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Los costes de la participación

Juan Andrés de Gracia | 17 de abril de 2012 a las 19:23

En este momento de crisis de ingresos municipales, las partidas de subvención, o colaboración con entidades sociales y vecinales, también sufren. Primero, fueron las ordenanzas municipales, que incluían el cobro por contar con módulos, escenarios y toldajes, que tan necesarios son para la celebración de actividades, fundamentalmente, en la calle. Luego, la reducción de las partidas con este fin, en el presupuesto muniicipal, lo que ha obligado, posteriormente, a que los colectivos asumieran gastos, de los que hasta ahora estaban exentos de forma casi total. De ahí, la polémica sobre la reducción de ayudas a cruces o el incremento de costes a la Romería de Santo Domingo, por ejemplo. Más tarde, llegó la polémica por una instrucción interna del becario Bellido sobre la paralización a que se debían someter los expedientes de subvenciones, aunque estuvieran acogidos en el plan estratégico que acompaña a los presupuestos, y que parece que en estos días se ha solucionado.

Vaya por delante, que estoy de acuerdo en que las entidades vecinales, de todo tipo, hagan también su esfuerzo, en este momento de poca capacidad económica municipal. No obstante, me parece importante que se actúe de forma transparente y equilibrada. De hecho, los “peperos” no han tenido problema en mover, con urgencia, dos expedientes de subvenciones para entidades antiabortistas, por lo que parece que, cuando se quiere hay dinero, o se busca. La ordenanza fiscal que regula el cobro por la instalación y cesión de material para fiestas, celebraciones y demás, incluye una exoneración parcial importante para aquellas entidades o actividades que considere el gobierno local. De esta forma, lógicamente, se pueden producir (ya está pasando) que se tenga un trato de favor para aquellos colectivos afines a la “gaviota”. Así, en la Semana Santa se han podido montar palcos sin coste, prácticamente, para las cofradías.

Quiero recordar que, antes del gobierno del engominado Merino, cada colectivo podía contar con materuial existente en las atarazanas municipales. pero tenía que recogerlo, transportarlo, montarlo, desmontarlo, llevarlo de vuelta y depositarlo de nuevo en las mismas dependencias municipales. Además, se tenía que abonar una fianza para responder por la pérdida o mal uso del material. Fue con el gobierno “pepero”, y con Sor Caracuel y el pragmático Rivas al frente de la relación con los colectivos, cuando se extendió el “todo gratis”, para lo que se contrató a FCC y se compró material nuevo, como las vallas de color Cajasur. Rivas intentó aprobar una normativa que controlaba el uso del material, pero se dieron cuenta que eso le impediría disponer a su antojo de él, y prefirieron guardarlo en el cajón. O sea, optaron por ofrecer material gratis para callar que se usaba, también, de forma irregular, como, por ejemplo, a entidades privadas, o con ánimo de lucro.

Desde entonces, la barra libre funcionó  ,y año a año, las previsiones de gasto en ese capítulo ha sido sobrepasado por la realidad. Este mismo proceso sufrió el uso de WC por parte de Sadeco, o de enganches de agua por Emacsa, provocando una deuda interna municipal. Por eso, ahora que escasea el dinero, y que las prioridades de los “19 escalones” son otro tipo de entidades, se provoca que los colectivos no encuentren el apoyo necesario municipal para la celebración de actividades. Es más, no me extrañaría que pronto se dispusiera una tasa por el uso de Centros Cívicos o de espacios libres, como parques, calles, … de esa forma, solo aquellos que posean suficiente patrimonio o recursos, podrán acceder a los medios municipales. No creo que se atrevan a cobrar por asistir al Pleno, a pesar de haber limitado la asistencia.

En este disparate, se tuvo que poner orden en época del gobierno anterior, pero era difícil hacerlo, por falta de voluntad real, y porque “bebé” Nieto, en la oposición, no cesaba de solicitar más y más cesiones de material a toda entidad que lo solicitara, excepto a aquellas ideológicamente contrarias. Ahora, hay que hacerlo en un momento difícil para todos. Cuando los colectivos cuentan con menos posibilidad de acceder a patrocinios privados o al cobro de cuotas. Obsérvese como han proliferado este año las peticiones de montar cruces, ante la necesidad de financiar la actividad de los colectivos, o de ganar unos euros, que viene muy bien para quien está en mala posición económica. Me muestro favorable a la limitación de la instalación de cruces, o verbenas, por ejemplo, por mantener la calidad de las mismas, para lo que necesitan el apoyo municipal, y este no puede ser generalizado. Pero se necesita claridad en los criterios que se establecen, para que todo colectivo sepa a qué atenerse y se eviten discriminaciones.

¿Privatizaciones “peperas”?

Juan Andrés de Gracia | 3 de abril de 2012 a las 13:29

Sobre el plan de ajuste que han preparado el joven Nieto y sus 19 escalones, me parece necesario hacer algunas reflexiones, empezando por las “privatizaciones”. Desde la izquierda, se suele acusar a la derecha, de ser proclive a pasar al sector privado servicios y empresas que podrían tener mayor rentabilidad social en lo público. Por otra parte, la derecha acusa a la izquierda, de insistir en que lo público se ocupe de actividades que pueden desarrollarse, tranquilamente, desde lo privado. Las posturas varían desde el extremismo de “todo privado” o “todo público”, a fórmulas mixtas, con distinto peso de una y otra opción. En cualquier caso, el debate está muy ideologizado, pero ya desde la izquierda se admite que no tiene sentido una administración pública omnípotente, y, desde la derecha, se concibe que hay distintos servicios que pueden gestionarse mejor desde lo público.

En esta ceremonia de la confusión sobre qué es privatizar, se cuela además la posibilidad de descentralizar o externalizar servicios, mediante empresas u organismos autónomos y concesiones administrativas, entre otros sistemas legales. Para la izquierda más dogmática, todo lo que no sea funcionarizar la gestión, es un error, y lo consideran una privatización de hecho. Poco les importa que la toma de decisiones y la dirección sean públicas, y que no se basen en la búsqueda del beneficio lucrativo. Es curioso que, sin embargo, reciban como contestación el rechazo generalizado del funcionariado, convertido en un adversario del resto de los trabajadores por mor de sus supuestos priviliegios.

