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Córdoba pendiente de Andalucía

Juan Andrés de Gracia | 1 de abril de 2012 a las 19:13

Las negociaciones que se están entablando para formar gobierno en Andalucía son  importantes para nuestra ciudad y provincia. Como la opción de gobierno de concentración no me parece viable, tendremos que centrarnos en la posibilidad de llegar a un acuerdo entre PSOE e IUCA, ya sea de gobierno, de investidura o de legislatura. Es cierto que la pérdida del gobierno municipal por parte de IUCA sitúa a nuestra ciudad al mismo nivel que el resto de ciudades grandes de Andalucía, esto es, gobernadas por el Partido Popular, por lo que difícilmente habrá un trato de favor hacia nosotros. La verdad es que haber estado gobernados por IUCA nunca nos dio ninguna ventaja, y ahora que podíamos estar bien situados, ha pasado la ocasíón.

La negociación va a estar condicionada por el escenario de crisis y por los necesarios recortes que, desde Europa y Madrid, se imponen a Sevilla. El presupuesto andaluz para este año preveía un escenario de crecimiento que ya no se va a dar y, el presupuesto de Manostijeras Rajoy significa un descenso importante en las aportaciones de fondos que llegan desde el gobierno central (Veáse recorte en Dependencia, por ejemplo). Si a todo esto le sumamos los conflictos que empiezan a producirse entre el gobierno andaluz y el central, que ha tenido su último episodio en la subasta de medicamentos, y que se prevé que se incremente exponencialmente, el margen para gobernar se estrecha.

Pero ello no puede ser obstáculo para que Córdoba sitúe sus necesidades, en este caso, sin excesos. En este sentido, lo primero que debe asegurar el nuevo gobierno será el mantenimiento del estado de bienestar. La educación y sanidad, especialmente, las públicas, y los programas sociales, donde destacan las pensiones no contributivas, los servicios comunitarios y la ley de dependencia deben mantenerse en niveles de calidad suficiente. En lo que respecta a inversiones, es necesario poner en funcionamiento el CARE Noreña, y terminar los centros de salud en construcción o reforma (Huerta de la Reina, Sector Sur, …), además de continuar el Plan de Modernización integral del Hospital Reina Sofía. En educación, es importante terminar las obras del Conservatorio de Danza y poner en construcción el Instituto de Miralbaida, prometido desde 1998.

De forma singular con nuestra ciudad, debe mantenerse la apuesta por la cultura como elemento estratégico. En este sentido, el inmediato funcionamiento del C-4 debe contribuir al equilibrio de la ciudad entre Norte y Sur. Como copropietaria de la Orquesta de Córdoba hay que darle estabilidad y solucionar, de una vez por todas, su sede y auditorio. Unido indisolublemente a este objetivo, está mantener la aportación para el Centro de Congresos en Miraflores, 18 millones de euros, evitando participar en el proceso especulativo abierto para cambiarlo por el “Pabellón BBK-Cajasur”. En la otra orilla, esperamos que en breve se acaben las obras de recuperación de la Ribera y entorno del Puente Romano, con el Centro de Visitantes como mascarón de proa. Las tres actuaciones se sitúan en el entorno del río y lo revalorizan como espacio de vida.

En cuanto a infraestructuras de comunicación y transporte, vuelvo a insistir en la necesidad de replantearse la inversión en la Ronda Norte, que es de dudosa necesidad y producirá efectos perniciosos medioambientales para la calidad de vida en la ciudad.  Sí sería bueno que se mejorara toda la Carretera de Palma del Río hasta Almodóvar, incluyendo la variante de Villarrubia, y que se trabaje en el Consorcio de Transporte para dotar a Córdoba de un servicio de cercanías ferroviarias. Mantener el proyecto logístico para Córdoba, requiere potenciar el Centro de Transporte de Mercancías, y unirlo con la estación de clasificación de mercancías del Higuerón. Del tranvía pueden olvidarse por ahora, pues no es ninguna prioridad.

Por ultimo, sin ánimo de agotar las prioridades, ya no he planteado la construcción de la Ciudad de la justicia, pues teóricamente el contrato está firmado y ya no debe pararse. Sí creo que no es una necesidad la Torre de Poniente, a pesar de que se busquen sistemas de financiación pública-privada. Es más interesante que apuesten por nuestro patrimonio, mediante la potenciación social de Medina Azahara. En cuanto a la ordenación urbanística, hay que aprobar el POT, que nos define como zona metropolitana, y colaborar en poner orden en las parcelaciones que reúnan las condiciones objetivas necesarias. Aquí espero que mantengan la seriedad con las Naves de Colecor, que se traduce en permitir su legalización parcial. En cualquier caso, habrá que estar atento a la negociación abierta, a la que deseamos acierto y que sepen leer lo que el vecindario andaluz votó.

Medina Azahara: Parcelaciones en el laberinto

Juan Andrés de Gracia | 30 de marzo de 2012 a las 13:46

La verdad es que no esperaba mucho más. Es decepcionante que, después de lo que llevamos hablando de las viviendas del entorno de Medina Azahara, y tras tres años de funcionamiento de una oficina para buscar soluciones a las mismas, el resultado sea ninguno. Bueno, concretamente, se propone que se realice un informe sobre las posibilidades que la legislación concede a cada vivienda, una a una. Para ello, dicen que es muy interesante el inventario realizado, que se lo podían haber pedido al movimiento vecinal o a la policía local o autonómica, que lo conocen desde hace años. Me da la impresión que la Prudente Ambrosio y el Discreto García han vuelto a plegarse ante las exigencias del Sátrapa Vallejo.

Queda claro que han decidido eliminar las alternativas planteadas en el borrador de conclusiones, y que consistía, bien en erradicarlas por completo, bien en expropiar las viviendas o bien en ofrecer la oportunidad  de cambiarlas de sitio. Pero es que esas medidas ya se sabía que eran irrealizables desde que comenzaron el estudio. La erradicación, porque el tiempo de construcción de las viviendas ya ha generado derechos inalienables; la expropiación, porque no hay dinero para ello; y el traslado, porque ni hay suelo adecuado ni dinero para ello. Limitarse a decir que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es aplicar las dos normativas últimamente publicadas, para ver si las casas pueden acogerse, es lanzar balones fuera.

