los lanza, como boomerang, si no son capaces de mantener en el tiempo un mínimo de credibilidad. O si la conducta de su promotor no guarda cierta coherencia con su discurso. Ya lo dijo hace mucho tiempo el clásico: una cosa es predicar; otra, dar trigo.

Tres décadas tarde

El Metro, que en Sevilla llega más de tres décadas tarde –no así en otras ciudades andaluzas–, es, a efectos de historia local, todo un culebrón. Primero, por los agrios episodios que provocó el antiguo proyecto, enterrado por los socialistas hace años; después, en esta segunda etapa, por las dificultades existentes para poner en pie una iniciativa que la ciudad, por su tamaño y sus necesidades, debía de haber tenido en marcha hace décadas. En este último capítulo se enmarca el serial sobre la construcción de la línea 1, en el que ha ocurrido casi de todo: socavones, hundimientos de calzada, tuneladoras sin dientes y un sinfín de anécdotas mayores y menores, entre las que se encuentra la falta de compromiso con el calendario y la falta de rigor en materia presupuestaria, porque, aunque la obra dependa de un consorcio de empresas privadas, no hay que olvidar que se trata de una concesión administrativa cuyo billete se subvenciona con dinero de todos los contribuyentes.

Se dirá que muchas de las razones que explican estos dos talones de Aquiles del proyecto –su coste y su dilatado plazo– son perfectamente justificables. En el primer caso, por las mejoras introducidas en el proyecto original. En el segundo, dados los requisitos de seguridad que necesitaba el proyecto por su complicación. Ambos argumentos, al menos, son los que ha usado en su versión oficial el Gobierno andaluz a la hora de dar explicaciones. Con independencia de las evidencias –siempre será mejor un Metro seguro a uno inseguro y un ferrocarril urbano con un trazado ciudadano en lugar de uno dibujado por los políticos en los despachos–, ambos argumentos pueden volverse del revés como un calcetín. Esto es: si ha sido necesario modificar una y otra vez el proyecto original acaso se deba a que éste se diseñó mal en origen; asimismo, si las medidas de seguridad han dilatado tanto las obras, puede deberse a que, a la hora de su concepción técnica, se fue extremadamente ligero en estas cuestiones. No estamos hablando de los imponderables inherentes a una iniciativa de tanta envergadura –una gran obra civil–, sino a una forma muy singular de plantear un proyecto que, al cabo, aún no ha cumplido ninguna de las expectativas abiertas cuando se prometió a los sevillanos que contarían con un metropolitano moderno, europeo y ejemplar.

En los tiempos que corren, las buenas intenciones no sirven para hacer política. Es más: resultan bastante cuestionables. La demanda ciudadana a este respecto es absolutamente pragmática: después de tres decenios oyendo promesas y buenas palabras por parte de los políticos, es lógico que la gente reclame hechos. Y los hechos consistían en hacer la mejor obra posible, en el menor plazo y a un coste económico razonable. Sencillamente: ser capaz de cumplir las propias previsiones. Un ejercicio de rigurosidad que, dadas las evidencias puestas sobre la mesa, la Junta no parece en condiciones de cumplir.

Sobre la politización

Porque, si el Metro que todavía está en obras se ha encarecido un 40 por ciento más (hasta los 600 millones de euros) sólo puede responsabilizarse de tal situación a la Junta, que es la que ha terminado fagocitando al Ayuntamiento tras la difícil génesis de la obra, cuya realización fue la contraprestación exigida en 1999 por el PA para darle la Alcaldía a Monteseirín. Si entonces el Metro era cosa de dos instituciones –Consistorio y Gobierno andaluz– y de dos partidos –andalucistas y socialistas– pronto quedó claro que el PSOE terminaría devorando todo el escenario político. Así, el gobierno local pasó a un segundo plano –el alcalde se centró en el tranvía ante la situación de la línea1–ylos andalucistas terminaron siendo incapaces de rentabilizar electoralmente su impulso. Todo quedó en manos de la Administración autonómica. Si entonces los socialistas parecían haber conseguido la jugada maestra de rentabilizar públicamente un Metro en el que jamás creyeron –así lo demuestra la historia– parece justo que ahora que las cosas van regular no oculten la verdad bajo los habituales paños calientes. El Metro estará, pero ni en tiempo ni en forma. Ésta es la única verdad. Todo lo demás no son más que gaitas.

Los ciudadanos que quieran coger untaxi de noche durante los fines de semana tendrán que pagar casi seis euros.
El resultado de una política municipal que no defiende a los consumidoresni tampoco garantiza el servicio público.