Tras esta toma de posición, se puede afirmar que el plan de ajuste presentado por el becario Bellido, sólo incluye una privatización parcial de una empresa municipal: Cecosam. Propone la entrada de capital privado para convertirla en empresa mixta, con mayoría accionarial pública. Aduce razones de competitividad en la ciudad, y el presunto interés de nuevas empresas por establecerse en Córdoba, que podrían provocar mayores pérdidas a la empresa pública. Le dedicaré una entrada específica esta semana, pero, por lo pronto, me interesa remarcar que ello supone un incumplimiento más del programa electoral, donde el joven Nieto repitió machaconamente que nunca privatizaría empresas ni servicios. Más parece una avanzadilla sobre lo que será la política futura del PP respecto a privatizaciones. No me tranquilizó que, en el Pleno, el becario Bellido hablara de que existían ofertas en firme para la compra de Emacsa. Llegó a plantear que, solo con esa venta, se solucionarían los problemas económicos municipales, así que no descarto que vuelvan a ello más adelante.

La propuesta de externalizar servicios, como la Escuela Infantil y la Residencia de Ancianos, no se pueden calificar de privatizaciones, por mucho que el nuevo coordinador lcoal de IUCA, el impulsivo Florido, se rasgue las vestiduras repartiendo insultos. Es cierto que los sindicatos municipales no están por la labor, pero en plena crisis de ingresos de los ayuntamientos. hay que plantearse si hay servicios que pudieron tener sentido su prestación municipal, pero ahora lo han perdido. Ya pasó, gobernando IUCA, con el laboratorio  o el matadero municipales, y se intentó con el zoológico o con los mercados, aunque, en este último caso, curiosamente, fue el PP, el que salió en su defensa de forma feroz, y ahí están penando y sumando un coste innecesario a las arcas públicas. El abastecimiento de la población está plenamente asegurado mediante los comercios privados que ofrecen todo lo que el vecindario puede necesitar. Se cerraron los mercados del Parque Cruz Conde o del Alcázar, y nada ha pasado, excepto un ahorro para las arcas públicas. También dedicaré una entrada específica a ambos servicios, pero anticipo mi posición de que es necesario que las entidades locales reflexionen sobre los servicios a prestar y su necesidad.

Por último, la Casa de los Muchos habrá agradado a la izquierda más dogmática al plantear que la Gerencia de Urbanismo, el Instituto de Deportes o el IMDEEC vuelvan al ayuntamiento matriz y abandonen su autonomía de gestión. En el plan de ajuste, aparece como un hecho, en forma total o parcial, pero se ha anunciado que solo se aplicará si no se controla el gasto de personal, o sea, como una especie de chantaje. Quizá habría que reflexionar sobre las razones por las que, entidades creadas para mejorar la gestión, han acabado teniendo los mismos vicios, lastres y problemas que antes, por lo que es lógico que se plantee su continuidad. Lo malo es que, detrás de esta vuelta a casa, lo que los peperos pretenden es, simplemente, ahorrar, puesto que solo lo harían los funcionarios y los laborales indefinidos con condiciones, pero quedarían fuera el resto de trabajadores. O sea, sería un ERE encubierto. Ya aclararé más en otra ocasión.

Semana de pasión municipal

Juan Andrés de Gracia | 29 de marzo de 2012 a las 12:05

Anunciaba en una entrada. hace unos días, que esta semana sería decisiva para Córdoba, ciudad y provincia, y para el gobierno municipal de los “19 escalones”. Hasta ahora, las elecciones andaluzas y la huelga general de hoy, han supuesto que se den cuenta que el desgaste “pepero” va a avanzar más rápido de lo que pensaban. Las llamadas al sacrificio del vecindario están chocando con la realidad, ya de por sí, suficientemente dolorosa para gran parte de la población cordobesa. Y ahora toca que el joven Nieto desvele cuáles sus planes a corto y medio plazo, obligado por el plan de ajuste, a diez años vista, que debe aprobar mañana el pleno.

El sistema de pago de la deuda a proveedores, impuesto por el gobierno de Manostijeras Rajoy, es, intrínsicamente, un arma para estrangular a los ayuntamientos, con la excusa de evitar el déficit público. En nuestro caso, todos reconocen, excepto cuando toca intoxicar a Maquiavelo torrico o al Becario Bellido) que las facturas pendientes del ayuntamiento de Córdoba, en torno a 23 millones de euros, suponen una cantidad razonable en comparación con el de ciudades de nuestro entorno, incluso las gobernadas desde hace años por el PP. Sólo hay que mirar al ayuntamiento de Granada, que casi cudriplica la cantidad. Si tenemos en cuenta que, en la mayor parte de los casos, las facturas no pasan de seis meses de antigüedad, la situación se hace aún más favorable a la herencia recibida.

Pues bien, el plan de ajuste preparado conlleva una subida muy importante de los ingresos a través del incremento del IBI urbano mediante una revisión catastral (que llegaría en el peor momento) e incremento general de las tasas, así como a la extensión del copago en muchos servicios municipales.  Se anuncia que la reducción de la presión fiscal solo será posible a… ¡medio plazo! La reducción de gastos ya no pasa por la austeridad, sino por la reducción de las partidas de personal, que solo es posible de dos formas: o mediante rebaja de salarios o mediante despidos y reducción de contrataciones.

En lo que afecta a servicios municipales, se opta por la externalización de los mismos, que solo supondrá ahorro si apareja una reducción, como siempre, de personal. Eso solo significa incoporar al frente de la Escuela Infantil o de la Residencia de Ancianos de empresas que, para llevarse un beneficio, han de sacarlo de la reducción de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores que contraten, además de conseguir que se pague por el servicio sustituyendo la subvención del mismo. Tengo claro que no serán los únicos servicios que pasen por esos procesos, y que se va a contar con la oposición sindicial para llevarlos a cabo.

En cuanto a las empresas municipales, parece desecharse el “holding” prometido para Emacsa, Aucorsa y Sadeco, y solo se apuesta por el desarrollo de gestiones comunes que puedan suponer ahorros en compras, servicios, etc. Diferente es para Cecosam, donde inician su camino privatizador, mediante la venta de acciones. Teniendo en cuenta las limitaciones del mercado por razones obvias (descenso de la mortalidad), no se oculta que a la empresa que le interesa comprarlas, será para ganar dinero, lo que solo se podrá conseguir cobrando más o rebajando gastos mediante reducción de personal y salarios, especialmente. El sector privado local de los tanatorios actúa en régimen de monopolio, por lo que la empresa solo puede subsistir si es competitiva, y ya sabemos lo que ello supone.

