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¡Menos mal que no tengo un máster!

Magdalena Trillo | 15 de abril de 2018 a las 11:46

El tono socarrón de Esperanza Aguirre en el Senado, por la suerte de no tener un máster y con su cínico consejo sobre ¡lo bien que se está en casa!, probablemente sea lo más sincero y revelador que esta semana hemos escuchado del curioso caso de Cristina Cifuentes y su máster fantasma. Por las ramificaciones con que se está expandiendo la crisis del PP, por la mancha de desprestigio que ha vuelto a ensombrecer a la clase política y, como efecto colateral, por el perjuicio que está suponiendo para la imagen de toda la universidad española.

el curioso caso de Cifuentes

Los muros de contención hacen aguas: Cifuentes tiene que dimitir -casi más por lo que ha mentido que por lo que ha hecho-, pero también el rector de la Rey Juan Carlos -casi más por lo que no ha hecho-. Son dos escenarios distintos de irregularidades y despropósitos -el político y el académico- que exigen medidas valientes y contundentes de asunción de responsabilidades que vayan más allá de cumplir el expediente y del suicida cierre de filas. Porque lo ético y lo estético se une a posibles infracciones administrativas y hasta de tipo penal.

El enroque del PP no sólo le puede costar el gobierno de la Comunidad de Madrid a un año de las elecciones; también tendrán que valorar hasta qué punto están dispuestos a fabricar un nuevo ‘Tierno Galván’ facilitando la llegada de Ángel Gabilondo, regalándole una precampaña de diez meses y reforzando la alianza PSOE-Ciudadanos que desde Andalucía viene marcando el contrapunto a la estrategia de pactos de la formación naranja -por mucho que ya empiecen a sonar los calculados tambores de adelanto electoral-.

En la Rey Juan Carlos debería abordarse de una vez, y con cirugía mayor, qué ocurre en esta universidad inexplicablemente “pública”, constantemente sumida en la polémica y vinculada desde sus inicios al Partido Popular. Voy a aplicar el mismo criterio que defendería para la enseñanza básica segregada. Y al margen del aval que estos centros anacrónicos -que apuestan por discriminar por sexos justo cuando la batalla es la contraria- acaban de lograr del Tribunal Constitucional: absoluta libertad para que los padres elijan el colegio de sus hijos pero no con el dinero de todos; no con subvenciones públicas.

Exporto el argumento a la enseñanza superior: si los políticos quieren un retiro académico en modo puerta giratoria, que lo paguen; si quieren tratos de favor y normas especiales para afrontar sus estudios, que los paguen. Y que no nos confundan a los demás. Ni a los que se dejan la piel, y el dinero, en la butaca de al lado para conseguir un título (y, por encima del papel, una formación supuestamente de calidad) ni a quienes lo hacen en instituciones con acreditadas trayectorias y férreos instrumentos de filtro y control.

Con todo, lo mejor del caso Cifuentes tal vez sea la operación limpieza de curriculum que ha desencadenado a nivel nacional. No habrá político ni cargo público en España que no se haya puesto a pensar si lo exageró, si lo retocó, si lo maquilló y, sobre todo, si lo pueden pillar. Les animo a que vayan a la Wikipedia y vean la cantidad de entradas que se han editado en los últimos días.

“Estudios de”. Pocas veces la realidad se corresponde con el deseo. Y es que una cosa es empezar y otra terminar. Suele ser un clásico en las campañas electorales. Cuando se dan a conocer las listas de candidatos de los diferentes partidos y cuando, tras la cita con las urnas, toman posesión de sus cargos. En esos momentos, los medios los diseccionamos y situamos la lupa sobre su perfil. Las sorpresas son tan morbosas como el momento en que, en aras de la honradez, se fiscaliza su paso por el poder haciendo públicas sus declaraciones de la renta… Y aparecen sus coches, y sus casas, y sus fondos de inversión…

La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido carne de cañón para el PP a cuenta de los diez años que tardó en terminar Derecho y de su diploma de Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo. Este posgrado, como algunos medios han vuelto a publica esta semana, se habría financiado con el fondo de reptiles de los ERE (se dieron unas becas por la Dirección General de Empleo) y benefició a numerosos sindicalistas y políticos socialistas como el actual alcalde de Granada, Paco Cuenca, que ya en 2004 tuvo que dar más de una explicación. Puesto en marcha el ventilador para contrarrestar el caso Cifuentes, de la operación limpieza ya hemos pasado a la ofensiva desempolvando todo lo que pueda contribuir al corruptómetro y al ‘y tú más’.

paco cuenca sd

Si nos quedamos en Granada, el propio presidente del PP, Sebastián Pérez, tuvo que pedir en su día que modificaran la Wikipedia para aclarar que “no acabó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Granada”. Aparece como “cita requerida” y, extrañamente, un poco más abajo se presenta como político y “asesor de empresas”. Lo cierto es que no miente y es consecuente: no es licenciado y no dice que lo es. Muy distinto al polémico caso del exdiputado Francisco Tarifa, que le salpicó cuando estaba al frente de la institución provincial. Poco después de dimitir por el fracaso del proyecto de la Alpujarra como Patrimonio Mundial, Tarifa se enfrentó a un escándalo por la falsificación de un título.

