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Políticos de secano

Juan Andrés de Gracia | 18 de abril de 2012 a las 20:09

Hace dos-tres años, sufrimos en nuestra ciudad algunas de las inundaciones más importantes conocidas. A muchos, les trajo a la memoria como se tuvieron que construir los barrios de Cañero o de Fray Albino, los murallones del río o los “albergues provisionales” de Moreras y Palmeras, como consecuencia de otras inundaciones históricas sucedidas en Córdoba durante el siglo pasado. Pues ahora, casi nos alegramos de que haya sequía, porque la situación ha cambiado poco. Recordemos que el proceso de inundaciones tuvo, como casi todo, un origen multifactorial, a saber: un récord de precipitaciones intensas continuadas; una política de desembalses cuestionable; la existencia de parcelaciones ilegalmente permitidas en zonas inundables; un proyecto de encauzamiento del río a medio desarrollar, y unos arroyos que reivindican su espacio natural.

Sobre la cantidad de precipitaciones, poco podemos hacer, pues no está en nuestras manos, sino en los de la naturaleza. Lo que está claro, es que volverá a suceder dentro de algún tiempo, de forma suficientemente importante para no mirar a otro lado, si no queremos acabar lamentando vidas humanas. En cuanto a la política de desembalses, se ha cambiado el protocolo de actuación y se ha mejorado la política informativa al respecto. Los técnicos no se pueden justificar alegando que, teóricamente, el río tiene que estar libre de edificaciones. Sobre las parcelaciones ilegales del río, que visité y conocí en aquellos malos momentos, solo puedo decir que es una verdadera irresponsabilidad permitir su mantenimiento tal y como están. No es un derecho individual ni colectivo construir donde a uno le plazca, y no se puede permitir el populismo de nuestra clase política, que se ve incapaz de dar una solución, por muy difícil que parezca. Aquí no hay partido que se salve, puesto que todos miran a otro lado, y no asumen que, o se les busca una forma de legalizarlas, o hay que tirarlas.

Sobre el proyecto de encauzamiento, hay que recordar que fue la gran obra que el gobierno Aznar hizo en nuestra ciudad, aunque solo fuera en su primera fase. Aprovechando el proyecto existente, acordó invertir unos 4.000 millones de pesetas, que se gastaron entre el puente del ferrocarril y Casillas. Nadie, ni siquiera la neosocialista Aguilar, sacó del cajón las siguientes dos fases del proyecto. El Cecoalcalde Nieto defendió la inversión en la oposición, pero ahora entiende que no puede exigir a Marianico Rajoy tal esfuerzo. Mientras, Aena ha levantado una escollera para evitar, en la medida de lo posible, que las instalaciones se inunden cuando el aeropuerto esté en funcionamiento de nuevo.

Por último, los arroyos contribuyen a multiplicar los efectos de las inundaciones debido a que no pueden desaguar, se colpasa su cauce y acaban desbordándose en sus tramos medio y bajo, afectando a numerosas zonas urbanas o urbanizables. Hay que recordar que nuestra ciudad ha tenido tres crecimientos en los últimos veinte años. El primero, el propiciado por el PGOU de 1986 y ello obligó a bucar solución a arroyos como el de Arroyo del Moro o el de San Cristóbal. Luego, ha estado el crecimiento en marcha del PGOU de 2001, que tiene que dar solución a otro números de arroyos como el de Rabanales, o el de Turruñuelos. El tercer crecimiento es el generado por las parcelaciones ilegales, que pone en cuestión un número importante de arroyos (Mesonero, Hormiguita, …). La Confederación Hidrográfica (ya sea en su dependencia estatal o autonómica) se desentendía porque están en zona no habitada; el ayuntamiento, por falta de competencias en las zonas que no son urbanas o urbanizables.  La CHG llegó a imponer al ayuntamiento multas cada vez que se le ocurría limpiar un arroyo, ante la inacción de la propia Confederación.

Finalmente, para dar solución a estos arroyos, se llegó a un acuerdo entre la CHG y el ayuntamiento. Todos los partidos políticos, todos, celebraron el acuerdo, porque permitía eliminar muchos peligros para miles de convecinos. Ese es el convenio que ahora Maquiavelo Torrico ha asumido como ejemplo de la “herencia” envenenada. En cuanto a ello, lo primero que tenía que haber hecho es felicitarse porque se haya invertido en una docena de arroyos como exigían. Luego, debería haber reconocido que el gobierno saliente dejó partida presupuestaria para pagar su parte en el convenio, aunque es cierto que no la había hecho efectiva, de lo que era conocedor. Por último, tiene plena razón si ahora la Confederación pretende cobrar al ayuntamiento más dinero, para lo cual tendrá que demostrar que existía compromiso de ello. Es posible que, con las inundaciones presentes, el “profe” Ocaña y Tintín Tejada se comprometieran con la Confederación a asumir otras obras mediante una ampliación del convenio pero nunca se aprobó. Que lo aclaren, pero que no se use todo demagógicamente.

Encinares y Mirabueno: Dos fracasos diferentes

Juan Andrés de Gracia | 27 de diciembre de 2011 a las 12:28

En estos días, el ayuntamiento va a recibir las obras de urbanización de la parcelación en vías de regularización “Encinares de Alcolea”. El tratamiento de la noticia ha sido bastante maniqueo, puesto que se ha destacado, especialmente, la difícil tramitación, que ha llevado veinte años, más o menos, y que aún no ha acabado completamente. Lo hará con el otorgamiento de licencias de primera ocupación, que está pendiente de que los informes de las empresas suministradoras sean favorables. Paralelamente, se ha conocido la situación por la que pasa el barrio de Mirabueno, comparándolo y temiendo que acabe por los mismos derroteros. Nada más lejos de la la realidad, puesto que son procesos diferentes desde su inicio.

Encinares de Alcolea tiene su origen en una actuación ilegal de construcción, o sea, era una parcelación ilegal, que el PGOU de 1986 recogió como regularizable, si bien imponía unas condiciones para ello. Esas condiciones no son sino las que eran aconsejables para asegurar la mínima calidad de vida, y se refería a los metros máximos a edificar por parcela, la ordenanza urbanística de la misma, las características de la urbanización, la seguridad, las comunicaciones, los suministros, … en fin, todo lo que un nuevo barrio debe contar para ser considerado urbano, y para que su mantenimiento pueda ser asumido por el ayuntamiento.  En las mismas condiciones estaban El Sol de Alcolea, Llanos de Arjona, El Cruce, y otras dos decenas de parcelaciones que se pensaban legalizar, y luego poner punto y final al proceso. Al mismo tiempo, otras parcelaciones, más o menos importantes, no se podrían regularizar y tendrían que desaparecer.