Respecto a los organismos autónomos (Gerencia, IM Deportes, IMDEEC), la propuesta va en la misma línea, puesto que la recuperación de la municipalización del servicio, presentada como alternativa al coste salarial, solo busca ahorrarse los costes del personal laboral. De no hacerse así, el ahorro en costes será insuficiente para lo que pretende el plan de ajuste. Queda claro, que la nueva reforma laboral permite a las instituciones públicas despedir con 20 días por año trabajado, solo por tener una reducción de ingresos durante dos trimestres, y no hay entidad municipal que no cumpla ese ratio. Por tanto, estamos en la antesala de ERES municipales. No hay ni que decir el conflicto social que se avecina.

Esta peculiar Semana de Pasión municipal, previa a la que le gusta disfrutar al joven Nieto de Semana Santa, continuará mañana con la liquidación municipal, que generará un déficit que podría superar los 20 millones de euros. Ello obligará a reducir el presupuesto actual en esa cantidad, con lo que los recortes volverán a estar de actualidad en el ayuntamiento de Córdoba. Tan sólo faltará que Látigo Soraya anuncie el viernes los presupuestos municipales, y ya sabemos, por lo que van anunciando, que significará que la Semana de Pasión no termine con ningún Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, sino con un descenso a los infiernos.

Reforma administrativa “interruptus”

Juan Andrés de Gracia | 22 de marzo de 2012 a las 18:26

En su incansable labor de campaña electoral a la que está dedicado, el joven Nieto ha presentado la Fundación Agrópolis, rodeado de importantes referentes políticos, universitarios y económicos, aunque es una incógnita saber para qué va a servir. Con ello cumple una promesa electoral (loados sean los dioses) y ello siempre es positivo, pero, a la vez, incumple otra: la reducción de organismos municipales. A este anuncio, además, se une el de la próxima creación de una sociedad mixta que gestione el Centro de Convenciones. No hay que olvidar que estos entes mixtos deberán tener estructura propia (personal, recursos, …) si se quiere que sean operativos. Otra cosa es que, la recién anunciada Fundación Agrópolis, sea un cascarón vacío organizado a mayor gloria de Navas, el liquidador.

El trabajo encargado al supergerente 86 de la Gerencia de Urbanismo, Martínez “el bienpagado”, sobre la reducción de entidades municipales, en la línea que ha anunciado Manostijeras Rajoy y el propio señorito Arenas, no parece producir resultados. Sobre la unión de las empresas públicas de servicios que debería integrar a Sadeco, Aucorsa, Emacsa y Cecosam en una especie de holding, nada sabemos, y todas ellas continúan actuando de forma individual. Incluso la idea de ir a la unificación de convenios parece encontrarse en un callejón sin salida. La ponderada capacidad teórica del supergerente, parece chocar con la tozudez de la realidad, y desconocemos a qué dedica su tiempo. La sospecha de que esté preparando ERES a gogó, a mayor gloria de la reforma laboral, gana peso y preocupa a los empleados públicos.

Por otro lado, la unificación de las entidades dedicadas al urbanismo (Gerencia de Urbanismo, Vimcorsa, Procórdoba), ha derivado en el anuncio de mantener a Procórdoba, usando el truco legal de pasarle las acciones de Vimcorsa para equilibrar su situación económica. La fusión de ambas parece alejarse, una vez que se ha aprobado una póliza de 18,2 millones de euros a nueve años vista, y se han presentado informes que hablan de la actividad de la empresa más allá de 2020. Incluso, se ha obviado, una vez más, el informe de la intervención municipal (a al que prometieron obedecer fielmente, y usaron como bastión contra el cogobierno saliente) que solicita que se replantee la existencia de la empresa, por falta de recursos para su supervivencia. Hay que reconocer que Procórdoba ha quedado con escaso personal y actividad, sin sede propia y se mantiene, casi exclusivamente, a niveles formales, pero sigue siendo la poseedora de los suelos municipales, por lo que su importancia sigue siendo alta. La duda recae sobre la capacidad de Vimcorsa de asumir, sin problemas para ella, la situación económica de Procórdoba una vez que esta se convierta en su propietaria.

Sobre los organismos autónomos, parece que seguirán trabajando separadamente, aunque tengan por encima una misma dirección general. Las mayores dudas recaen sobre el IMDEEC, debido a la causa general abierta a través de la comisión de investigación que sufre. Los continuos anuncios de judicializar la cuestión abierta no ayudan para nada. Pero el Gran teatro, el Jardín Botánico, o el Instituto de Deportes actúan con medios y fines propios, sin que parezca amenazada su continuidad, aunque sí la de su plantilla. No ha ocurrido igual con la Fundación sobre la Capitalidad, que ha quedado desmantelada, por mucho que se quiera vender que seguirá activa. También ha entrado ahora en cuestión el Consorcio de Turismo, especialmente, tras las noticias de prensa relativas a la gestión empresarial de su presidente, Vicente Carmona. No deja de ser extrañamente curioso que, cuando se han decidido a cargarse el Centro de Congresos de Miraflores, y se promociona un virtual Centro de Convenciones, se haya filtrado información contra él que, además, es el gestor del actual Palacio de Congresos. La próxima salida del gobierno municipal de la hippy Alarcón y la falta de apoyo expresada por el joven Nieto a Carmona, pintan un escenario de preeminencia del empresariado constructor (leáse Massa Carreto) al hostelero (difícil papeleta para el reelegido Toni Palacios). De hecho, no se oculta el malestar, en toda la hostelería de la zona del Casco, sobre la decisión del Cecogobierno de mandar al extrarradio el Centro de Congresos. Pero nadie se atreve a polemizar por temor a represalias. ¿Habrá sido una la de Vicente Carmona?

 

El abandono de los Patios

Juan Andrés de Gracia | 12 de marzo de 2012 a las 20:53

Ya analicé el antecedente de la curiosa forma de defender la capitalidad cultural permanente de la ciudad, dejando sin funcionamiento a la Fundación creada para ello, o aceptando que el gobierno central “reformule” los proyectos de equipamientos tan esperados como la Biblioteca Provincial o el Museo de Bellas Artes. Pero eso no evita la decepción que he sentido al conocer el contenido del concurso de patios para 2012. Justo este año en que tendremos que volver a examinarnos ante la UNESCO, el ayuntamiento rebaja considerablemente la aportación municipal al evento. Este hecho contrasta gravemente con el incremento del gasto municipal para la Semana Santa, con lo que se define, con claridad, cuál es la prioridad del gobierno “de los muchos” del Joven Nieto. Queda claro que Fray Jaén le gana la partida a Sor Caracuel en esta bifurcación de responsabilidad en las fiestas cordobesas.