tarifa

Como Cifuentes pero en plan chapuza. El certificado con que acreditaba tener nivel intermedio de Francés parecía modificado a golpe grotesco de Photoshop y la Escuela de Idiomas de Órgiva tardó medio segundo en asegurar que “ni constaba como alumno ni había superado nivel alguno”. También entonces, en la precampaña de 2015, Tarifa seguía la escuela Cifuentes y se presentaba como víctima de una “cacería”.

rodríguez

Viajando un poco más en el tiempo, el caso local más sonado tocó de lleno a la entonces Caja General de Ahorros. Julio Rodríguez, presidente de la entidad en el año 2000, tuvo que acudir a los juzgados para defender la capacitación de su director general tras una denuncia de CCOO a la que se sumó el PP. Fernando Rodríguez, en contra de lo que figuraba en su currículum, sólo aprobó una asignatura de Derecho y no realizó un Máster de Dirección de Empresas en Deusto…En algunas ocasiones, la tentación del amaño ha fulminado carreras en cuestión de horas. Diez días ocupó Cristina Almagro el cargo de concejal de Juventud del PP en el Ayuntamiento de la capital; justo el tiempo que en 2014 tardó en conocerse su condena por falsificar certificados para ser presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín.

La casuística es variopinta, las razones diversas y los resultados inciertos. Al final de todo, y pese a lo mucho que nos deleitamos estos días en las críticas a la universidad, sería cínico no admitir lo que viste un título a nivel profesional y social. Bien enmarcado. Con la firma del Rey y al lado de la orla. Más aún si hablamos del gobierno de los mejores.

A medida que los españoles nos hemos ido abriendo al mundo, ¡y a los idiomas!, era lógico que progresáramos ascendiendo al nivel del máster y de los estudios de posgrado, preferiblemente en centros extranjeros. Y es que el inglés también vende más. Pablo Casado es un ejemplo de esta sofisticación, aunque resulte que el viaje transatlántico se hizo cuatro días al hotel de al lado… ¿Pero alguien se va a poner a comprobarlo? Pues resulta que sí. Que no hay que tener altos estudios para saber que las mentiras tienen las patas muy cortas.

El poder de la calle

Magdalena Trillo | 8 de abril de 2018 a las 10:12

El mismo día que las kellys consiguen ser recibidas en Moncloa por el presidente del Gobierno -y lo comprometen con su causa-, uno de los colectivos más alérgicos a las movilizaciones se echa a la calle para reivindicar su independencia frente a las injerencias políticas, denunciar el desgaste que el sistema judicial ha sufrido en la última década y reclamar avances laborales. Desde medios técnicos y refuerzo de personal hasta mejoras salariales, regulaciones de descansos y vacaciones y ampliación del permiso de paternidad. Son humanos. A pesar de sus poses marmóreas y sus togas decimonónicas; a pesar de los jueces y los fiscales estrella.

Que las camareras de piso alerten de la degradación laboral que están sufriendo -con la externacionalización del servicio, las “jornadas esclavas” y los contratos leoninos- podría formar parte del guión. Por el impacto que la crisis ha tenido en los colectivos sociales más vulnerables pero también por la flexibilidad que introdujo la reforma laboral castigando un mercado especialmente marcado por la explotación y la precariedad.

La ecuación que conecta a las kellys con los jueces es sencilla: si todos sufrimos los ajustes cuando España estaba al borde del abismo y la intervención, todos queremos ahora participar de la recuperación. Sin excepciones. La ola de las protestas se ha vuelto incontrolable e imprevisible y poco tiene que ver con el organizado movimiento sindical que ha ido modulando el poder de la calle en estos cuarenta años de democracia.

kellys

En Granada, esta semana ha sido el turno de las trabajadoras de los hoteles -que han unido fuerzas constituyéndose en asociación- pero también de los funcionarios de prisiones -el jueves se encerraron en Albolote para exigir la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña- y el de los policías locales que están intensificando la batalla por la prometida bajada de la edad de jubilación. Todo llega, además, cuando aún resuenan los ecos de la marcha feminista del 8-M, cuando aún prosiguen los compases de rebelión de los mayores por unas pensiones dignas y cuando aún intentamos digerir imágenes inéditas como las protagonizadas por Guardia Civil y Policía Nacional denunciando su sangrante discriminación territorial.

Ya no hay líneas rojas. Y ya no son movilizaciones más o menos nostálgicas para celebrar efemérides y plantear reivindicaciones casi voluntaristas. Incluso el 15-M, asumiendo el espíritu de las protestas juveniles de la primavera árabe, empieza a quedar superado por las brechas de injusticias y de agravios que en el caso español ha desencadenado un cóctel inesperadamente explosivo: la quiebra del modelo autonómico, acentuada con la estrategia pactista que desde Madrid no ha dejado de alimentar a los nacionalismos, y con las secuelas de la crisis debilitando los frágiles pilares del Estado del Bienestar.

El punto de inflexión de todo hay que buscarlo en Cataluña. Por la interminable distracción que está suponiendo el desafío independentista y por los intoxicantes vasos comunicantes con que el bloqueo institucional está distorsionando la telaraña pública. Es el 155, pero es también el impasse en el que siguen los PGE y es, sobre todo, la profunda confusión entre política y justicia que ya hemos asumido como normalidad.

