El cobro de tarifas ilegales durante la Feria, sumado a los conflictos previos entre el gobierno local y un sector de los taxistas, certifica el nulo control que el Ayuntamiento ejerce sobre un servicio público clave para la ciudad

LA vida, a veces, parece un juego de naipes en el que algunos nunca dejan de tener las cartas marcadas. Un aparente divertimento que, sin embargo, puede llegar a convertirse en una trampa, dependiendo de cuál sea el espíritu de cada jugador. Si eres de naturaleza noble, probablemente terminarás mal, incluso aunque el adversario te reconozca cierta cuota de prestigio. Si por el contrario optas por el pragmatismo –en tiempos lejanos a este ejercicio se le tildaba como picaresca– existen probabilidades más que ciertas de que acaso triunfes por la vía rápida. Otra cuestión es que en el trance puedas conservar algo de eso que se llamaba dignidad y algunos todavía denominan honor. En todo caso, éste es un problema secundario: con las ganancias cosechadas en la partida siempre podrás tratar de adquirir este atributo en su vertiente más epidérmica y social. Comprar la honra. Ocurre de esta manera que, como ya nos enseñara Quevedo en sus célebres sátiras, y después han reformulado con éxito expresivo otros poetas y vates tangueros –Discépolo sin ir más lejos–, en el mundo real parece valer más incurrir en ciertos pecados mortales que optar justo por obviarlos. En especial, si se roba.

Toda una burla

Y de un robo hablamos, en definitiva. ¿O cómo debe denominarse al cobro irregular que ciertos taxistas sevillanos han exigido esta Feria de Abril a algunos ciudadanos? La vaina es simple: han llegado a cobrar hasta 50 euros por trayectos que no cuestan ni la mitad, obviando de esta manera todas las reglas, ordenanzas y normativas existentes, aprobadas en tiempo y forma por órganos democráticos y soberanos. Toda una burla. Es evidente que este tipo de prácticas no son la norma entre la mayor parte de los taxistas sevillanos. Probablemente, como recuerdan las principales asociaciones del sector, se trate de la célebre minoría de taxistas, pero lo cierto es que, de unos años a esta parte, la imagen que este gremio está dando ante la ciudadanía parece marcada por una voracidad recaudatoria mayúscula, la impunidad más obscena y el aprovechamiento sin mesura ni reparo alguno del desconocimiento y la falta de alternativas reales en materia de transporte público. Un rostro quizás desfigurado, pero cada vez más verosímil, que asoma tanto en su negativa a aceptar ciertos turnos en función de las necesidades de la ciudad –la famosa polémica sobre las jornadas nocturnas, amparada en falsas argumentaciones sobre su seguridad personal– como en su obsesión por presionar al gobierno local para incrementar, año tras años, sus tarifas.

La suma de todos estos factores, siendo defendida por una minoría o no, que lo mismo da, ha terminado creándole al taxista sevillano fama de cuatrero. Alguien que, en lugar de prestar un servicio a cambio de un justo precio, busca llenarse los bolsillos con la necesidad ajena. Algo parecido a lo que Cervantes simbolizara en el personaje de Monipodio, el hermano mayor de la cofradía de los pícaros sevillanos del Siglo de Oro, en la más célebre de sus Novelas Ejemplares. Un nombre que, curiosamente, deriva del concepto de monopolio, término que en realidad se ajusta bastante bien al tipo de concesión que, gracias a un permiso municipal, disfrutan todos los taxistas. Aquí y en otras muchas ciudades españolas.

Medidas de control

Ningún gremio está a salvo de tener en su seno un grupo que no guarde una mínima ética profesional. Incluidos los periodistas. Pero casi todos ellos intentan, en cierta manera, establecer controles para diferenciar a los verdaderos profesionales –la mayoría– de los simples arribistas. Lo que no se explica es que en Sevilla esto mismo no suceda en el taxi. Y, sobre todo, que a raíz de la denuncia formal de los ciudadanos afectados por esta estafa, el edil responsable, Francisco Fernández, concejal de Movilidad, haya dicho que no puede hacer absolutamente nada para evitar dichos abusos. Fernández, que fue jefe de gabinete del alcalde y ahora dedica más tiempo a las guerras intestinas del PSOE local que a la gestión municipal, alega que los jueces le tumban los expedientes sancionadores abiertos a los taxistas por irregularidades, además de ampararse, para lavarse las manos, en una normativa autonómica por desarrollar. Lo mismo hizo cuando el citado conflicto de los turnos nocturnos: alegar falta de sustento legal cuando las razones jurídicas necesarias dependían precisamente de su propia iniciativa.

Fernández sí ha podido y querido, en cambio, dejar en su mínima expresión las sanciones abiertas a los taxistas que, en repetidas ocasiones, han usado la violencia como argumento; así como dar luz verde a las constantes subidas en las tarifas del servicio. La Junta ha desmentido esta misma semana su argumentario de descargo. De la simple lectura de las ordenanzas en vigor se desprende que no hay otro responsable de estos abusos, junto a los taxistas, que él, al ser de su competencia “la fiscalización integral del servicio público del taxi”. No es la primera vez que echa balones fuera. Ni será la última. Como decía el clásico, en su caso se cumple el viejo aserto: carácter es destino. Aunque alguien debería plantearse hasta cuándo su singular idiosincrasia será un problema para los sevillanos. Un quebranto de 50 euros por trayecto.