La rebaja del presupuesto es algo más que simbólica, puesto que alcanza algo más de 60.000 euros, una tercera parte del que tuvieron en 2011. A ello hay que sumar la reducción en el presupuesto del Festival paralelo, que baja más de 15.000 euros.  Los recortes que hay que realizar en el presupuesto municipal no se pueden aplicar a todos los conceptos, y si los Patios es una estrategia básica de la ciudad, se debe ver correspondida por un respaldo económico suficiente. Como pasaba en el Concurso de Cruces, la rebaja de la aportación municipal se vende como una forma de mejorar la calidad de la fiesta. Lo cierto es que no acabo de comprender cómo se consigue más calidad bajando los premios, los áccesit, las menciones especiales, etc. Debe ser que estoy muy torpe.

Las bases, además, profundizan en poner unos condicionantes a los Patios que entren en concurso, de dudosa efectividad. Exigir que los Patios aspirantes al concurso estén habitados todo el año, o que tengan que ser atendidos por alguno de los habitantes de la casa, limita seriamente la posibilidad de aquellos regentados por personas mayores y a patios que, transitoriamente, no esté habitado. ¿Cómo se va a comprobar que va a estar todo el año habitado, si el concurso es en Mayo y luego quedan siete meses más? ¿Qué se considera que un patio está habitado, el que lo está solo doce meses al año? ¿Qué problema presenta preparar un patio para concurso, aunque no esté actualmente habitado? Mucho me temo que estas restricciones, que se suman a otras que han generado polémica otros años, solo responden al interés de algunos propietarios por eliminar competidores y asegurarse ingresos.

Lo peor de todo es que nada se ha innovado para conseguir evitar la masificación y la subordinación al turista y al hostelero que presenta la Fiesta de los Patios y que son los verdaderos problemas de la fiesta. Nada sabemos de mayores aportaciones municipales para conseguir que más patios se presenten a concurso. Limitar los patios a abrir, a 50, es un verdadero error, que solo responde a cuestiones económicas, aunque he de reconocer que en los últimos años nunca se ha alcanzado este número. Pero es la “pescadilla que se muerde la cola”, puesto que si no se apuesta por los patios, no se conseguirán que abran más y la masificación está servida.

Los golpes de pecho en defensa y potenciación de los patios no tienen respuesta real. Que lejos parecen las innumerables veces que Fray Jaén y la hippy Alarcón exigieron un plan de apoyo a los patios. Ahora participan de un gobierno que reduce la partida para los once días de concurso y no incorpora ninguna novedad relevante. Es de esperar que al menos mantengan las medidas complementarias que se han llevado a cabo otros años por parte de Vimcorsa, de Jardines, de Emacsa, … es decir, las aportaciones en especie que tanto necesitan los propietarios de patios que deciden presentarse a concurso. De la Fundación que se iba a constituir, de la ampliación de los días de apertura, de la posibilidad de cobrar una entrada o de conseguir más patrocindores para el evento nada se ha dicho, simplemente, porque no hay nada. Empeñados en dedicarse a la Semana Santa y a desdibujar el Mayo cordobés, los patios quedan olvidados un año más.

La suerte del becario

Juan Andrés de Gracia | 15 de enero de 2012 a las 19:33

Cuando se cumple la primera quincena del año, y recién entrado en vigor el presupuesto municipal, el becario Bellido ha recibido varias noticias, todas buenas. Es este un año muy importante para él, puesto que las amenazas sobre las arcas municipales son importantes, como se puede observar en el resto de ayuntamientos. Málaga, Sevilla, Jaén, Granada que tuvieron gobiernos municipales de distinto signo, han tenido que elaborar presupuestos restrictivos ante la falta endémica de ingresos. Así, Córdoba, no es sino uno más en la lista de entidades locales que este año no van a invertir, tienen que reducir gasto corriente, especialmente, en personal, y reestructurarán la maqinaria y organismos municipales. Y entre ellos, no somos de los peores gracias a las medidas adoptadas por el gobierno saliente y el actual.

La primera noticia positiva ha sido terminar el año con 27 millones en caja. Es cierto, que ya se ha puesto la venda al señalar que el año pasado se empezó con el triple, más o menos, pero la verdad es que es una cantidad notable para los tiempos que corren. Lo que no logro entender es que quince días antes, en el pleno municipal, anunció que estimaba que solo se contaría a primeros de año con 15 millones. No es creíble que a final de año los ingresos se hayan multiplicado, por lo que lo normal es que esas mayores existencias en tesorería se deban a un parón en el ritmo de pagos a proveedores. De hecho, también anunció que se habían mantenido los tiempos de pago, que este año dificilmente podrá mantener.

La segunda noticia positiva procede de los 5-6 millones de euros extras que podrá conseguir con el incremento del 11,5% del recibo del IBI urbano. Lo normal es que ese dinero no provoque ninguna modificación en el presupuesto pero va a permitir asegurar el nivel de ingresos ante la seguranuación de la crisis de acticvidad económica. Lo que no puedo compartir es la subasta a la que se están dedicando PSOE e IUCA con ese dinero. Podrían haber solicitado que no se cobre el 10% extra de manos tijeras Rajoy, pero, al contrario, juegan al populismo con dos propuestas al Pleno sobre el destino de ese dinero. Por un lado, el aspirante a fenómeno vuelve a sacar a la actualidad su propuesta de que se dedique a emplear a personas de familias con todos sus miembros en desempleo, y,además,que se den ayudas al comercio, entre otros gastos. Estando próxima una EPA con más de 42.000 cordobeses en paro, la ligereza de la propuesta llama la atención. Tintín Tejada, por su parte, pide que se rebaje el precio del agua y de la basura. Teniendo en cuenta que ambos conceptos van directamente a engrosar las arcas de Emacsa y Sadeco, no parece que la propuesta tenga la seriedad necesaria. Al fin y al cabo, lo que pretenden es que el joven Nieto explique esta subida de impuestos y tener ocasión de meterse con el gobierno central.