No lo es. No debería serlo. Ni en el conflicto separatista ni en las innumerables causas que saturan los tribunales certificando el fracaso más absoluto de la política. No se recurre ni a la vía administrativa; es la amenaza del proceso penal lo que tiene recorrido mediático, político y electoral. Lo estamos sufriendo en el conflicto catalán y lo comprobaremos a nivel local cuando casos de impacto como el Nazarí, Serrallo o Emucesa vayan marcando los verdaderos escenarios de juego. ¿Infracciones administrativas e irregularidades o trasfondo penal?

También aquí han saltado por los aires las líneas rojas. Y la prudencia. Más aún cuando es la propia política la que se intenta apropiar del poder de la calle. Lo veremos precisamente hoy en la movilización convocada por los tres años de aislamiento ferroviario. ¿Ni siquiera este incomprensible hito es capaz de arrancar una foto de unidad?

¿Qué sueldo quieres?

Magdalena Trillo | 3 de abril de 2018 a las 10:30

Alemania abrió el debate en enero: el Gobierno de Merkel aprobó un proyecto de ley para obligar a las grandes empresas a dar a conocer el salario de sus trabajadores. El objetivo era evitar la brecha salarial entre hombres y mujeres: de hasta un 21% si tenemos en cuenta el impacto del techo de cristal y las reducciones de jornadas y de un 7% eliminando estos condicionantes. El mandato constitucional de la equiparación salarial no se cumple. Ni en el país germano ni por supuesto en España y ni siquiera en los modélicos estados nórdicos que siguen encabezando todos los rankings mundiales de bienestar.

Pero la realidad es que tampoco se cumple si prescindimos del factor de género. El debate es más profundo: porque hablar del sueldo sigue siendo un tabú y porque continúa funcionando como un instrumento de poder en las empresas. Por lo que tiene de premio y de castigo en un ambiente laboral de creciente competitividad y por la vinculación que debería tener respecto a la productividad real de la compañía.

En marzo se ha dado un paso más. Serán los trabajadores los que podrán recabar información sobre lo que cobran sus colegas por hacer las mismas tareas. El Bundestag pretende imponer la igualdad salarial por ley y ya hay empresas que han tomado la avanzadilla: en Einhorn, una start-up ubicada en Berlín que se dedica a vender condones veganos, sus diez empleados se sientan cada seis meses a analizar sus salarios, deciden cuánto quieren cobrar, lo votan y lo aplican. En la cadena de hoteles Upstalsboom no lo votan directamente pero sí evalúan el mercado y sugieren las remuneraciones…

Máxima transparencia y un escenario casi idílico para el trabajador: ¿cuánto quieres ganar? Casi una utopía poder poner precio a tu esfuerzo, a tu implicación y a tu desempeño al tiempo que evalúas a los compañeros… Aunque la pregunta tiene trampa. Basta con cambiar el verbo principal incorporando al deseo un plus de autocrítica: ¿cuánto mereces ganar? Y de pragmatismo: conociendo los números de la empresa y la situación del sector, ¿cuánto crees que podrías ganar? Y hasta de corresponsabilidad: ¿estarías dispuesto a bajarte el sueldo en caso de necesidad?

De la transparencia a la presión. Hay un desafío en los nuevos entornos laborales para propiciar unas tablas salariales “ecuánimes” y “justas” pero, si invertimos por completo las reglas del juego, debemos ser conscientes de que al final nos exponemos todos… Imaginen a los trabajadores de la Renfe francesa: ¿36 jornadas de huelga contra ellos mismos?

Federico vive

Magdalena Trillo | 1 de abril de 2018 a las 10:00

Así que pasen quince años… Con este guiño lorquiano a una de las obras “imposibles” que escribió Federico -no sólo El maleficio de la mariposa fue un fracaso cuando se estrenó-, resulta tentador volver a escribir el mismo artículo; el que mira hacia atrás. El que se lamentaría de los quince años de conflictos y desencuentros entre los políticos y la familia que han terminado convirtiendo la puesta en marcha del Centro Lorca en una endiablada cuenta atrás, el que se escandalizaría por ver el nombre del poeta unido a esas estafas de guante blanco más propias de nuestros tiempos de corrupción que de los suyos de picaresca, el que hablaría de la placa de La Caixa que ya luce atornillada en la fachada del edificio de La Romanilla y se perdería buceando en lo que sabemos -y lo que no- sobre el tortuoso camino que conecta dos fotos: la de Laura-García Lorca con el entonces presidente José María Aznar en la famosa reunión de Moncloa de enero de 2004 y la de los camiones de mudanza del pasado 19 de marzo depositando los primeros fondos del legado en Granada.

No es ningún regreso -es una llegada- y es mucho más que una “habitación propia” lo que ya tiene Federico en su ciudad. Las más de 5.000 piezas y documentos que integran los fondos que desde 1986 se custodian en la Residencia de Estudiantes terminarán de ocupar la cámara acorazada del Centro Lorca antes del verano.