El entorno de Medina Azahara sigue estando especialmente protegido, por lo que solo podía darse alguna solución de reconocimiento, que no de legalización, a las viviendas que demostraran que se construyeron antes de que se iniciara el expediente de protección y que cuenten con condiciones de habitabilidad. Se les podría permitir algunas mejoras por cuestiones de salubridad, pero nada de red de saneamiento, ni de abastecimiento. Además, hay que recordar que la ley de Patrimonio obliga a informe preceptivo de la Consejería de Cultura sobre cualquier obra que se vaya a realizar en un bien protegido. Eso significa que seguimos en el mismo lugar en el que estábamos, dependiendo de una visión irreal del problema, pues, Cultura ha denunciado hasta cuando se han plantado árboles.

Las conclusiones presentadas proponen que, a corto plazo, se busque la solución anterior, que ya he comentado que solo podria ser asumible por algún caso esporádico, y que, a largo plazo, se decida “la integración o no de estos asentamientos en el modelo territorial urbano”. Simplemente genial que alguien pueda tirarse tres años para concluir semejante obviedad. En román paladino, que se intente dar soluciones autónomas para acceder al agua potable y para el saneamiento (Pozos, fosas, …), y que, en un futuro sin determinar, se tome la decisión que ahora no se toma: O regularizar o erradicar, no hay más.

Por ser justos, las propuestas de la oficina técnica dejan claro que es ilógico que el Plan Especial de Protección de Medina Azahara y la definición de la zona BIC, se hayan hecho de espaldas a la cercanía del desarrollo urbano de la ciudad y que debería permitir algo más que recuperar los caminos históricos. Esto es, que se muestra de acuerdo en dotar de vida el entorno sin agredir el bien a proteger. Deja entrever que no considera que las viviendas afecten al conjunto arqueológico y que, además, hay otros usos, como el del campo de golf, o el centro ecuestre, que servirían para dar sentido a la zona y evitar presión urbanística. Lo que temo es que el Sátrapa Vallejo volverá  a usar sus contactos con Sevilla para impedir cualquier iniciativa que pueda dar sombra a su juguete-puzzle personal.

En definitiva, que lo que tenemos es un precioso e inútil documento, y que el ayuntamiento tiene la potestad de mover pieza. Por cierto, desde hace años, desde el vecindario se planteó que la única solución pasaba, bien por modificar la zona BIC y/o el Plan especial de protección de Medina Azahara, bien por hacer una ordenanza específica, con exigencias, a la zona ya edificada. Ahora Tristón Martín tiene la ocasión de promoverlo, con garantías de éxito en el Pleno municipal. Pondría en un brete a IUCA Y PSOE, que tendrían ahora que tomar una decisión con un matiz diferente a otras veces: esta vez IUCA sería parte del gobierno andaluz.

 

Córdoba en el diván

Juan Andrés de Gracia | 28 de marzo de 2012 a las 21:07

¿Qué le puede pasar a una ciudad que ha apostado todo a caballo ganador, leáse el señorito Arenas, y, de repente, se despierta del sueño de forma brusca y cruel? Si revisamos los diez meses de gestión del joven Nieto, comprobaremos que se ha volcado en la campaña, con la única opción de gobernar la Junta. Incluso esperó a cambiar “escalones” de su gobierno, ante las seguras expectativas de que el “aparato andaluz pepero” contaría con parte de sus miembros. Curiosa va a ser la reacción de la “hippy” Alarcón y el “provinciano” Molina, que se pueden ver obligados a ser oposición en el Parlamento Andaluz, en vez de parte del gobierno de la Diputación. Aunque ser parlamentario tenga su prestancia, estar en la oposición hace perder mucho lustre al cargo. A ello, únase los cargos que ya tuviera prometidos el joven Nieto, algunos se quedan con el traje comprado, y que ahora se ve obligado a resituar, por lo que auguro un desembarco en puestos de confianza del Ayuntamiento y la Diputación.

Con todo lo complicado que debe ser reorganizar su partido, el joven Nieto tiene más difícil hacer borrar esas fotos de campaña en las que comprometió, no solo su persona, sino al propio ayuntamiento. El “Centro de Convenciones virtual”, se presentó en un acto electoral junto al ”sonado” Arenas, con su aval y su compromiso. Ahora ha de saber cómo se vende a un gobierno andaluz de la izquierda, que ha sido tratado como invitado de palo. La primera respuesta de Maquiavelo Torrico demuestra que aún sigue colapsado por los resultados electorales. Si pide a la Junta 35 millones de euros, se los tendrá que pedir a su vez al gobierno central, además de sumar aportación de la Diputación. Lo mismo se le ha olvidado que su modelo era como León, así que a aflojar “pasta” todos. ¿Va a tener valor para pedír algo más a Manostijeras Rajoy? Hasta ahora, la Junta había comprometido 18 millones, y el Gobierno central, 9. Me da en la nariz que va a tener muy difícil cargar toda la responsabilidad a la Junta de Andalucía.

El proyecto “piloto” que decía estar preparando con el apoyo de la ministra del desempleo, Báñez, se quedará cojo si la Junta no participa en él. El intento de mantener una política cultural relevante en la ciudad, es imposible sin la comunidad autónoma competente. Mantener los programas sociales, como la dependencia, solo es posible con la alianza con la Junta. Incluso su idea de hacerse con el Polideportivo de la Juventud, no tiene futuro sin la inversión deportiva a negociar con Sevilla. Así podriamos seguir, pero queda ya demostrado lo que pasa cuando un alcalde, ya no joven, sino en prácticas, y al servicio militante de su partido, en busca de su propia proyección personal, usa los proyectos de ciudad de forma partidista.

Se han tenido que quedar de cuajo los aliados “peperos” del mundo de los parcelistas, con el socio Gómez y sus naves-multa, pues cualquier solución pasa por la izquierda, de nuevo. Claro, que siempre tendrán a la conversa Aguilar para buscarles apoyos. No es extraño que Sandokán ya haya declarado que el resultado lo esperaba. ¡Qué pronto se ha dado cuenta de la necesidad que tiene de volver a tratar con su vieja amiga! Pero no menos descolocados deben estar el Masa Carreto y Mario BBK, pues se han metido en un laberinto, con el apoyo prestado al joven Nieto en plena campaña. ¿Van a formar parte de la batalla que se avecina entre Capitulares y San Telmo?