La tercera noticia ha sido el anuncio de Montoro de permitir que la deuda que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas con la Hacienda estatal, por el exceso de financiación del año 2009, se devuelva en diez años en vez de en cinco. Aunque este año los ayuntamientos no recibirán más dinero del Estado, tener que devolver la mitad del dinero provoca, de hecho, una subida de los ingresos por la partivipación en los impuestos del Estado. En cualquier caso, lo que se espera con ansiedad es que se produzca una reforma de la financiación local tal y como prometió y exigió el PP.

Por último, la última noticia es que va a contar con “Verito” Martos en el gobierno municipal en lugar de la precoz Jurado. Me había extrañado que el becario Bellido hubiera aceptado, sin más, bajar su poder dentro del partido. La compensación va a ser la presencia en el gobierno municipal de su mujer, la nueva concejal, con lo que se asegura un mayor apoyo para su difícil labor. Ambos comenzaron su experiencia en gestión local trabajando en el grupo popular y ahora van a colaborar en el gobierno municipal. Les deseo suerte.

Algo más que un salario

Juan Andrés de Gracia | 25 de diciembre de 2011 a las 20:16

Cuando se produce un proceso de renovación electoral, siempre se repite el debate sobre el salario que deben cobrar los cargos políticos. La polémica es siempre bastante maniquea, más aún, cuando la situación social es de intensa crisis. A este respecto, llevamos varios años viendo como los responsables políticos se congelan los salarios. Suelen ser buenos sueldos que, sin embargo, comparados con los que se pagan en empresas privadas para cargos con la misma categoría y responsabilidad, quedan muy  por debajo. En cualquier caso, los salarios están entre los 2.500-3.500 euros netos, en su gran mayoría. El valor de estas cantidades reside en que son dinero público, independientemente, de la productividad o resultado del trabajo desarrollado.

Lo que se suele escapar del debate público, es lo que podríamos llamar el salario indirecto. Cualquiera puede entender que esos salarios permiten vivir sin problemas y, por tanto, no necesitan de más complementos, pero no es así. En algunos casos, se cobran dos salarios o, al menos, se  recibe un complemento por ocupar más de un cargo. Por ejemplo, el joven Nieto cobra actualmente del Parlamento Andaluz, pero además recibe dietas por asistencia a los plenos municipales y como presidente de Emacsa. No es ni mucho menos el único caso, pero no deja de ser uno de los más simbólicos. No deja de ser discutible, que Nieto reciba dinero por asistir a algo que es su obligación, convirtiéndose en un sobresueldo injustificado. No es un trabajo extra sino el desarrollo normal del trabajo que tiene encomendado. Como él hacen el resto de concejales. Siempre se ha comentado como Duracell Rojas obligaba a más reuniones del Instituto de Deportes o de Sadeco para equilibrar sus ingresos y, ofrecía, a cambio, su voto favorable.

Pero no acaban ahí los trucos que se buscan para sacarle más rendimiento al salario oficial. Me refiero a los gastos por comidas, transporte (taxi, avión, …), y otros que se cubren mediante dietas. Aunque siempre se fija un rerglamento de control de los mismos, su uso indiscriminado suele ser muy cuestionable,. El caso del diputado provincial socialista Mariscal, con un uso abusivo de las comidas, que aunque estuviera justificado por razones de trabajo, está totalmente injustificado por la cantidad gastada, ha saltado en los últimos días a los medios de comunicación. Es algo que sucede habitualmente, esto es, se aprovecha el cargo público para comer, beber o viajar de una forma diferente a la que se práctica cuando se usa el dinero personal. Este nivel de vida al que se suelen acostumbrar, es el que provoca después dificultades al regreso a la vida normal y el ansia de seguir en el cargo.

Esos gastos que se abonan en especie suponen, de hecho, un sobresueldo que no se controla. En ocasiones, los partidos políticos usan el dinero que se envía para funcionamiento de los grupos políticos para esconder parte de esos gastos y para hacerlos opacos al fisco. Fue significativo el sobresueldo que han estado recibiendo numerosos concejales del PP en el gobierno del engominado Merino o, después, en la oposición del joven Nieto, para contentar a sus miembros. Igualmente, se hacía con las comidas más escandalosas, aprovechando que ese dinero de los grupos no es fiscalizado por nadie. Formalmente, tiene que estar a disposición permanente de la intevención y de la Cámara de Cuentas, pero nunca se controla. Es además totalmente ilegal usarlo para contrataciones, pero lo pasan por alto y, lo más curioso, es que debería servir para pagar unos gastos que luego se solicitan a la institución oportuna.

En estos temas, suele haber acuerdo entre los partidos políticos para taparse unos a otros, excepto cuando alguien rompe el “pacto de caballeros” y se filtran a la prensa. En principio, me parece que el salario que se gana debería permitir pagarse las comidas y los viajes excepto aquellos que tengan consideración de institucionales, que lógicamente deben ser sufragados por cada administración, aunque siempre dentro de un límite. De esos abusos, también se benefician bastantes empleados públicos. Por ejemplo, las secretarías e intervenciones de cada empresa u organismo autónomo municipal, cobran dietas por un trabajo que no queda fundamentado que tenga que pagarse como sobresueldo. También se aprovechan de esos gastos los altos cargos, gerentes o personal de confianza, por lo que el coste para las arcas públicas es importante. En alguna empresas y organismos autónomos se usan también tarjetas de crédito sin control.

Ya hace años que se viene reduciendo esos gastos e intentando que se controle su uso, y, ahora, agobiados por la crisis, parece que se va a seguir en la misma línea. Así ha destacado este año la falta de recepciones institucionales por Navidad, siguiendo lo que ya pasó en plena Feria. Pero siempre habrá trampas. En el caso de la Copa Davis, las recepciones alto nivel que se ofrecieron, fueron pagadas con dinero municipal, si bien, para que la factura no pasara por el ayuntamiento, se pasó el dinero a la Federación de Tenis para que se encargara de ello. Es esa un truco que el PP ya puso de moda en su anterior etapa de gobierno, siendo su ejemplo más significativo, lo que sucedió con el año de Manolete, pasando a la aportación de Cajasur las facturas más controvertidas. Es de exigir que el gobierno municipal dé ejemplo y no use estas artimañas.