Como las parcelaciones crecen casi sin control alguno, acordar todos las condiciones necesarias para su regularización, necesita de una larga negociación. Por un lado, el ayuntamiento, que tiene que defender la legalidad y las mínimas condiciones urbanísticas pactadas entre todos. Por otro, los propietarios y promotores de suelo, los parceladores, que quieren sacar el máximo beneficio a su actuación irregular, por lo que intentan asumir las menos cargas posibles. Para presionar, los parceladores usan a los parcelistas, a los que vendieron una “ganga” que, al poco tiempo, se convierte en una fuente de problemas, sin que, además, puedan exigir la ayuda municipal, al ser ilegales. En este proceso, sólo es el tiempo el que lleva al ayuntamiento a relajar sus exigencias, fundamentalmente, porque en el tiempo en que se negocia y tramita la regularización, la construcción de nuevas viviendas no para y, por tanto, lo que se avanza no sirve para nada ante la modificación de la realidad.

Donde había una casa, se construye la segunda para el hijo; donde no había piscina, ya la hay; donde había necesidad de cochera para un vehículo, ahora se multiplica por dos; los caminos ya son insuficientes e inseguros; los pozos de agua dejan de poder abastecer al incremento de población; la contaminación del subsuelo alcanza condiciones alarmantes; lo que eran segundas viviendas pasan a primeras viviendas, con necesidad de equipamientos y servicios, etc. Por eso, el proceso se alarga durante años. Es el caso de Encinares, y resumiré los tres últimas dificultades que ha sufrido.

La primera, fue el incumplimiento de la Junta de Compensación de urbanizar, perdiéndose dinero del que los vecinos pusieron, ante lo que el ayuntamiento se vio obligado a ejecutar el aval. El proceso tuvo que pasar por procesos judiciales lentos, como ya supondrán, repletos de recursos. Acabados los mismos, la urbanización que hay que realizar ya es más costosa, porque la parcelación ha crecido, lo que se había realizado se estropea o ha quedado antiguo y el ayuntamiento requiere que los propietarios de las parcelas paguen el resto. Esto provoca de nuevo negociaciones, recursos judiciales, etc. Hasta que el ayuntamiento decide ejecutar la urbanización por fases (segunda dificultad) y conforme cuente con el dinero necesario, que, finalmente, en una parte, ha salido de las arcas públicas de forma poco regular. Pero, a la par, se autoriza una modificación del PGOU para ampliar la zona de Encinares (tercera dificultad) y regularizar zonas que habían crecido en todo este tiempo. Esas nuevas viviendas se vendieron, sin que la urbanización ni la construcción de las mismas estuviera acabada, y fueron los mismos compradores los que solicitaron al ayuntamiento que exigiera al promotor que cumpliera con la legalidad, provocando nuevos trámites y recursos. Y así se ha llegado a una situación donde todavía no se puede afirmar que la urbanización desarrollada sea adecuada, hasta que lo certifiquen las empresas suministradoras.

El caso de Mirabueno es totalmente distinto. Esta zona se delimita legalmente en el PGOU como posible zona residencial. El mayor promotor fue Marin-Hillinger, que eraconsciente de las cargas que tendría que asumir para poner en valor la zona, conocida como Plan Parcial N-1 Mirabueno. Por tanto, conocía, como cualquiera, al ser una exigencia del PGOU, que había que asegurar viales adecuados para los habitantes de la zona, y que uno de ellos, era construir un trozo de lo que podía ser la Ronda Norte en el futuro. Y digo “lo que podía ser”, porque el PGOU no confirmaba que se fuera a construir dicha Ronda, lo que sólo se hizo cuando la Junta asumió su construcción en 2004. Era una de las características del PGOU que determinadas calificaciones de suelo como urbanizables, que iban a ser extraordinariamente rentables, tuvieran como contrapartida la construcción de sistemas generales (equipamientos, infraestructuras, …)

El resto del proceso es el habitual de esos años. El promotor pide un préstamo y empieza a vender sobre plano. Luego, solicita que las viviendas se puedan construir a la par que se urbaniza. Posteriormente, pide que el vial se pueda hacer al final, y se le recuerda, desde el ayuntamiento, que no se podrá dar licencia de primera ocupación sin que esté construido. Más adelante, le empiezan los problemas económicos y solicita poder dividir la urbanización por fases, de tal manera, que se le pueda dar licencia de primera ocupación a una parte de las viviendas ya vendidas. Aquí juegan ya su presión los compradores de las viviendas, que veían como los plazos comprometidos por la promotora se alargaban sin solución. El ayuntamiento vuelve a ceder, pero siempre avisando que habrá que terminarse la urbanización y el viario. Al mismo tiempo, el ayuntamiento no se hará cargo de la urbanización, ni podrá comprometerse a dar servicios, al no estar completada la misma, viéndose obligado, finalmente, a ejecutar el aval, lo que está bajo proceso judicial. Y aquí estamos, con un resultado tóxico del boom inmobiliario y con una solución difícil, pero todo legal, aunque con decisiones discutibles. ¿Debemos pagarlo entre todos?

La ciudad sin límites

Juan Andrés de Gracia | 4 de diciembre de 2011 a las 14:10

Cuando se elaboró el vigente Plan General de Ordenación Urbana, uno de los debates centrales giró sobre el tratamiento a dar a la periferia. La consolidación de los núcleos urbanos, y su expansión a través de parcelaciones ilegales, necesitaba una respuesta. El resultado fue mantener un modelo de ciudad compacta pero policéntrica, esto es, que además del núcleo urbano clásico, se potenciarían otros pequeños núcleos en torno a las barriadas periféricas. A tal fin, se habilitaron crecimientos residenciales e industriales en Villarrubia, Higuerón, Trassierra, Alcolea, Cerro Muriano y Santa Cruz. Se confiaba que esta apuesta por las barriadas contribuiría a evitar nuevos procesos parcelatorios. Paralelamente, se posibilitarían formas de regularizar la mayor cantidad posible de parcelaciones.