Quienes habían pensado que las gaviotas iban a anidar en todas las instituciones, están replanteándose su posición en función de lo que les una o dependan de la Junta de Andalucía. Preveo un debate local basado en que la izquierda va a estar, permanentemente, guerreando con el gobierno de los “19 escalones” y el de “manostijeras” Rajoy; y, por otro lado, a “la casa de los muchos” buscando defender a lo suyos, y buscando culpar de todo a la Junta de Andalucía y la malévola izquierda. Esta situación no la deseo, pero preveo que pueda acabar como la película de “La Vaquilla”. El maestro Berlanga siempre es una buena inspiración, y en esa comedia dejaba una imagen que actualizo: Córdoba muriendo en tierra de nadie, mientras que los dos bandos siguen a garrotazos. Así que me sumo al editorial de El Día: Diálogo, consenso y acuerdo.

Parcelaciones: Donde dije digo, digo Diego

Juan Andrés de Gracia | 11 de enero de 2012 a las 19:24

Aprendiendo de su jefe máximo, Manostijeras Rajoy, que se hizo un lío monumental con el dicho que encabeza la entrada, pero que, en seis días, ha sabido subir impuestos después de años de repetir que no lo haría, Tristón Martín, se ha decidido, presionado por el vecindario, a dar marcha atrás a las soluciones mágicas sobre legalización de parcelaciones, y, siguiendo el manual del perfecto “pepero”, echa la culpa a la Junta de Andalucía, que para eso hay elecciones. Bueno, ya el joven Nieto fue un precursor del gobierno de España del PP, al subir los impuestos a pesar de haber prometido que no lo haría, echando la culpa a una herencia que era bien conocida por todos.

Dijo Tristón Martín en una entrevista el 18 de junio, recien llegado a la Gerencia de Urbanismo que “pasaremos del sistema de compensación al de cooperación en los planes en los que estén de acuerdo los propietarios”. Esa frase responde a una promesa electoral efectuada para llevarse votos de los parcelistas y evitar que todos se fueran con el “socio” Gómez.  En síntesis, el sistema de compensación consiste en que los propietarios del suelo se encargan de todo a través de la junta de compensación, y, el sistema de cooperación, en que el ayuntamiento se encarga, pero pasando factura. Pues bien, se ha rodeado Martín de algunos de aquellos a los que ofreció el cambio de sistema y les ha dicho que ni se les ocurra cambiarse de sistema. Les ha comunicado, oficialmente, que el sistema de compensación “ni es más barato, ni más rápido, ni más simple, ni mucho menos total o en parte subvencionado”. Y para quitar definitivamente las ganas, les ha dicho que quiere el dinero por delante y que al que no pagara, se le embargaría.

Lo grave, es que en este tema, Tristón Martín, no puede alegar que el engaño electoral se debe a la herencia recibida. En primer lugar, porque en su época se produjo el mayor proceso de construcción de parcelas de la historia, según demuestran los informes de los servicios de disciplina urbanística. En segundo lugar, porque a las parcelaciones se le está aplicando la legalidad fijada en el plan general de 2003, que su grupo inició, y que aprobó con él formando parte. En tercer lugar, porque lleva 20 años en el ayuntamiento, de ellos, la mitad, relacionado con el urbanismo, que sé que domina, y sabía que lo que prometía era imposible. Bueno, es verdad que a él la legalidad no siempre le ha importado, y de ello se han beneficiado parcelaciones como Córdoba la Vieja, en el entorno de Medina azahara, que cuenta con agua, gracias a él y en contra de lo que marca la ley.

Por eso, Tristón Martín ha elegido la Junta como pagana de su incumplimiento electoral y le recrimina que no le resuelva el problema. Es muy curioso que el ayuntamiento pida a la institución autonómica que le libere de una competencia que es de los ayuntamientos. Dicho esto, solo me remito a otras entradas que sobre parcelaciones ya he publicado, para insistir en que el famoso decreto de la Junta, vendido como una solución, para la ciudad Córdoba es, prácticamente, inaplicable. Quedan fuera de su ámbito, todas las parcelaciones en lugar protegido o con peligro cierto, esto es, las de toda la Sierra, las de Medina Azahara y las de la ribera del río, que eran las que esperaban una luz en el decreto. Tampoco es aplicable a aquellas que están reconocidas por los ayuntamientos, que son todas las que están en tramitación actualmente, aunque paralizadas por falta de medios económicos. Sólo sería aplicable, pues, a nuevas parcelaciones pos-PGOU, a las que simplemente se les permitiría pozos de agua, generadores eléctricos o fosas sépticas, sin permitir enganches a la red legalizada. O sea, más o menos, seguir como están, y, siempre y cuando, ya sea imposible su derribo. Así, que la vida sigue igual para las parcelaciones.

Peter Pan Nieto

Juan Andrés de Gracia | 2 de enero de 2012 a las 19:25

La entrevista al alcalde en El Día de Córdoba refleja como  ”el joven Nieto” se ha negado a crecer, políticamente, en estos siete meses al frente del gobierno de la ciudad. Y eso que “Manostijeras” Rajoy se lo ha puesto fácil con su Real Decreto de recortes. La teoría “pepera” de que con la sola presencia de la gaviota todo iría mejor, se ha demostrado tan falsa como duro el incumplimiento electoral del PP estatal, sólo seis días después de formar gobierno. Ante semejantes recortes y rebajas de derechos, lo que Nieto ha tenido que hacer en la ciudad demuestra que la situación de Córdoba es envidiable en comparación con la de España. Que el propio Nieto reconozca que “solo con recortes esto se hunde” es una crítica directa a la política impuesta por los delegados de Merkel en España.