He de aplaudir la decisión de rebajar el grupo de policías de escolta. Ya se intentó años atrás, pero la exministra se negó en rotundo por su afán de aparentar poder. Ahora, los escoltas se han reconvertido en un grupo de apoyo a la institución, especialmente, al alcalde y equipo de gobierno, con el objetivo de aportar seguridad. El resto de policías que no han quedado en el equipo han vuelto a sus funciones en la Policía Local. Lo que no ha descendido es el uso de coches oficiales. El ayuntamiento de Córdoba tiene un número razonable de coches y de conductores, y es lógico que no se dependa de que haya un taxi, un autobús o un coche particular, para asistir a numerosos actos oficiales. Lo que sí es necesario es que no se mal use el servicio, para actos que nada tienen que ver con el trabajo oficial. Queda muy bien ir en coche con conductor, pero es un bien pagado con dinero público que debe racionalizarse en uso.

Presupuesto trucado

Juan Andrés de Gracia | 15 de noviembre de 2011 a las 19:16

Tintín Tejada y Alfonsón Igualada sufrieron durante años las quejas del PP sobre los trucos que utilizaban para hacer el presupuesto. Entiéndase que esos “trucos” eran interpretaciones diferentes de cómo cerrar el presupuesto. Esperaba a saber qué técnica presupuestaria seguiría el becario Bellido, y, la verdad, es que no es muy diferente, quizá, porque el personal técnico del área es el mismo, y la necesidad obliga a flexibilizar una visión rígida de cómo hacer el presupuesto.

“Los 19 escalones”, con el joven Nieto a la cabeza, ya no cumplirá su compromiso de tener en vigor los presupuestos para final de año. Lo que han presentado, son sólo los grandes números, pero no el borrador del presupuesto, que, seguramente, sigue peleándose dentro del propio “gobierno de los muchos”. Cuando esté acabado, deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno Local, y deberá ser el presupuesto consolidado con todas las empresas y organismos municipales. Además, para ser anteproyecto, no bastan las cifras, sino que debe contar con una documentación que requiere un trabajo de un par de semanas, al menos. Luego, debe pasar a informe de intervención, del Consejo Social y del Consejo del Movimiento Ciudadano, tras lo cual, debe volver a la junta de gobierno local. Entonces, podrá verlo el pleno, tras el dictamen de la comisión permanente correspondiente. Tras su aprobación, debe pasar a publicación en el BOP, tras lo cual, puede haber alegaciones que motiven su aceptación o no, y un nuevo pase por el Pleno con los informes oportunos, tras lo cual, se debe volver a publicar en el BOP. Si tenemos en cuenta el próximo macropuente y las fiestas navideñas, no hay tiempo para cumplir lo prometido. Una nueva promesa electoral incumplida.

Los grandes números presupuestarios aparecen equilibrados entre ingresos y gastos. Es algo absolutamente provisional, y que es posible gracias a que se ha optado por la vía de endeudamiento para rebajar el déficit, de 32 millones de euros, al 50%. Además, se han usado, de forma discutible, las partidas no necesarias para amortizaciones debido a la refinanciación de préstamos, para cubrir el otro 50%. En resumidas cuentas, todo se ha hecho a base de tocar los ingresos y los gastos financieros, pero ello supone no abordar la austeridad en el gasto, tan anunciada, y repartir en los próximos cuatro años los 32 millones de euros. O sea, que en principio, el déficit de gestión municipal continúa, y sólo ha sido afrontado mediante técnicas contables cuestionables. De hecho, seguimos sin conocer cuál es el plan de saneamiento que se piensa aprobar para que sustituya al vigente.

Que los ingresos corrientes se hayan elevado sobre los previstos para 2010 demuestran que estos no estaban inflados. De ser así, al subirlos, se consolidaría la ficción. La subida es del 3,1%, que, en plena crisis de actividad económica, supone confirmar que la presión fiscal subirá por encima del 3%. Que se anuncie que el IBI va a mantener su recaudación a pesar de subirse este año, significa que se va a bajar la labor de inspección que es la que posibilita que haya nuevas viviendas (especialmente, parcelaciones) que paguen, o que se consiga recaudar los deudas pendientes en este apartado. Unamos esto a la decisión de no asegurar ingresos por sanciones urbanísticas (de nuevo, especialmente, parcelaciones), hasta que se asegure el ingreso. Esto significa que se van a seguir manteniendo guardadas las multas a los parcelistas para no soliviantarlos, que no va a haber un plan de cobro de las mismas y que se va a relajar la inspección urbanística. Y que nadie se confunda intencionadamente, jamás la sanción impuesta a Rafael Gómez apareció en los presupuestos municipales para incrementar el gasto. Es absolutamente falso. Sólo hay que consultar los presupuestos de diez años atrás, para ver que la partida de sanciones urbanísticas nunca superó los 10 millones de euros, cuando la gran multa del socio concejal es de 23, y sumadas al resto, alcanza casi los 40 millones.

En gasto de personal, el maquiávelico Torrico, ha corregido la falsedad, repetida una y mil veces, de que los recortes en personal de confianza y asesores ahorraría 3 millones de euros. Ahora se reconoce que será, justamente, la mitad, lo que representa que el PP ocultó en sus declaraciones, el coste del personal que él pretendía incorporar. Que, una vez que se haya consolidado el recorte a los empleados públicos de ZP, del 5%, y, sumado ese recorte en altos cargos, la rebaja general de la partida sólo descienda un 3,8, tiene una doble lectura. Por un lado, hay partida para mantener casi la totalidad del personal municipal, pero, por otro lado, cuesta contener el gasto de personal sin medidas traumáticas.

La reducción del 15% en los presupuestos de empresas y organismos autònomos haya quedado en la mitad (del 15% al 7%), es prueba de que el recorte de transferencias que adoptó el anterior gobierno municipal, hace que la decisión, este año, sea menos traumática. La medida ahora adoptada, es continuidad de la ya emprendida en enero de 2011. Que se haya acordado asumir las facturas pendientes de Endesa y de Sadeco, y que, al parecer, se haya presupuestado cantidad suficiente para que se pueda atender el gasto real en estos conceptos, son adecuadas. Ahora hay que mantener las decisiones de ahorro, porque estos gastos, no es tanto lo que se presupuesten, sino lo que, finalmente, se acaben realizando. En cuanto al anuncio del mantenimiento del gasto social y de cultura, suena bien, pero habrá que estar a lo que se entiende como tal. Por ejemplo, en cultura, será interesante ver si se mantiene la partida de transferencia a la Fundación para la Capitalidad, y si se consolida en Cultura, la partida que había para la Oficina de la capitalidad. En cualquier caso, si el Gran Teatro baja su transferencia, cuando ha duplicado los escenarios, no es un buen presagio.

