Los cambios en la cúpula de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla evidencian una profunda fractura interna en el equipo político al que el PP encomendó hace apenas un año el gobierno del principal departamento municipal.

La política urbanística de Sevilla, el frente de batalla más delicado al que se enfrenta cualquier gobierno local, se ha convertido en un repentino diálogo mudo entre interlocutores sordos. Y empieza a ser un terreno peligroso. Los doce primeros meses de gestión del PP en el Ayuntamiento, cuyo balance global es bastante discreto, como en su momento reconoció el propio alcalde, han estado marcados por los constantes tropiezos del equipo al que Zoido encomendó la responsabilidad de pilotar el departamento municipal de más tamaño (450 funcionarios), más complicación (por su propia naturaleza técnica) y mayor proyección exterior, al depender de su gestión casi todos los proyectos de enjundia política.

Un año después de la llegada a la Alcaldía, y justo en el momento en el que el regidor ha sido investido presidente del PP andaluz en una apresurada sucesión tutelada desde Madrid, el sempiterno discurso de la eficacia del que el alcalde ha hecho bandera –“Sevilla funcionará como un reloj”, prometió como candidato– tropieza una y otra vez con el diabólico escenario interno de la Gerencia, que se ha convertido en un problema político recurrente que erosiona la credibilidad política de casi todo el gobierno local.

Urbanismo sencillamente no está funcionando. ¿Por qué? Los motivos son de diversa índole, aunque podrían resumirse como la suma de las expectativas excesivas y la dedicación relativa, sobre todo en el ámbito clave, que es el técnico. Un conflicto entre los deseos imposibles y la dura realidad. Un viaje para el que el PP no encuentra un guía.

El entorno de Zoido elaboró durante su etapa en la oposición un discurso político que lo catapultó al poder pero en el que apenas si existen los matices, los grises, la mesura. Era rotundo, simple y de consumo inmediato. Quizás fuera útil en el frente electoral, pero tras llegar al gobierno sencillamente no deja de hacer aguas justo en el área municipal más estratégica de todas. Las grandes promesas del PP están chocando una y otra vez con la realidad –agria– de la legislación urbanística: una red infinita de normativas, decretos y reglas establecidas dentro de la disciplina del derecho administrativo contra la que nada pueden las mayorías políticas.

La normativa urbanística –una competencia que está repartida entre el Estado y las autonomías– no muta en función de quién sea el alcalde. Sencillamente rige hasta que en los correspondientes ámbitos legislativos es modificada. Los municipios carecen de capacidad para legislar, sólo hacen ordenanzas. Y en el campo urbanístico, una vez aprobado un Plan General de Ordenación Urbana, cuya redacción sí es competencia estrictamente local hasta su última fase, deben atenerse a las pautas de gestión fijadas por la ley.

El problema en el caso de Sevilla es que esta evidencia no termina de ser aceptada por el gobierno local, que acostumbra a politizar –y va a seguir haciéndolo ahora que el alcalde es el jefe de filas del PP andaluz– cuestiones que, a priori, no tienen matiz ideológico alguno, sino que dependen de argumentos técnicos, reglados.Precisos. Justo el terreno de juego donde el equipo del PP en Urbanismo está fallando.

Los ejemplos más significativos han sido la recalificación de los suelos de Ikea –San Nicolás Oeste–, la idea de construir un parking rotatorio en la Alameda de Hércules o la conversión de la antigua comisaría de la Gavidia en un gran centro comercial. Cuestiones con las que el regidor quería liderar la agenda municipal y que han tropezado en la Gerencia. La situación preocupa, sobre todo, en el grupo municipal del PP, sobre el que pivota toda la estrategia política del gobierno.

Son conscientes de que no pueden estar un año después de llegar al poder vendiendo como propia una gestión que es ajena, como es el caso del desarrollo de suelos como los de la Ciudad de la Imagen (al Norte de Sevilla), la remodelación de la antigua barriada de Regiones Devastadas o la construcción del nuevo recinto de Fibes. Todos forman parte de la herencia de la coalición PSOE-IU que el gobierno del PP ha intentado aprovechar en su beneficio con la coartada de que existían supuestos bloqueos que ellos han solventado. Una verdad a medias, ya que en algunos casos no existía problema alguno, como ocurrió en el caso de Regiones Devastadas, y en otros, léase el Palacio de Congresos, no puede disfrazarse la realidad. Es una iniciativa ajena al PP.

Zoido ha intentado gestionar a su favor otros asuntos como la polémica ante la Unesco por la Torre Pelli. Aunque de forma discutible:hay quien no ve con buenos ojos su cambio de criterio en este asunto. El regidor, en todo caso, parece estar dándose cuenta de que, consumido el primer año de mandato, le quedan sólo dos para poner en marcha proyectos que encarnen su propia gestión. El último año del mandato ya estará marcado por la carrera electoral, que en su caso sería previa a una hipotética candidatura posterior a la Junta de Andalucía.