Hasta entonces, llegarán noticias de los tribunales (por el fraude del anterior secretario de la Fundación, Juan Tomás Martín) y de las instituciones que habrán de despejar el complejo escenario de cómo, con qué fórmula y con qué presupuesto, se gestiona el que está llamado a convertirse en un centro de referencia y en un revulsivo para el nuevo panorama cultural español.

inauguracion

Lo exige la marca. El Centro Lorca no puede ser uno más. No lo fue Federico y no puede serlo el gran proyecto que lleva su nombre. Le escuché decir una vez al hispanista Ian Gibson que poco importa si el legado está o no en Granada, que hoy todo está digitalizado y a disposición de los investigadores. Pero es que el debate es otro: no hablamos (sólo) de los estudios lorquianos -deben ser una pieza angular, pero una más- y no deberíamos conformarnos con mantener abierto, con un hilo de subsistencia de fondos públicos, un museo-tanatorio en memoria del poeta.

Federico vive. Con este lema intentó el anterior gobierno en la Diputación (PP) recuperar el espíritu de La Barraca, llevar la obra de Lorca a los pueblos y, aunque nunca fuera un objetivo explícito, contrarrestar la acción del Gobierno andaluz con la búsqueda de sus restos siguiendo las hipótesis de su asesinato entre Víznar y Alfacar. Nos guste o no, son dos páginas entrelazadas de una misma historia y en las dos interviene la política.

Pero miremos hacia adelante. El Centro Lorca llega en un momento clave y de intenso debate en la política cultural. Granada ha situado el proyecto de la Capitalidad del 2031 como un horizonte de oportunidad para relanzar su oferta y resituarse como destino de prestigio. Y lo hace justo cuando los gestores de los grandes museos y centro culturales están repensando lo que son y lo que quieren ser.

En enero se reunían en París los máximos responsables del MoMa de Nueva York, el Pompidou francés, la Tate de Londres, el LACMA de Los Angeles, el Hermitage de San Petersburgo y el Reina Sofía de Madrid poniéndolo todo en cuestión: el porqué y para qué de la (democrática) gratuidad, el dilema entre la razón utilitaria y la razón creativa, el coste de los blockbuster sometidos a la tiranía del público, el riesgo de las franquicias y la homogeneización…

El paso adelante de Málaga es una cuestión coyuntural; una interesada distracción. Y el Centro Lorca, con la misma fuerza que lo hace la Alhambra, no puede quedar relegado a disputas localistas y planteamientos provincianos. Cómo establecer vías de financiación que superen el modelo de confort de la subvención y que creen comunidad, hacia dónde lanzar las redes de las sinergias y con qué contrapartidas, cómo sostener una programación de primer nivel capaz de romper y de coser entre lo viejo y lo nuevo…

Lo excepcional, lo único, la marca, la tenemos. Pero queda lo más difícil. Darle vida.

Las mujeres del ‘procés’

Magdalena Trillo | 27 de marzo de 2018 a las 10:30

Oriol Junqueras llegó a situar a Marta Rovira al frente del Gobierno de la Generalitat con una épica sentencia que lanzó a la militancia de su partido desde prisión: “La República tiene nombre de mujer”. De esto hace cuatro meses. “Va siendo hora”, advertía el presidente de ERC, “de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que nunca se rinde, con una determinación y un convencimiento inigualables, sensata y audaz a la vez, tozuda y obstinada pero también dialogante y pactista. Todos a su lado, no la dejemos nunca sola”.

Hoy se estará maldiciendo. Su mirlo blanco se ha rendido y ha huido. Marta Rovira se ha unido al club de fugados y ha contribuido a que la Justicia endurezca las medidas contra los artífices del desafío independentista que sí fueron consecuentes con sus actos y entraron en la cárcel. Ha dejado en la estacada a sus compañeros y mentores.

Ser mujer no es garantía de nada. No si un día te posicionas en la escala más radical del feminismo -ese que no habla de igualdad sino de superioridad- y al día siguiente te escondes en tu condición de mujer y madre para eludir tus responsabilidades. Es un atajo similar al que tomó hace un mes Anna Gabriel, una de las diputadas anticapitalistas de la CUP más antisistema. Puro cinismo. Se quitó el flequillo abertzale, se vistió de niña buena y se fue a Ginebra -una de las ciudades más elitistas del mundo- para eludir al juez Llarena.

Marta Rovira asegura que toma el “duro camino del exilio” para “recuperar su voz política” y “levantarse contra el Gobierno del PP”. Ya sabemos que su hija se llama Agnès y que la quiere mucho. Que huye para seguir siendo madre. Y probablemente sea lo único sincero -creíble- de la carta-testamento con que ha enterrado su trayectoria.

España registra uno de los porcentajes más altos de toda la UE de mujeres en prisión. La ex directora de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo tiene publicado un libro recopilando las cartas que le enviaban los presos. Mujeres y madres, la mayoría por delitos de “drogas” y por su “dependencia tóxica” de los “hombres”, concentran los testimonios. Y el mayor desgarro emocional es compartido: “Mis hijos son los condenados”.

Seguro que todas ellas se intercambiarían con Rovira… Pero ellas no son privilegiadas capaces de darnos lecciones (a todas) con la misma templanza con que desconcierta su cobardía. Cometieron un error, se saltaron la ley, y lo asumen. Entre barrotes. Sinceramente, no sé por qué el caso de la política catalana es diferente.