Por último, la rebaja de la inversión municipal, no por anunciada y esperada, es menos traumática. No es de esperar que las empresas y organismos sean capaces de realizar fuertes inversiones, excepto Emacsa y algo Vimcorsa, porque hasta ahora dependen de las transferencias municipales o de otras administraciones. El PP se ha tragado su teoría de que sería capaz de invertir, no con deuda (lo que ahora es imposible), sino con ingresos corrientes. Ello le hubiera obligado a un recorte más intenso del presupuesto municipal. Seguiremos atentos a la concreción del presupuesto.

Parcelaciones: La derrota de la ley

Juan Andrés de Gracia | 13 de noviembre de 2011 a las 12:33

Tristón Martín ha empezado a desvelar cuáles son sus planes para desactivar la paralización en que se encuentra la regularización de las parcelaciones. Sigue confiado en que la Junta de Andalucía le resuelva en parte el problema, a través del decreto que se está rematando sobre flexibilidad en la regularización de las viviendas ilegales . Tal y como está ahora mismo el borrador, la influencia para la ciudad de Córdoba será escasa, al estar más enfocado a solucionar las ilegalidades que se han multiplicado en laz zonas costeras en pleno boom inmobiliario. Por esa razón, desde la Gerencia de Urbanismo han decidido olvidarse de la legalidad, y buscar atajos que les permitan atender, de forma populista, a un sector de la población cordobesa que, en las últimas elecciones, abandonó a IUCA para echarse en brazos del PP y del “socio” Gómez.

Las parcelaciones que están en vía de regularización se encuentran, actualmente, ante el problema de formalizar sus juntas de compensación y costear sus proyectos de urbanización. Las determinaciones legales hace que esos proyectos de urbanización tengan unas características técnicas que los encarecen y, en la situación actual de crisis económica, la capacidad de algunos propietarios de afrontar los costes, es muy reducida. En su origen, la intención era que las entidades financieras adelantaran los fondos necesarios, mediante hipotecas a firmar sobre las propias viviendas en fase de legalización. Sobre todo las cajas de ahorro, con Cajasur al frente, veían posibilidades de negocio y por esa razón impulsaron empresas que gestionasen los proyectos de legalización. No es necesario aclarar, que las nuevas circuntancias económicas del sector financiero, y el desapego de BBK al negocio inmobiliario, hacen casi imposible esa solución. Además, los propietarios de las viviendas temen que, en caso de hipotecar su casa, acaben perdiéndola si no pueden afrontar los pagos. En esas estamos, y desde “la casa de los muchos” se están buscando formas, muy discutibles, de desbloquear la situación.

Con esa intención, Tristón Martín ha anunciado la posibilidad de fraccionar los proyectos de urbanización, separando el abastecimiento de agua y el suministro eléctrico del resto de componentes (calzadas, acerado, mobiliario urbano, saneamiento, …). No hace falta ser un avezado experto urbanístico, para entender que eso significa vulnerar la letra y el espíritu de la ley. Es cierto que algunos proyectos de urbanización se han faseado en algunas unidades de actuación donde las promotoras han tenido problemas económicos, con el objeto de poder dar licencia de primera ocupación a las viviendas que se construían paralelamente. La división del proyecto de urbanización se ha permitido por zonas, y siempre condicionándolo a la obligación de acabar toda al urbanización, pero nunca se ha permitido realizar una urbanización parcial por servicios o suministros. Tristón Martín pretende dar luz y agua, y que las casas sigan siendo ilegales, puesto que sería imposible darles licencia. O sea, daríamos servicios a casas ilegales en contra de la más mínima razón jurídica. Con eso pretende cumplir su compromiso con esta parte del vecindario.

Esta vulneración de la legalidad, iría pareja a la posibilidad, ya analizada en otras entradas, de que el ayuntamiento modificara el sistema de gestión de los planes parciales correspondientes, sando de compensación, donde son los propios propietarios los que se encargan de todo y pagan, al sistema de cooperación, en que el ayuntamiento realiza la urbanización y pasa factura. Los parcelistas se han dado cuenta de que el cambio de sistema, puede requerir incluso más coste, al ser la administración local la que ejercería la contratación de las obras, lo que ya sabemos que supone que las empresas adjudicatarias elevarían los precios de forma significativa, previendo retrasos en los pagos. Igualmente, los vecinos con dificultades económicas tendrían las mismas dificultades que actualmente, y correrían el riesgo de ser embargados si no abonan las cantidades oportunas. La situación financiera muncipal hace imposible que el ayuntamiento se encargue de los costes, al margen de que sería otra ilegalidad, pero habrá que estar atentos para que ello no ocurra por la vía de los hechos.

Quiero recordar en este momento el plan de instalación de alcantarillado en la Sierra de Córdoba, que tendría que haber sido abonado por los propietarios, pero que errores cometidos exprofeso por el gobierno del engominado Merino, provocaron que, tras cobrar contribuciones especiales, se tuviera que devolver el dinero, y Emacsa le pasó la factura al ayuntamiento. Teniendo en cuenta que, tanto Tristón Martín como Duracell Rojas, fueron causantes de aquella pérdida de recursos públicos, beneficiando a particulares de su granero electoral, sospecho que pueden estar preparando una estrategia similar.

Queda claro que cualquier solución a la regularización de las parcelaciones que pueden optar a ello, pasa, ineludiblemente, por una rebaja en el coste y por dar facilidades para el pago. Ejecutar parcialmente la urbanización y permitir que se puedan enganchar las casas a algunos servicios, sólo busca que el vecindario tenga que poner menos dinero, aunque sea a costa de enterrar el procesdo legalizador. Tristón Martín, bajo cuyo mandato urbanístico se multiplicaron las parcelas de forma escandalosa, según demuestran los informes oficiales de la propia policía local, rematando lo iniciado bajo la ir-responsabilidad de la futura exministra, la Rosa de Rubalcaba, al frente de Disciplina Urbanística, no es un aval de respeto a la legalidad. Las referencias populistas a la situación en la que vivien las familias, la posible generación de empleo o los compromisos electorales, le están haciendo caminar por el estrecho margen que separa lo legal de lo ilegal.