Eso sí, se ha encontrado con un regalo en forma de un crecimiento del tipo de gravamen del IBI urbano, que, recordemos, es el impuesto fundamental del ayuntamiento, de un 10%. Para quien lo desconozca, el ayuntamiento de Córdoba, tanta veces tildado de voraz recaudador, lleva más de diez años (17 en total) sin revisar los valores catastrales por la falta de valor político de quienes tenían que haberlo puesto en marcha. Por eso, cuando a veces se han comparado subidas anuales del IBI, se tendría que haber tenido en cuenta si los valores estaban actualizados o no. Ellos esperaban que, como en los últimos años, la ponencia de valores catastrales hubiera subido un 1%´que sumar al 1,5% decidido en el proyecto de ordenanzas, y, de repente, se encuentran con una importante aportación adicional. La trampa está en que el dinero va a salir de todos los cordobeses, y lo va a tener que cobrar el becario Bellido, por lo que es un incremento de la presión fiscal complementario al que ya habían decidido “los 19 escalones”. Y digo esto, porque otra solución hubiera sido subir la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado, pero se ha congelado, en el mismo real decreto, para el próximo año. Por tanto, lo que Rajoy permite a Nieto es sacarle más dinero a los cordobeses, no ayudarle con los ingresos del Estado.

Pero Nieto como Rajoy se sienten felices porque han conseguido “una aspiración de siempre”: gobernar la ciudad. Posiblemente, no tengan muy claro para qué, pero, por lo pronto, ya están ahí. Han sido una docena de años los que ha pugnado por conseguirlo, por lo que esperaba que se lo hubiera “currado” y que ahora no hubiera utilizado los trucos de manual de echar la culpa a la “herencia” creada. Por eso, me parece impresentable que, en vez de pedir perdón por intoxicar con el posible impago de nóminas, recupere el discurso para el próximo año. Claro, que se olvida que acaban de aprobar operaciones de tesorería por 28 millones de euros, que deben servirle para esos meses donde los ingresos escasean. Además, el “catastrazo” va a suponer unos 6 millones de euros. Por eso, no entiendo que sigan intentado crear en el vecindario cordobés una posición antifuncionarios municipales. Que no venda que lo que quiere es pagar de otra forma, lo que quiere lograr es que el capítulo I sea menor y solo encuentra dos soluciones: o echa personal a la calle, o paga menos a los que hay. Sin más cuentos.

Es particularmente triste, que diga que ahora hay que devolver lo que se ha gastado antes. Ya no recuerda que los gobiernos de la izquierda tuvieron que pagar todo lo que se había endeudado el “engominado” Merino, y eso que, entonces, la economía funcionaba y los ingresos entraban en el ayuntamiento con cierta fluidez. Tampoco se acuerda como él, y su “casa de los muchos” en la oposición, han estado, todo este tiempo, exigiendo más gasto municipal en forma de más limpieza, mejores autobuses, más centros cívicos, más subvenciones, más instalaciones deportivas, … y así podíamos seguir. ¿Cuando pidió que no se subiera el sueldo a los empleados públicos? Nunca se hizo y se sumó a toda reivindicación de más salario. Nunca presentaron enmiendas al presupuesto para rebajar la partida de personal. Eso es “coherencia” política

Por otro lado, “se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”, y, el propio alcalde, reconoce que era mentira que el anterior gobierno había gastado todo el presupuesto. Ahora nos da el dato de que se gastaron poco más del 60%. Pero, como tiene que insistir en la manipulación informativa, señala que lo hicieron en cinco meses. Simplemente, le invito a que lo comparemos con el ritmo de gasto que él mismo va a generar el próximo año. Para llegar a 31 de diciembre con el presupuesto gestionado, hay que tenerlo prácticamente gastado para noviembre, o no se pueden tramitar los expedientes. Por tanto, habitualmente, el ritmo de gasto del primer semestre es más intenso que el segundo.

Y lógicamente no puedo pasar por alto su referencia a las Naves de Colecor. Debería explicar si está esperando a que haya otra consejero “pepero” más sensible a las exigencias del parcelador. Incluso, que admita que se pueda declarar la multa como incobrable, es una barbaridad, porque siempre habrá mecanismos de cobro, al menos parciales. Lo que me resulta ya descorazonador es que insista en la falsa afirmación de que la multa ha estado en el presupuesto, porque, simplemente, no es verdad. Sí ha servido para disminuir, teóricamente, el déficit municipal, pero no para justificar gasto alguno. Que luego lo mezcle con la liquidez, ya es de nota. Pero, como siempre, le reto a que saque los cientos de multas que, sobre parcelaciones, hay en Gerencia de Urbanismo. ¿O es que se ha comprometido a dejarlas morir?

Que bonito que pida ahora la unión de los partidos políticos municipales, pero que poco apoyó él al gobierno de la izquierda. De todas formas, soy de la opinión que los partidos en la oposición deben estar para ser útiles y no para poner palos en las ruedas. Por tanto, aunque Nieto siga sin crecer, y que incluso parezca estancado políticamente, no es razón para no echarle una mano. Así que, a la faena, que esperan el aeropuerto, el centro de congresos, y tantos y tantos otros proyectos que darían vida económica a la ciudad. Por cierto, en toda la entrevista, ni una sola palabra a la creación de empleo. Era prioritario, y ya van siete meses sin novedad.

Encinares y Mirabueno: Dos fracasos diferentes

Juan Andrés de Gracia | 27 de diciembre de 2011 a las 12:28

En estos días, el ayuntamiento va a recibir las obras de urbanización de la parcelación en vías de regularización “Encinares de Alcolea”. El tratamiento de la noticia ha sido bastante maniqueo, puesto que se ha destacado, especialmente, la difícil tramitación, que ha llevado veinte años, más o menos, y que aún no ha acabado completamente. Lo hará con el otorgamiento de licencias de primera ocupación, que está pendiente de que los informes de las empresas suministradoras sean favorables. Paralelamente, se ha conocido la situación por la que pasa el barrio de Mirabueno, comparándolo y temiendo que acabe por los mismos derroteros. Nada más lejos de la la realidad, puesto que son procesos diferentes desde su inicio.