Filosofía de bolsillo

Magdalena Trillo | 20 de marzo de 2018 a las 10:00

Si dejamos a un lado la lucidez de Zapatero sentenciando lo que todos sabemos -que el PSOE no estará en condiciones de ganar si no hay “cohesión” y “convicción”-, no creo que sea ninguna exageración decir que acabamos de despedir una de las semanas más grises y de vergüenza ajena que hemos vivido en la España democrática. Sólo se salva el trabajo impecable de la Guardia Civil en la investigación del macabro asesinato del niño de Níjar y la lección de entereza y humanidad de sus padres. Todo lo demás ha sido basura. La cara más rastrera de la política envuelta en farsas de lecciones de moralidad e irrefrenables tentaciones de oportunismo político y electoral.

 “No todo vale”. Utilizar como rehenes de la lucha partidista el caso de Gabriel, el dolor de las víctimas de algunos de los asesinatos más atroces de la historia reciente de este país, ha desenfocado un debate que ni lo ha sido ni lo podía ser: por razones legales -el recurso contra la prisión permanente revisable en el TC- y por razones de sentido común -no se trata de no legislar en caliente; bastaría con ser capaces de imponer los argumentos a las tripas-. ¿Tan difícil hubiera sido posponer un debate para un Ejecutivo que marcha por inercia y al ralentí?

 “No nos representan”. Forma parte del ideario contestatario de Podemos pero habría que extenderlo a todo el arco parlamentario. La marea de indignación de los jubilados podría haber sido un revulsivo para afrontar de una vez la urgente reforma del sistema de pensiones; hemos encontrado tacticismo y chantaje. Una patada hacia adelante del problema, una ridícula promesa para subir las pensiones mínimas -¡sólo si hay presupuestos!- y un cabreo ciudadano generalizado. ¿De verdad piensa el PP que puede ganar unas elecciones, que tiene autoridad para seguir gobernando, con todo el 8-M enfrente y la rebelión de los mayores detrás?

“Nunca es tarde para echarse a la calle”. Esta contundente verdad forma parte del último disco de Manolo García. Se titula Geometría del rayo y, aunque el músico tira de “filosofía de bolsillo” para recordarnos que “nunca es tarde para vivir la vida”, resulta inevitable aplicarle el filtro de nuestro contexto social… Para conectarla con otros temas de actualidad como Urge -urge justicia social; urge dignidad; urge que no nos tomen el pelo…-, para atrevernos a vislumbrar el temible escenario que anticipa Si todo arde o para quedarnos con la inquebrantable franqueza de su sabiduría a pie de calle, esa que tan cerca está de la filosofía de la academia: “Se cazan más moscas con miel que con vinagre”.

La madeja de la Plaza del Carmen

Magdalena Trillo | 18 de marzo de 2018 a las 10:50

Quienes dedican su carrera investigadora a rasgar la madeja de intereses sobre la que se sostiene el actual sistema de medios comparten un mismo punto de partida: no se pueden entender los mensajes -desde la teórica objetividad de las noticias a los posicionamientos editoriales más ideológicos- si no conocemos la trastienda de quienes están detrás. De los “dueños” de los medios.

Esta misma máxima la podemos aplicar a la política pero en un nivel de complejidad mucho mayor. Pensemos, por ejemplo, en una matrioshka rusa: cada figura que extraemos es un relato. Y puede ser coherente, suponer una continuidad, pero también puede ser contradictorio y hasta ocultar un choque frontal. Más aún cuando combinamos en un mismo escenario la gestión -teóricamente pública y en beneficio de la ciudad- con el tacticismo político y electoral que acaba siendo rehén del color de las siglas.

Si a todo ello unimos la incertidumbre judicial, el cambio de paso que imponen los tribunales cuando se abren procesos de enorme impacto -la operación Nazarí o, por ejemplo, el caso Serrallo-, la realidad es un maremágnum difícilmente gobernable donde los intereses de partido se confunden y absorben los de la institución.

Así está la Plaza del Carmen. Todos conocemos la situación de desconcierto en la bancada del PP con hasta 6 concejales pendientes de un hilo -el judicial- para tener que dimitir. Pero el equipo de gobierno no está a salvo. No esperaba gobernar y tal vez por ello sigue actuando -y tomando decisiones- como si fuera el grupo municipal del PSOE. Han sustituido la transparencia informativa debida (para eso cuentan con la labor de profesionales cuyos sueldos se pagan con dinero público) por la filtración sistemática e indisimulada.

La estrategia es vieja: paso un tema duro y polémico que me puede perjudicar al medio amigo (el diario oficial de la Plaza del Carmen) y así contrarresto el golpe. Como va envuelto “en papel de exclusiva”, el objetivo es que la información tenga un tratamiento laudatorio y el medio cae en la trampa habitual del periodismo de mala ralea… Luego, si llegan las críticas, siempre está el recurso fácil de matar al mensajero: que no informamos bien, que “bebemos de fuentes poco recomendables”, que nos intoxican, que manipulamos… Si nos dieran un euro cada vez que un periodista que hace su trabajo ha tenido que escuchar eso… También nos dan clases de Derecho Penal, por lo que deberíamos de empezar a preocuparnos por si el síndrome del contagio también se extiende a quienes desempeñan su actividad en la vida pública y también en la enseñanza. Porque, por lo que se ve, el poder no sólo corrompe, también ciega.