Diez años después de aprobarse el PGOU, ha sucedido que se ha multiplicado la población que vive en la periferia de la ciudad, con la consiguiente necesidad de prestar los servicios que precisan. Equipamientos, Transporte, Limpieza, abastecimiento de agua, …, cualquier ciudadano de la periferia requiere vivir en una ciudad plena de servicios como el núcleo central. Por ahora, mientras las parcelaciones siguen en proceso de regularización, o simplemente, no son regularizables, el coste se ha controlado, pero, más pronto que tarde, los residentes en esas zonas exigirán ser tratados como el resto de cordobeses. Tan es así, que incluso se han promovido iniciativas para convertirse en entidad local menor en Villarrubia o en Cerro Muriano, que no han prosperado, pero que siguen latentes.

Las dificultades para dotarles de los servicios no es producto de la crisis que vivimos, sino que es un hecho estructural y que se sabía que acabaría ocurriendo. Para hacer viable tanto crecimiento, se exige a esas nuevas urbanizaciones que cuenten con una entidad de conservación que se haga cargo de la prestación de muchos de esos servicios. En un principio, nadie puso objeciones, pero, con el paso de los años, las entidades de conservación son cuestionadas. Lo normal es que funcionaran temporalmente, hasta que la ciudad pueda, de forma razonable, encargarse de la prestación de los servicios, pero, en este caso, no es así y surgen como indefinidas. Históricamente existía entidad de conservación en Las Jaras y actualmente ya existen en Carrera del Caballo, Encinares de Alcolea, El Sol, y otras parcelaciones reformuladas en urbanizaciones legales. Para el futuro, se impone su creación en cualquier núcleo de la periferia.

Las voces en contra de las entidades de conservación crecen al echar números y comprobar que, tras el proceso de legalización de la parcela y de la vivienda, hay que seguir pagando doblemente, por un lado, impuestos y tasas y, por otro lado, muchos de los servicios. Es la consecuencia de haber decidido vivir a varios kilómetros del núcleo central y haberlo hecho de forma irregular en muchos de los casos. Se ha apostado por una ciudad insostenible, que ahora no sabemos como financiar porque consume muchos recursos de todo tipo: suelo, energía, agua, … No es de extrañar que se haya convertido en un granero de votos donde los partidos acuden cada proceso electoral. El éxito va parejo al populismo que se practique con promesas imposibles de cumplir y del rosismo se ha pasado al socio concejal.

El incremento demográfico de la periferia acabamos pagándolo todos. Cada vez más recursos económicos del resto de la ciudad van a sufragar los costes de los servicios de esta zona de extrarradio. Pensemos, por ejemplo, en el tranporte o en la limpieza. El vecindario de la periferia paga lo mismo que el del resto de la ciudad, a pesar de que los costes del servicio se encarecen notablemente. Eso significa que, de los impuestos y tasas de la mayoría de la ciudad, cada vez más porcentaje se destina a cubrir el déficit del servicio a la periferia. Las demandas, además, no cesan y alcanzan a los equipamientos educativos, sanitarios, sociales, que, lógicamente, se exigen que estén más cerca y sean más potentes. Cuando las parcelaciones se trnasformen en urbanizaciones, la demanda se multiplicará. Por ahora, todavía hay buena parte del vecindario de la periferia que sigue empadronado en otro barrio de la ciudad, y ello supone que los servicios periféricos estén oficialmente dimensionados, y no respondan a las necesidades reales de la población que allí habita.

Nuestra ciudad, prácticamente, ha puesto en valor urbanístico todo el terreno con el que cuenta. Si respetamos los espacios que están protegidos, sólo nos quedará por poner en el mercado de suelo los terrenos por debajo de la Carrera del Caballo, y el sur del río Guadalquivir, si bien, las características de estos últimos no los hacen idóneos para residir. La crisis de la construcción ha ralentizado, casi hasta la paralización, la formación de los nuevos barrios que dibujaba el PGOU, pero, antes o después, acabarán levantándose los bloques y veremos como ya no nos queda suelo sin edificar. Bueno, cabe la opción de recalificar zonas industriales, trasladando las fábricas y naves a zonas más lejanas. También se podrían transformar zonas de parcelaciones en barrios en altura, mediante un proceso de especulación urbanística, pero por ahora no está en el horizonte. En cualquier caso, la pregunta es si una ciudad no tiene límites y si su crecimiento es imparable ya sea en horizontal o en vertical.

Los restos del naufragio

Juan Andrés de Gracia | 14 de septiembre de 2011 a las 18:22

Pero es que a ese mecenas que había anteriormente, la ciudad hacía que ese dinero que ponía en el Córdoba C F, lo ganase por otros conductos, como ha pasado en el resto del fútbol“. Esas son palabras dichas, creo que con un poco de envidia e interés personal, por el actual propietario del Córdoba Club de Fútbol. Los mecenas a los  que se refiere pueden llamarse, Gómez, Romero o Marín, según cada momento. Los que facilitaron las compensaciones fueron la ministrísima Aguilar, el engominado Merino y, en menor medida, el pseudoalcalde Mellado. Todos fueron empresarios que crecieron exponencialmente sus beneficios en la ciudad gracias al PGOU que calificó como urbanizable todo lo que se pudo y más. Su pasión por el Córdoba CF fue cayendo en la medida que las compensaciones fueron haciéndose menos interesantes o llegaron a desaparecer. Primero con Merino, y luego con Rosa-Mellado, tuvieron un ayuntamiento entregado a negociar con ellos un poquito más de edificabilidad o un convenio más interesante.

Se queja también el actual presidente del Córdoba, de que los cordobeses no se han abonado al club como sería necesario y que, por ello, el club corre riesgo de desaparecer. Pero, ¿Cómo van a pagar los que se acostumbraron a viajar con el bocadillo gratis, o los que recibieron un pase gratis que abonaba la Diputación o el Ayuntamiento? ¿Cómo van a poner un duro aquellos que siguen creyendo que el club es suyo y no de un empresario? ¿Alguien en Córdoba se acuerda que el club está intervenido? Aún recuerdo el debate que tuvieron los candidatos en ETEA, organizado por El Día de Córdoba, y donde coincidieron en que no darían un solo euro al Córdoba CF, al ser una SAD privada. Bueno, en realidad ya le damos bastante dejándoles que usen gratis una instalación que nos ha costado varios millones de euros.