Encinares de Alcolea tiene su origen en una actuación ilegal de construcción, o sea, era una parcelación ilegal, que el PGOU de 1986 recogió como regularizable, si bien imponía unas condiciones para ello. Esas condiciones no son sino las que eran aconsejables para asegurar la mínima calidad de vida, y se refería a los metros máximos a edificar por parcela, la ordenanza urbanística de la misma, las características de la urbanización, la seguridad, las comunicaciones, los suministros, … en fin, todo lo que un nuevo barrio debe contar para ser considerado urbano, y para que su mantenimiento pueda ser asumido por el ayuntamiento.  En las mismas condiciones estaban El Sol de Alcolea, Llanos de Arjona, El Cruce, y otras dos decenas de parcelaciones que se pensaban legalizar, y luego poner punto y final al proceso. Al mismo tiempo, otras parcelaciones, más o menos importantes, no se podrían regularizar y tendrían que desaparecer.

Como las parcelaciones crecen casi sin control alguno, acordar todos las condiciones necesarias para su regularización, necesita de una larga negociación. Por un lado, el ayuntamiento, que tiene que defender la legalidad y las mínimas condiciones urbanísticas pactadas entre todos. Por otro, los propietarios y promotores de suelo, los parceladores, que quieren sacar el máximo beneficio a su actuación irregular, por lo que intentan asumir las menos cargas posibles. Para presionar, los parceladores usan a los parcelistas, a los que vendieron una “ganga” que, al poco tiempo, se convierte en una fuente de problemas, sin que, además, puedan exigir la ayuda municipal, al ser ilegales. En este proceso, sólo es el tiempo el que lleva al ayuntamiento a relajar sus exigencias, fundamentalmente, porque en el tiempo en que se negocia y tramita la regularización, la construcción de nuevas viviendas no para y, por tanto, lo que se avanza no sirve para nada ante la modificación de la realidad.

Donde había una casa, se construye la segunda para el hijo; donde no había piscina, ya la hay; donde había necesidad de cochera para un vehículo, ahora se multiplica por dos; los caminos ya son insuficientes e inseguros; los pozos de agua dejan de poder abastecer al incremento de población; la contaminación del subsuelo alcanza condiciones alarmantes; lo que eran segundas viviendas pasan a primeras viviendas, con necesidad de equipamientos y servicios, etc. Por eso, el proceso se alarga durante años. Es el caso de Encinares, y resumiré los tres últimas dificultades que ha sufrido.

La primera, fue el incumplimiento de la Junta de Compensación de urbanizar, perdiéndose dinero del que los vecinos pusieron, ante lo que el ayuntamiento se vio obligado a ejecutar el aval. El proceso tuvo que pasar por procesos judiciales lentos, como ya supondrán, repletos de recursos. Acabados los mismos, la urbanización que hay que realizar ya es más costosa, porque la parcelación ha crecido, lo que se había realizado se estropea o ha quedado antiguo y el ayuntamiento requiere que los propietarios de las parcelas paguen el resto. Esto provoca de nuevo negociaciones, recursos judiciales, etc. Hasta que el ayuntamiento decide ejecutar la urbanización por fases (segunda dificultad) y conforme cuente con el dinero necesario, que, finalmente, en una parte, ha salido de las arcas públicas de forma poco regular. Pero, a la par, se autoriza una modificación del PGOU para ampliar la zona de Encinares (tercera dificultad) y regularizar zonas que habían crecido en todo este tiempo. Esas nuevas viviendas se vendieron, sin que la urbanización ni la construcción de las mismas estuviera acabada, y fueron los mismos compradores los que solicitaron al ayuntamiento que exigiera al promotor que cumpliera con la legalidad, provocando nuevos trámites y recursos. Y así se ha llegado a una situación donde todavía no se puede afirmar que la urbanización desarrollada sea adecuada, hasta que lo certifiquen las empresas suministradoras.

El caso de Mirabueno es totalmente distinto. Esta zona se delimita legalmente en el PGOU como posible zona residencial. El mayor promotor fue Marin-Hillinger, que eraconsciente de las cargas que tendría que asumir para poner en valor la zona, conocida como Plan Parcial N-1 Mirabueno. Por tanto, conocía, como cualquiera, al ser una exigencia del PGOU, que había que asegurar viales adecuados para los habitantes de la zona, y que uno de ellos, era construir un trozo de lo que podía ser la Ronda Norte en el futuro. Y digo “lo que podía ser”, porque el PGOU no confirmaba que se fuera a construir dicha Ronda, lo que sólo se hizo cuando la Junta asumió su construcción en 2004. Era una de las características del PGOU que determinadas calificaciones de suelo como urbanizables, que iban a ser extraordinariamente rentables, tuvieran como contrapartida la construcción de sistemas generales (equipamientos, infraestructuras, …)

El resto del proceso es el habitual de esos años. El promotor pide un préstamo y empieza a vender sobre plano. Luego, solicita que las viviendas se puedan construir a la par que se urbaniza. Posteriormente, pide que el vial se pueda hacer al final, y se le recuerda, desde el ayuntamiento, que no se podrá dar licencia de primera ocupación sin que esté construido. Más adelante, le empiezan los problemas económicos y solicita poder dividir la urbanización por fases, de tal manera, que se le pueda dar licencia de primera ocupación a una parte de las viviendas ya vendidas. Aquí juegan ya su presión los compradores de las viviendas, que veían como los plazos comprometidos por la promotora se alargaban sin solución. El ayuntamiento vuelve a ceder, pero siempre avisando que habrá que terminarse la urbanización y el viario. Al mismo tiempo, el ayuntamiento no se hará cargo de la urbanización, ni podrá comprometerse a dar servicios, al no estar completada la misma, viéndose obligado, finalmente, a ejecutar el aval, lo que está bajo proceso judicial. Y aquí estamos, con un resultado tóxico del boom inmobiliario y con una solución difícil, pero todo legal, aunque con decisiones discutibles. ¿Debemos pagarlo entre todos?