Hasta aquí es opinión, por supuesto, pero también son hechos. Aunque podría aburrirles con decenas de ejemplos, me voy a centrar en el caso Serrallo y el escrito de acusación que nuestro Ayuntamiento, la institución que ha de defender el interés de la ciudad, ha presentado en el último minuto del último día del plazo como acusación particular de la causa que investiga el cambio de uso de una parcela destinada a ser un parque infantil a la construcción de una sala de fiestas. En una rueda de prensa -esta vez sí para todos los medios-, el portavoz recalcó que es el escrito de acusación de “los servicios jurídicos técnicos” del Ayuntamiento, que está “fundamentado” y “exento de valoración política”.

El problema que los políticos tienen con algunos periodistas o medios es que nos gusta contrastar, beber de otras fuentes alternativas -como las de sus adversarios políticos-, pero también de técnicos y expertos, y ponerlo todo en cuestión, especialmente lo que dicen por esa tendencia natural a la que ya nos tienen acostumbrados de que todo es susceptible de cambiar según sople el viento. Y, aunque se les olvide, también tenemos criterio. Y tenemos capacidad para leer entre líneas. Y hasta para interpretar lo que ocurre y lo que nos dicen.

Les propongo un juego: les doy unas claves y un titular y ustedes deciden si se ajusta a la realidad. El Serrallo lleva 4 años en fase de instrucción. El grupo municipal socialista se personó como acusación, pero en 2016, cuando Cuenca accedió a la alcaldía se retiró y recuperó su dinero de la fianza. Ya estaba en la causa el Ayuntamiento, gobernado por ellos, y además podía seguir representándolo el mismo abogado. Pero el caso es que en todo ese tiempo apenas se han pronunciado en nada. Han permanecido casi como convidados de piedra en el proceso. Escuchar, ver y callar. Hasta ahora…

Cuando la jueza cierra la investigación y llega la hora de que las acusaciones se retraten y formulen sus peticiones, el escrito que finalmente presentan no hace alusión alguna a los ediles del PP que en 2012 votaron a favor en el polémico expediente urbanístico. No aprecia ningún delito ni posible responsabilidad por su parte, en contra del criterio de la jueza, de la fiscal y de otras partes acusadoras. Focaliza los ilícitos en el exalcalde Torres Hurtado y en su exconcejal Isabel Nieto, además del promotor y los funcionarios que aún trabajan allí (gestionan y hacen informes cada día para el actual equipo de gobierno). Tan benévolos y comprensivos son con sus compañeros de la bancada azul que hasta los ediles afectados se pronunciaron nada más conocer el escrito congratulándose de la postura “del equipo de gobierno del PSOE, que avala su inocencia”.

Sin ánimo de enredar, sólo aporto dos apuntes más: ¿sabían que el recién nombrado jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento (que acaba de tomar las riendas del caso Serrallo, justo antes de enviar el escrito de acusación) es el hijo de un histórico del PSOE, exconsejero de la Junta, con un sueldo muy por encima del que tiene el alcalde? ¿Han pensado, aunque sea un futurible, que los propios ediles socialistas podrían verse en una situación similar si la jueza termina pidiendo explicaciones a todos los que han votado en pleno expedientes bajo sospecha? Me refiero ahora al caso Nazarí.

El gobierno de Cuenca “amnistía” a los concejales del PP. Este es el titular que no ha gustado nada a los actuales inquilinos dela Plaza del Carmen. Lógico. Pero no porque nosotros “confundamos al partido y al Ayuntamiento”; es la consecuencia de que lo hagan ellos.
Sebastián Pérez toma las riendas
Nadie lo cuestionaba, ni dentro ni fuera del PP, pero ya es oficial. Como adelantó este periódico el pasado lunes, Sebastián Pérez ya tiene la bendición de Génova para afrontar uno de los desafíos más importantes de su partido en las municipales de 2019: recuperar el gobierno de la capital tras el escándalo y el desgaste que ha supuesto la operación Nazarí por presunta corrupción urbanística contra el exalcalde Torres Hurtado y su equipo de gobierno. A quince meses de las elecciones, hace bien el PP en deshojar la margarita y aflojar la doble presión que supone la insistente cadencia de encuestas ratificando la subida de Ciudadanos como competidores directos entre los votantes de derechas y la propia situación del partido a nivel interno en las distintas provincias andaluzas.

En la capital, el reto es importante. Los sondeos internos sólo le dan 9 concejales (estarían a sólo 500 votos del décimo, pero aún así serían peores resultados que en 2015 con Torres Hurtado en el cartel) y flota en el aire la probabilidad de que momentos clave de los casos Serrallo y Nazarí estallen en los próximos meses y acaben colándose incluso en la campaña. De momento, sólo hay dos nombres seguros: el de Sebastián Pérez y el de Rocío Díaz. Aparentemente no hay crisis con la designación final. Los demás concejales tienen preocupaciones más importantes de las que ocuparse y Rocío asegura que “está bien”. Aunque no sea ella la candidata. El reloj no ha hecho más que ponerse en marcha. Será interesante ver cómo se nada y se guarda la ropa (con Cs).

Nos mudamos a un dormitorio

Magdalena Trillo | 12 de marzo de 2018 a las 10:30

Hace trece años la ministra Trujillo consiguió hacerse un hueco en la memoria de este país con la polémica de los minipisos: viviendas protegidas y asequibles para jóvenes concentradas en menos de 30 metros cuadrados. Entonces era “indigno”; una “barbaridad”. Hoy hasta podríamos verla como una visionaria. No era el momento -la perspectiva cambia con diez años de crisis después- y erró el enfoque: las soluciones baratas y sin gancho no interesan.