Y es que podemos estar al final de una forma de hacer política en la ciudad, o a punto de continuar en los mismos errores. El miedo a que todo cambie, una vez fuera de la ciudad Rosa Aguilar y otros que gestionaron el urbanismo de esa forma tan alegre, es lo que ha provocado que Gómez, D. Rafael, se haya visto obligado a estar presente en la Gerencia de Urbanismo, sustituyendo al Sr. Alburquerque, al que ya le costaba trabajo argumentar a favor de su líder, cuando ha visto que lo de la deuda era verdad, y que los embargos y subasta de bienes, son una realidad fundamentada, que ni el PP puede parar. Los miembros de UCOR, que nunca hubieran sido votados por el vecindario cordobés si no estuvieran detrás de la cara y la imagen de Gómez, ahora no saben cómo mantener la difícil posición de que se les pida que defiendan al mayor deudor del ayuntamiento.

Gómez quiere estar en la Gerencia para que Tristón Martín, el Padrino Durán y Tintín, no puedan elevar al Pleno acuerdos en contra de sus intereses sin mirarles a los ojos y decirles todo lo que se calla. En la Gerencia, las sesiones son a puerta cerrada, no hay representantes vecinales, ni sindicales, ni empresariales y podrán hablar tranquilamente, sin que la prensa esté delante. Eso no lo podía hacer ningún representante de UCOR que no fuera el protagonista, el Sr. Gómez. Es más, Gómez podrá exigir a más de un técnico que le explique porque no mantiene el apoyo a sus proyectos. Tras fracasar en su intento de ser decisivo para la formación del gobierno municiopal, solo le queda el cuerpo a cuerpo. No seré yo quien le defienda, pero lo que hizo siempre fue con el beneplácito de las tres fuerzas políticas, en mayor o menor medida.

Sinceramente, la prensa se equivoca si piensa que lo que busca es información privilegiada sobre la “relectura del PGOU”. Ni él, ni ningún gran promotor o constructor de suelo y/o vivienda lo necesita. Ya el PGOU actual se hizo a su imagen y semejanza, sin tener que estar sentados en la Gerencia. Simplemente, los “líderes” políticos, con la bendición de Fray Langostino, se pudieron a los pies de sus intereses. Lo único que ninguno pudo prever fue la crisis inmobiliaria, ni los casos Malaya, Astapa o similares. En 1.995, se encargaron de que gobernara Merino y los suyos para que el PGOU les fuera favorable. Y en 1.999, buscaron que siguiera, para lo que hasta intentaron comprar la voluntad de algún representante de la lista socialista, para que no hubiera acuerdo de la izquierda. Pero, como no lo consiguieron, directamente trataron con los que mandaban en Capitulares y Medina Azahara, y el resultado fue más o menos igual. Un gobierno democrático secuestrado o al servicio de los mercados cordobeses.

No creo que los “19 escalones” escapen de esa presión y de esa forma de gobernar. Lo que es posible, tras ver cómo tratan a Gómez, es que aún no sepamos quiénes son los nuevos poderes fácticos cordobeses. El propietario del Córdoba se muestra asombrado de que el joven Nieto haya encontrado partida y soluciones jurídicas, para celebrar la semifinal de la Copa Davis, y no sabe por qué, él sólo encuentra problemas. No encuentra apoyo en el vecindario, ni en las empresas, ni en las instituciones, todo lo que, al parecer, sobra para la Copa Davis. Incluso, el que fue su contacto con Prasa para la compra del club, está ahora en el ayuntamiento al frente de Sadeco, y de Salinas, nada más se supo.

Esta ciudad me recuerda al Chicago de los años 20 y 3o, cuando los gangster tuvieron que adaptarse a otras formas de negocio ilegal, al ser abolida la ley seca. Algunos, se quedaron atrapados en ese sistema, otros, aprendieron que el negocio cambiaba. Esa es la Córdoba en la que nos movemos. Los capos de los últimos veinte años se van retirando, e incluso ocupan cargos públicos, otros preguntan qué hay de lo mío, o se sienten que han llegado tarde al festín. Siempre fueron malos tiempos para la lírica.

PD: He recibido muchas quejas de que no repaso suficiente los escritos y eso provoca faltas de ortografía indeseadas, o incorrecciones gramaticales o sintácticas. Prometo intentar que no suceda.

Fósiles siglo XXI

Juan Andrés de Gracia | 4 de septiembre de 2011 a las 11:49

El Primer Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba de la época democrática, gestionado fundamenlatmente por el PCE-IUCA, tuvo como uno de sus retos el casco Histórico de Córdoba. El concepto de modernización de las ciudades que imperó con el desarrollismo de los 60 y los 70, era abrirlas al protagonismo del coche, para lo cual los cascos históricos debían dejarse atravesar por viarios de media y alta capacidad, con aparcamientos a uno y otro lado. En Córdoba tenemos el ejemplo de la c/ Gondomar, que aunque fuera de los límites actuales del Casco, representa aún hoy lo que hubiera sido esa opción, a través de las huellas que aún se obervan en los retranqueos de su diseño.

A Manuel Pérez, que le tocó durante ocho años llevar la dirección urbanística de la ciudad y, por tanto, la aplicación del PGOU, le gustaba recordar que en la memoria del Plan se hacía mención a que, si no sabíamos qué hacer con el Casco Histórico de Córdoba, mejor dejarlo morir con dignidad. El debate entre la ciudad que nacía y la que se detenía, retrasó los trabajos para contar con un plan especial de protección del Casco y del catálogo de edificios protegidos, que se dilató excesivamente en el tiempo. Los trabajos, que dirigió Francisco Daroca, no estaban concluidos para cuando el PP impulsó el nuevo Plan General. Ello aconsejó que llevarán líneas convergentes desde entonces. Finalmente, su aprobación definitiva se produjo en 2003, pero en expediente independiente.

Ese Plan del Casco, como se le conoce abreviadamente, fue concebido desde un concepto abierto, que permitiera dejar de ver nuestro centro histórico como un decorado que detrás sólo tuviera ruinas, y las calles estuvieran vacías o exclusivamente llenas de turistas. Se preparó un plan que no se olvidaba de hacer del casco, conformado por más de una docena de “barrios”, un lugar para vivir. Pero se chocó con una exigente Junta de Andalucía que lo endureció, reforzando la opción de valor arqueológico y patrimonial del mismo, haciendo más complicada su modernización inteligente. O sea combinar la protección del bien patrimonio material de la humanidad, con la necesidad de hacerlo viable y sostenible.