El tiempo se esfuma. De ahí que se estén reclamando resultados inmediatos al equipo de Maximiliano Vílchez, edil de Urbanismo y amigo personal del regidor, y el gerente de Urbanismo, Alberto de Leopoldo, nombrado para este puesto con un currículum cercano al mundo de la empresa y ajeno al urbanismo. La presión, sobre todo, se habría dirigido sobre este último.Vílchez no ha perdido la confianza de Zoido.

El nombramiento del máximo cargo técnico de Urbanismo, en cambio, fue una elección en la que pesaron las relaciones familiares y de amistad tanto como las profesionales. La necesidad de lograr resultados parece ser la causa de la última remodelación en la cúpula de la Gerencia, ejecutada por el PP al año de nombrar a su propio equipo y de la que ni siquiera se ha informado. Ni luz ni taquígrafos.

Algo anómalo si se repara en que a quien han destituido era el número tres del departamento –el arquitecto Andrés Salazar, que había trabajado con andalucistas y socialistas y fue ascendido por el PP hace doce meses– y se ha degradado a otros altos cargos en un extraño movimiento de fichas sin demasiado sentido funcional. Los motivos no parecen ser los operativos, sino los escénicos.

El gerente –cuya proyección exterior es nula– habría justificado el magro balance de su primer año amparándose en el argumento de que no contaba con un equipo a su medida. Justificación que para ser verosímil le obligaba a acometer cambios en el equipo nombrado por el propio PP. La otra opción posible era su propia destitución, una posibilidad que no se contempla. De momento.

El problema de fondo, sin embargo, continúa. No es sólo de personas, sino de método. De trabajo. El equipo del PP carece de los conocimientos necesarios de técnica urbanística, una disciplina árida pero vital para que las cosas funcionen y los proyectos salgan. Salazar, ahora destituido, cumplía esta función porque conscientemente se optó por un delegado y un gerente que no saben de la materia y que acordaron su sustitución como un argumento en defensa propia. Un error en el que ni cayeron los andalucistas –tenían los mejores equipos técnicos– ni los socialistas, que combinaron a técnicos y políticos en el timón de Urbanismo.

El PP dejó todo en manos de dos recién llegados de otras disciplinas profesionales. Resultado: no tienen a nadie que haga de bisagra entre la dirección y los técnicos, cuya labor está condicionada por la delicada situación financiera de la Gerencia –provocada por la caída de los ingresos inmobiliarios– y la sensación de que su situación laboral –privilegiada– va a ser alterada.

Hay otros elementos: rencillas internas que se avivaron cuando uno de los actuales altos cargos elaboró en secreto para el PP una hoja de ruta de política urbanística en la que calificaba al resto de directivos por criterios ideológicos –subjetivos, no profesionales– y proponía un ajuste salarial. Una bomba de relojería. En la Gerencia hay quien piensa que la decisión de Zoido de nombrar a Vílchez frustró una hipotética operación para designar gerente al directivo que hizo de topo del PP en la oposición. El cese del número tres de la Gerencia allanaría ahora el camino para retomar la idea –al eliminar a un rival potencial– en caso de que el actual gerente no diera resultados a corto plazo.

Es una hipótesis. Nada más. Aunque una cosa es evidente: el PP tiene un problema en Urbanismo que está perjudicando la imagen de Zoido. Algo que el alcalde no puede permitirse ni en el ámbito municipal ni, ahora, en el autonómico.

Ayer era 1 de agosto. Fecha fatídica. Decidieron empezar con el urbanismo. Hoy está previsto otro capítulo. Pero con un argumento aparentemente diferente: las “malas prácticas” en los distritos municipales. Parece el título de una película de miedo. Evidentemente, el relato se moverá sobre el guión más o menos previsible. E incluye el elenco habitual: los malos serán los socialistas e IU y los buenos, los hombres ejemplares de Zoido. Justicia poética, lo llaman.

El nuevo gobierno local no parece tener miedo a repetirse. Total, el verano es una época informativamente cruel. Se sabe: las defensas están bajas (si es que alguna vez estuvieron altas) y casi todo cuela en los periódicos. Serpientes de estío. De propuestas propias y proyectos políticos de futuro hasta ahora los nuevos dirigentes municipales han dicho bastante poco. Casi nada. Todo su discurso exterior –llamarlo político me parece excesivo– se basa en las habituales denuncias sobre los tiempos municipales pretéritos, paradójicamente los mismos que el pasado 22-M les llevaron al poder con un respaldo inusitado.