A su plan le faltaba el glamour, la oportunidad y la funcionalidad que en San Francisco está despertando el proyecto de Starcity. Son profesionales con alta cualificación y buenos sueldos -no tan altos como los del sector tecnológico que han disparado el mercado- los que se están mudando a dormitorios. Literalmente. Comparten baño, cocina o salón y viven en espacios de entre 12 y 20 metros cuadrados. Pero de lujo. Con encargados del edificio y vecinos que hasta te sacan al perro y te organizan la fiesta de cumpleaños si hace falta. Con actividades colectivas como “tardes de yoga” y “noches de vino”. Te aíslas o participas. Y la despreocupación por las rutinas domésticas es absoluta. Un apartamento de una habitación cuesta unos 3.300 dólares al mes, los dormitorios de Starcity se mueven entre 1.400 y 2.400 con wifi y gastos incluidos.

Los datos del éxito coinciden con los testimonios de los residentes. Lo contaba hace unos días Nellie Bowles en El New York Times. La nueva constructora tiene ya tres propiedades con 36 unidades, planea otras 9 y hay 8.000 personas en lista de espera.

En España, en ciudades como Granada, Sevilla o Málaga, el boom de los alojamientos turísticos ha puesto en alerta al sector y está obligando incluso a reformular las estadísticas oficiales que evalúan la salud de esta industria estratégica en la economía regional y nacional. El foco en estos momentos está en el proceso de gentrificación que se está produciendo en los cascos históricos -especialmente en las ciudades que soportan altos niveles de masificación- y en la proliferación de pisos ilegales.

Pero el problema de fondo tiene mucho más recorrido y no afecta sólo al turismo. El concepto de familia tradicional se ha venido abajo; vivimos más y más solos. Y, tal vez utópicamente, más libres… Nuestras necesidades y prioridades nada tienen que ver con los cuadros costumbristas de las mansiones decimonónicas ni las casas de tres plantas de las muñecas de porcelana que ya habitan en los museos. Aunque todavía nos cueste verlo.

Rajoy feminista

Magdalena Trillo | 11 de marzo de 2018 a las 12:55

Había pensado empezar el artículo con unas fechas, dos ciudades y un intervalo de medio siglo: París, 1968-Madrid 2018. A ello iba a unirle una rectificación personal que, siendo sincera, me ha costado más de una década asimilar: sí a las cuotas y sí a la discriminación positiva. Hace más de una década me tacharon de ingenua y de ingrata por posicionarme en contra. Aunque no creo que lo fuera entonces -lo pensaba de verdad- y no soy una iluminada ni una radical ahora, tal vez sea el efecto boomerang a la inercia machista que lleva siglos instalada en nuestra sociedad -con el persistente patriarcado- y a la regresión que estamos viviendo en los últimos años.

Asumirlo no es fácil. Pero estoy descubriendo que, a diferencia de lo que suele ocurrir con la brecha de la edad -que tiende a atemperar los ánimos, que nos transmuta en maduros, conservadores y moderados-, las canas de las mareas moradas vienen cargadas de rebeldía. La inevitable, la imprescindible, para poner a cero la relación entre hombres y mujeres. Para lograr la igualdad efectiva. La pública y la privada. La oficial y la cotidiana. La de verdad.

Así, entre las tensiones locales y globales del movimiento feminista, llegué a cuestionarme si podría ser hasta un atrevimiento comparar lo que hemos vivido esta semana en España con el mitificado Mayo Francés. Por la evidente falta de perspectiva histórica y por la incertidumbre sobre el impacto real que tendrá la gigantesca ola de reivindicación y toma de conciencia que se ha expandido por un centenar de países de todo el mundo derribando fronteras geográficas, generacionales, de clases y (casi) políticas.

Las dos reflexiones, la general y la personal, se me han descafeinado en cuestión de horas: ¿Se ha producido una revelación global y ya somos todos feministas? ¿Ha transmutado en virus virulento el movimiento por la igualdad? ¿Rajoy cómplice y con lazo morado?

Más importante que las fotos del 8-M será la gestión del día después, la capacidad que tengamos para trasladar las palabras a los hechos. A nivel institucional, a nivel social y a nivel privado. En lo recomendable y en lo exigible. Desde lo más invisible y consentido del micromachismo hasta lo más alarmante del acoso, la explotación sexual y la violencia de género pasando por los espejismos escurridizos de la conciliación laboral y de la brecha salarial.

Aquí entra la revisión de Ley de Igualdad que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía comenzó a tramitar este martes. Es valiente en la apariencia y en la letra pequeña. El titular periodístico era evidente -multas de hasta 120.000 euros por casos graves de discriminación de la mujer- pero lo que pondrá a prueba su utilidad real y efectiva es el trasfondo: la carga de medidas para la coeducación en todos los ámbitos y sectores, para desmontar el patriarcado desde abajo y para contagiar los logros que la política ha impuesto en las últimas décadas en lo público al resistente y acomodaticio terreno de lo privado.