La ejecución del Plan durante estos ocho años ha sido irregular, con una elevada aportación pública y con muchas dificultades para la participación privada. La aprobación posterior del Plan de accesibilidad ha definido un modelo de movilidad que lo complementa de forma bastante certera. Pedro hoy en día hemos conseguido mantener un Casco reconocible, con actuaciones muy importantes en mejora de la calidad de vida y en protección del patrimonio. Los fondos europeos, municipales y autonómicos aplicados sobre la Ribera, el eje Tendillas-Mezquita o la Manzana de San Pablo (el jardín del Casco), en parte, aún sin terminar, son muestras de aciertos significativos. Lo mismo que me seguirá pareciendo siempre fallida la recuperación de la Corredera, pieza fundamental del centro histórico, puesto que a la importantísima inversión en su reforma uirbanística, no ha seguido un acertado control de los usos, convirtiéndose en un gran bar de gama baja.

Pues, en esas estamos, cuando “el joven Nieto” nos sorprende con el nombramiento de Primo de Jurado, uno de los últimos defensores de la División azul, al frente del Casco y del Patrimonio histórico de la ciudad. Y en la misma línea que ha anunciado Tristón Martín para el PGOU vigente y para el proceso regulador de parcelaciones; o su compañera de tridente, la comercial Sousa, en el proceso de concesión de licencias, anuncia una relectura del Plan del Casco para favorecer las licencias. No se debería ocultar que, a la vez que se aprobó el Plan del Casco, el Ayuntamiento asumió la posibilidad de dirigirlo y aplicarlo, con la sola prevención de que las actuaciones sobre edificios protegidos mantienen la tutela de la Junta de Andalucía, a través de la ley de Patrimonio de Andalucía.

Actuar sonbre un edificio protegido es muy complicado y requiere de una tramitación excesivamente larga. Pero, liberalizarlo puede suponer destrozar valores importantes de nuestra historia. Plantearlo además como una confrontación con la Junta de andalucía, nos lleva a un nuevo intento de llevar el debate al campo electoral próximo. Afirmar que nuestro Casco está más o menos que fosilizado es faltar a la verdad, y menos si procede de un revisionista de la historia. No obstante, como ya he planteado en otras ocasiones, encuentro desequilibrada la primacía de la vertiente arqueológica en el desarrollo del Casco. Debería conjugarse el respeto a nuestro patrimonio, con la necesidad de permitir la inversión privada que nos haga inyectar recursos en el Casco.

El ayuntamiento se comprometió a invertir un 25% de los fondos que consiguiera a través de la gestión del PGOU, al Casco, lo que se ha venido haciendo, auqnue no existe un balance exacto de su cumplimiento. Pero la situación económica municipal, y el parón en la gestión del PGOU por la crisis inmobiliaria, aconsejan favorecer el capital privado. Pero ello, se debe hacer sin renunciar a la defensa de un Casco para vivir y de un respeto a la fisonomía histórica del mismo. No nos convirtamos en fósiles de dinosaurios en el siglo XXI y arrasemos con un trabajo de décadas. Ya sabemos que “los diecinueve escalones” están al servicio del empresariado, que son una delegación de la CECO en el ayuntamiento de Córdoba. Pero los negocios y promociones residenciales que puedan querer establecerse en nuestro Conjunto Histórico, deben partir de las exigencias que ello les supone.

El sistema de modificaciones del Plan del casco para las actuaciones más arriesgadas, no me parece inadecuado. Lo que habría que hacer es conseguir acortar a la mitad los plazos de tramitación que conlleva. No se puede hacer una interpretación literal de los postulados del Plan, sino entenderlos en función de la propuesta que se presente. O sea, las fichas del catálogo y las especificaciones del Plan, no son una Biblia o un Corán que se imponen como una ley marcial. Deberían entenderse como lo deseable, pero estando abierto a lo posible, a las adecuaciones a los usos y necesidades del siglo XXI. Es irrenunciable mantener el modelo de movilidad de “máximo accesibilidad, mínimo tráfico”, que impide cruzar el casco y evitar al máximo la presencia del automóvil en las calles del Casco. Convirtamos los coches, y el liberalismo irrespetuoso con la tradición, en verdaderos fósiles.

Con el agua al cuello

Juan Andrés de Gracia | 31 de agosto de 2011 a las 13:18

¡Qué feliz se ve al joven Nieto con un consejero de la Junta de Andalucía al lado!, aunque sea por la cesión de unos ejemplares de aves para el zoológico. Claro, las aves no le sirven para financiar la Copa Davis y además incrementa el gasto del propio ayuntamiento. Lo bien que le vendría ahora a los peperos no tener el zoológico, que es una de esa instalaciones municipales que salen deficitarias desde el punto de vista presupuestario, pero que es un reclamo de primera magnitud para los cordobeses y para el turismo más cercano. De hecho, con todo el Jardín Botánico al lado, ampliamente remozado, con el Molino de la Alegría incluido, más la Ciudad de los Niños y el reformado Parque Cruz Conde, solo queda ¿abrir? el Centro de Educación Ambiental para tener culminada el Área de la Naturaleza que hace veinte años se diseñara. ¡Y dicen que veinte años no es nada!

La ubicación junto al río es especialmente interesante, hasta el punto de haber construido un embarcadero que debería llevarnos a la olvidada isla de las esculturas y unirnos al pescódromo, que ha quedado, como casi todo en la ciudad, a medio hacer. Pero por otro lado, no podemos olvidar que en la parte urbana, las instalaciones del Jardín Botánico se vieron gravemente afectadas por las riadas de los dos últimos años. Por esa razón, la presencia del consejero de Medio ambiente tomaba aún más valor. Por suerte, el ayuntamiento ha podido utilizar fondos Proteja para recuperar el Parque de Miraflores y las zonas del Botánico y del Pescódromo que se llenaron de fango, piedras y ramas de todo tipo y tamaño. Pero aún colean en los tribunales, parte de las facturas de lo que el ayuntamiento se gastó en limpiar las zonas habitadas del entorno del aeropuerto.