A gerente “muerto”, gerente puesto

Juan Andrés de Gracia | 12 de octubre de 2011 a las 13:02

La reestructuración administrativa y organizativa de “La casa de los muchos” no parece acabar nunca, dando sensación de provisionalidad y de no saber exactamente a dónde quieren llegar. Más que tener una hoja de ruta perfectamente perfilada, parece que actúan a golpe de impulsos y presos de declaraciones y de presiones internas. A nadie saben explicar qué perfiles están buscando, y como casa el nombramiento de nuevos gerentes con la anunciada creación de dos entes que reúnan al grueso de las empresas municipales prestadoras de servicios, por un lado, y a las entidades de ámbito social y cultural, por otro. Además de la unión de los organismos relacionados con el urbanismo en la que están embarcados.

En lo que respecta a las empresas prestadoras de servicios, en Emacsa no han tenido problemas y mantienen a Arturo Gómez, hombre de la empresa, que ya ocasionalmente ocupó el puesto. Mientras, Antonio Jiménez, al que sustituyó por razones estrictamente personales, actúa como asesor de la empresa. También continúa el gerente de Cecosam, José Cabrera, que parece que no les causa especial inquietud. En Sadeco, la entrada de Antonio Prieto, en sustitución de Ignacio Ruiz Soldado, se ha solventado con facilidad al ser este último, empleado del ayuntamiento, por lo que ha reingresado como director general de Familia y Servicios Sociales. En parte, es una contradicción respecto a su intención de contar con personal de la casa y no hacer fichajes externos. Más complicaciones han encontrado con la sustitución de Vicente Climent al frente de Aucorsa, porque no ha aceptado la solución de permanecer como alto cargo de la empresa, y ha solicitado casi 500.000 euros de indemnización. De tener que abonar esta cantidad, Aucorsa tendrá que pedir al ayuntamiento que le transfiera el dinero, ante la debilidad de sus arcas. Su sustituto, Carlos Sierra, por ahora no ha demostrado saber cómo parar la sangría de usuarios que sufre la empresa.

Mientras, el supergerente 86, Juan Luis Martínez, tiene encomendada la formación de esa Agencia Pública Empresarial Local que tendría un único gerente, y que debería conseguir mayor eficacia en la gestión y reducción de los costes. La labor no es fácil porque hay que aunar objetos sociales diferentes, relaciones laborales muy diversas y situaciones económicas muy complicadas excepto en el caso de Emacsa. Por cierto, una vez que se ha aprobado que sus sueldos dependen de una cantidad fija y otra variable, será interesante conocer cuáles serán los objetivos que se les marcan para cobrar esta última cantidad. En cualquier caso, la prueba de fuego la van a tener con la presentación de los distintos presupuestos, que deben hacer con rebaja de la aportación municipal en una cantidad que rondará el 10-15%, que inevitablemente afectará a la reducción de los costes de personal y a la calidad de prestación del servicio. Para esa labor de recortes duros, se ha fichado a Prieto y a Sierra, y es posible que busquen darles los máximos poderes para adoptar y ejecutar acuerdos, saltándose al consejo de administración, donde está representada la oposición, sindicatos y vecinos.

En cuanto a la intención de agrupar la gestión del IMAE Gran teatro, el IM de Deportes, el IMGEMA Jardín Botánico, el Consorcio de Turismo y las áreas donde se enganchan, por ahora han nombrado un Director General, Leopoldo Tena, para ir articulando un trabajo conjunto, que difícilmente se podrá concretar en un organismo común. Al frente de los organismos, hay gerentes de bajo perfil político que se mantienen, como Francisco Foche en el Botánico, o Federico Rodríguez en el Consorcio. Además, han buscado a una persona de la casa, Juan Carlos Limia, para poner al frente del Gran Teatro, y una persona externa, de su confianza, Alfonso López Baena, para el IM Deportes. En definitiva, no van a encontrar problemas para reorganizar como deseen su estructura y servicios, y aceptarán sin problemas los recortes que se impongan. Más complicado lo tiene el IM de Desarrollo Económico y Empleo, al que le han mantenido el gerente, Francisco Oteros, un empleado municipal, pero que sufre las ansias de Charini Alarcón para hacerse con el mando del mismo, aunque sea a costa de su segregación. Aquí Duracell Rojas tiene poco que hacer porque su poder interno no existe.

En cuanto a la unión de Gerencia de Urbanismo, Vimcorsa y Procórdoba, parece claro que se va a la fusión de las dos empresas, para lo cual han mandado al exgerente de la Gerencia, Francisco Paniagua a hacerse cargo de ambas. Han dejado ya a Vimcorsa sin gerente, para intentar que no le cueste indemnización, pero han sido tan burdos, que parece claro que también le costará dinero a las arcas municipales. Desde luego, Obrero merecía un trato más elegante por su labor improba en estos últimos cuatro años luchando contra la crisis inmobiliaria e hipotecaria. La dificultad central para unir Vimcorsa con Procórdoba sigue siendo la situación económica de Procórdoba, con 20 millones de poliza de crédito que vencen a final de año. Por proceder a la fusión podrían hundir a la empresa de vivienda que, hasta ahora, ha tenido una situación envidiable. En Gerencia, primero han puesto nominalmente al supergerente Juan Luis Martínez, y han nombrado director técnico al exgerente de Procórdoba, Angel Rebollo, que es el que sabe de urbanismo. El sueldo de Juan Luis Martínez es con diferencia el más alto de todos, por eso lo han nombrado gerente de urbanismo, aunque su labor es solamente organizativa, más cercana a la realización de una tesis doctoral que a la dirección que necesita el organismo.

Pero aquí no acaba todo. El consorcio Orquesta de Córdoba o Mercacórdoba, órganos compartidos con otras administraciones, mantienen su gerente, a pesar, sobre todo en el primer caso, de la difícil situación por la que pasa. En cuanto a la Fundación Córdoba Ciudad Cultural, que se apresuraron a mantener como símbolo de la apuesta por la cultura, ya han anunciado que no cuentan con la gerente, Carlota Alvárez, la han dejado sin personal y mucho me temo que se disponen a cerrarla, con el beneplácito del resto de componentes. Aquí se sigue jugando a seguidores del abogado Aguayo, en su campaña de promoción personal contra San Sebastián, y, por otro lado, aprovechan para recortar gasto en cultura de forma nada discreta. Pero, para llamativa la labor encomendada al nuevo gerente de la TVM, Julián Estrada, empleado público de confianza, puesto que han eliminado cualquier tipo de programación y la han convertido en una teleagenda permanente. Habrá que ver los próximos movimientos de este ajedrez de personas.