La ciudad sin límites

Juan Andrés de Gracia | 4 de diciembre de 2011 a las 14:10

Cuando se elaboró el vigente Plan General de Ordenación Urbana, uno de los debates centrales giró sobre el tratamiento a dar a la periferia. La consolidación de los núcleos urbanos, y su expansión a través de parcelaciones ilegales, necesitaba una respuesta. El resultado fue mantener un modelo de ciudad compacta pero policéntrica, esto es, que además del núcleo urbano clásico, se potenciarían otros pequeños núcleos en torno a las barriadas periféricas. A tal fin, se habilitaron crecimientos residenciales e industriales en Villarrubia, Higuerón, Trassierra, Alcolea, Cerro Muriano y Santa Cruz. Se confiaba que esta apuesta por las barriadas contribuiría a evitar nuevos procesos parcelatorios. Paralelamente, se posibilitarían formas de regularizar la mayor cantidad posible de parcelaciones.

Diez años después de aprobarse el PGOU, ha sucedido que se ha multiplicado la población que vive en la periferia de la ciudad, con la consiguiente necesidad de prestar los servicios que precisan. Equipamientos, Transporte, Limpieza, abastecimiento de agua, …, cualquier ciudadano de la periferia requiere vivir en una ciudad plena de servicios como el núcleo central. Por ahora, mientras las parcelaciones siguen en proceso de regularización, o simplemente, no son regularizables, el coste se ha controlado, pero, más pronto que tarde, los residentes en esas zonas exigirán ser tratados como el resto de cordobeses. Tan es así, que incluso se han promovido iniciativas para convertirse en entidad local menor en Villarrubia o en Cerro Muriano, que no han prosperado, pero que siguen latentes.

Las dificultades para dotarles de los servicios no es producto de la crisis que vivimos, sino que es un hecho estructural y que se sabía que acabaría ocurriendo. Para hacer viable tanto crecimiento, se exige a esas nuevas urbanizaciones que cuenten con una entidad de conservación que se haga cargo de la prestación de muchos de esos servicios. En un principio, nadie puso objeciones, pero, con el paso de los años, las entidades de conservación son cuestionadas. Lo normal es que funcionaran temporalmente, hasta que la ciudad pueda, de forma razonable, encargarse de la prestación de los servicios, pero, en este caso, no es así y surgen como indefinidas. Históricamente existía entidad de conservación en Las Jaras y actualmente ya existen en Carrera del Caballo, Encinares de Alcolea, El Sol, y otras parcelaciones reformuladas en urbanizaciones legales. Para el futuro, se impone su creación en cualquier núcleo de la periferia.

Las voces en contra de las entidades de conservación crecen al echar números y comprobar que, tras el proceso de legalización de la parcela y de la vivienda, hay que seguir pagando doblemente, por un lado, impuestos y tasas y, por otro lado, muchos de los servicios. Es la consecuencia de haber decidido vivir a varios kilómetros del núcleo central y haberlo hecho de forma irregular en muchos de los casos. Se ha apostado por una ciudad insostenible, que ahora no sabemos como financiar porque consume muchos recursos de todo tipo: suelo, energía, agua, … No es de extrañar que se haya convertido en un granero de votos donde los partidos acuden cada proceso electoral. El éxito va parejo al populismo que se practique con promesas imposibles de cumplir y del rosismo se ha pasado al socio concejal.

El incremento demográfico de la periferia acabamos pagándolo todos. Cada vez más recursos económicos del resto de la ciudad van a sufragar los costes de los servicios de esta zona de extrarradio. Pensemos, por ejemplo, en el tranporte o en la limpieza. El vecindario de la periferia paga lo mismo que el del resto de la ciudad, a pesar de que los costes del servicio se encarecen notablemente. Eso significa que, de los impuestos y tasas de la mayoría de la ciudad, cada vez más porcentaje se destina a cubrir el déficit del servicio a la periferia. Las demandas, además, no cesan y alcanzan a los equipamientos educativos, sanitarios, sociales, que, lógicamente, se exigen que estén más cerca y sean más potentes. Cuando las parcelaciones se trnasformen en urbanizaciones, la demanda se multiplicará. Por ahora, todavía hay buena parte del vecindario de la periferia que sigue empadronado en otro barrio de la ciudad, y ello supone que los servicios periféricos estén oficialmente dimensionados, y no respondan a las necesidades reales de la población que allí habita.

Nuestra ciudad, prácticamente, ha puesto en valor urbanístico todo el terreno con el que cuenta. Si respetamos los espacios que están protegidos, sólo nos quedará por poner en el mercado de suelo los terrenos por debajo de la Carrera del Caballo, y el sur del río Guadalquivir, si bien, las características de estos últimos no los hacen idóneos para residir. La crisis de la construcción ha ralentizado, casi hasta la paralización, la formación de los nuevos barrios que dibujaba el PGOU, pero, antes o después, acabarán levantándose los bloques y veremos como ya no nos queda suelo sin edificar. Bueno, cabe la opción de recalificar zonas industriales, trasladando las fábricas y naves a zonas más lejanas. También se podrían transformar zonas de parcelaciones en barrios en altura, mediante un proceso de especulación urbanística, pero por ahora no está en el horizonte. En cualquier caso, la pregunta es si una ciudad no tiene límites y si su crecimiento es imparable ya sea en horizontal o en vertical.

Siete Fincas, cientos de parcelas

Juan Andrés de Gracia | 13 de octubre de 2011 a las 17:06

La Parcelación de las Siete Fincas es la más extensa de todo el municipio de Córdoba. Ocupa unas 370 hectáreas. Está situada en plena Sierra de Córdoba, entre el Cruce y la barriada de Trassierra, y combina primera y segunda residencia, hasta sumar unas 550 viviendas. Como sucede en casi toda la zona de la Sierra, el entorno natural es envidiable, si bien ha quedado alterado de forma importante por la división en parcelas, donde se han construido chalets de calidad, con su piscina, barbacoa, etc. Hay que reconocer que la mayoría de los propietarios de parcelas han mantenido gran parte del arbolado, pero no han hecho igual con el sotobosque, en demasiadas ocasiones sustituido por césped estilo inglés.