Precisamente, el joven Nieto, siguiendo el argumentario clásico del PP, y estando en época preelectoral, solicitó que se acabara el proyecto de remodelación del cauce del Río Guadalquivir. No se le olvida que la primera fase, fue la única gran actuación, por ello no menos importante, del suegro de Marita, entonces vicepresidente y que inauguró las bodas civiles de abolengo en el Alcázar. Pero justamente, la fase realizada afectó a la zona entre el puente de la autovía y Casillas, que también se vieron fuertemente afectadas por las inundaciones, por lo que no parece que su continuación sea la solución a nuevas riadas. No obstante, ni la última fase del gobierno de Aznar, ni los ocho años de gobierno socialista, han podido aclarar por qué no se ha continuado realizando el proyecto. Su segunda fase se extendía aguas arriba, hacia Alcolea, y la tercera fase, aguas abajo, hasta cerca del aeropuerto.

La cuestión es no hablar de las parcelaciones situadas en zona inundable, que sufrieron los efectos durísimos de la crecida desmesurada del río. No tenían que estar allí, pero estaban y todos lo sabían especialmente, los tres grupos municipales y la Confederación Hidrográfica. Tristón Martín ya les ha aclarado que la oficina de parcelaciones que piensa abrir, no les puede ayudar al estar en zona inundable. El decreto en elaboración en la Junta, también les deja fuera. Y lo malo es que ellos sólo quieren que se les regularice. Han visto como AENA ha levantado una escollera que quisiera que se extendiera hasta que les defendiera totalmente. Pero ni siquiera el aeropuerto está a salvo de que una nueva gran riada pueda afectarle. Las vidas y las propiedades de los vecinos que habitan esas parcelaciones ilegales e ilegalizables siguen en peligro. Sólo Vimcorsa, a través de su gerente Rafael Obrero, puso encima de la mesa una solución real: tiren ustedes su casa y les incluiremos en el registro de demandantes de vivienda, con grandes opciones de acceder, mientras, a ayudas al alquiler.

Los que pisamos las zonas inundadas y vimos el desastre en las viviendas, unas prácticamente chozos, pero otras, la mayoría, verdaderos chalets, entiendo que les cueste salir de esta zona. Pero, las circunstancias económicas y legales impiden otra solución. Se instalaron, comprando barato, en terreno que es del río cuando crece de forma excepcional. Un grupo de casas se quedaron sin cimientos porque el río recuperó los sedimentos que eran suyos. Y los que vendieron los terrenos, los notarios y registradores que aceptaron formas dudosas de dar papeles, las compañías suministradoras de servicios, las empresas de venta de material de construcción, etc. ya no se verán afectados. Sólo quedan las familias que se equivocaron construyendo su vivienda, de primer o segundo uso, en una zona imposible.

Esas casas crecieron bajo la permisividad, primero, bajo la línea de disciplina urbanística tolerante de Rosa Aguilar, y se multiplicaron en la época del actual presidente de la Gerencia de Urbanismo, bajo el gobierno del engominado Merino. La policía sólo levantó denuncias, los expedientes de multa y de restitución de la legalidad se guardaron en el cajón para no perder votos. Sólo se sacan cada cuatro años para que no caduque ni prescriba la sanción. Sólo el sucedáneo de alcalde que fue Mellado creyó que podría poner punto final al proceso, aunque al final suavizó su actuación, al darse cuenta que afectaba a cientos de familias. Ahora, Tristón Martín, se ve animado a releer el PGOU y el proceso parcelatorio, prometiendo de nuevo, como en 1995, un punto final que nunca llega.

Este año, al menos, la Confederación ha empezado ya a desembalsar agua por si viene otro otoño o invierno de fuertes lluvias. No deja de ser reconocer implícitamente, que sus desembalses de última hora, ayudaron a provocar el desastre. También se ha anunciado limpieza de arroyos para antes de que lleguen las lluvias, para permitir que su capacidad sea la máxima. Pero nadie aporta soluciones definitivas y las lluvias están a punto de llegar.

Viviendas privadas, públicas virtudes

Juan Andrés de Gracia | 28 de agosto de 2011 a las 12:48

Cuando el PP ganó las elecciones de 1995 y gobernó por el desacuerdo de la izquierda, encomendó al a-purado Martín la dirección política de la Gerencia de Urbanismo, Vimcorsa y Telfeco (empresa de la que luego surgiría Procórdoba). En aquel tiempo, tenía muy claro lo que tenía que hacer: un nuevo PGOU. Hasta 1999, en que empezó el cogobierno, tan sólo le dio tiempo a encargar el trabajo y presentar el avance y una primera aprobación inicial. Para llegar a tal aprobación en minoría, tuvo que renunciar a determinados cambios urbanísticos en la ciudad, con la esperanza de recuperarlos en fases posteriores del documento. No tuvo ocasión de ello, pero la izquierda, a pesar de anunciar a una reformulación del documento llevándolo a una nueva aprobación inicial, mantuvo el 95% del mismo, y no tuvo reparo en recuperar lo que antes le negó al PP, por ejemplo, en la zona de Carrera del Caballo, o del Arenal (¿recuerdan quien ha actuado en ambas zonas?)

No me cabe duda, de que toda la serie de acusaciones y jucios por los que pasó Herminio Trigo tenían como objetivo final que la reforma del PGOU no se gestionará desde la forma de hacer política de IUCA, entonces acusada de paralizar el desarrollo de la ciudad. Por tanto, una vez expulsados del poder, y desaparecidos de la gestión municipal Trigo, Pérez, Hens, Paños entre otros, el camino quedó expedito a aplicar la filosofía del “todo urbanizable” y luego la de la confluencia de intereses “públicos-privados” (Mellado dixit). Más claro, los encargados de realizar el PGOU, y de aprobarlo políticamente, se reunieron con los máximos promotores de suelo y constructores de la ciudad y aceptaron un PGOU para unas 40.ooo viviendas, cuando lo razonable hubiera sido no sobrepasar las 25.000. Sólo la conversión de suelo servía para generar unas plusvalías urbanísticas que sólo en una pequeña parte, vía impuestos, llegó a las arcas públicas.