El menú informativo previsto es de plato único. Al menos, hasta la procesión de la Virgen de los Reyes, en la que se espera –algunos rezan ya por ello– que se produzca una reedición del pasado Corpus. Alabanzas, loas y vítores. Somos la Sevilla que quiere un alcalde. Aunque la pregunta que convendría hacerse, que algunos empiezan a hacerse a tenor del rumbo que están tomando las cosas, es otra: ¿quieren realmente gobernar o no?

Las dudas no son caprichosas: parten de la espiral en la que parece encontrarse anclado el gobierno local, que no termina de romper amarras con su etapa como oposición y, tras los esperados ceses y nombramientos, que han llevado su tiempo, continúa dirigiendo su esfuerzo a seguir culpando a la oposición (PSOE e IU) de las siete plagas de Egipto.

Este discurso sólo tiene un problema, además de la reiteración: el pasado (Monteseirín) ya no está y el futuro se desconoce, así que sólo queda a la vista el presente. Y éste debería servir para gobernar con la holgada mayoría lograda (20 ediles) y aplicando el programa electoral para que Sevilla funcione. Y, sin embargo, no pasa. Siguen obsesionados con las lecciones de moral.

Lo de ayer fue surrealista: el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, convocó a la prensa para informar de “las novedades” del caso Ikea. Ya saben: el proyecto de la multinacional sueca para instalar un segundo complejo comercial en los terrenos de San Nicolás Oeste. Su viabilidad depende de una recalificación urbanística a la carta –imposible con el actual PGOU, y que sólo puede validar la Junta– que ya ha supuesto un antes y un después en la percepción sobre cómo va a ser el nuevo ejecutivo de Zoido.

Pues bien, a priori podían producirse dos hipótesis: que Vílchez desvelase la posición municipal en relación a este asunto o que, quizás, anunciase un acuerdo de mínimos con Ikea para salvar la situación. No en vano, el plazo oficial que el propio alcalde anunció en su día –finales de julio– expiró ayer mismo.

Ni una cosa ni otra. El edil al que el nuevo alcalde ha encomendado las negociaciones con Ikea no dijo nada sustancial de ellas, salvo que han empezado “desde cero” (en el último Pleno aseguró estar atado por un convenio firmado por Monteseirín). Tampoco aclaró cuál ha sido el planteamiento político del ejecutivo local a la hora de sentarse a hablar. Sospecho que es porque no existe. Toda la comparecencia consistió en desarrollar el mismo argumento ajado: el PSOE aprobó en Jerez una recalificación idéntica a la que ahora critica en Sevilla.

A algunos probablemente dicha afirmación les parezca un golpe de efecto. Pero, en realidad, no es ninguna novedad. Ni siquiera para el PP, que ya la ha usado antes para culpar a los socialistas de hacer todo tipo cambios en la normativa urbanística con el fin de bendecir una recalificación de Ikea. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el fondo de la cuestión? Y sobre todo: ¿qué tiene que ver con Sevilla? ¿O es que Vílchez es edil en Jerez?

Los hechos son tozudos:que los socialistas aprobaran el Ikea allí no hace mejor la operación que ahora el PP persigue en Sevilla. Ambas son malas para cualquier ciudad si no se respeta la normativa y se logran las suficientes contraprestaciones. Las cosas no son mejores o peores según quien las haga. Sencillamente se atienen o no a la ley. Y en el caso de la urbe hispalense, lo que persigue la multinacional sueca es ilegal: forzar una recalificación urbanística cuyas plusvalías, en lugar de ir al Ayuntamiento, servirán para financiar a coste cero su implantación. Todo un negocio.

Lo sustantivo, además, es lo que piensa hacer el PP, que es quien gobierna Sevilla con mayoría absoluta por decisión de los ciudadanos. Y esto es lo que, en realidad, no está nada claro. Se percibe cierto pánico escénico en el ejecutivo de Zoido a la hora de manejar este asunto, que sólo aborda para hablar de las “trabas” de la oposición.

Sería un milagro, porque quien negocia con Ikea son ellos y quienes tienen la mayoría política en el Pleno para aprobar cualquier acuerdo (en el ámbito municipal) es el PP. La Junta no ha llegado siquiera a evaluar la recalificación porque no se ha presentado y, según Vílchez, además no tiene que presentarse. ¿Entonces?

Da la impresión de que el PP no se atreve a seguir adelante aceptando el desgaste inherente a tener que elegir.¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no aprueban esta recalificación si cuentan con 20 ediles? De momento lo único que han incumplido es el plazo prometido por ellos mismos. Zoido dijo que todo estaría arreglado “antes de finales de julio”.Estamos en agosto. El alcalde prometió en la campaña ser inflexible con los plazos. Empezamos con las excepciones. Aunque no es grave. Lo grave es ganar con 20 ediles y seguir con la cabeza en la oposición.