Acostumbra a decirse que el liberalismo, como categoría mental, suele terminar justo en ese mismo punto donde a uno empiezan a tocarle el bolsillo. A partir de ese momento la cordialidad se altera, las buenas formas se pierden y la mirada se endurece. A veces se hiela hasta el mismo semblante. Si fuera cierto tal axioma, bien podría decirse que los sevillanos perfectamente pueden dejar de ser liberales con el servicio municipal de taxis a partir de esta misma semana. El Ayuntamiento, haciendo una nueva cuadratura del círculo, ha dado luz verde a un singular incremento de tarifas cuya principal virtud es, al tiempo, toda una paradoja: incrementar los precios nocturnos de forma lineal como vía para “compensar” a los conductores que trabajen de noche pero sin garantizar justo que en este horario nocturno circulen el mínimo de vehículos necesarios para cubrir las necesidades ciudadanas.

El coste de la vida

Que el taxi incremente de esta forma sus precios públicos a muchos –evidentemente, empezando por los taxistas– debe parecerles algo de lo más natural. Ahora que todo sube por motivos más o menos relativos ¿por qué iba a ser una excepción el caso de este gremio? Respetando dicha opinión, que resulta lógica sobre todo para quien vive de este negocio, lo cierto es que este nuevo incremento, que se suma al del autobús y al de otros servicios y suministros colectivos como el gas y la energía, supone un ejemplo más de la extraña connivencia que mantienen los dirigentes municipales –empezando por el gobierno local, pero incluyendo también en el saco a la oposición– con determinados grupos de presión de la ciudad que, en defensa de sus intereses particulares, que pudieran ser muy honorables–nadie lo duda–, no tienen sin embargo empacho en horadar eso que todavía se llama el interés común. Esto es: lo que nos afecta a todos. Una dialéctica que suele dar como síntesis frecuentes atentados contra el bolsillo del común. Las organizaciones que representan a los consumidores sevillanos, usualmente muy bondadosas con ciertas decisiones municipales, han decidido en esta ocasión negarse a comulgar con esta enorme rueda de molino. Han reclamado públicamente al edil responsable de este asunto, el socialista Francisco Fernández, que negocie y apruebe con urgencia un calendario de servicios obligatorios para que, ya que hay que pagar mucho más por coger un taxi de noche, al menos exista un mínimo de vehículos en activo. Según la Facua, “la normativa actual (del taxi) no responde a las necesidades de la ciudad”. Al parecer, esta organización social lleva meses solicitando un encuentro formal para tratar este tema con el concejal del ramo, pero no hay manera. Fernández ni está ni –parece– se le espera, lo que no deja de resultar previsible. Es el concejal del equipo de gobierno con más frentes abiertos de forma absurda. Polémicas que, lejos de amainar, tienen la recurrente costumbre de seguir vivas en el tiempo. Desde el célebre episodio del cocheponemultas –aquella herramienta que nunca funcionó– a los aparcamientos, pasando por la regulación del tráfico ordinario. En el anterior mandato municipal era uno de los hombres fuertes del autodenominado tridente alfredino (por el alcalde) junto a Emilio Carrillo (edil de Urbanismo) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (portavoz). Tras el nuevo acuerdo de gobierno con IU ha perdido algo de peso político –ya no lleva la Policía Local– pero aún retiene todas las políticas de movilidad, un área sensible en la que –todo hay que decirlo– a veces tampoco es fácil acertar, pero a cuya imagen no contribuye nada su estilo de gestión. Si a los abundantes errores, digamos involuntarios, se suma su nula cintura, el resultado no puede ser bueno.

Un servicio de todos

No hay que olvidar que el taxi es, al igual que el autobús y el futuro Metro –si es que llegamos a verlo–, un servicio público. Como tal, está supeditado a las decisiones del órgano representativo de la ciudad, que no es otro que el Pleno. Esta evidencia no es un mero formalismo –las nuevas tarifas han tenido que pasar por este foro para poder aplicarse– sino una condición sustantiva: es el gobierno local, PSOE e IU en este caso, quien debe garantizar el correcto funcionamiento de este servicio básico. Una fórmula (la más cómoda) era la subida de tarifas; otra (la lógica), una orden, previa modificación de la normativa vigente, para obligar a trabajar por la noche a un número fijo de conductores. Ambas vías estaban abiertas para el Consistorio. Sin embargo, ha hecho una extraña mezcolanza entre ambas bendiciendo el incremento de precios sin garantizar –salvo elección de los propios conductores– el servicio nocturno. En lugar de buscar la virtud, que suele encontrarse en ponderar, ha dejado sin explorar justo el sendero que reclaman los sevillanos, que no es otro que el hecho de coger un taxi por la noche no obligue a tener que tentarse el bolsillo. Que a esta situación se llegue después de haber gastado dinero público en retirar licencias para evitar la libre competencia y hacer más rentable el negocio de ciertos taxistas no deja de resultar curioso. La carrera nocturna mínima ronda ya los seis euros. Bienvenidos a la ciudad de la alegría.

Los comerciantes sufren un descenso de ventas en la campaña de Navidad del 20%y confían en las rebajas para levantar cabeza mientras el paro se coloca, según un estudio, a la cabeza de las preocupaciones de los sevillanos.