Desde entonces, nadie se ha movido del urbanismo a la carta. Se ha interpretado el PGOU de forma al menos cuestionable para atender otras demandas privadas, ya fueran para suelos residenciales o industriales. O se han generado versiones ilegales (lo han dicho los tribunales) de lo que se puede hacer en suelo no urbanizable (vease, Naves Colecor). Pues bien, Tristón Martín, anticipó en sus primeras declaraciones que habría que hacer una nueva relectura del PGOU. Ahora el problema no es generar suelo para vivienda, sino qué hacer con las viviendas construidas y no vendidas por el sector privado, en especial el financiero, y cómo facilitar que se pueda construir en los suelos urbanizables a los que ha pillado la crisis.

Sé que la política de vivienda está muy condicionada por las normativas que tanto el gobierno central (p.e., última bajada del IVA para venta de vivienda nueva) o la comunidad autónoma (p.e., conversión de viviendas libres en protegidas). Pero el ayuntamiento siempre ha podido actuar de contrapoder de los intereses privados. Bueno, no siempre. Cuando la vivienda estaba en auge, se obligó a que Vimcorsa se quedará con los peores suelos (con restos arqueológicos); se le exigía que no comenzara sus promociones hasta que el sector privado hubiera construido y/o vendido. Se le ha enconmendaba que se dedicara al alquiler o a la rehabilitación. Luego, con la crisis, se le ha pedido que dejara de construir vivienda protegida, para que el sector privado construyera la que había dejado en barbecho durante años. A pesar de ello, sólo hay que darse una vuelta poa la ciudad, para ver que hoy en día bien Vimcorsa, bien entidades con fines sociales como Vimpyca, capitalizan la construcción de vivienda nueva, protegida, claro.

La única medida que estaba previsto que acometieran “los 19 escalones”, en estos primeros cien días, sobre vivienda era la “creación de una oficina municipal de vivienda”. Sorprendente, porque creo que todo el vecindario sabe que esa oficina es ya la propia Vimcorsa. Ni una sola idea de cuánta vivienda a construir, nada de aquellos alquileres a 100 euros que prometió Nieto en 2007, el programa del PP en vivienda es un desierto. Lo que se va a construir o sortear es lo que ya estaba en marcha, pero no sabemos qué planes habrá para el futuro. Desde luego, el ayuntamiento no está para dar salida a los estocs de vivienda. Ya la Junta de Andalucía y el gobierno central están destinando suficientes recursos públicos para ello, con resultados pobres y encima no se logra evitar que se paren los desahucios por falta de pago de hipoteca. Si quieren vender, que bajen los precios, aunque les genere pérdidas, porque ya ganaron suficiente años atrás.

Vimcorsa, por tanto, va a ralentizar su actividad y sus proyectos y la Gerencia de Urbanismo va a ser una gestoría del sector privado y financiero. Y, el primer resultado, van a ser los “lofts”. O sea, vivienda diáfana, por tanto, de coste de producción muy bajo y que se puede poner en el mercado de formas ágil. Los máximos promotores de la idea son inmobiliarias especializadas en locales comerciales. Injupisa, dependiente de los Piedra, es un caso público, conocido y notorio. Durante años se han dedicado a la compra y venta de locales comerciales. Entre otros, se han beneficiado de los locales de Vimcorsa, y ahora quieren que se les permita convertirlos en viviendas. Será la vuelta a las viviendas en bajos que pensábamos desterradas en el urbanismo moderno. Significará olvidarnos de las viviendas acabadas por el promotor, con la excusa de que así el comprador la adapta a su gusto, y el precio es más barato. El PGOU, tal y como está hoy en día, no permite estas construcciones, por eso, hay que fabricar el traje a medida. Igual que ya el gobierno saliente permitió incrementar el número de viviendas por bloque, haciéndolas más pequeñas, en algunas promociones de la zona Poniente, y se prevé lo mismo en planes parciales paralizados. A esto se le llama “releeer el PGOU”, a lo que toda la vida ha sido el “urbanismo a la carta”.

Trueque

Juan Andrés de Gracia | 17 de agosto de 2011 a las 11:36

Poco a poco, vamos conociendo el contenido de las reuniones que mantuvo Gómez con parte del anterior gobierno conjunto de la ciudad. Si hace poco supimos que le permitieron verbalmente empezar las naves, y que luego le dejaron intentar legalizarlas con la promesa de reducirle la multa sustancialmente, entre otros asuntos, ahora sabemos que acordaron el pago de otras multas menores en especie. En esa ocasión, Gómez ofreció parte de lo que era su propiedad en Trassierra, exactamente en los Baños de Popea, y por otro lado, el cine Fuenseca.

Pagar en especie, es prácticamente volver a la época del trueque, y no es tan fácil como uno podría imaginar. En primer lugar, porque el ayuntamiento está deseando recibir dinero líquido, de ahí que prefiera subastar propiedades para cobrar. En segundo lugar, porque hay que tasar convenientemente las propiedades para ver si cubren la deuda. Luego, creo que hay algunas otras pegas legales que, sin embargo, con imaginación, podrían soslayarse.

La pregunta a hacerse es si el ayuntamiento tiene ahora algún interés en hacerse con los Baños de Popea y con el cine Fuenseca. Es cierto, que el PGOU marca la idoneidad de expropiar ambos espacios, pero no parece que el ayuntamiento esté ahora en condiciones de hacerse cargo de su mantenimiento, y si hablamos de invertir en ellas, ya sería política-ficción.

No ha sido Gómez el primero en comprar algún equipamiento o suelo para después canjearlo al ayuntamiento. Los “mercados” de la ciudad han estudiado siempre el PGOU para ver qué edificios o suelos podría interesar al ayuntamiento. Los han comprado, normalmente a través de intermediarios o testaferros, por una cantidad de dinero desconocida, habitualmente con dinero opaco fiscalmente. Luego el gobierno local de turno les ha comprado, o canjeado por suelo, esa propiedad a precio de mercado y, de repente, lo negro se hizo blanco. Y todos tan contentos. Bueno, unos más que otros.

Sin duda, los Baños de Popea son un bien a proteger y, actualmente, presentan un deterioro preocupante. Hace un par de años la Gerencia de Urbanismo redelimitó la zona y puso en marcha el proceso expropiatorio. En su entorno hay, por un lado, una parcelación ilegal, que pretendía ser reconocida y regularizada, Las Alberquillas. Pero además está toda la zona conocida como Plan Parcial Trassierra 2 que provocó, hace algunos años, una fuerte reacción ciudadana, cuando se conoció la intención de urbanizarla. Está zona era en su mayoría propiedad de Gómez, pero luego parece que la vendió y, por ahora, sigue virgen porque la crisis no anima a construir.