A pesar de la acción incansable de sus representantes de la comunidad de propietarios, constituidos también como asociación vecinal, no han conseguido ser considerados legalizables al estar dentro del “Plan especial del medio físico” que protege gran parte de la Sierra. Por esa razón, la parcelación de Siete Fincas está dividida en dos partes por el PGOU vigente. Hay una parte más consolidada, esto es, que reúne ya características pseudourbanas y que está completamente construida, que se puede someter a la realización de un plan especial de mejora del medio rural. Mediante dicho plan, puede acceder a algunos servicios básicos por razones de higiene, salubridad y de eliminación de contaminación del subsuelo. La otra parte, no es regularizable generando una división interna de intereses.

Los propietarios de la zona han sido muy activos tanto en la organización del acceso al agua, a través de una entidad llamada Adaros, como en la protección contra los incendios forestales, presentando y desarrollando uno de los pocos planes de autoprotección de la Sierra de Córdoba. Fue un hecho curioso ver como eran multados por realizar las obras de aplicación del Plan de autoprotección, que incluía ejecución de cortafuegos, al no ser autorizable, paradójicamente, la realización de las mismas. Por tanto, para ellos el acceso al agua no ha sido un problema importante, pero sí lo es el saneamiento de aguas residuales, que ahora realizan a través de pozos ciegos o fosas sépticas, o la mejora de los caminos de la parcelación. También es deficiente, según su criterio, el alumbrado que han conseguido instalar, así como el acceso a redes de telecomunicaciones, entre otros servicios.

Reafirmo mi posición a favor de buscar soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de parcelaciones que ya no se van a derribar, pero, en ningún caso, soy partidario de convertir en barrios, puros y duros, cualquier parcelación ilegal, y menos en la Sierra de Córdoba. Para ello, siempre creí interesante la elaboración de planes de mejora del medio rural en aquella parcelaciones no regularizables. En este sentido, me pareció positivo que la comunidad de propietarios presentara un plan de mejora del medio rural. Lo malo, es que realmente encubría un proyecto de urbanización, prácticamente, al completo. Sospecho que consideraban que se les podía pasar la mano o que iban a intentar que se les aceptara el máximo de mejoras urbanizadoras posibles.  No sabemos si fueron más allá de lo pactado, pero el hecho fue que se ha paralizado la toma de decisiones sobre el mismo durante cinco años. Todo ello, desmotivó a otras parcelaciones que podrían haberse acogido a esa forma de semiregularización. De hecho, sólo La Casilla del Aire, en la zona del Castillo de la Albaida, y la Altea , junto al aeropuerto, se han atrevido a presentar documentos similares, que también esperan su activación. El temor a que se permitiera una urbanización encubierta, motivó la presentación de alegaciones por parte de Ecologistas en Acción, que han sido estimadas ampliamente para evitar un recurso posterior, con bastantes visos de poder ganarse judicialmente.

De esta forma, a las Siete Fincas, en su zona consolidada, se le va a permitir mejoras en los servicios, pero no esa urbanización completa que pedían. No se les autorizaría convertir los caminos en carretera, ni una red de saneamiento general, ni potenciar el alumbrado, entre otras limitaciones. No sabemos si los habitantes de la zona van a aceptar estas restricciones, ni si se van a desanimar ante lo que se va a aprobar en gerencia de urbanismo. Es muy posible que hayan pactado con Tristón Martín lo máximo posible, sabedores de su interés por llevarse bien con los parcelistas. Sólo hay que recordar que, en sus cuatro años de mandato urbanístico a finales de los 90, se produjo la mayor proliferación de construcciones ilegales por toda la ciudad, tal y como revelan los informes de inspección urbanísitica de la policía local de la época. También hay que recordar, su compromiso de aceptar el sistema de cooperación para las parcelaciones en vías de regularización (no es el caso de Siete Fincas).

Cabe la opción de que la comunidad de propietarios de Siete Fincas, o los propios ecologistas, decidan recurrir la aprobación del Plan especial de mejora del medio rural en defensa de sus intereses y postulados, respectivamente. Si es así, serán los tribunales los que tendrán la última palabra. Entiendo que la negativa, obligada por lo que marca el PGOU, de no extender los servicios e infraestructuras a la zona no consolidada de la parcelación, va a ser controvertida dentro de la misma. En cualquier caso, es de temer que se haya llegado a un acuerdo de hecho, por el cual, se aprueba lo que legalmente está respaldado por los informes técnicos y legales, pero que, paralelamente, se den instrucciones a la policía local para que no visiten la zona y así nadie controle la obra que se va a realizar. O sea, se usaría la licencia de obras respaldada por el plan especial del medio rural, para ejecutar de hecho la urbanización completa. Es más, aún cuando la policía pudiera levantar un expediente de infracción, luego, se necesita la voluntad política para paralizar o precintar la obra. Conociendo que “Tintín” Tejada ha tenido cinco años paralizado el expediente para no tomar una decisión contra los parcelistas o contra los ecologistas. Sabedores de la volatilidad de las posiciones sobre parcelaciones del “Padrino” Durán (recuérdese lo que ordenó sobre las naves). Teniendo en cuenta que gobierna el PP, con los antecedentes antes comentados de permisividad en el cuatrienio 1995-1999. Sólo nos quedaría el “socio concejal” Gómez para denunciar las obras ilegales. ¿Ustedes confían en ello? Esperemos que los ecologistas estén con fuerza para denunciar cualquier política de hechos consumados.

De nuevo las parcelaciones

Juan Andrés de Gracia | 7 de mayo de 2011 a las 11:00

Las parcelaciones en la ciudad de Córdoba es uno de esos temas enquistados y que no hay manera de solucionar. Es un debate recurrente cada cuatro años y lo peor es que creo que lo seguirá siendo.

Las propuestas electorales van de un extremo a otro, esto es, de proponer su eliminación total a favorecer su legalización. Entre varios extremos, hay toda una batería de posicionamientos y, en principio, sólo debemos desterrar el que habla que la solución es el diálogo o crear una comisión. Sobre las parcelaciones ya se ha dialogado y debatido todo lo que se podía y estamos ante la necesidad de una decisión definitiva. Y para nada sirven las comisiones de estudio puesto que nada hay que descubrir nuevo.