Los ciudadanos que quieran coger untaxi de noche durante los fines de semana tendrán que pagar casi seis euros.
El resultado de una política municipal que no defiende a los consumidoresni tampoco garantiza el servicio público.

Acostumbra a decirse que el liberalismo, como categoría mental, suele terminar justo en ese mismo punto donde a uno empiezan a tocarle el bolsillo. A partir de ese momento la cordialidad se altera, las buenas formas se pierden y la mirada se endurece. A veces se hiela hasta el mismo semblante. Si fuera cierto tal axioma, bien podría decirse que los sevillanos perfectamente pueden dejar de ser liberales con el servicio municipal de taxis a partir de esta misma semana. El Ayuntamiento, haciendo una nueva cuadratura del círculo, ha dado luz verde a un singular incremento de tarifas cuya principal virtud es, al tiempo, toda una paradoja: incrementar los precios nocturnos de forma lineal como vía para “compensar” a los conductores que trabajen de noche pero sin garantizar justo que en este horario nocturno circulen el mínimo de vehículos necesarios para cubrir las necesidades ciudadanas.

El coste de la vida

Que el taxi incremente de esta forma sus precios públicos a muchos –evidentemente, empezando por los taxistas– debe parecerles algo de lo más natural. Ahora que todo sube por motivos más o menos relativos ¿por qué iba a ser una excepción el caso de este gremio? Respetando dicha opinión, que resulta lógica sobre todo para quien vive de este negocio, lo cierto es que este nuevo incremento, que se suma al del autobús y al de otros servicios y suministros colectivos como el gas y la energía, supone un ejemplo más de la extraña connivencia que mantienen los dirigentes municipales –empezando por el gobierno local, pero incluyendo también en el saco a la oposición– con determinados grupos de presión de la ciudad que, en defensa de sus intereses particulares, que pudieran ser muy honorables–nadie lo duda–, no tienen sin embargo empacho en horadar eso que todavía se llama el interés común. Esto es: lo que nos afecta a todos. Una dialéctica que suele dar como síntesis frecuentes atentados contra el bolsillo del común. Las organizaciones que representan a los consumidores sevillanos, usualmente muy bondadosas con ciertas decisiones municipales, han decidido en esta ocasión negarse a comulgar con esta enorme rueda de molino. Han reclamado públicamente al edil responsable de este asunto, el socialista Francisco Fernández, que negocie y apruebe con urgencia un calendario de servicios obligatorios para que, ya que hay que pagar mucho más por coger un taxi de noche, al menos exista un mínimo de vehículos en activo. Según la Facua, “la normativa actual (del taxi) no responde a las necesidades de la ciudad”. Al parecer, esta organización social lleva meses solicitando un encuentro formal para tratar este tema con el concejal del ramo, pero no hay manera. Fernández ni está ni –parece– se le espera, lo que no deja de resultar previsible. Es el concejal del equipo de gobierno con más frentes abiertos de forma absurda. Polémicas que, lejos de amainar, tienen la recurrente costumbre de seguir vivas en el tiempo. Desde el célebre episodio del cocheponemultas –aquella herramienta que nunca funcionó– a los aparcamientos, pasando por la regulación del tráfico ordinario. En el anterior mandato municipal era uno de los hombres fuertes del autodenominado tridente alfredino (por el alcalde) junto a Emilio Carrillo (edil de Urbanismo) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (portavoz). Tras el nuevo acuerdo de gobierno con IU ha perdido algo de peso político –ya no lleva la Policía Local– pero aún retiene todas las políticas de movilidad, un área sensible en la que –todo hay que decirlo– a veces tampoco es fácil acertar, pero a cuya imagen no contribuye nada su estilo de gestión. Si a los abundantes errores, digamos involuntarios, se suma su nula cintura, el resultado no puede ser bueno.

Un servicio de todos

No hay que olvidar que el taxi es, al igual que el autobús y el futuro Metro –si es que llegamos a verlo–, un servicio público. Como tal, está supeditado a las decisiones del órgano representativo de la ciudad, que no es otro que el Pleno. Esta evidencia no es un mero formalismo –las nuevas tarifas han tenido que pasar por este foro para poder aplicarse– sino una condición sustantiva: es el gobierno local, PSOE e IU en este caso, quien debe garantizar el correcto funcionamiento de este servicio básico. Una fórmula (la más cómoda) era la subida de tarifas; otra (la lógica), una orden, previa modificación de la normativa vigente, para obligar a trabajar por la noche a un número fijo de conductores. Ambas vías estaban abiertas para el Consistorio. Sin embargo, ha hecho una extraña mezcolanza entre ambas bendiciendo el incremento de precios sin garantizar –salvo elección de los propios conductores– el servicio nocturno. En lugar de buscar la virtud, que suele encontrarse en ponderar, ha dejado sin explorar justo el sendero que reclaman los sevillanos, que no es otro que el hecho de coger un taxi por la noche no obligue a tener que tentarse el bolsillo. Que a esta situación se llegue después de haber gastado dinero público en retirar licencias para evitar la libre competencia y hacer más rentable el negocio de ciertos taxistas no deja de resultar curioso. La carrera nocturna mínima ronda ya los seis euros. Bienvenidos a la ciudad de la alegría.