En cuanto a los cines de verano, y especialmente el de la plaza de la Fuenseca, han sido un objetivo de los gobiernos municipales desde hace más de una década. Por un lado, tienen un valor como cines, y, al mismo tiempo, permitirían zonas libres para el esparcimiento del vecindario del Casco, en la época en que el cine no funciona como tal. El mayor problema es su mantenimiento. Sabemos que, gracias al “emprendedor” Martín Cañuelo, podemos disfrutar de los cines de verano del Casco, pero corremos el riesgo de que un día el propietario del terreno quiera acabar con su función. Nunca podría edificar, pero no sabemos hasta cuando estaría dispuesto a seguir alquilándolo para cine.

Evidentemente, tal y como están las cosas, al ayuntamiento le interesa dinero contante y sonante, pero es verdad que a la ciudad le vendría mejor cerrar, de la forma legalmente posible, el acuerdo con Gómez y que los Baños de Popea y el cine Fuenseca pasaran a propiedad pública. Lo que sigue siendo una confusión permanente es el doble o triple papel que Gómez juega en el ayuntamiento. Es un concejal, es el máximo deudor del ayuntamiento y sigue siendo un empresario, lamentablemente, especializado en hacer las cosas no siguiendo la ley. Pero ya sabíamos que iba a dar mucho juego.

Operación altura

Juan Andrés de Gracia | 10 de agosto de 2011 a las 12:19

Cuando la construcción era todavía negocio, empezaron a florecer las iniciativas que pretendían romper el modelo de ciudad horizontal de Córdoba, en busca de edificios que formaran nuestro “Skyline” particular. Por ahora, sólo algunos equipamientos públicos, como el Hospital Provincial o el edificio de los Ministerios, se han atrevido en los años 60-70 a superar los 30 metros de altura. Otros, no tan altos, aparecen también como gigantes por el espacio en los que están enclavados. Me refiero al antiguo edificio de Zafra Polo, en la calle c/ Claudio Marcelo, o el primer edificio de la avenida del Corregidor, pasado el Puente de San Rafael, junto al Instituto Séneca.

Vaya por delante, que el PGOU actual para nada marca una altura máxima para los edificios, sino que delimita distintas zonas en cuanto edificabilidad y número de plantas. Hay zonas con ordenanzas edificatorias que dejan claro que no se puede superar un número de plantas (Alcázar Viejo, Olivos Borrachos, Cañero, …) y otras, donde la altura del edificio deben estar en proporción a la anchura de la calle donde se enclava, y a la altura habitual en el entorno. Parecen ambos argumentos razonables, para que la luz del sol entre a la calle sin problemas, y para mantener cierta homogeneidad constructiva.

Para romper esa norma, hay que justificar que el edificio es de carácter singular (por su valor artístico, por su funcionalidad, ….) y que, por eso, necesita mayor altura. Así pasó, por ejemplo, con el actual Colegio de abogados, en la calle Morería. Sin embargo, si el solar está clasificado como equipamiento, las limitaciones se suavizan, puesto que se admite que la altura sea la que necesita en sí el edificio, aunque se debe tener en cuenta el entorno donde se enclava y las infraestructuras que necesita (viarios, abastecimiento, …). De ahí, que se le exijan planes especiales que demuestren que todo está convenientemente dimensionado, y que se puedan hacer alegaciones al mismo.

En otros momentos, en plena elaboración del PGOU y en esta misma campaña (UCOR), también hubo voces a favor de conseguir abaratar las viviendas permitiendo superar la densidad media de los nuevos polígonos residenciales. Actualmente está en 75 viviendas/ha,  y se pretendía bien reducir el tamaño de las viviendas (ya se está proponiendo por propietarios privados, e incluso públicos), bien eliminar suelo de equipamiento (no se ha dado ningún caso aún). Además, también se proponía dar más altura a los bloques. Respecto a este último caso, se han autorizado varias actuaciones que les cuesta hacerse realidad en plena crisis del sector. La filosofía es hacer bloques más “delgados” pero más altos, sin que se supere la edificabilidad permitida.

Al final de la glorieta de Amadora, en el “Cortijo del Cura”, aún hay carteles que la promotora ÑXXI (participada por Cajasur en su momento), pretendía elevar una torre mixta de oficinas y viviendas. El propósito era hacer un edificio-hito en la zona. A la izquierda de la entrada sur del Puente de Andalucía, en el Cordel de Ecija, la Junta de Andalucía presentó también bloques de más de diez pisos, con el argumento de facilitar la visión del río. En el polígono de la Torrecilla, la asociación Apreama, tiene preparada una actuación de creación de un bulevar con bloques parcialmente industriales, de más de diez pisos. En la Ciudad Jardín de Levante (entre Carlos III y Rabanales), también Prasa anunció edificios-hito para marcar la entrada a la zona. Todas estas promociones están paralizadas, pero habrá que ver si se mantienen en el futuro.

El que sí parece haber entrado en vías de próxima construcción es la Torre de Poniente, el edificio administrativo de la Junta de Andalucía, que se levantará sobre el solar de la antigua Noreña. Bueno, dependerá de que haya posibilidad de afrontarlo desde la iniciativa privada, y, después de las últimas declaraciones de algunos consejeros/as de la Junta, parece que se puede paralizar este sistema de actuación, que estaba previsto también para la Ciudad de la Justicia o la Ronda Norte, por ejemplo. De esa forma, volvería a ser un edifico público, el primero que rompe la línea horizontal de nuestra ciudad.

Lógicamente, no puedo terminar sin una reflexión sobre el “Ojo del Califa”. El hotel que Prasa quiso levantar sobre el antiguo Hotel Meliá y al que Rosa Aguilar, después de animar a su construcción, obligó a enterrar. Participé en la polémica desatada en contra de su construcción, porque me parecía que el sitio afectaba seriamente a la imagen del Casco y que rompía el equilibrio de la ciudad. Me posiciono, claramente, a favor de edifcios-hito, en las zonas de crecimiento de la ciudad, que sobrepasen la altura habitual, pero no puedo estar de acuerdo en arriesgarnos a intervenir de forma irresponsable en el Casco o en el anillo que lo rodea. Luego, nos construyeron un hotel fantasma, pero eso es otra historia.