Me atrevería a ser optimista. Y no me conduce a ello el criticado manifiesto del 8-M -más que por revolucionario y radical, naufraga por confuso, partidista y demagogo- sino el pragmatismo. Las grandes empresas están comprobando -y tienen cifras que así lo corroboran- que la igualdad es rentable. Las razones éticas y de justicia social entran en juego pero también las contables que tienen que ver con la productividad y la competitividad. Ya hay informes que revelan un aumento de beneficios de hasta 9 puntos en compañías que tienen un índice de diversidad superior a la media. El “miedo a contratar mujeres” se empieza a desactivar ante la “oportunidad” de aprovechar mejor el talento; las barreras mentales, también.

Que lo exponga la consejera delegada de Telefónica tiene un plus de credibilidad, el que da haber escalado en un sector tan excluy ente como el tecnológico dinamitando el techo de cristal. Que lo comparta el director territorial de Endesa, corroborando los efectos tangibles que está significando en su compañía aplicar un plan de diversidad, nos debería llevar a la reflexión. María Jesús Almanzor y Francisco Arteaga participaban esta semana junto a la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, en una mesa de debate organizada por Grupo Joly sobre Cómo y por qué promover la diversidad en la empresa que tuve la oportunidad de moderar.

Les aseguro que no es fácil que hombres y mujeres, del ámbito público y del privado, de pequeñas empresas y de grandes corporaciones, coincidan hasta en lo más controvertido y polémico: no podemos permitirnos mirar para otro lado y tardar un siglo en conseguir la igualdad. No podemos dejar que ocurra; hay que actuar. Hay que provocar el cambio. Y, sí, no hay transformación, involución, sin una pequeña-gran revolución detrás.

Y aquí llegamos de lleno a Rajoy. No creo que haya visto la luz y se haya vuelto feminista de repente -ni él ni muchos de los suyos-. Tampoco creo que se haya asustado del movimiento violeta por mucho que pueda recordar a aquel 15-M que ahora lo acorrala en las encuestas. Lo sitúo más en un plano de prudencia y de estrategia. De oportunismo, tal vez, y puede que hasta de postureo.

Pero aun así me vale. Me sirve que reconozca que metió la pata cuando prefirió no meterse en el “lío” de la brecha salarial y que se haya desmarcado ahora de la innecesaria provocación de la huelga a la japonesa. Es uno más para la causa y no es uno cualquiera; es el presidente del Gobierno y podría, por ejemplo, buscar la fórmula para desbloquear los 200 millones comprometidos para luchar contra la violencia machista…

Si queremos pasar de la marea de las fotos a la marea de los hechos, necesitamos todas las gotas. ¿Ahora interesa ser feminista? ¿Competimos en los partidos a ver quién es más feminista? Bien. ¡Aprovechémoslo!

El 15-M de los ‘yayos’

Magdalena Trillo | 2 de marzo de 2018 a las 10:00

Me pregunto si estamos asistiendo al 15-M de los jubilados. No es primavera, es invierno, pero la marea de indignación de los yayos no se diferencia de aquellos ni-nis que espolearon el sistema en los años más duros de la crisis y terminaron colándose en los parlamentos y en las instituciones. Con sus vaqueros y sus camisetas. Con sus flequillos abertzales y sus coletas.

Lo curioso del problema de las pensiones, el de verdad, es que no es suyo; es nuestro. Pero ahí están los abuelos, una vez más, dando la señal de alarma y protegiendo a quienes vamos detrás: el sistema hace aguas. Tanto que hasta el Gobierno ha terminado por reconocer que los planes privados con los bancos son una tomadura de pelo y hay que rectificar. Un parche más.

Porque no puede funcionar un sistema donde se gasta más que se ingresa. Lo sabe cualquier niño que juegue con un cerdito-hucha a ahorrar; lo deberíamos saber cualquiera de nosotros con sólo echar un vistazo a los colegios con el desplome de la natalidad y con sólo preguntar a un joven cuánto gana y cuánto cotiza a la Seguridad Social. Y aquí no importa el sexo; el maltrato laboral es compartido.

Dice el refranero popular que sólo los niños y los borrachos dicen la verdad. ¿Seguro? Cada vez estoy más convencida de que son los mayores. Los que ya no son prisioneros de lo políticamente correcto; los que no tienen nada que perder y nada que proteger. Los viejos. Sí, viejos. Aunque vivamos en una sociedad que los margina, que los esconde y que hasta ha proscrito la palabra viejo porque no encajan en el cuadro social.

Les invito a que relean la entrevista al juez Miguel Ángel del Arco que publicamos el domingo y se pregunten cómo es posible, si su radiografía es tan certera, tan dura y tan inquietante, que todo siga igual. Que tengamos que esperar a que se jubilen y se quiten las ataduras para saber. Para entender.

Confieso que siento predilección por los yayos. Por todos ellos. Por los que aciertan con la predicción del tiempo leyendo las nubes y palpando la tierra y por los que son capaces de quitarse la máscara para decir lo que piensan -no lo que deben- desde el banco de un parque, el sillón de un despacho o la barra de un bar. Será deformación profesional. No me gustan las poses; me gusta la verdad. Unos lo llaman lucidez; otros sabiduría popular; otros el peso de la experiencia. Por eso quiero creer que las manifestaciones de las últimas semanas son su 15-M. Un 15-M que, en realidad, vuelve a ser nuestro.