Hay quien dice que la economía, entre otros factores, funciona esencialmente debido a una larga cadena de confianzas individuales. Una suerte de certeza relativa y extendida que, como casi todo en la vida, parte en origen de personas concretas para terminar siendo lugar común –durante un cierto tiempo y en determinadas circunstancias– para toda una colectividad. En términos literarios, acaso el símil que mejor permitiría explicar tal fenómeno sea el mismo que hace que una narración funcione: la verosimilitud. Al igual que una pieza literaria no se sostiene si ésta no resulta creíble –incluso la mayor fantasía, en su contexto interno, debe ser razonablemente cierta– la maquinaria económica que impulsa el mundo contemporáneo, en especial en estos tiempos de globalización integral, no tira igual si falta lo que los analistas denominan “confianza en el futuro”.O en el presente, en su defecto. ¿En qué reside esta sensación? Esencialmente en la creencia, basada en elementos razonables, de que el día de mañana será algo mejor que el de hoy. Una especie de máxima ilustrada consistente en profesar que casi todo es susceptible de progresar. Que el mundo, en términos macroeconómicos al menos, va a avanzar.

La cadena rota

A veces, sin embargo, esta cadena se rompe. Entonces, según los expertos, es cuando el castillo de naipes que muchas veces parece ser la economía, una ficción con múltiples exégesis, empieza a quebrarse. Que se derrumbe del todo o no –que se produzca una verdadera crisis– es ya otra cuestión, pero lo cierto es que la mera creencia en aquello que dejara escrito Ferlosio en un ensayo –Vendrán años peores y nos harán más ciegos– basta para estropear las cosas y empezar a extender el mal aire de que más pronto que tarde se van a pasar apuros.

Esta semana en Sevilla, que lógicamente no es ajena a los conflictos del orbe por mucho que algunos todavía sueñen con el paraíso provincial de la infancia al sevillano modo, se han producido dos episodios que ponen de manifiesto, sin llegar al drama, que el optimismo ciudadano sobre el futuro empieza a virar con fuerza en relación a los tiempos previos, caracterizados por cierta seguridad de que la vida iría a mejor.

Uno es el cierre de la campaña comercial de Navidad. Al decir de los comerciantes –cuyo peso económico es considerable en la ciudad pero no siempre se corresponde con las condiciones laborales mínimas; de hecho, tienen un conflicto planteado a este respecto– el descenso en las ventas ha sido notable. De orden del20porciento.Una cifra elevada, en especial en un periodo –el final de año– en el que debían generarse ingresos con relativa facilidad debido al consumismo que inunda la vida, las calles, la existencia. El parón en las ventas, según la impresión de los propios afectados, no se debe ni a la peatonalización –más bien al contrario; ésta ayudó a que la caída fuera relativa– ni a ninguno de los conflictos que el gremio mantuvo en los últimos tiempos con el Consistorio. Más bien parece obedecer al encarecimiento de las hipotecas –el euríbor galopante– y a la inflación –un 4,3 en un año– registrada por el petróleo y el alza de los alimentos básicos. Tiene lógica: uno primero paga el techo y llena el estómago. Después, si tiene margen de endeudamiento –contar con liquidez es ya un milagro– acaso pueda plantearse otras alegrías, aunque a muchos éstas les parezcan disgustos más que placeres.

El segundo elemento que viene a confirmar esta tendencia es el estudio socieconómico presentado por la Fundación Antares. Pese a su limitado limitado ámbito –440 encuestas hechas a las puertas de la Navidad– el dibujo que ofrece apunta a una alteración en la escala de preocupaciones ciudadanas. Un cambio de perspectiva que tiene bastante que ver con la confianza en el futuro, aunque –según los autores del informe– la visión de los sevillanos todavía se refiera más a su entorno que a ellos mismos, algo que, por otro lado, es normal. Uno ve que las cosas malas –ruinas, muertes, desgracias– le suceden primero a los demás. Cuando a uno le llega la hora de enfrentarse a todas estas cuestiones siempre resultan ser como cosas inesperadas, aunque en ocasiones sean más que previsibles.

El paro, a la cabeza

Pues bien, la lista de los miedos ciudadanos está encabezada de nuevo por el desempleo. Hasta el punto de que la inseguridad, que durante la última década ha sido la principal queja de los sevillanos, ha pasado ya a un segundo plano. Siendo cínico bien podría decirse que el augurio del alcalde de llegar al pleno empleo en 2012– hecho cuando el Plan Estratégico de Sevilla recién amanecía– va a cumplirse pero a la inversa. Aunque la situación tiene otras ventajas para Monteseirín: las obras han dejado de ser un problema dramático. Será porque se ha bajado el ritmo y, como muestra el retraso de dos años que sufre la Encarnación, y la dilación que también se produce en la Alameda, todavía queda pendiente mucho de lo iniciado. Las cosas, resulta obvio, están cambiando. La rueda del progreso gira en sentido inverso al que traía. La Junta –por boca del consejero de Empleo– dice que lo del paro en Sevilla es más una sensación que una realidad. Pero en economía las sensaciones cuentan. Y mucho. ¿O acaso no es precisamente una agria sensación esta desconfianza?