Ya no merece la pena lamentarse de que no tenía que haberse permitido su existencia. Tanto el PP, el más permisivo, e IUCA, el más populista, con la pasividad del PSOE y de casi toda la ciudad, miraron hacia otro lado mientras que se destruían zonas de gran valor y se hacía negocio con ellas. Luego el PSOE de Mellado intentó dar una solución desde la exigencia a los propios parcelistas y sufrió el desapego de la ciudad.

En cualquier caso, debe quedar claro que el máximo responsable ha sido el parcelador y el cómplice necesario el parcelista, luego las distintas administraciones y partidos simplemente no se atrevieron a actuar.

Desde 2003 contamos con un PGOU que marca una hoja de ruta para un número significativo de parcelaciones y deja en el olvido a otro gran número de ellas. Pero ya sean unas u otras, ocho años después no se ha conseguido que se legalice ninguna, ni contando con la iniciativa pública ni partiendo del interés privado.

Ahora en la campaña, muchos parecen confiar en Unión Cordobesa, quizá por la experiencia de su promotor que cuenta en su haber con ser el responsable de la mayor parcelación ilegal de la ciudad: las naves de Colecor. Además se ha convertido en el máximo deudor del ayuntamiento por las multas que acumula por sus actuaciones urbanísticas fuera de la norma. En el otro lado, está Ecolo que mantiene una postura valiente pero irrealizable en torno a la desaparición de las parcelaciones. Parecen desconocer que ya hay derechos adquiridos legalmente por los propietarios, que, además, hablamos de personas y que no hay dinero ahora ni lo habrá nunca para un proceso expropiatorio.

Izquierda Unida se sitúa, como todo su programa, en el continuismo, sin buscar más solución que la mera aplicación del PGOU que en la situación actual de crisis se convierte en un límite casi infranqueable puesto que deja en el limbo a miles de parcelas y plantea una regularización muy costosa para las legalizables. De ahí que se vea presionado por un sector que le ha sido favorable en otro tiempo.

El PSOE aparece indefinido como casi en todo. Abandonada la doctrina Mellado defiende ahora a Dios y al diablo. El caso del entorno de Medina Azahara es significativo puesto que se defiende la desaparición de viviendas a la vez que el diálogo con los parcelistas para al final mantener sin solución la zona. Plantear una policía específica para parcelaciones, a estas alturas, parece innecesario e ineficaz excepto si de multar hablamos.

Con todo, lo del PP es lo más sorprendente. Proponer en plena crisis económica municipal, cuando hablan de un posible déficit de 50 millones de euros y de congelar los impuestos, que el ayuntamiernto asuma las obras de urbanización y que luego se le facture a los propietarios (que esto significa pasar del sistema de compensación al de cooperación) es abandonar la teoría de la responsabilidad de los propietarios y revela la cuadratura del círculo en la búsqueda del voto sea como sea.

Finalmente, sospecho que pasará la campaña, transcurrirán los cuatro años de mandato y seguirá sin haber una solución. Estaremos a la espera del anunciado nuevo decreto de la Junta que va a permitir dotar de servicios pero sin legalizar a un número importante de parcelaciones. De ser así creo que nadie se dedicará a un proceso legalizador de alto coste. Al menos, así sería deseable por el bien de las arcas municipales.

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Las naves de la vergüenza

Juan Andrés de Gracia | 3 de mayo de 2011 a las 19:19

Después de que Rafael Gómez afirmara que estaba autorizado verbalmente por quiénes mandaban en el el ayuntamiento para levantar sus naves sobre la antigua Colecor parece que ha habido interés por parte de todos los candidatos de callar el asunto.

Una vez más las “naves de Colecor” son una vergonzante muestra de la subordinación del interés público, que debería ser el objetivo de cualquier responsable político, al negocio privado de un particular.

Debe quedar absolutamente claro que lo único que legalmente se podía aceptar según el PGOU vigente es recuperar, con las adaptaciones lógicas necesarias. las instalaciones de la antigua fábrica pero que es absolutamente ilegal, si no se cambia el PGOU, lo que está construido. Todo lo demás que se viene haciendo es forzar la legalidad para hacer permanente una actuación ilegal realizada con total desprecio a la normativa de forma consciente e intencionada.

El Partido Popular siempre se ha mostrado favorable a la edificación, Izquierda Unida fue el colaborador necesario con su tolerancia y el PSOE ha ido evolucionando, forzado por la Junta de Andalucía, desde proclamar la necesidad del derribo a tolerar una actuación cosmética, cambio de posición que ha ido paralela al cambio político de la anterior alcaldesa, lo que deja clara su implicación personalísima en la existencia de las naves.

No tiene ningún sentido que en una zona de especial protección se permita tamaña ilegalidad cuando justo enfrente existen polígonos ndustriales aún vacíos. En definitiva, permitir las naves significa una operación especulativa que rentaría importantes beneficios al propietario de terrenos no urbanizables al transformarlos en urbanizables.

El futuro de las naves queda más en el aire después de la irrupción política de Rafael Gómez, que se produjo justo después de que los tribunales de justicia, no sólo no aceptaron su recurso a la multa por levantar las naves, no aceptando ninguno de sus argumentos, sino que la sentencia señalaba que la contumacia en despreciar los requerimientos del ayuntamiento son agravantes de su actuación.

Queda claro que la presencia de la candidatura de Unión Cordobesa no tiene más sentido político que defender los intereses personales y empresariales de su máximo promotor, especialmente en lo que respecta a las naves, pero también en otros asuntos como los cines de verano o futuras actuaciones urbanísticas.

Los candidatos obvian decir cómo asumirán la presencia de Rafael Gómez en el salón de plenos defendiendo, no el interés general, sino sus asuntos particulares.

Lo peor es que amenaza con tirar de la manta y contar cómo, por ejemplo, más de un candidato ha visitado las naves ilegales para mostrar el apoyo a una solución o han mantenido reuniones discretas donde se han comprometido en mirar para otro lado.

Es sonrojante que estando ante la mayor parcelación ilegal de la ciudad, soportando el mayor pulso al ayuntamiento por parte de un particular y contando con la mayor multa de la historia del urbanismo en nuestro país, todo quede en nada porque nuestros responsables políticos son incapaces de mantener la dignidad de su cargo, o lo que sería peor, porque sea motivo de canje por el voto de Unión Cordobesa.